“La observación más importante que se puede hacer a propósito de todo análisis concreto de la correlación de fuerzas es que estos análisis no pueden ni deben ser análisis en sí mismos (a menos que se escriba un capítulo de historia del pasado), sino que sólo adquieren significado si sirven para justificar una actividad práctica, una iniciativa de voluntad. Muestran cuáles son los puntos de menor resistencia donde puede aplicarse con mayor fruto la fuerza de la voluntad; sugieren las operaciones tácticas inmediatas; indican cómo se puede plantear mejor una campaña de agitación política, qué lenguaje entenderán mejor las multitudes, etc. El elemento decisivo de toda situación es la fuerza permanentemente organizada y dispuesta desde hace tiempo, que se puede hacer avanzar cuando se considera que una situación es favorable (y sólo es favorable en la medida en que esta fuerza existe y está llena de ardor combativo); por esto, la tarea esencial es la de procurar sistemática y pacientemente formar, desarrollar, hacer cada vez más homogénea, más compacta y más consciente de sí misma esta fuerza [es decir, el partido]. (Gramsci, La política y el Estado moderno, pp. 116-7)

La propiedad privada se ha puesto en el centro de la coyuntura. Que el problema de la propiedad cobre semejante centralidad en la escena política habla de una serie de circunstancias que están por detrás, que lleva esta problemática al centro de la escena y que como no muchas otras cuestiones y sin mediación, coloca quién gana y quién pierde en el diferendo.

El trasfondo: una crisis económica y un deterioro social creciente con la pandemia como telón de fondo. Una pandemia que no solamente no se ha ido, sino que registra su segunda ola en Europa y que en el país se ha desplazado hacia el interior del mismo sin resolverse en el centro.

Toda la coyuntura está marcada por una paradoja: el gobierno de Macri fracasó, las relaciones de fuerzas no dieron para un gobierno abiertamente agente del empresariado y, como correlato político electoral de este fracaso, se votó un “gobierno centrista”. La paradoja es que si políticamente esa fue la fórmula que encontró la burguesía como recambio a Cambiemos, desde el punto de vista económico no existen bases materiales para un gobierno que efectué una mediación: o va para un lado o va para el otro…

El caso Vicentin estuvo ahí para graficarlo con claridad: no se animó a tocarle la propiedad privada a los estafadores. Y en el caso de Guernica podría expropiar el predio por razón de “utilidad pública” (como figura en la Constitución Nacional) y san se acabó. Sin embargo, el problema que hay es que esto iría contra el carácter que Alberto Fernández le vino a dar a su gobierno: un gobierno social-liberal que se supone viene a “trazar una diagonal” con el empresariado; a no pelearse con él ni con los mercados; a que la burguesía y el imperialismo recuperen la confianza en que el peronismo puede gobernar sin cuestionar ni milimétricamente las bases sociales del capitalismo globalizado que impera hoy. Es decir: sin veleidades progresistas ni muchos menos nacionalistas burguesas.

De alguna manera esto es lo que quiso decir Cristina Kirchner en su carta en oportunidad del décimo aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner. “El gobierno de Macri fracasó y a mí me hacían la vida imposible por las formas. Ahora gobierna Alberto pero a él, que es distinto que yo, que tiene otras formas, también le hacen la vida imposible”…

Es decir: “Macri como gobierno directo de los empresarios no anduvo” (Cristina lo dice casi explícitamente). Pero “tampoco les gustan los gobiernos de políticos (patronales) como somos nosotros, siquiera su versión más ‘light’ como es el de Alberto”… Por eso, la gobernabilidad está en riesgo, así que les propongo “un amplio acuerdo económico-social”.

Otra definición de su carta es la que alude a la crisis del peso; el “bi-monetarismo” del país. Porque la Argentina es un país que, efectivamente, funciona con dos monedas: el peso para las transacciones corrientes y el dólar para las transacciones en serio: la compra de inmuebles y el ahorro, además de para los intercambios comerciales y financieros con el exterior.

La cuestión aquí es que, en realidad, la crisis del dólar sólo es el emergente de una crisis estructural más de fondo: por diversas razones el país no genera las divisas que necesita para funcionar. Y como el peso es una moneda extremadamente débil que nadie quiere, si el Estado no logra los dólares suficientes para afrontar el comercio exterior y los pagos de la deuda, no puede funcionar.

Y es en el medio de la crisis en curso que podemos colocar Guernica y la discusión en torno de la propiedad de la tierra en general. Los emergentes de esta crisis son básicamente dos. Por un lado, la crisis social que se ha profundizado brutalmente en los últimos meses pandémicos se ha traducido, como expresión más visible, en una crisis de la vivienda. Podría emerger de mil y otras maneras, pero hay razones poderosas estructurales para que lo haga de esta forma.

Una, es que la pandemia bajo las condiciones del capitalismo, empujó a muchísimos trabajadores y trabajadoras precarias a la calle. Y sumado esto a la cuarentena, se puso de relieve el desastre del hacinamiento. Dos, que también tiene su peso la distribución regresiva de la propiedad y de las tierras urbanas en las últimas décadas. Se han entregado gratuitamente inmensas extensiones a los desarrolladores inmobiliarios (esto es tan vergonzoso que hasta Kicillof denunció que la mayoría de los countries son “ocupaciones ilegales de tierras”), metiendo presión sobre los barrios populares que, eventualmente, no han tenido espacio por donde desarrollarse.

Estas y otras razones están por detrás de la específica crisis de vivienda urbana que se está viviendo y que llevaron a los vecinos a ocupar el predio de Guernica. Y por otro lado, en el sur del país está el reclamo de tierras ancestrales de la población mapuche desplazada históricamente manu militari desde la Conquista del Desierto, siglo y medio atrás, y apropiada masivamente a lo largo de décadas por ricachones nacionales y extranjeros.

