Situación nacional

Hablemos de lo que calla el gobierno

Los efectos de deterioro económico y social que genera la pandemia (hemos dicho también que la pandemia afecta diversos aspectos de la sociedad) han impactado con fuerza en la población. Sin haber sufrido grandes desbordes, este impacto es uno de los aspectos que ha dinamizado la coyuntura en los últimos meses.



Con fecha puesta a las elecciones, el año se irá tiñendo rápidamente de tono proselitista, algo que ya se venía expresando en los debates entre el gobierno nacional y la oposición pero que irá ganará terreno. El 12 de septiembre serán las PASO y el 14 de noviembre las generales.

Interesa entonces dar cuenta del elemento instrumental de la polarización que se intenta instalar desde los medios de comunicación y por efecto de las iniciativas de los bandos del poder en los debates por arriba, cuyo tono tiene elementos de sobre actuación. Una maniobra política elemental con al menos dos objetivos: “atapar todo” por la vía de la falsa disyuntiva oficialismo-oposición. Y a la vez excluir del debate los hechos que afectan con más contundencia a las masas de trabajadores y trabajadoras, temas de los que ninguno, empezando por el gobierno de Alberto Fernández, quiere hablar.

Para la izquierda revolucionaria poner en debate los temas de los que el gobierno no quiere hablar (y desde luego tampoco Juntos por el Cambio y los gobernadores opositores) es clave para desarrollar la agenda de los de abajo. Desde luego que no sólo discursivamente. La pandemia y sus efectos sanitarios no han logrado romper la dinámica de retorno a las calles que se viene verificando persistentemente durante el 2021. Poner en la agenda política es hacer y ganarse el “derecho a decir”, algo que hemos conquistado a fuerza de militancia aun en los momentos pandémicos más duros, y que nos está colocando en un terreno superior.

Desde el terreno de la lucha de clases a la disputa por la representación política, una diagonal nada fácil de resolver por motivos históricos y que exceden el jueguito de la “falsa polarización” del establishment; intentaremos señalar algunos elementos que están en boca de las y los de abajo mientras que los de arriba los callan para borrarlos del mapa político. Dar voz a los problemas de los trabajadores, ponerles el cuerpo y también palabras, es un trazado general para los meses que vienen. Todo esto en el marco de un continente cuyas luchas inclinan el péndulo hacia la izquierda, con la rebelión en Colombia aún en curso y luego del mazazo electoral en Chile, hechos que de consolidarse (por ejemplo, con un triunfo categórico de las masas colombianas), podría abrir oportunidades también en el país.

Los telones de fondo de la política del gobierno

Es categórico que la pandemia es uno de los telones de fondo sobre el que se desarrolla la situación nacional (e internacional desde luego). Como hemos señalado anteriormente, el contagio se ha distribuido a todo el país, sobre todo a los lugares más urbanos y concentrados de las provincias, lo cual aumenta exponencialmente la cantidad de casos en el territorio nacional.

Esto ha llevado a provincias como Córdoba a niveles próximos a la saturación sanitaria, un hecho que de ocurrir fehacientemente imprimiría un punto de inflexión. Al momento no hemos visto imágenes catastróficas como sí se vieron en otros países, y en ese sentido el gobierno nacional y provinciales no han perdido el control de la pandemia, cosa a la que colabora el ingreso de nuevas vacunas al país. De todos modos, no deja de ser peligroso el alto número de contagios en provincias cuya robustez relativa de los sistemas sanitarios, sostenidos con enorme esfuerzo de los trabajadores de la salud y a pesar del desfinanciamiento sistemático de los gobiernos por años, y que persiste, no es la misma que la del AMBA.

Pero más allá de esto, los efectos de deterioro económico y social que genera la pandemia (hemos dicho también que la pandemia afecta diversos aspectos de la sociedad) han impactado con fuerza en la población. Sin haber sufrido grandes desbordes, este impacto es uno de los aspectos que ha dinamizado la coyuntura en los últimos meses.

