El Gobierno de Javier Milei llegará este jueves a una de las votaciones más delicadas desde el inicio de su mandato en un escenario muy distinto al que imaginaba cuando impulsó la «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada». Sin los votos y frente al fantasma de la movilización, tuvieron que retroceder en el capítulo más repudiado de la ley, el de la extranjerización de las tierras.
La discusión dejó de ser exclusivamente parlamentaria y eso condicionó todo el debate: la sola sombra de la movilización del 6 de agosto fue suficiente para meterle crisis al proyecto.
La presión por la movilización enorme que se está preparando para mañana obligó al gobierno a dar marcha atrás con el capítulo de extranjerización de tierras.
Mañana todes a las calles para derrotar todo el proyecto aberrante de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y…
— Manuela Castañeira (@ManuelaC22) August 5, 2026
Las dificultades no aparecieron de un día para otro. Ya durante el tratamiento en comisión comenzaron a surgir diferencias entre los sectores que el Gobierno esperaba incorporar a la mayoría, mientras el proyecto sufría sucesivas modificaciones. Esa dinámica continuó después del dictamen y quedó expuesta cuando Patricia Bullrich solicitó un cuarto intermedio antes del receso parlamentario. Más que un procedimiento reglamentario, fue el reconocimiento de que el oficialismo necesitaba ganar tiempo para seguir negociando. Pero, además, se había vuelto imposible para ellos imponer la «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada», que vendía el país entero a los capitales trasnacionales, tras el clima político abierto por el partido Argentina-Inglaterra del Mundial.
Desde entonces, Bullrich quedó al frente de una intensa rosca parlamentaria para reunir los apoyos que todavía le faltan al oficialismo. Durante el receso continuaron las conversaciones con bloques dialoguistas, sectores del radicalismo y representantes de distintas provincias, mientras circularon nuevas versiones del proyecto. La conferencia de prensa prevista para las horas previas a la sesión probablemente anticipe hasta dónde está dispuesto a retroceder el Gobierno para intentar salvar una iniciativa que considera estratégica.
Desde el cuarto intermedio, buena parte de las conversaciones encabezadas por Patricia Bullrich giraron alrededor del capítulo que modifica la Ley de Tierras. No es casual. La eliminación del límite del 15% a la propiedad extranjera sobre tierras rurales terminó convirtiéndose en el aspecto más cuestionado de toda la iniciativa y concentró buena parte del rechazo.
Ese capítulo ocupa el centro del debate porque revela una orientación más amplia del proyecto. La eliminación de ese límite abriría el camino a una mayor extranjerización de la tierra. El oficialismo concentra allí sus esfuerzos para desactivar el punto que hoy le genera el mayor costo político y preservar el resto de la reforma.
El espectro de la movilización del 6 de agosto empezó a incidir sobre la propia negociación parlamentaria. El oficialismo no modificó el proyecto únicamente porque no alcanzaban los votos; el crecimiento del rechazo social elevó el costo político de sostener intactos los aspectos más cuestionados de la reforma. La presión desde las calles pasó a formar parte de la relación de fuerzas que condiciona las negociaciones en el Senado.
El fracasado capítulo de extranjerización de las tierras
Este es un fragmento de Milei, la Ley de Tierras y la propiedad privada absoluta, por Agustín Sena
Milei ya había intentado derogar la Ley de Tierras Rurales en el famoso DNU 70/2023, luego judicializado por su carácter aberrantemente anti – constitucional. La ley sancionada en 2011 establece que los propietarios extranjeros (sean inversores privados, sociedades de capital privadas o personas físicas) no pueden poseer másde un 15% del total de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Sanciona que ninguna nacionalidad extranjera puede superar una proporción del 30% sobre ese 15% permitido y, además, pone un tope de 1.500 hectáreas para un mismo titular por zona núcleo.
El proyecto presentado en marzo eliminaba ambas restricciones. Lo que equivale básicamente a derogar la ley. Pero Sturzenegger prefirió agregar un nuevo artículo: establece la prohibición para sociedades de capital y organismos estatales extranjeros de adquirir tierras rurales, salvo con la autorización específica del Ejecutivo en casos en que se juzgue que la transacción no conlleva “un riesgo a la seguridad, defensa y soberanía nacional”.
No hace falta ser un analista demasiado agudo para darse cuenta de que el sentido del proyecto atenta contra toda idea de soberanía nacional. La modificación habilita la venta indiscriminada del territorio nacional al capital imperialista. Vender indiscriminadamente territorio es vender indiscriminadamente riquezas y recursos estratégicos. En el caso de las tierras destinadas al agro hay ejemplos claros. Al día de hoy, el Grupo Benetton posee más de 900.000 hectáreas en la Patagonia Argentina. Su propiedad es mayor en superficie que cualquier parque natural argentino. Es el mayor terrateniente del país. En sólo tres de sus estancias produce casi 400 toneladas anuales de lana. Tiene más de 100.000 cabezas de ganado ovino y 8.000 bovinos. También cultiva soja, maíz y girasol.
