Sin embargo, el Partido Comunista Chino (PCC) choca con dificultades. Por tercera vez desde el traspaso de Hong Kong del sistema colonial británico a la soberanía china, en 2019 estallaron las protestas en la región. Un millón de personas salieron a la calle en una movilización del 9 de junio convocada por el Frente Civil de Derechos Humanos –una coalición de grupos que luchan por la democracia–, en la mayor manifestación habida desde 1997. Tres días después, decenas de miles de manifestantes enmascarados rodearon el Complejo Gubernamental Central de la Isla de Hong Kong con el propósito de impedir que se reuniera el órgano legislativo.
Estaba sobre el tapete una ley de extradición que iba a permitir que personas residentes en Hong Kong fueran enjuiciadas ante tribunales de China continental. El movimiento adquirió fuerza y se convirtió en una rebelión de toda la ciudad en defensa de los derechos democráticos frente a las crecientes intrusiones del gobierno central en Pekín. Durante seis meses tuvieron lugar por lo menos 750 manifestaciones con un número acumulado de participantes de 13 millones de personas: en promedio, cuatro movilizaciones al día de 17.000 personas en una ciudad de 7,5 millones de habitantes. A finales de noviembre, el recuento oficial había registrado 15.072 botes de gas lacrimógeno disparados por la policía (más de 80 al día), 10.010 balas de goma, 1.999 bolsas de perdigones (70 al día) y 279 granadas de esponja. Más de 8.000 personas han sido detenidas hasta ahora en toda la ciudad.
Tras el reflujo de las grandes manifestaciones y con el lanzamiento de una nueva ofensiva por parte del gobierno, Au Loong Yu, autor de China’s rise: strength and fragility y del libro Hong Kong in revolt: the protest movement and the future of China, de próxima aparición, analiza las últimas iniciativas del PCC y evalúa las fuerzas y flaquezas del movimiento democrático. [Red. de Red Flag]
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La Oficina de Enlace del gobierno chino y la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macau han reinterpretado la Ley Básica hongkonesa (la llamada miniconstitución), alegando que tienen derecho a supervisar los asuntos del territorio a pesar del artículo 22, que prohíbe la interferencia de Pekín.
El Partido Comunista Chino (PCC) ya había lanzado un fuerte ataque contra Dennis Kwok, un legislador pandemócrata, por obstruir el debate sobre una propuesta de ley que, de aprobarse, criminalizará el insulto al himno nacional. El gobierno de Hong Kong, que muchos consideran que actúa a las órdenes de Pekín, acaba de detener a 15 conocidos políticos pandemócratas por haber participado en manifestaciones antigubernamentales. Pese a que los partidos pandemócratas no dirigieron la revuelta hongkonesa de 2019, Pekín los considera traidores por simpatizar con ella. Estas represalias constituyen un ataque al conjunto del movimiento.
Pekín aprovecha la pandemia para proseguir con su ofensiva contra la autonomía de Hong Kong. Ha presionado repetidamente a la jefa del ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, para que presentara una ley de seguridad nacional “que prohíba todo acto de traición, secesión, sedición y subversión contra el Gobierno Central del Pueblo”, tal como estipula el artículo 23 de la Ley Básica. En 2003, Pekín lo intentó, pero su iniciativa fracasó cuando 500.000 personas salieron a la calle. Si vuelve a intentarlo, esta será nuestra próxima batalla.
Pekín no cejará hasta que Hong Kong esté plenamente sometida al régimen chino y todas nuestras libertades limitadas hayan quedado anuladas. Pero el PCC ha de afrontar varios obstáculos. En primer lugar están los funcionarios disidentes, que se han politizado. Durante la revuelta del año pasado, en sus filas se manifestó una fuerte corriente subterránea de resistencia. Poco después del incidente de Yuen Long, el 21 de julio (cuando la policía se confabuló con la mafia para atacar a trabajadores inocentes que volvían del trabajo a casa), funcionarios del Departamento de Inmigración, junto con bomberos y profesionales médicos, criticaron abiertamente a la policía. Después vino la publicación de una carta abierta de más de un centenar de funcionarios de 23 departamentos, en la que expresaban las mismas quejas.
Posteriormente, 400 cargos ejecutivos de diferentes departamentos escribieron a Carrie Lam condenando a la policía. Les siguieron más de 100 cargos administrativos. Animados por estos últimos, funcionarios de dos departamentos sensibles –la Oficina de Seguridad y la Fiscalía del Departamento de Justicia– también expresaron críticas. Incluso la Oficina de Innovación Política y Coordinación, creada por Carrie Lam en 2017 y que para ella es el cerebro del desarrollo de políticas gubernamentales, tenía un tablón de anuncios en su oficina con carteles que reclamaban una investigación independiente sobre la policía.