Pero junto a esto, hay otro telón de fondo que agudiza la presión sobre los trabajadores. El tutelaje que ejerce el FMI sobre el gobierno es un hecho categórico. Sin ir más lejos, la reciente postergación del pago al Club de París se da sobre la base de algunos condicionamientos excluyentes: respetar las condiciones que pone el FMI a Argentina. Uno de ellos es la famosa reducción del déficit fiscal; o sea, bajar los gastos del Estado, o sea, menos plata para salud entre otros, para ser solvente a la hora de pagar deudas, tanto al Club de París como al Fondo. La política de mantener el ahogo presupuestario en los hospitales es algo que hemos dicho en varias oportunidades y que denunciamos en las calles junto a los trabajadores y trabajadoras que coordinan y se organizan para pelear por condiciones laborales y presupuesto, como es el caso de los trabajadores de varios hospitales de La Matanza que realizarán un corte en la rotonda de San Justo el viernes próximo.

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Junto con esto, otra orientación política se viene imponiendo como continuidad de gobiernos anteriores, pero no sólo mera continuidad dado el contexto pandémico, bajo el gobierno de Fernández, y que es otro de los reclamos pilares del FMI: la reducción del costo laboral. Uno de los grandes temas nacionales junto a la precarización laboral, negados por la coalición del gobierno y desde luego por la oposición… nadie discute lo que es de acuerdo mutuo, y acatar los dictámenes del FMI unifica a la burguesía y sus representantes políticos, más allá de sus matices.

Destrucción del salario, precarización y el contagio en los lugares de trabajo

La dinámica inflacionaria es el elemento más descontrolado para el gobierno. Se estima que para mayo la inflación será próxima al 4%, por lo que el fantasioso 29% que postuló el gobierno como inflación anual podría alcanzarse en julio. Como contrapartida la coalición de gobierno aplica un control estricto sobre los salarios. Luego de 4 años de Macri en que los salarios perdieron contra la inflación, con Fernández en el 2020 y lo que va del 2021 los salarios continúan deteriorándose, lo cual genera por acumulación una pulverización salarial.

De 600 dólares de promedio del salario mínimo vital y móvil en agosto del 2015, el salario se ha deteriorado llegando 193 dólares en la actualidad, tomando en cuenta que el salario llegará a 29 mil en el 2022. Una pérdida cercana aproximada del 30% de salario en términos de dólares que cumplió con los objetivos de “salarios competitivos” alentado por el gobierno neoliberal de Cambiemos y cuyo deterioro actual es garantizado por la coalición del Frente de Todos, bajo la orientación social liberal del presidente. El curso de los salarios ha sido similar en los casos de quienes están por encima de la mínima. Aunque hayan caído desde otro piso, los salarios hoy se encuentran cerca de los 300 dólares (si tomamos como promedio 50 mil pesos mensuales).

A ese dato grande como una casa se suma la dosificación de los aumentos salariales en tantas cuotas que liquida el “efecto aumento” que tienen los aumentos cuando se dan en un solo tramo. Cuando un trabajador recibe, pongamos por caso un 30% de aumento, éste se va diluyendo en un plazo más o menos breve, pero que hace el efecto de aumento durante los primeros meses. Esto desaparece directamente cuando los aumentos son en muchas cuotas de porcentajes minúsculos, en medio de una inflación galopante, porcentajes que van quedando rápidamente por detrás de los aumentos de precios. Una forma de reducir el costo salarial o, dicho de otra manera, de reducir el costo de los aumentos a las patronales y el Estado.

Junto con esto, la dolarización de la economía hace que el poder de compra de los salarios también se deteriore en términos reales. Así pasa con la carne, cuyos precios locales son similares a los de exportación, con los combustibles y un largo etc. Es decir, que mientras los salarios nominalmente aumentan (miserablemente) el poder de compra se reduce.

