Hace falta una huelga general política contra el gobierno de Milei

Al momento que escribimos esta nota comienza a subir la temperatura política de cara al viernes 1 de marzo, día en que se realizará la apertura de sesiones ordinarias del Congreso con un discurso de Milei cercano a las 20 horas que, se descarta, estará plagado de provocaciones hacia el movimiento de masas y los trabajadores, y que relanzará la agenda política con una serie de iniciativas.

Así, el viernes próximo será el inicio de un nuevo round político, luego de la derrota de la Ley Ómnibus (LO) por la movilización de la izquierda y sectores de vanguardia amplia que dejó al gobierno sin iniciativa política a lo largo de todo febrero.

Nos adelantamos a decir que desde la izquierda convocamos nuevamente al Congreso y que alentamos la realización de cacerolazos y la confluencia de las asambleas barriales en la Plaza, convocatoria que pone un contrapunto al gobierno reaccionario y tiene nuevamente la potencialidad de hacer síntesis de la bronca que se vive por abajo por la brutalidad del ataque económico y traducirlo al plano político, señalando al plan de Milei como el problema que unifica todos los malestares que viven las y los trabajadores.

Si la derrota de la primera ofensiva política de Milei con la Ley Ómnibus abrió un impasse político, la ofensiva en el terreno económico ha sido y es descomunal. Una dinámica que no se detuvo desde el día del anuncio de la hiper-devaluación de Caputo, con un salto cualitativo en la destrucción salarial y el aumento del costo de vida (se calcula una transferencia de riquezas sólo en enero de $1.6 billones de los trabajadores a los capitalistas), la declaración casi diaria de aumentos en todos los terrenos de la vida social (boleto en todos los transportes públicos, todos los servicios, combustibles, educación privada, prepagas), la quita de subsidios (o salario indirecto) a los trabajadores, la desregulación de los contratos de alquiler (que ha iniciado un proceso de gentrificación con el desplazamiento de población que no puede pagar los delirios de los grandes propietarios), y la legalización de salarios y jubilaciones de indigencia por la vía de un salario mínimo (establecido hoy en $180 mil, contra $240 mil que es el costo de la canasta básica alimentaria, sin servicios, para una familia tipo). Una virtual dolarización de los costos de vida con salarios completamente licuados, sumado a un recorte del “gasto” (inversión) público fenomenal.

Este ajuste sin precedentes en escasos 2 meses plantea un “terreno común”, una transversalidad en la experiencia con el gobierno que cruza a todas las capas de la clase trabajadora, incluida la juventud en sus distintas composiciones. A la vez, deleita a los capitalistas en su aspiración de imponer una trasferencia de riquezas aún mayor, aumentar la explotación a niveles incompatibles con la sociedad actual moldeada por relaciones de fuerzas no derrotadas, y seguir parasitando los recursos y las riquezas del país.

Pero si el ajuste económico traza un plano común a todas las capas de trabajadores e impulsa una experiencia violenta con el gobierno, el resultado de esa experiencia, las conclusiones y en definitiva el éxito o fracaso del gobierno de Milei son un pelea cuyo resultado depende de la capacidad que tenga la izquierda (dada la pusilanimidad del kirchnerismo que se juega a la gobernabilidad de acá al 2027) junto a sectores de vanguardia amplia para elevar la pelea al plano político (plano general de las representaciones) y no del resultado de peleas parciales, reivindicativas.

Ocurre que las peleas parciales por lugar, si son abordadas exclusivamente desde el punto de vista “sindical”, suponen la continuidad del gobierno de Milei –al que para derrotarlo, hay que echarlo- por lo que se deben incorporar reivindicaciones que son directamente políticas que, como en el caso del gremio docente, significa el rechazo a cualquier intento de transformar la educación en “servicio esencial” imponiendo el trabajo obligatorio del 75% ante cualquier medida de lucha de las y los trabajadores del sector, lo que supone en la práctica la lisa y llana prohibición del derecho constitucional a la huelga misma.

El planteo de un Paro general político de 48 hs permite atravesar la miríada de ataques que sufren los trabajadores sector por sector, o en la vida cotidiana cuando hay que comprar o pagar algo, a las y los estudiantes, los jubilados, al movimiento de mujeres, a las diversidades, a los trabajadores desocupados, a los vecinos; en fin, a todos los sectores explotados y oprimidos, con una perspectiva global. Esa salida global es política y tiene como objetivo tirar abajo el plan de Milei mediante una acción de masas como es una huelga con la mira puesta tanto en el Protocolo antirrepresivo, el DNU y el ajuste, como en la derrota del propio gobierno.

