Hoy la situación se agravó cuando fueron demoradas dos concejalas, Gabriela Neme y Celeste Ruiz Díaz, que ya fueron liberadas luego de permanecer detenidas por algunas horas luego de protagonizar una protesta contra el gonbernador. Su detención se produjo frente a una escuela que funciona como centro de aislamiento para pacientes con coronavirus donde ambas se encontraban manifestando.

Las concejalas se encontraban denunciando que se les impedía abandonar el lugar a personas alojadas allí con hisopados de resultado negativo. Por ello, pidieron que se impute al gobernador y su ministro, denunciándolo por: “propagar la pandemia del coronavirus e incumplir sus deberes de funcionarios públicos” ya que se trataba de verdaderos “centros de contagios”.

Las concejalas declararon que sufrieron lesiones y maltrato por parte de la policía provincial. El sábado radicaron una denuncia formal contra Gildo Insfrán y su ministro de Gobierno, Jorge Abel González, por las condiciones deplorables de los centros de aislamiento.

Insfrán es un gobernador que hace 24 años se mantiene en el poder. Sus métodos autoritarios, antidemocráticos e incluso represivos son una novedad. Son harto conocidos su persecución violenta y racista contra los pueblos originarios. En noviembre de 2020 respondió con represión al reclamo de la comunidad wichíde Pozo de Maza por reclamar ante la falta de agua potable. En 2010, en las comunidades Qom de La Primavera que reclamaban ante el avance de empresarios sojero sobre sus territorios, fue asesinado por la espalda Roberto López, por un disparo de la policía provincial. Y la lista podría seguir indefinidamente.

La continuidad de Insfrán en la gobernación se garantizó «legalmente» con una reforma de la constitución provincial para la re-elegido indefinida. El día de la votación, la legislatura fue cerrada con candados. Desde que llegó de la mano de Carlos Menem al poder 1995 está al frente de una de las provincias más pobres y postergadas del país. Pero una de las más serviles a los intereses del agronegocio que traen destrucción de la naturaleza y pobreza a su paso.

Según datos del Indec, en Formosa en diciembre de 2019 un 41,6 por ciento de la población está bajo la línea de pobreza. La infraestructura de la provincia es tan deficitaria que la falta de viviendas dignas afecta a más de la mitad de la población. Falta agua potable, trabajo, acceso a la salud sobre todo entre las comunidades originarias. Formosa es una provincia con mayores índices de mortalidad infantil, según datos publicados por Unicef, en 2017 morían 16 de cada 1000 niños.

Urge la salida inmediata de Insfrán a través de una Asamblea Constituyente provincial, verdaderamente democrática, que imponga una salida sanitaria, económica y social al servicio del pueblo trabajador y originario. Lejos del uso hipócrita de la situación por parte de la derecha rancia, una solución para la cuestión sanitaria y social sólo puede venir desde la organización y lucha de los trabajadores y el pueblo de Formosa.