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El otro tema negado por el gobierno es el de la precarización laboral, un tema difícil de desarrollar en pocas líneas por su amplitud. Digamos rápidamente que entre el sector de trabajadores formalizados y los trabajadores desocupados se ha desarrollado, como consecuencia de las políticas neoliberales, un sector de trabajadores que están en el medio de ambas condiciones. Una gama amplia que va desde la pauperización extrema (como el caso de trabajadores que son “reclutados” de barrios muy humildes para trabajar en papeleras en la Zona Sur, y que muchas veces terminan con accidentes graves o incluso la muerte como ocurrió recientemente) hasta trabajadores en relación de dependencia, pero por agencia, que desde luego no tienen ni los salarios ni los derechos de los que son efectivos, pero con un piso mínimo de condiciones salariales y laborales. Para decirlo de otra manera, una amplia gama en cuyo rango se va desde la “mera” precarización laboral hasta la “precarización de la vida” (cuando a las condiciones laborales se condensan en sectores sociales más golpeados la precarización educativa, habitacional, sanitaria, etc.) una denominación que hemos registrado en varios relatos de jóvenes protagonistas de las rebeliones en Chile y Colombia.

Dentro de los jóvenes trabajadores precarizados se encuentran quienes trabajan a través de aplicaciones de delivery y que hoy suman unos 55 mil trabajadores en todo el país.Un sector muy dinámico y cuyo potencial político-sindical es enorme, como lo han demostrado en su pelea por organizarse en un sindicato propio (ver al respecto SITRAREPA en esta edición).

El aumento de la precarización laboral (garantizada, insistimos, por la imposición de un salario mínimo vital y móvil que el gobierno colocó por debajo de la línea de indigencia) es un elemento que ha cobrado mucho peso en la realidad socio-laboral del país. Desde luego que hace años que existe la precarización laboral, pero sería un error de rutinarismo no ver que el efecto que esto tiene ha comenzado a forjar toda una capa de trabajadores que, además muchas veces se organizan de manera independiente para conquistar su reconocimiento como trabajadores con iguales derechos. La complicidad de la burocracia sindical en la degradación laboral y salarial ha dado lugar a la coordinación y la autoorganización de sectores tercerizados y precarizados, como ocurre entre los trabajadores de las líneas del tren San Martín, Roca y Belgrano Sur o EMA (contratista de Edesur), que son la novedad y la gema de la coyuntura.

Esa dinámica que surge tanto en la lucha por salario y condiciones laborales en los hospitales como entre los trabajadores tercerizados, son un alegato por la vía de la lucha al silencio negacionista del gobierno respecto del mayor sufrimiento de los y las trabajadoras.

Por último, queremos poner alerta sobre las muertes por Covid-19 que comienzan a verse con más frecuencia en las fábricas, un hecho tozudo contra el relato del gobierno de que en las fábricas no hay contagios. Recientemente los casos de muertes en Ford y en FATE, por nombrar sólo aquellas más conocidas, han sido denunciadas públicamente por la Corriente Sindical 18 de Diciembre con gran impacto. Mientras que todas las industrias fueron exceptuadas del decreto de aislamiento por ser exportadoras o por trabajar bajo producción continua, lo cual obligó a continuar trabajando a miles de trabajadores, los mismos no cuentan como esenciales, por lo que no entran en la prioridad de vacunación. Al reclamo de que el gobierno declare de utilidad pública de las vacunas y la fábrica que las produce, se suma la exigencia a las multinacionales y grandes empresas donde hay fallecimientos de que importen vacunas para la inoculación de los trabajadores, una medida sanitaria básica que debe correr a costa de la patronal.

La denuncia de los fallecimientos por Covid-19 en los establecimientos laborales también debe ser parte de la pelea por visibilizar aquello que el gobierno y la oposición pretenden esconder.

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