El gobierno de Fernández logró el voto del presupuesto para el 2021 en el Parlamento, un presupuesto que tiene las miras puestas en la negociación con el FMI y que representa un brutal ajuste a los de abajo para reducir el déficit fiscal, uno de los reclamos de la entidad financiera imperialista. El gesto del gobierno ha sido más que una reverencia: se pretende reducir el déficit de un 8.5% de este año a un 4,5% para el 2021.

Pero desde luego que no será un ajuste que afecta las grandes fortunas del país, sino por el contrario un ajuste “clásico” que parte de reventar las jubilaciones (que en diciembre pasaran a cobrar con el nuevo cálculo un 5% de aumento,  lo que deja la mínima en 19 mil pesos y al 85% de los jubilados por debajo de la línea de pobreza)  y de eliminar la asistencia del IFE, un subsidio que fue otorgado para paliar la crisis económica multiplicada por la pandemia, y que aún persiste. El presupuesto del  ajuste para 2021 fue votado a favor en la misma sesión y por los mismos diputados oficialistas que minutos más tarde intentaron erigirse como los “defensores del pueblo” con un proyecto de “aporte extraordinario” de las grandes fortunas, una limosna que no revierte la arremetida contra los jubilados y los sectores que menos tienen.

El mismo libreto para dos escenas distintas, pero de contenido similar: cuando decidieron reprimir Guernica y prender fuego a las casillas de los vecinos, el “gran responsable” construido por el gobierno, y particularmente el kirchnerismo, fue la izquierda. Semanas después, la entrega al FMI y la legitimación de la deuda fraudulenta de Macri debía ser ocultada con una nueva “responsabilidad” de la izquierda por abstenerse de ser parte del teatro. Un latiguillo para cubrir las “vergüenzas” del gobierno social liberal.

Decimos que este “impuesto” (ni siquiera es eso, sino una contribución por única vez) es simplemente un “gesto”, no para aminorar las consecuencias que tendrá en amplios sectores sociales, sino porque es un hecho que el FMI exigirá reformas estructurales para otorgar al gobierno el pedido de un “Acuerdo de Facilidades Extendidas”. Reformas estructurales que tiene que ver con contrarreformas de los convenios colectivos de trabajo, ajustes en el sistema previsional vinculados al aumento de la edad para jubilarse, y desde luego la reducción al mínimo posible en gastos del Estado vinculadas a servicios sociales como salud, educación y vivienda.

Esta decisión de gobierno no nace de un repollo, esta intrínsecamente ligada a su carácter social liberal: en la medida en que su proyecto es fundamentalmente el de recuperar la confianza de la burguesía, en la medida en que la crisis económica incrementada por la pandemia, que ha tenido expresión en el aumento de la brecha entre el dólar oficial y el blue que presionó al gobierno durante varias semana a ir a una devaluación (un hecho que aún no ha sido resuelto definitivamente), y sumado a los plazos de pago de deuda se aproximan en el horizonte, han desembocado inevitablemente en el reinicio de la “relaciones carnales” con el Fondo.

Esta decisión tiene un beneficio para el gobierno: le otorga momentáneamente cierta estabilidad relativa en la economía. Es un hecho que el FMI funciona como un aliciente a las presiones de los capitalistas financieros internacionales, al menos durante un lapso de tiempo, y más cuando la vuelta a un “Acuerdo de Facilidades Extendidas” -que sólo existió bajo el menemismo en los 90- les permite soñar con condiciones de inversión auspiciosas garantizadas por la flexibilización laboral, jubilatoria, laboral y tributaria que aumenten las oportunidades capitalistas. Claro que la contra parte de esto es el desequilibrio social que puedan causar la batería de contrarreformas. Pero el gobierno en este sentido ha demostrado manejarse administrando la política del “día a día”, además de haber dado una muestra clara en Guernica de que, ante el sufrimiento social, se inclinará por la represión para defender la propiedad privada.