Esta división en el interior del gobierno se agravó con una concentración de 40.000 funcionarios el 2 de agosto. Hacia finales de agosto, funcionarios disidentes del Departamento de Justicia volvieron a protestar contra la policía. En el seno de esta última también apareció una pequeña corriente subterránea de resistencia. Más tarde se supo que más de 400 agentes abandonaron el cuerpo durante las protestas contra la ley de extradición, y que en el último año había descendido un 40 % el número de nuevos reclutas. El 17 de enero salió a la luz pública el caso dramático de un agente que estando fuera de servicio fue sorprendido, junto con su novia y la madre de esta, pegando carteles ilegales en que se condenaba al nuevo jefe de la fuerza policial, Chris Tang, por los actos de violencia cometidos.
Un segundo obstáculo es el poder judicial independiente. La Ley Básica permite a Hong Kong conservar su propia legislación colonial británica y otorga el poder de dictar sentencias definitivas al Tribunal de Recurso Final. Gran parte de las leyes coloniales son muy severas y represivas, pero el sistema judicial sigue siendo mucho mejor que el que tienen en la China continental, donde en la práctica son los secretarios del partido quienes dictan las sentencias. Los tribunales chinos se acercan a una tasa de condenas del 100 %. En 2017, las tasas de condenas en Hong Kong fueron del 53 % en los Tribunales de Magistrados, del 69 % en el Tribunal de Distrito y del 65 % en el Juzgado de Primera Instancia.
El departamento más odiado por Pekín es el ICAC (Independent Commissioner Against Corruption), una especie de fiscalía anticorrupción. En los últimos años abundan los rumores sobre los intentos de Pekín de purgar a sus cargos dirigentes. Pekín también se ha quejado de la supuesta influencia británica en el ICAC, pero la influencia británica en Hong Kong no afecta al poder institucional ni a los funcionarios de los departamentos. Si hay habitantes de Hong Kong que echan de menos del gobierno colonial y agitan su bandera, es porque los mandarines de Pekín y sus funcionarios de base son monstruos que parecen zombis en comparación con los gobernantes coloniales británicos. Yo no echo de menos el gobierno colonial, pero el anticolonialismo no debería impedirnos comprender correctamente el lado fuerte de los británicos, o de Occidente en general.
Su fuerza en Hong Kong no de deriva de la financiación de manifestantes ni del despliegue de espías, sino en su “poder blando”: hegemonía cultural, enfoque moderno de la persuasión política, prácticas de gobernanza relativamente buenas, etc. No es extraño que un número significativo de funcionarios del ICAC y otros departamentos gubernamentales admiren al Reino Unido como modelo de buenas prácticas. La Ley Básica de 1990 fue una concesión de Pekín al Reino Unido y a EE UU, más que una promesa genuina a la población de Hong Kong de que podría conservar sus derechos políticos. Pekín siempre nos ha tratado con desprecio. Tuvo que hacer alguna concesión al Reino Unido y a EE UU para conseguir el tíquet de entrada en el capitalismo global en general y en la Organización Mundial del Comercio en particular. Lo consiguió, y ahora se siente suficientemente fuerte para renegar de sus promesas.
El último obstáculo es la amplia oposición política a que Pekín asuma el mando. Sin embargo, el movimiento tiene fuerzas y tiene flaquezas. Los pandemócratas aspiran a obtener una mayoría de escaños en la elección legislativa del mes de septiembre. Su plan pasa por vetar el presupuesto a fin de precipitar una crisis constitucional y forzar a Pekín a aceptar las cinco demandas del movimiento, que incluyen la dimisión de Carrie Lam y la implementación del sufragio universal para la elección del Consejo Legislativo y la elección del jefe o jefa del ejecutivo.
Yo pienso que, si bien debemos participar en las elecciones, no debemos depositar todas nuestras esperanzas en ellas. No solo porque existe una barrera institucional a la consecución de una mayoría (el sistema político está concebido para impedirlo, por lo que seguiremos necesitando luchar por el sufragio universal), sino también porque Pekín no permanecerá de brazos cruzados viendo cómo los pandemócratas consiguen la mayoría.
