Traducido del francés al español. 

Desde la desaparición y la muerte de Lyhanna, que provocó una conmoción y mucha bronca en todo el país, un movimiento sigue muy activo sobre la cuestión de las violencias sexuales y sexistas ejercidas contra las niñas y los niños. Desde el 8 de junio, los llamados a manifestarse todos los lunes frente a los tribunales y en todo el Hexágono se renuevan. En París, participamos en concentraciones en la Plaza Vendôme, así como en la del 8 de junio en la Plaza del Palais tras la prohibición de manifestarse en la Plaza Vendôme, prohibición de la prefectura de París que buscaba sofocar el masivo grito de cólera.

Centenares de personas se movilizan sobre esta cuestión y se hizo un llamado a una gran manifestación nacional por la ley marco integral para el 4 de julio. Queremos hacer un balance de lo que ocurrió en estas concentraciones para comprender el movimiento y aportar conclusiones políticas sobre la cuestión.

¿Cuál es la naturaleza de estas concentraciones?

Por haber participado en dos concentraciones, constatamos la presencia de muchas mujeres e incluso de familias con adolescentes. Una parte de la juventud y una composición ampliamente feminizada estuvo presente en las acciones de los lunes. La impresión que tuvimos al escuchar los gritos de las personas participantes fue que una buena parte de ellas podía reconocerse en el lugar de víctimas. Las personas participantes se brindaban apoyo unas a otras durante toda la duración de la concentración.

Lo que vimos en las concentraciones, particularmente el 15 de junio, fue que centenares de personas cantaron por la dimisión de Darmanin y también por la dimisión de Macron. Uno de los eslóganes más repetidos y más conmovedores fue: «160.000 niños, ¿qué hacen ustedes?». Esa noche, muchas personas, hacia el final de la concentración, cantaron espontáneamente «¡Revolución, Revolución!». Las consignas fueron coreadas a veces con mucha emoción.

Estos sentimientos también pueden constatarse en las cifras. Desde hace años sabemos el monto estremecedor de los archivos sin continuación de las denuncias por violación y agresión sexual, el número de sobreseimientos en los casos de violencias sexistas y sexuales en Francia[1] y también la correccionalización de los hechos. Las personas se presentan para denunciar una violación y la justicia recalifica y minimiza las violencias sufridas para considerarlas solamente agresiones sexuales, en los casos en que decide mantener una calificación penal. La manera de concebir este tipo de delito y de crimen por parte de la justicia es aberrante. Hace prevalecer el sistema de «palabra contra palabra» y exige pruebas de producción imposible. A la violencia sufrida se añade re-victimisation llamada “la victimización secundaria”[2] en Francia infligida por la violencia institucional.

La violencia sexista y sexual se produce de manera oculta e insidiosa. Los informes de lesiones psicotraumáticas presentados por las víctimas podrían ser suficientes para creerles y para constituir un conjunto de indicios suficiente que permitiera llegar a la convicción sobre los hechos y aumentar las condenas. Los jueces y los policías expresan con frecuencia un desprecio muy importante hacia la palabra de las víctimas. Para continuar la cadena de construcción de la impunidad, el gobierno publica campañas para anunciar que hay que denunciar a los agresores, pero el sistema que reina es la impunidad. Incluso miembros del propio gobierno, como Gerard  Darmanin, antiguo ministro del Interior, actual ministro de justicia, fueron acusados de violación y se beneficiaron de ese sistema.

Ya lo señalamos durante la secuencia que se abrió por el caso Pelicot: las víctimas de la violencia patriarcal tienen legítimamente derecho a reclamar justicia. La naturaleza de la violencia patriarcal no es la misma naturaleza que la de la violencia social y económica que ejerce el sistema penal y punitivo en su conjunto sobre otros comportamientos que son castigados por el Código Penal. Castigar los delitos como los del pequeño traficante del barrio o el robo o hurto, entre otros, en suma, las violencias contra la propiedad privada, es el ejercicio de un poder que refuerza los valores de protección del sistema. Por el contrario, la violencia patriarcal no es reprimida por ese mismo sistema en los hechos. Se trata de una violencia que disciplina los cuerpos feminizados y considerados como susceptibles de ser violentados, como los de los niños. Es una violencia legitimada y tolerada por el propio sistema. Es una violencia de la que el sistema obtiene provecho y, en cierto modo, fomenta. Luchar contra esta violencia representa a veces una necesidad muy importante en el recorrido de reconstrucción de muchas víctimas.

