La prisión preventiva sólo está pensada para casos en los que los sospechosos puedan fugarse o entorpecer la investigación, dos escenarios que rara vez se van con presos comunes, mucho menos si se trata de personas que fueron detenidas en una manifestación pública a la que asistieron decenas de miles.

Es llamativo como ninguno de los 35 detenidos pertenece al grupo que realizó los actos de violencia de los que se agarra el gobierno, la justicia y los medios de comunicación, como el incendio de un auto o de un puesto de bicicletas de la Ciudad. «Casualmente», ninguno de estos fue detenido ni identificado, en cambio sí detuvieron a trabajadores, miembros de organizaciones sociales o simplemente personas que fueron a manifestarse contra la Ley.

En este marco, la justicia se suma a la reaccionaria y delirante campaña del gobierno de que habría sucedido un «intento de golpe de Estado», ya que el fiscal Stornelli afirmó que considera acusar a los detenidos de «atentado contra el orden constitucional».

Se trata de un claro intento antidemocrático por disciplinar a los que salen a luchar, frente a escenarios de ataques del gobierno que la aprobación de la Ley Bases sólo producirá que se multipliquen.

Además, Stornelli aseveró que «investigarán el vínculo de los detenidos con organizaciones políticas», es decir que pretenden ampliar el operativo persecutorio a los partidos, sindicatos y organizaciones que participaron ayer, en línea con la persecución que el propio gobierno lleva contra organizaciones sociales como el Polo Obrero y otros.

De manera absurda, Stornelli usa como «pruebas» contra los acusados el comunicado de un tweet de la «Oficina del presidente». Se trata de una cuenta no oficial del Estado, evidentemente controlada por un troll irresponsable. El tweet dice que «felicita a las Fuerzas de Seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina.»

Como es usual, el gobierno utiliza los «desmanes» como excusa, después de la obvia puesta en escena con infiltrados en la movilización. Se trata de un nuevo ataque contra el legítimo derecho a la protesta. Recordemos que el gobierno de Milei comenzó con la aplicación de un protocolo anti protestas e incluso intentó prácticamente prohibir toda manifestación pública -una especie de virtual Estado de Sitio- en el proyecto original de la Ley Ómnibus, que prohibía reuniones en espacios públicos de 3 o más personas.