Imaginen un gobierno militar, enquistado en un estado, en una verdadera maquinaria estatal utilizada para el aniquilamiento de una generación de militantes y activistas. Un gobierno que llegó a desaparecer 30 mil compañeros. Imaginen que ese gobierno tenía ministerios, dependencias provinciales, estatales, municipales y más de 600 centros clandestinos de detención.

Son miles y miles los responsables de los crímenes de lesa humanidad en la última dictadura, agregando, además, los responsables eclesiásticos y empresariales que fueron participes y cómplices. De toda esa cantidad de gente, en 37 años de democracia, de los cuales 12 fueron kirchneristas, se condenaron a mil genocidas aproximadamente, la mayoría está con prisión domiciliaria, hubo quienes murieron esperando la condena o sin siquiera ser juzgados, hubo absueltos, hubo algunos prófugos y la enorme mayoría de los responsables están libres.

Todavía estamos lejos de hacer justicia por los 30.000 compañeros. Pero que no se malentienda. Estoy totalmente orgulloso de lo que la lucha popular encabezada por los organismos de derechos humanos logró, estoy feliz de que hayamos derrotado la dictadura y logremos que se juzguen los que se juzgaron, me parece importantísimo haber derrotado la teoría de los dos demonios que ponía en pie de igualdad la lucha de los compañeros militantes en los 70 y al terrorismo de estado de los milicos.

Lo que no creo es que hasta donde llegamos sea gracias al kirchnerismo y lo que menos creo aún, es que hayamos “hecho justicia y recuperado la memoria”. ¿Por qué no creo? No creo, porque el kirchnerismo no siempre fue “progre” reivindicador de la militancia de los setenta y comprometido con la causa de los organismos de derechos humanos. Néstor y Cristina comienzan a transitar esa metamorfosis que les dio su fisonomía política actual, luego del Argentinazo.

Luego de que miles tiraran abajo un gobierno tras otro en las calles, comenzaron a cambiar las pieles menemistas de años atrás, comenzaron a tener políticas de contención hacia la catarata de reclamos populares, dentro de los cuales estaba el juicio y castigo a los genocidas. Por otro lado, los genocidas que vivían en Europa, comenzaban a ser juzgados fuera del país y eso dejaba mal parado al novel y débil primer gobierno K. Fue la incansable lucha popular y la militancia de los organismos las que ayudaron a hacer avanzar los juicios y lograr las condenas.

El Caso López y la impunidad a plena luz del día

Jorge Julio López, era un militante peronista, ex detenido-desaparecido que se disponía a dar testimonio de las torturas sufridas en los cinco centros clandestinos de detención que estuvo entre 1977 y 1979.  En el 2006 se disponía a testificar contra el genocida Etchecolatz. El 18 de septiembre, salió de su casa en el barrio platense de Los Hornos, para dirigirse a la dependencia municipal a presenciar los alegatos del juicio contra el genocida y nadie volvió a verlo, nunca más.

Inmediatamente su hijo, Gustavo López, denunció su desaparición y se abrió una causa y una investigación sobre su paradero.

El primero de octubre, Jorge Escarnio, un testigo de 49 años, dijo haber visto a Julio Lopez en la estancia San Genaro del Monte, rodeado de personas armadas. Esta declaración fue sorpresivamente ignorada por la justicia.

Otros testigos dijeron que vieron a López, cerca de la casa de la policía Susana Gopard, cuyo numero de teléfono estaba “casualmente” entre los contactos que tenía Etchecolatz en su celular. Se realizaron múltiples pedidos para el allanamiento de la casa de Gopard, pero todos fueron denegados por el juez de turno.

«Nosotros trabajamos todas las hipótesis que están flotando , desde que López esté en la casa de su tía hasta la peor de las circunstancias.», «Busquemos entre todos, una manito a ver si lo podemos encontrar, y ojalá en las mejores condiciones» declaraba en aquellos tiempos, el Ministro del Interior Aníbal Fernández, del círculo íntimo de Cristina, actual interventor en la cuenca carbonífera de Río Turbio y acérrimo defensor del peronismo en los medios.

Con estas declaraciones se imaginaran que la investigación y búsqueda del gobierno kirchnerista no fue muy seria y jamás logró un avance concreto en la causa desde hace 14 años.

¿No podría el gobierno haber cuidado a un testigo de semejante importancia? ¿Estuvo a la altura de la investigación? ¿El hecho de no participar de las movilizaciones de todos los años que exigen el esclarecimiento sobre la desaparición de López tiene algo que ver con las anteriores preguntas?

Represión K

El archivo de la Coordinadora Contra La Represión Policial e Institucional (Correpi) tiene un apartado específico sobre los activistas y militantes asesinados por el aparato represivo del estado durante el kirchnerismo en una protesta o movilización.

“Durante la presidencia de Néstor Kirchner fueron dos los asesinados en la represión a manifestaciones o movilizaciones: Luis Marcelo Cuéllar, en 2003, en una marcha a la comisaría de Libertador Gral. San Martín, Jujuy, donde otro joven había muerto en la tortura, y Carlos Fuentealba, en Neuquén, durante la huelga docente.

Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, la cuenta asciende a 19: El trabajador del ajo Juan Carlos Erazo, en 2008, en Mendoza; el joven Facundo Vargas, en Pacheco, durante una movilización contra el gatillo fácil; Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, en 2010, en igual circunstancia, pero en Bariloche; los Qom Mario y Roberto López en 2010; Mariano Ferreyra, en el ataque a los trabajadores ferroviarios en 2010; los tres asesinados en la represión del Parque Indoamericano en 2010; en 2011, los cuatro muertos en el desalojo de las tierras del Ingenio Ledesma, en Jujuy y Cristian Ferreyra en Santiago del Estero.

En 2012, la cifra creció con Daniel Solano, trabajador de la fruta desaparecido por negarse a denunciar a sus compañeros en Río Negro, Miguel Galván, campesino asesinado en Santiago del Estero, Gerardo Gabriel Tercero, asesinado por gendarmería en un corte de la ruta 50, en Salta y Ángel Verón, muerto el 18 de octubre de 2015 como consecuencia del apaleamiento recibido de la policía chaqueña tres semanas antes en la represión a una movilización de trabajadores desocupados”

Como se puede ver en esta cita, lamentablemente la represión a la protesta social no ha terminado con el kirchnerismo, que desde la gestión del estado se ha encargado de garantizar todo lo que pudo la impunidad en la mayoría de los casos. Los militantes del Nuevo MAS, seguimos movilizados exigiendo la cárcel al ex gobernador neuquino Jorge Sóbisch, responsable político del asesinato de nuestro compañero Carlos Fuentealba.

El macrismo

El Informe Anual de la Situación Represiva 2019 presentado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) demuestra que el gobierno de la alianza Cambiemos tiene el triste récord de ser el más represor de la historia democrática, ya que, en estos últimos cuatro años, el aparato represivo del Estado asesinó una persona cada 19 horas. Es el promedio que da 1.833 personas asesinadas en 1.435 días de gobierno, desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 15 de noviembre de este año, que es la fecha en la que se cerró el informe.

Bajo la administración macrista, el número total de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad desde el regreso de la democracia en 1983 alcanzó los 7.093 casos. La política de seguridad a cargo de Patricia Bullrich y el aval oficial al gatillo fácil con la “doctrina Chocobar” determinó el gobierno con más muertes a manos de la represión estatal en 36 años de democracia ininterrumpida. En sus primeros 21 días de gobierno, año 2015, sumó 50 casos, en 2016 fueron 443, durante el año siguiente el número se elevó a 451 y en 2018 se registró el pico más alto, 489. Y en el último año de mandato, los casos contabilizados fueron 401, aunque pueden elevarse en el informe del año próximo, ya que el conteo finalizó antes de fin de año y faltan datos oficiales.

En relación a los asesinatos en contexto de una movilización se conocen los nombres de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Ismael Ramírez y Rodolfo Orellana.

El Caso Facundo Castro

Bajo el gobierno de Alberto Fernández se produjo la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro en la zona de Pedro Luro, cercana a la localidad de Bahía Blanca, a manos de la policía Bonaerense. Las amenazas a familiares y a su abogado por efectivos policiales, los desvíos de la investigación, la lentitud en la causa y la falta de detenidos, a pesar de haber cuatro sospechosos demuestra que el gobierno y la justicia son parte de la cadena de complicidad que se cierra sobre la desaparición de Facundo.

Familiares y organismos de derechos humanos pidieron la renuncia del ministro de seguridad de La Provincia De Buenos Aires, Sergio Berni, pero hasta ahora el gobierno no ha respondido.

La represión de Guernica

El actual gobierno desalojó con represión a los vecinos de la toma de Guernica, quienes habían tenido que ocupar el predio ubicado en la zona Sur del conurbano, debido a la falta de vivienda y al deterioro de las condiciones de vida producida por la pandemia.  Quien llevó adelante este operativo, fue también Berni, luego de que el gobierno rompiera unilateralmente la mesa de negociación que mantenía con los vecinos, que jamás recibieron ninguna respuesta. El predio fue devuelta a una empresa desarrolladora de countries.

La represión del gobierno kirchnerista, el actual gobierno y todos sean civiles o militares con sus grandes y pequeñas diferencias, se explica a través de un fundamento de clase. Todos responden a los diferentes sectores empresarios que gobiernan este país por intermedio de diferentes “personales políticos” con diferentes estilos y construcciones de poder. El kirchnerismo es más sensible a la política de derechos humanos, porque ha construido una base social progresista entre sectores de jóvenes estudiantes y trabajadores. Así intenta ocultar sus contradicciones de clase, intenta justificar su represión o negarla. Otras corrientes como el macrismo o el PJ en el interior, construyen un discurso y una base social de derecha y enfrentan más directamente la protesta social con represión.

La movilización popular contra la represión es indudablemente el freno más importante que se ha logrado poner a los gobiernos ante su enfrentamiento a la protesta social, este 24 de marzo, no podemos abandonar ese camino.

Ahora y Siempre

Este 24 de marzo, contra la impunidad de ayer y de hoy, por el juicio y castigo a todos los responsables, por los 30 mil compañeros detenidos y desaparecidos y la continuidad de su lucha, tenemos que estar en La Plaza.  Con las Madres de Plaza De Mayo-Línea Fundadora, con el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, movilizando de manera independiente, te esperamos.