En las últimas horas se conoció un nuevo intento de sectores oscurantistas por intentar frenar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo por la vía judicial. Se trata del juez Federal Alfredo López, de Mar del Plata, que en su fallo deja constancia de su «condición de católico» y de ser «respetuoso de la vida humana».

El fallo da lugar a un amparo presentado por un particular. Se trata de Héctor Adolfo Seri, un colaborador y hombre cercano a nada más ni nada menos que al excarapintada y golpista Aldo Rico. Ligado a la derecha más rancia y a la Iglesia Católica, Seri fue referente del partido político de Rico en la ciudad costera e incluso fue funcionario de la oficina del ANSES de esa ciudad, donde fue investigado por enriquecimiento ilícito.

Derrotados por la movilización en las calles que conquistó la ley en el parlamento, no es la primera vez que sectores antiderechos organizados recurren a la justicia para intentar frenar el derecho logrado por el movimiento de mujeres a fines de 2020. Desde que el gobierno reglamentó la ley en enero, se presentaron en total 29 recursos de amparo en diferentes fueros (provinciales y federales), de los cuales 18 ya han sido rechazados y los restantes fueron apelados.

Tanto en este caso como en los otros, la excusa siempre es la misma: argumentar en favor de la supuesta inconstitucionalidad de la ley y a la defensa de los derechos del «niño por nacer». En el caso del Juez marplatense, no tuvo reparos en dejar en claro que decidió a partir de sus convicciones personales al reivindicarse como católico.

Los argumentos sobre la inconstitucionalidad fueron respondidos una y otra vez por las distintas organizaciones feministas que redactaron el proyecto que finalmente se aprobó en el congreso. Por otro lado, el aborto legal es un derecho fundamental de las mujeres de poder decidir sobre su propio cuerpo, evitando caer en los abortos clandestinos con los que se mueren miles de mujeres.

El concepto de «niño por nacer» es un eufemismo para justificar la maternidad forzada y reforzar el rol social de «madre» que la sociedad patriarcal impone a las mujeres como si fuera su destino. El aborto legal permite que la maternidad sea deseada y no impuesta. Además, garantiza que la práctica sea segura y gratuita.

Pero lo novedoso de este fallo con respecto a otros similares es que no sólo ordena suspender la aplicación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo sino también el protocolo ILE que el Poder Ejecutivo había aprobado a fines de 2019.

Se trata por lo tanto de una decisión que responde 100% a la agenda de los antiderechos organizados que no sólo se oponen al Aborto Legal sino también al aborto no punible. Una concepción ultraconservadora y oscurantista que está años por detrás de la conciencia política de la gran mayoría de la sociedad.

No es la primera vez que este Juez deja bien claras sus posiciones políticas a través de sus fallos. Hace pocos meses dictó una medida cautelar que le prohibía a la AFIP el cobro del llamado «impuesto a las grandes fortunas» a un contribuyente que había presentado un recurso para no pagarlo.

La inmensa marea verde que se desató en la lucha por conquistar el derecho al aborto conquistó también la conciencia de la mayoría de la sociedad. Los antiderechos quedaron relegados a utilizar estas maniobras judiciales, que deberán ser respondidas de la misma manera en que se consiguió la ley: con la movilización en las calles.