Se trata en muchos casos de una propiedad apropiada mediante el liso y llano robo de sus ocupantes originarios. Parte de la llamada “acumulación primitiva capitalista” que ha sido eso y sólo eso: una apropiación violenta de los bienes de otros, en este caso de las propiedades comunitarias de las comunidades mapuches.

Si se quiere, el show de la familia Etchevehere es como una tercera expresión de esto, una expresión decadente si las hay, donde el problema del derecho de la propiedad salta por una cuestión sucesoria, pero como estamos en la coyuntura en la que estamos, y, además, está metido Grabois (¡que hace un show ahí pero no ha movido un dedo por los vecinos de Guernica!), la cuestión se termina de instalar en la escena política con Joaquín Morales Solá, inefable editorialista de La Nación, alertando sobre “el riesgo de enfrentamiento social” propio de una coyuntura que tiende a la polarización.

Si el problema se coloca en la propiedad es porque las demás mediaciones están fallando. Es decir: la crisis estructural del país es tan grande, viene históricamente tan de arrastre, han pasado tantas décadas sin planes de vivienda dignos de tal nombre, se ha negado tanto la burguesía a dedicar una parte de la riqueza social (¡extraída obviamente de los trabajadores y acaparada por ella!), han amarrocado de tal forma tantas ganancias, han acaparado tantas extensiones territoriales que, claro está, cuando el problema le termina saltando a los gobiernos patronales –sean éstos del color que sean- parecen no tener herramientas de mediación que no sean el engaño o la represión, salvo que se animaran a ir contra los intereses de algún sector patronal, lo que no es el caso. (Los gobiernos nacionalistas burgueses del siglo pasado iban en algunos casos contra algún sector capitalista en defensa de los intereses capitalistas de conjunto, pero esta no es la tónica hoy, ni hay gobiernos realmente de este tipo en la actual coyuntura regional o mundial).

La orientación de Alberto, Kicillof, Larroque y Berni (¡y también Cristina!), es una vergüenza: un gobierno que se dice “progresista”, que muestra la fachada de un gobierno “popular”, pero que no parece tener herramientas para sostener dicha fachada, y que bajo la presión de la burguesía, y como forma de hacer honor a su carácter social-liberal, retrocede frente a la expropiación de Vicentin pero se apresta a reprimir en Guernica…

Es tan vergonzosa la posición del gobierno, y tan polarizada potencialmente la coyuntura, que es un error creer que el gobierno puede -y quiere- encontrar una alternativa convincente –materialmente real y no una estafa- a la recuperación de los terrenos en Guernica. La ocupación ya lleva 4 meses y el gobierno ha sido incapaz de darle una solución cierta. Lo único que pretende es el desalojo –por las “buenas” o por las malas- de manera tal de hacer los deberes con la burguesía satisfaciendo su reclamo histérico por la propiedad privada.

Pretendía un desalojo sin costo político y de ahí que se dedicara a jugar con las ilusiones de los vecinos que aspiraban, en caso de tener que irse de la recuperación, a hacerlo con una escritura en las manos…

El problema es que no existe –no parece existir de manera real hasta el momento- una alternativa de “tierra por tierra”, más allá de la ocupación en Guernica. De ahí las propuestas de asentamientos transitorios, verdaderos “campos de refugiados” para las 1400 familias y la promesa de aquí a 4 o 6 meses de la entrega de terrenos escriturables con agua y luz…

El problema con esta propuesta (que quizás pueda volver en algún momento), es doble. El primero, que los vecinos debían -y supuestamente deben- abandonar las posiciones tomadas en el predio de Guernica, la experiencia colectiva que están haciendo, los lazos de solidaridad y lucha común que están tejiendo, para irse a un predio transitorio -por meses y meses- perdiendo la posición de fuerza.

El segundo, y vinculado al anterior, es el problema que los vecinos quedarían en manos de las promesas del gobierno por un plazo en el fondo indeterminado sin capacidad física de hacerse valer (atención que los conflictos grandes y pequeños, de fábrica, territoriales o lo que sean, son siempre relaciones de fuerzas y nada más que relaciones de fuerzas).

El hecho de que el gobierno provincial le haya ofrecido al barrio La Unión el “oro y el moro” para que abandone el predio y, simultáneamente, se haya negado a postergar la orden de desalojo, es lo que terminó llevando la negociación para atrás y al cierre de esta edición, comenzando la vigilia contra el intento de desalojo.

En estas condiciones, y a nuestro modo de ver, el programa correcto es defender la ocupación de Guernica tal cual es y exigir su reconocimiento a las autoridades. Esto sobre todo en la medida que no se ha llevado a cabo una prueba de fuerzas que dé la medida exacta de las cosas (por demasiado tiempo se postergó el hacer una gran jornada nacional de lucha por Guernica, lo que a nuestro modo de ver ha sido un error; se ha abordado el conflicto de manera extremadamente reivindicativa y poco política).

Es verdad que esto puede parecer una posición muy “dura”. Pero hacerse fuertes en la recuperación nos parece más realista que estar sometidos al vaivén de una negociación que además de tener el peligro de dejar a los vecinos sin nada real en las manos (otro cantar sería que, ipso facto, les den una escritura a cada familia), busca liquidar la experiencia común de lucha.

Posiblemente retorne en algún momento la negociación y se verán sus términos. De cualquier manera, la tarea de la hora es la defensa incondicional de la recuperación frente a la represión de Kicillof, Larroque y Berni.