El ajuste y la épica en una misma sesión

Se acerca fin de año y en el balance del gobierno se acumulan muchas muestras de buena voluntad a los empresarios y capitalistas en general. Sólo por nombrar las más evidentes podemos recordar: el arreglo con los bonistas, el “indulto” a los estafadores de Vicentin, la ampliación de la categoría de trabajadores esenciales a todo el universo trabajador, la topadora aplastando las casillas en Guernica que logró el éxtasis de los que reclamaban por la defensa incondicional de la propiedad privada, y la decisión de la legitimación de la estafa de Macri con una apuesta a una contrarreforma estructural.

Pero la base social de este gobierno de coalición no son sólo los sectores capitalistas que eventualmente midenaun la personalidad del gobierno y le exigen mayores muestras liberales, sino además un sector de masas trabajadoras, populares, además de sectores de clase media progre, que son los que en definitiva le dieron el triunfo al Frente de Todos el año pasado luego de que “hirieron de muerte” al gobierno de Macri en las jornadas del 14 y 18 diciembre del 2017.

En todo un sector de esta base social popular y progresista, aunque menos entre los trabajadores sometidos al control férreo de la burocracia sindical, se ha hecho sentir el malestar generado fundamentalmente por la represión en Guernica, pero también con Vicentin, los anuncios de ajuste a los jubilados y los beneficiarios del IFE, lo cual ha obligado a la coalición a intentar retomar el “relato social”.

Eso es lo que explica la histeria macartista con la que el sector kirchnerista ha salido a atacar a la izquierda roja ante la abstención para no convalidar un nuevo intento de engaño al que titularon “Aporte Solidario y Extraordinario”. Un “aporte” irrisorio que recae sobre poco más de 9 mil personas que poseen patrimonios más de $200 millones (entre los cuales hay quienes poseen más de $3 mil millones) y que pagaran un rango de entre 2,25% y 3,5% según el tamaño del patrimonio, con un aumento del porcentaje en caso de tener riquezas fuera del país. Desde luego que es más redituable exhibir un supuesto “combate contra el capital” y pintarse de rebelde que golpearse el pecho para defender el presupuesto de ajuste. Pero el kirchnerismo sabe hacer de las dos juntas, el mismo día, con minutos de diferencia, y sin sonrojarse.

Pero la “épica” se empieza a deshilachar cuando resulta que de los 325 mil millones de pesos que se recaudarán (por única vez) el 25% se destinará al financiamiento de exploración para producción de gas convencional y el no convencional (fracking), y otro 20% a subsidios a empresas. Por lo que el 45% vuelve a los capitalistas ($179 mil millones) reduciendo el aporte/limosna prácticamente a la mitad ($178 mil millones).  Si se pudiera cobrar impuesto al humo k otra sería la historia…

Ahora, ¿qué pasa si comparamos los recortes en jubilaciones e IFE votados en el presupuesto por las mismas manos que segundos más tarde se intentaron disfrazarse de combativas? Resulta que el recorte equivale a $265 mil millones de los IFE (El Cronista, 14/7/20)y $72 mil millonespor la nueva fórmula para el pago a los jubilados (La Nación, 5/10/20).  Un recorte equivalente a 337 mil millones que no vuelven, claro está, a los pobres y desamparados, sino que van a parar integralmente al pago de la deuda fraudulenta de Macri. Si el kirchnerismo y el gobierno del “Frente de Todos” tiene un mérito es el de lograr sacarle más a los que menos tienen en beneficio de un puñado de ricachones que concentran las riquezas del país.

Así las cosas, esta contribución no es más que una medida sin contenido económico real que le permite al sector kirchnerista lanzar una campaña política para cubrirse las vergüenzas del rumbo de ajuste que toma su gobierno. Se equivocan cuando pretenden que la izquierda los aplauda y convalide las estafas y el ajuste a los de abajo.