La gobernabilidad con la que sostienen a Milei

¿Si el gobierno sufrió semejante derrota política, porqué el ajuste continúa con tanta violencia? Esta pregunta remite directamente al sustento del gobierno. El hecho es que desde Blinken/Biden, Trump, el FMI y el Papa, hasta Macri y el PRO, el kirchnerismo y el peronismo, pasando por los gobernadores como Torres (Chubut) y todos los representantes de las fuerzas políticas del régimen, defienden la gobernabilidad. Todos con sus evidentes diferencias apuestan a la continuidad de Milei. Ese punto de apoyo con el que cuenta el gobierno es lo que le permite, más allá del pataleo insoportable de “dialoguistas” y “opositores”, seguir adelante con la dinámica de ajuste. Pero la sociedad de clases no se puede administrar a gusto por arriba, sobre todo cuando las relaciones de fuerzas no han sido derrotadas. La dinámica de ajuste plantea en perspectiva un choque social.

Insistimos con el rol nefasto que juega el kirchnerismo (nos referimos a su dirección) llamando a “respetar la voluntad popular que se manifestó en las urnas” y toda una serie de excusas baratas para defender la continuidad del Estado y el poder político de la burguesía. Prefieren 4 años de Milei, a un cuestionamiento desde abajo (no institucional) que rechace el plan de Milei y a su gobierno y que abra curso a una irrupción política de las y los trabajadores.

En lo inmediato, esa garantía de gobernabilidad permite diluir los elementos de crisis política sin que lleguen a mayores y encauzarlos, como ocurre con Chubut, por vías institucionales. Finalmente, un juez federal de esa provincia hizo un arbitraje que contentó al gobernador Torres: impedir que se vuelva a retener el dinero que le corresponde a la provincia vía fondos fiduciarios (destinados a subsidio de transportes), pero sin lugar a devolución de lo que ya fue retenido. El gobierno nacional ya anunció que apelará el fallo. Así las cosas, el fuego verbal se encauza en la justicia que jugará un arbitraje a izquierda o a derecha, como también debe hacer el algún momento respecto del DNU y particularmente su capítulo laboral. Otras provincias (prácticamente todas, incluida Bs As gobernada por Kicillof)  se encuentran en la misma situación que Chubut, lo cual podría reproducir nuevos eventos del estilo, pero con la garantía inestimable de la gobernabilidad que (por ahora) “todo lo encauza”.

Por otro lado, el violento ajuste económico ha dado lugar a una dispersión de conflictos reivindicativos. Recientemente los paros de sanidad, ferroviarios, docentes, Aerolíneas Argentinas, además de los cortes realizados por movimientos sociales. Así como es evidente que el ajuste genera una base común de experiencia entre los trabajadores, la dispersión de los conflictos por sector impide colocar en el centro el elemento común, que es el plan de guerra de Milei. Esto junto con la “ilusión” de que, en un periodo casi hiper inflacionario con recesión de la economía y con un gobierno enemigo acérrimo de las y los trabajadores, se puede recomponer el salario o evitar un problema que es de gobierno (y de plan de gobierno) y no de medidas aisladas, son elementos que responden también al intento de los gremios y de las centrales sindicales de garantizar la gobernabilidad.  Insistimos, la ubicación de la CGT de evitar convocar a un nuevo paro general y descomprimir vía paros por parcialidades es una ubicación reaccionaria que le da aire al gobierno.

Es obvio que las reivindicaciones de las y los trabajadores, de los estudiantes, del movimiento de mujeres, o del sector social que sean, no son regresivos y que, eventualmente, una conquista parcial puede fortalecer a un sector específico. Pero en tiempos de “anormalidad”, en que está en discusión qué país y qué relaciones se establecen entre las clases, guiarse sólo por parcialidades aísla y fortalece al enemigo.  Por eso, allí donde actuamos, el impulso debe ser el de colocar los problemas parciales en perspectiva con la única solución real que pueden tener, que es el de enfrentar al gobierno y su política como un todo. Es decir, incorporando siempre reivindicaciones políticas como, por ejemplo, no sólo presupuesto para tal o cual lugar de estudios, sino la defensa del derecho a la educación pública, gratuita y de calidad, como puente hacia toda la sociedad explotada.

Sólo en la medida que las reivindicaciones parciales se entrelacen con una salida global pueden jugar un rol político progresivo. Por eso la tarea del momento, junto con el desarrollo de todo espacio de organización independiente que facilite la entrada en escena de nuevos sectores y que permitan disputar la dirección de los asuntos, es exigir a la CGT, las CTAs y a cada gremio, una huelga general política contra el plan de Milei para unificar todas las experiencias y la bronca que hay por abajo (en una combinación de exigencia/ presión/ denuncia que debe lograrse sin oportunismo ni concesiones políticas, ni sectarismo ciego, en la búsqueda de influenciar a sectores de masas dirigidos por otros).

Dicho de otra forma, si desde nuestra perspectiva es una necesidad estratégica el ingreso de los sectores orgánicos de la sociedad explotada y oprimida a la lucha (movimiento obrero, trabajadoras/es en general, estudiantes, etc), el ingreso de estos sectores bajo direcciones conciliadoras y burocráticas impide desde enfrentar al gobierno y derrotarlo, hasta construir una salida desde los trabajadores. No basta con que ingresen los sectores orgánicos. Es imprescindible disputar la dirección de los mismos.

