El miércoles 24 de febrero un grupo de trabajadores y trabajadoras del call center Hey Latam ocuparon las instalaciones de la empresa para preservar las herramientas y fuentes de trabajo ante la quiebra fraudulenta que la justicia concedió al empresario Martín Stauffer, que viene llevando adelante un lock out patronal y adeudando salarios y aguinaldos desde noviembre de 2020, planteando constituirse como cooperativa.
Desde el Nuevo MAS Rosario apoyaron la ocupación y plantearon que “La ocupación es un paso muy importante que defendemos incondicionalmente, porque no sólo implica no resignarse ante la adversidad de la situación, sino que va más allá y cuestiona también el principio fundamental del capitalismo: La inviolabilidad de la propiedad privada empresaria” y señalaron que la quiebra esta “pone sobre la mesa la necesidad de luchar por la expropiación y estatización bajo control de sus trabajadores y trabajadoras del call center para defender los puestos de trabajo y unificar con otras luchas”.
Una lucha ejemplar
La lucha de Hey Latam lleva más de tres meses de acampe frente a la empresa, que empezó a adeudarles el salario en noviembre y planteó el cierre del call center ante el reclamo de sus 301 trabajadores y trabajadoras por el sueldo que les corresponde. Luego de meses acampando -incluso durante las fiestas de fin de año de 2020- se llegó a esta situación en la que la justicia concedió la quiebra a la patronal, a pesar de incontrables incumplimientos a la ley laboral.
Ver esta publicación en Instagram
El acampe en la puerta de la empresa se sostiene hace más de 90 días para evitar su vaciamiento y visibilizar el reclamo por la continuidad de los puestos de trabajo ante una quiebra a todas luces fraudulenta, ya que la propia justicia constató que Stauffer es dueño de dos razones sociales gemelas -Key Market y Contact Center and Recovery- e incluso le embargara las cuentas en razón de los salarios y aguinaldos adeudados.
Desde un primer momento, los trabajadores y trabajadoras se enfrentaron a la alianza de la patronal, el sindicato y el gobierno para quebrar su lucha. El empresario buscó hambrerarlos reteniéndoles el sueldo y manteniendo el lock out, el sindicato no se dignó a llamar a un día de paro o una medida de conjunto con los otros call centers que representa y el gobierno, a través del ministerio de trabajo torció la vara siempre en favor de la patronal, perjudicando activamente a los trabajadores y trabajadoras.
Una nueva situación en la lucha
El fallo judicial del 23 de febrero que le reconoce a Stauffer la quiebra del call center marca un nuevo revés en ese sentido, dejando sin alternativa a los trabajadores y trabajadoras del call más que ocupar la empresa para evitar el vaciamiento de la misma y la destrucción de sus fuentes de trabajo.
En un comunicado, los trabajadores y trabajadoras señalaron que “Frente a la quiebra pedimos al juez que nos atienda, que nos permita el resguardo y utilización de los bienes que nos pueden permitir continuar trabajando. Pedimos al Estado en todos sus niveles que nos permita acceder a la prestación de servicios, nosotros nos encontramos a disposición para constituirnos como Cooperativa para poder trabajar de inmediato. Contamos con los instrumentos, la capacitación y la disponibilidad para brindar servicios a la comunidad a través de lineas 0800, 147, frente a la pandemia y la vacunación o cualquier otra necesidad de la población, cómo es la atención telefónica frente a emergencias, situaciones de violencia de género, entre otras.”
Desde el Nuevo MAS enviaron su apoyo, a la par que destacaron que “Coincidimos plenamente con este planteo. Pero ofrecer esos servicios al Estado bajo la forma de cooperativa implica la dependencia de esas campañas para que la misma pueda subsistir, mientras que la pone en competencia directa con los otros trabajadores y trabajadoras que, de manera precarizada atienden estas líneas.”
Ante esta problemática, desde el partido de izquierdo destacaron: “La perspectiva que queremos poner sobre la mesa es la de un programa radicalmente distinto: La exigencia al Estado de la expropiación y estatización del call center, la incorporación de todos los trabajadores y trabajadoras como estatales bajo convenio y como administradores colectivos del lugar de trabajo, que obligue al Estado a hacerse cargo de la crisis y permita tender un puente con otros trabajadores y trabajadoras del rubro que trabajan bajo condiciones precarias, tanto en el ámbito privado, como estatal”.