Los acontecimientos de los últimos seis años bastan para enseñarnos que Pekín puede recurrir a las medidas más drásticas, incluidos los secuestros extrajudiciales. También ha reinterpretado la Ley Básica, descalificado a miembros del legislativo, etc. Sobre todo, puede promulgar simplemente una ley de seguridad nacional en nombre de Hong Kong y utilizarla para llevar a los tribunales a los candidatos pandemócratas. Muchas de las leyes draconianas del periodo colonial siguen estando vigentes; incluso sin una nueva ley de seguridad nacional, Carrie Lam podría llevar a los tribunales a políticos y diputados pandemócratas.
En mi opinión, debemos consolidar el movimiento de oposición desde abajo. Hoy por hoy no es fácil reavivar las protestas sociales masivas. Deberíamos aprovechar la oportunidad para extraer lecciones de la revuelta de 2019. Por amplio que fuera el movimiento, tenía múltiples puntos débiles. El culto juvenil a la espontaneidad llegó en ocasiones tan lejos como rechazar toda clase de organización y representación. De ahí que, como fue el caso de la Revuelta de los Paraguas de 2014, los millones de manifestantes de 2019 estén ahora, en 2020, tan atomizados como antes: sin organización, sin un buen debate público y por tanto sin un canal adecuado para la autoeducación política de las masas.
En el lado positivo, ha surgido una capa de jóvenes trabajadoras y trabajadores que proponen crear nuevos sindicatos para preparar futuras huelgas. En su mayoría son profesionales y oficinistas de alrededor de 30 años de edad y que no forman parte de los sindicatos tradicionales. El pasado mes de octubre, estos jóvenes activistas sindicales crearon un canal de Telegram, “Frente unido por una huelga general de dos millones”, cuyo objetivo era crear nuevos sindicatos y organizar la huelga contra el gobierno. El canal alcanzó muy pronto los 80.000 suscriptores y se formaron 42 nuevos sindicatos. Uno de ellos es la Alianza del Personal de la Autoridad Hospitalaria, que afirma que cuenta con 40.000 personas afiliadas. Durante el Año Nuevo Chino, el sindicato declaró una huelga de cinco días para reclamar el cierre de la frontera durante la pandemia del coronavirus. Participaron miles de afiliadas y afiliados.
Muchas activistas piensan que el propósito de la sindicalización es impulsar una huelga general política contra el gobierno en el próximo futuro. Sin embargo, hay quienes piensan que la creación de nuevos sindicatos no es más que una manera de conseguir más votos para la oposición en el Comité Electoral del Jefe del Ejecutivo (de acuerdo con la Ley Básica, los sindicatos tienen un pequeño número de asientos en este comité, que elige al jefe o jefa del Ejecutivos hongkonés). Quienes opinan esto último pueden tener planes muy distintos de quienes piensan lo primero, como refleja el hecho de que han insistido repetidamente en que su enemigo es el gobierno de Carrie Lam y no la patronal.
Estas dos orientaciones son mutuamente excluyentes. Para construir un sindicato capaz de ir a la huelga se requiere una militancia numerosa y activismo de base, con un nivel de cotización sindical suficientemente elevado para sostener el sindicato cuando vaya a la huelga. Construir un sindicato con el mero propósito de conseguir votos para la elección del jefe o jefa del ejecutivo solo hace falta que el sindicato cumpla los requisitos legales básicos de afiliación (siete miembros es todo lo que se precisa en Hong Kong) y registro, justo lo opuesto a construir sindicatos fuertes. Dentro del nuevo movimiento sindical apenas ha habido algún debate serio en torno a estas diferencias de propósitos y objetivos.
Asimismo, quienes solo pretenden influir en la elección del ejecutivo pueden verse arrastrados cada vez más a un juego de números. Es sorprendente ver que en el primer trimestre de 2020 ha habido 1.578 solicitudes de registro de un nuevo sindicato, cien veces más que en 2019. Se puede deducir razonablemente que una proporción significativa corresponde a sindicalistas favorables a Pekín que también pretenden participar en esta competición de creación de nuevos sindicatos sin una base real.
La buena noticia es que también existen nuevos sindicatos con una base real, como el del personal sanitario. En general, este nuevo movimiento sindical se apoya en miles de activistas que carecían de experiencia, pero tienen un fuerte compromiso. Cómo consolidar este nuevo movimiento sindical es una cuestión crucial para el movimiento democrático si quiere alzarse de nuevo en el futuro.
28/04/2020
https://redflag.org.au/node/7159
Traducción: viento sur