Junto con esto, agregamos que sería un error completo desconocer el rol que juegan (hoy limitadamente, lo cual no quita su importancia) y que podrían jugar en un futuro (como espacios organizadores y aglutinadores de distintos sectores sociales), tanto como decretar (como hace el PTS) que las asambleas son y están destinadas a ser el ámbito organizador de un proceso que aún con su riqueza y su vertiginosidad, recién comienza. A esto agregamos que los ámbitos de organización y coordinación sólo pueden elevarse a instancias de doble poder si logran aglutinar a los sectores orgánicos de la sociedad, con sus delegaciones y sus representaciones políticas.

Por eso, junto con impulsar el desarrollo de las asambleas barriales que realmente existen (y disputar su dirección y representación), es clave tener la orientación de ayudar a irrumpir a las y los trabajadores, y apoyar las acciones del movimiento estudiantil, que viene de hacer un cacerolazo educativo de gran impacto y que está llamado a jugar un papel central debido al ajuste presupuestario brutal al cual pretende someter el gobierno a la Universidad.

La Plaza, el Palacio y la izquierda

Ya adelantamos la importancia que puede tener la jornada del 1 de marzo. Así como ocurrió en las jornadas contra la Ley Ómnibus, esa fecha se plantea la posibilidad de poner un contrapunto político impulsado desde la calle con nuestro partido y la izquierda, para lo cual será imprescindible el estallido de cacerolazos en los barrios y la confluencia de las asambleas en Plaza Congreso. Un estallido que, más allá de la convocatoria y el impulso que podamos darle, tendrá como base de sustentación las provocaciones y ataques políticos de Milei en su discurso inaugural. Un discurso convocado para las 20 hs aproximadamente, y que da cuenta de la incapacidad que tiene el gobierno de convocar a la movilización de sectores afines; un elemento de debilidad en el terreno extra institucional. En esto resalta la diferencia con la capacidad de movilización que volvió a demostrar Bolsonaro esta semana con una movilización de unas 180 mil personas en San Pablo; una acción por otro lado defensiva y que intenta evitar tanto ir preso como quedar vetado de la participación electoral presidencial.

Dejamos anotado aquí el grave error que cometieron fuerzas como el PO y el PTS que caracterizaron a Milei como un equivalente de Massa, y que la propia experiencia en escasos dos meses ha puesto en evidencia. Sin ir más lejos, el reciente ataque a las organizaciones sociales (cuyo alcance real desconocemos) mediante la eliminación del programa “Potenciar Trabajo” es una nueva muestra de ofensiva “bonapartoide” que ataca el derecho a la organización y asociación colectivas. Así mismo, toda la ofensiva económica tiende a avasallar la materialidad de relaciones establecidas bajo ciertas relaciones de fuerza entre trabajadores y capitalistas habla de un gobierno que no tiene nada de “continuista”. Toda la definición inicial del gobierno por parte de ambas corrientes se demostró como un error completo, compensadas parcialmente con reajustes tomando elementos de algunas definiciones aportadas por nuestro partido como “plan de guerra” y no meramente ajuste, o “gobierno minoritario con elementos bonapartistas”, entre otros, lo cual nos parece un avance que permite, aún con diferencias evidentes, una apreciación más realista de los desafíos y peligros a los que nos enfrentamos.

Se suman a la parada del 1M otras que apostamos a que sean de magnitud como es el 8M y también el 24M. Inicia un mes que estará cargada de acciones políticas impulsadas desde las calles, y que ponen el desafío de canalizar la bronca que genera el ataque económico con convocatorias que pongan el eje en el plan global del gobierno sin desconocer, desde luego, las reivindicaciones específicas de cada convocatoria.

Párrafo aparte merece la exitosa iniciativa del cacerolazo educativo impulsada por el ¡Ya Basta! en la asamblea de Filosofía y Letras de la UBA, que juntó más de mil personas en un corte de calle contra el ajuste a la educación y a la Universidad, y en la que confluyeron l centros de estudiantes (como el Nuevo CEAA, CEMFa, CEFyL, entre otros) y asambleas barriales. Esta iniciativa se extendió, por impulso del ¡Ya Basta!, a otras universidades como UNLA y también a asambleas barriales como Lomas y Burzaco en la Zona Sur de GBA, UNLu en Zona Norte y UNLP en La Plata, y son la preparación del estudiantazo que impulsaremos en todas las universidades del país para defender la existencia misma de la educación universitaria. La reciente denuncia del Consejo Interuniversitario Nacional sobre que no se podría continuar más allá de abril pone plazo inmediato a la irrupción del movimiento estudiantil, que inicia sus clases mayormente a fines de marzo. La juventud anticapitalista ¡Ya Basta! ha publicado luego de su 4to Campamento una declaración que llama a la rebelión estudiantil y a tomar todas las medidas que sean necesarias para derrotar el ataque a la educación y al plan de Milei.

Marzo se presenta como un mes convulsionado, en el que amplios sectores de la sociedad comenzarán a tensar sus músculos para responder a los ataques del gobierno. Nuestro partido se prepara para empujar la intervención política de todos los sectores atacados.

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