Es el hecho de una impunidad masiva sobre esta cuestión lo que siembra la bronca y hace florecer un profundo sentimiento de injusticia. Sobre esta base se proyecta legítimamente la exigencia de la renuncia de Darmanin, pero también la demanda de respuestas que algunos califican de «punitivistas». Desde un punto de vista liberal y desde la propia teoría del derecho burgués, se debe considerar como iguales todos los bienes jurídicos que hay que defender. Sin embargo, de manera revolucionaria, no estamos obligados a inscribirnos en la lógica del derecho burgués de poner en pie de igualdad todos los crímenes y delitos y tratarlos de la misma manera. Estamos por la prisión para los violadores, por la prisión para los genocidas, por la prisión para la extrema derecha, por la prisión para los policías que ejercen la brutalidad policial en los barrios y matan cotidianamente. Y estamos por la liberación de todos y todas las presas políticas de nuestro campo social, por la absolución de todos y todas nuestras camaradas víctimas de persecución sindical y política, por la descriminalización de un cierto número de comportamientos con los que se criminaliza a la clase obrera o a los sectores expulsados del sistema.

En el discurso que pide a las feministas privarse de la reivindicación de justicia, reivindicación que no se exige a otros movimientos, uno de los argumentos utilizados es decir que el hecho de pedir el castigo efectivo de las violaciones y las agresiones sexuales refuerza el discurso punitivista de la extrema derecha y que la extrema derecha se presenta en las concentraciones.

Una cuestión metodológica se plantea para los revolucionarios cuando se considera que ser revolucionario implica intervenir en la realidad para cambiar el sistema: ¿se deja un movimiento a la posibilidad de las recuperaciones políticas de diferentes sectores, o podemos darnos la tarea de intervenir para hacer avanzar en radicalidad este movimiento y hacer avanzar su programa hacia posiciones más revolucionarias?

En la práctica, todos y todas participamos en movimientos que proponen con frecuencia reivindicaciones muy mínimas o que, en lenguaje militante, llamamos reformistas[3]. Desde un punto de vista revolucionario, luchamos por todas las reformas que mejoran las condiciones de vida de las personas oprimidas. Y esta lucha la llevamos adelante con la convicción de sus límites y de su carácter insuficiente, pero sabiendo que solo mediante la lucha podemos desarrollar la conciencia sobre la opresión y que solo de la lucha nacerá el fin de toda forma de opresión y la organización para derrocar el poder establecido.

El matrimonio igualitario es, por ejemplo, una reivindicación democrática y, por su naturaleza, reformista. Propone algo extremadamente mínimo y democrático. Podríamos decir que, porque somos revolucionarios y estamos contra la familia como estructura social opresiva, no tenemos que asumir esta reivindicación. Sin embargo, formulado de esta manera, todo el mundo podrá comprender lo absurdo y lo sectario que habría implicado sostener una posición de ese tipo. Fue indispensable luchar por el matrimonio para todas y todos. Fue al calor de esa lucha que amplios sectores sacaron conclusiones sobre quiénes son los actores sociales reaccionarios y también que los propios sujetos implicados pudieron desarrollar su conciencia política y su propia autoorganización. Es evidente que estar en contra habría sido una posición que, con razón, habría sido acusada de sectarismo. El sectarismo frente al estado de la conciencia y de las reivindicaciones del movimiento actual contra las violencias sexistas y sexuales y las violencias contra la infancia no puede llevarnos a la conclusión de no participar o de permanecer en la crítica de todo lo que no funciona en el movimiento sin participación ni una implicación real.

Volviendo a la naturaleza y a la composición del movimiento, por principio, una manifestación o una concentración no está hecha solamente de la consigna propuesta y de las personas que firman el llamamiento o incluso de quienes están en la tribuna. Esta lógica implicaría no participar cuando no estamos de acuerdo con el conjunto de las reivindicaciones hasta la última coma, o no acudir a ninguna manifestación de la intersindical porque existen direcciones sindicales traidoras y burocráticas que encabezan las columnas. Se trata también de una discusión que tuvo lugar al comienzo del movimiento de los Chalecos Amarillos. ¿Acaso, por el hecho de que la extrema derecha intenta participar y recuperar el movimiento, debemos allanarle el camino con nuestro sectarismo?

Se hacen muchas críticas a ciertas figuras que ocupan un lugar importante en la tribuna y en las redes sociales. Ciertamente, dejar a la Fondation des Femmes y a otras figuras públicas la única representación de la causa de las violencias sexistas y sexuales no hace avanzar la conciencia de la revolución contra el patriarcado y el capitalismo. Pero la única manera de disputar esa representación es la participación activa en el movimiento.

¿A favor o en contra de la ley marco integral?

Por supuesto, contentarse con el castigo de la violencia solo significa llegar al final de la cadena de las múltiples violencias que las mujeres y los niños sufren en la sociedad. Se trata del estricto mínimo y de reformismo. Pero muchas críticas se concentran actualmente en los límites del movimiento y no en sus potencialidades. Una de las principales reivindicaciones de la ley marco integral son también los medios que se asignan para combatir la violencia.