Mientras tanto el IVA, un impuesto confiscatorio y regresivo que impacta sobre todo a los trabajadores y sectores populares, representan el 16% del PBI según el Ministerio de Economía. El segundo mayor factor de recaudación en el país son los aportes y contribuciones de seguridad social. Y en tercer lugar el “impuesto a las ganancias”, cuya mayor recaudación proviene del “impuesto al trabajo” (cuarta categoría) que pagan los trabajadores a partir de 50 mil pesos (con variaciones según sean solteros, casados, o con hijos). Sobre estos impuestos y aportes que recaen sobre los de abajo no habrá épica kirchnerista. Por el contrario son el botín que el FMI exigepara el pago de deuda, además de las reformas estructurales que hemos nombrado anteriormente.

Movilizarse por el aborto legal sin objeción de conciencia

Finalmente, Alberto Fernández ha enviado su proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo, un proyecto que difiere del que fue conquistado en las calles por el movimiento de mujeres conocido como el “proyecto de la campaña verde”, que reivindicamos.

Una de las diferencias más claras es el que refiere a la objeción de conciencia del o la profesional que habilita a negarse a realizar un aborto por motivos de creencia, religión o los que fueran. Esta simple enunciación pone al proyecto de ley ante la posibilidad de la negación o frustración del derecho mismo. El artículo que refiere a la objeción de conciencia deja la salud de la persona que requiere la realización del aborto librada a la “buena fe” de quien se niega a llevarlo adelante… Una formulación tramposa que supone que muchos de aquellos profesionales que han militado activamente contra el aborto por el motivo que fuera accederá voluntariamente, por “buena fe”, a derivar a la paciente a alguien que sí esté dispuesto a realizarlo. Esta simple maniobra amenaza con volver impracticable el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

Junto con esto tampoco se explicita nada respecto de aquellas instituciones financiadas por la iglesia o con fuerte injerencia religiosa que pueden ejercer presión sobre el personal médico bajo amenaza de represalias para que se nieguen a concretar el derecho a abortar.

Por el contrario, el proyecto de la campaña verde explícita que “será reprimida con prisión de tres (3) meses a un (1) año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena la autoridad de un establecimiento de salud, profesional o personal de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados”, una enunciación que no deja lugar a dudas y obliga al cumplimiento de un derecho tan elemental como el que está en juego.

El gobierno ha anunciado que pretende que su proyecto obtenga media sanción antes de fin de año. Una votación que comenzará en diputados donde el oficialismo puede garantizar una votación favorable de manera mayoritaria, para luego pasar al senado, donde los números son más inciertos y no está de momento garantizado el éxito.

En este sentido el gobierno ha abierto una caja de pandora cuyo resultado es por ahora incierto. Tanto en el sentido de que no está asegurada su aprobación, como en el sentido de que podría dar lugar al resurgimiento de una marea verde que el gobierno no dirige como tal y que podría cuestionar los límites de un proyecto que no es originalmente el suyo, más allá de que existan sectores oficialistas o simpatizantes en su seno, así como también respecto de la polarización social con el sector anti-abortista y reaccionario que puede generar un debate que parte aguas en Argentina.

Por todo esto,insistimos con que tanto la conquista de este derecho, como que el mismo sea logrado sin retaceos oficialistas al proyecto de ley expresado por el movimiento de mujeres en el proyecto de la campaña verde, debe garantizarse con la máxima movilización y agitación en las calles y dándole un nuevo impulso a la marea verde. Ni el oficialismo que incluye en su coalición a sectores anti abortistas, ni el Parlamento que frustró el 2018 el derecho al aborto, son garantía ensí mismos de que esta reivindicación se cumpla.

El derecho al aborto se encamina a ser una de los grandes debates de fin de año y nuestra militancia debe estar a la vanguardia del proceso de organización de las jóvenes generaciones que salgan a hacer valer la lucha y el reclamo de que el derecho a decidir sobre el propio cuerpo sea ley.