Mientras el gobierno dice que no hay plata para nada, el Ministerio de Seguridad hizo públicos los gastos hechos por la administración nacional en los operativos de represión de los jubilados. El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) recopiló los datos, que dieorn un total de 2 mil millones de pesos.
Las cuentas de un gobierno represor
Los 2 mil millones de pesos serían un costo promedio de $48.535.094 por cada marcha de los jubilados. Son 5.578 jubilaciones mínimas con bono incluido.
Pero para eso no hay plata: “el presupuesto que el Ministerio de Seguridad destinó ese año para reprimir jubilados y jubiladas equivale a 5.578 jubilaciones mínimas con bono incluido (según el promedio de ese año). De los dos mil millones de pesos informados, 35 millones fueron para combustible de los vehículos de todas las fuerzas y todo el resto (el 96% del gasto) para gastos de «equipos» de la Policía Federal. El Gobierno no aportó mayores precisiones.” (El Destape)
El número real es mayor, según marcó el CELS. La cifra es conservadora porque quedan fuera del cálculo las horas de servicio obligatorio y los servicios adicionales de los cerca de 40 mil efectivos desplegados que el Ministerio no informó.
En total, 43 operativos en todo 2025, con un promedio de 900 policías y fuerzas federales en cada uno. 28 marchas de jubilados fueron reprimidas, hubo un total de 149 detenciones arbitrarias y al menos 501 personas con heridas por la policía.
Destaca especialmente la represión del 12 de marzo, que terminó con Pablo Grillo peleando por su vida luego de ser impactado por una granada de gas lacrimógeno disparada por el gendarme Héctor Guerrero. En ese operativo participaron 1266 efectivos.
Además, a lo largo del año pasado, varios policías y gendarmes terminaron procesados por lo criminal de las represiones. Son Héctor Guerrero, culpable de casi matar a Pablo Grillo; el prefecto Sebastián Martínez, quien disparó con un proyectil a Jonathan Navarro y lo dejó con pérdida de visión de su ojo izquierdo; el inspector de la Policía Federal Nicolás Céspedez, quien empujó y lesionó a Beatriz Blanco, jubilada de 82 años frente al Congreso; y el policía Federal Cristian Rivaldi, quien aplicó gas pimienta en la cara de una nena de 10 años en el 2024.
Así es como el gobierno aplica su plan de “equilibrio fiscal”: ajusta a lo grande y separa un poco para asegurar poder reprimir ferozmente a los jubilados, gastando una fortuna.
Es un gobierno que, al mismo tiempo, no tiene problemas de dar rebajas impositiva a las grandes fortunas, el agro y la minería. Entonces, hay equilibrio fiscal para 2 cosas: sacarle retenciones al agro y pegarles a jubilados. Todos los miércoles arman el mismo teatro represivo para golpear a jubilados que piden una mejora en su vida, dejar de cobrar jubilaciones de miseria y poder respirar algún mes sin tener la soga tan al cuello.