La propuesta de la ley integral es reformista. Sin embargo, como se explicó anteriormente, debemos luchar por la obtención de la ley y por la aplicación de las políticas públicas para la ayuda a las víctimas y para combatir la violencia. Actualmente, y desde hace varios años, las asociaciones que realizan el verdadero trabajo, como el CIDFF, Le Planning Familial, las asociaciones de la Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) o el Collectif féministe contre le viol (CFCV), denuncian la falta de financiación y las condiciones paupérrimas en las que desarrollan su labor: recortes en las subvenciones del Estado a nivel nacional o regional, pero también presiones políticas sobre sus posicionamientos. El Estado exige siempre más a las asociaciones sin proporcionar los medios necesarios.

Al CFCV se le asignó la línea telefónica de atención de la CIIVISE (Comision de iindependiente de investigacion sobre el incesto), y el Estado ni siquiera fue capaz de ayudarlos a encontrar una sede para recibir las llamadas. Las personas que respondían hicieron su trabajo, a veces literalmente en la mierda, como consecuencia de los daños causados por una inundación de desagües cloacales en sus oficinas.

Las asociaciones (ONG) despliegan tareas sociales que deberían estar aseguradas por el Estado. Basta haber tenido un contacto mínimo con el verdadero tejido asociativo que realiza esas tareas para conocer el sufrimiento laboral de quienes integran esas asociaciones. Pero se trata, en realidad, de una política pública que debería ser asumida enteramente por el Estado. Bajo el pretexto de la autoorganización, el Estado se desentiende de su responsabilidad, reduce el gasto público realizado y se exime de su responsabilidad respecto de las mujeres y los niños víctimas.

Debemos luchar por las condiciones de trabajo de todas las personas, mayoritariamente mujeres —trabajadoras sociales, educadoras de la primera infancia—, que acompañan cotidianamente a las víctimas. La ley marco integral debería prever la revalorización de sus salarios y condiciones de trabajo dignas para acompañar las situaciones de violencias intrafamiliares, contra la infancia y contra las mujeres. Asimismo, debería prever los presupuestos necesarios para el alojamiento de urgencia y el acompañamiento hacia la independencia económica de todas las víctimas que lo necesiten.

Este acompañamiento también debe estar garantizado mediante un refuerzo de los medios en los servicios públicos que se encuentran en la primera línea de estas situaciones. Es necesario un fortalecimiento de la escuela pública, para que sea el lugar donde los niños sean educados con la perspectiva de poner fin a esta violencia, y que sea capaz de detectar la violencia intrafamiliar y la violencia sexista y sexual, y de orientar hacia los servicios competentes.

También hacen falta medios para la atención psicológica y psiquiátrica en los servicios públicos de salud del Estado, en las maternidades y en los PMI, para ofrecer una salida de la violencia y la atención a las víctimas, con el fin de detener la reproducción de la violencia.

Participar en el movimiento y hacer avanzar nuestras reivindicaciones

El movimiento contra las violencias sexistas y sexuales y las violencias ejercidas contra la infancia es un movimiento que debemos apoyar. Es muy importante participar en este movimiento, no escudarse en prejuicios sobre el movimiento, sobre las víctimas o sobre las asociaciones de base que están en la primera línea cotidiana de este combate con espantosas carencias de recursos.

En la participación debemos comprender lo que está en juego para las participantes. Discutir con el movimiento real y disputar la conciencia de las masas participantes es esencial para hacer avanzar su radicalidad y sus potencialidades.

Las Rojas París estuvo presente el 4 de julio, como también el 8 de junio, con reivindicaciones que ya hemos expresado, pero que repetimos:

• ¡Contra la impunidad frente a las violencias sexistas y sexuales! Renuncia de todo funcionario que contribuya a la impunidad, comenzando por Gérald Darmanin y los jueces machistas que protegen a los violadores.
• Por la financiación de las asociaciones feministas de lucha contra la violencia y de acompañamiento a las víctimas; por la revalorización de todos los salarios de las trabajadoras y los trabajadores de base que realizan el acompañamiento, de las y los trabajadores de la ASE, y por el respeto de sus misiones y de sus condiciones de trabajo.
• Por el verdadero despliegue de la EVARS (Educación a la vida afectiva y sexual) que permitirá detectar masivamente la violencia contra la infancia y ofrecer propuestas de atención y respuestas a la altura de la protección de la infancia.
• Contra el patriarcado, que educa en la violencia, y contra el capitalismo, que se beneficia de esta violencia para mantener su explotación sobre nuestros cuerpos.

[1] Se estima que 94% de las denuncias son archivadas por falta de prueba y que solamente entre 1 a 5% llega a condenas.

[2] La re-victimisation o en jurisprudencia francesa viene de ser reconocida recientemente en el caso de Gerard Depardieu, condenado por agresiones sexuales.

[3] Nota de la redacción: en Francia se utiliza el término reformista como sinónimo de reivindicativo.