Y la venta irrestricta podría tener consecuencias todavía más graves en relación a las tierras con recursos minerales o fuentes de agua potable. El “programa” económico de Milei apunta a reprimarizar la economía argentina y posicionar al país como un exportador de materias primas en las ramas de hidrocarburos y minerales. A eso apuntan los privilegios para los grandes capitales contenidos en el RIGI y el Súper RIGI.
El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada va más allá. No les ofrece simples exenciones impositivas, sino la posibilidad de poseer grandes fuentes de materias primas estratégicas, bajo un marco legislativo de salvaguarda de la propiedad privada como término absoluto. Significaría subir un escalón abrupto en la extranjerización de la tierra y los recursos del país. Actualmente, ya existen empresas extranjeras que operan grandes porciones de suelo, pero lo hacen generalmente bajo un régimen de concesiones, no bajo una relación de propiedad directa. Es el caso del grupo chino High Luck, dedicado a la extracción de petróleo y gas, que opera más de un millón de hectáreas concesionadas por propietarios privados en Salta. Es el prototipo de funcionamiento de las grandes corporaciones mineras que operan en el país. La empresa concesiona un territorio, lo vacía de recursos y extrae las ganancias hacia el exterior. La modificación de la Ley de Tierras le daría a estos sectores el control absoluto (propietario) de esos recursos, eliminando mediaciones.
Lo propio podría pasar en relación a otros sectores, como la exploración de tecnologías relacionadas al desarrollo de IA. Lo que se trasluce tras las relaciones carnales de Milei con grandes capitalistas del sector como Peter Thiel, es la idea de utilizar tierras argentinas para el establecimiento de data centers. Estas instalaciones requieren climas fríos y una abundante cantidad de agua potable para funcionar. La Patagonia argentina reúne ambas cualidades. La modificación de la Ley de Tierras abre la puerta para entregarle en bandeja pedazos de país a uno de los sectores más reaccionarios (y con delirios distópicos) de la burguesía internacional, que coquetea cotidianamente con el umbral de degradación y destrucción de lo humano.
Al igual que en los rubros de hidrocarburos y minerales, los proyectos de IA impulsados por Milei no conllevan un gramo de desarrollo tecnológico. Son netamente primarizadores: habilitan la extracción (e incluso la destrucción) indiscriminada de recursos críticos para el enriquecimiento de un puñado de mega – capitalistas. Santiago Bilinkis, un desarrollador del sector con una posición pro – IA lo describía hace pocos días como “la soja del mundo IA”.
Para tener una proporción, basta señalar que un estudio del CONICET estima que, actualmente, un 5% del territorio nacional pertenece a propietarios extranjeros. Son unos 13 millones de hectáreas, una superficie similar a la de Inglaterra. En algunas zonas la proporción ya excede los límites por jurisdicción. “Casos críticos se registran en Lacar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja), Molinos y San Carlos (Salta), donde la extranjerización supera el 50%. También hay altos porcentajes en zonas estratégicas del río Paraná”. La nacionalidad con mayor cantidad de propiedades es la estadounidense (2,7 millones de hectáreas), seguida por Italia y España. Ya el límite actual habilita a que la Argentina venda tres Inglaterras de su territorio a propietarios extranjeros. ¿Cuántas Inglaterra desea venderle Milei? En esas proporciones, la desregulación de Sturzenegger plantea no sólo problemas económicos (el saqueo imperialista de los recursos) sino políticos y territoriales. Venderle pedazos de país al capital extranjero como si fueran caramelos, puede derivar en el cierre de pasos fronterizos, rutas, fuentes de agua potable, valuar o devaluar la propiedad inmobiliaria en ciudades enteras, destruir puestos de trabajo y entramados productivos específicos en el interior del país.
En este sentido, el proyecto reúne una matriz re – primarizadora de la economía, un componente netamente colonial (explorando el trayecto que va de la dependencia a la semi – colonia) y una concepción ideológica de la propiedad privada como forma absoluta. La misma es postulada como una relación social que se sitúa por encima de las demás, y escapa al control de la sociedad. ¿Qué tipo de Estado es uno que sanciona su propia desposesión? Milei y Sturzenegger no se preocupan por esta pregunta. Para ellos el principio de la propiedad capitalista no admite preguntas ni requiere justificaciones.
