
El gobierno propone al FMI un “programa de facilidades extendidas” (EEF por sus siglas en inglés) o SAF (Servicio Ampliado del FMI). En contraste con el tipo de acuerdo que había llegado con el macrismo (Stand by), este tipo de programas le daría un plazo de gracia de más de cuatro año al gobierno para comenzar a pagar y un total de unos diez años al estado argentino para saldar su deuda con el organismo. Se tratarían de doce pagos semestrales iguales. La diferencia con el acuerdo Stand by es que éste establece plazos de entre 3 años y medio y cinco años para saldar la totalidad de la deuda.
«En el marco del SAF, se espera que estos compromisos, incluidas condiciones específicas, se centren en las reformas estructurales para corregir deficiencias institucionales o económicas, además de las políticas que mantienen la estabilidad macroeconómica» dice el FMI sobre el tipo de acuerdo que trata de alcanzar con el gobierno. Las «reformas estructurales» son eufemismos de ajustes de tipo noventista: recorte de derechos laborales, de jubilaciones, etc. El acuerdo incluye, sí o sí, ajustes contra los trabajadores.
Los plazos de cuatro años de gracia y 10 en total para pagar la totalidad de la deuda son un margen de maniobra para ajustar sin grandes convulsiones sociales. Un ajuste administrado, «sostenible» según la jerga común usada por el FMI y Martín Guzmán.
Si bien el gobierno ya achicó el gasto público, llevando el déficit al 4,5%, el recorte es insuficiente para el fondo, que le exigirá más dureza al gobierno, que deberá negociar si es que quiere las “facilidades extendidas” del FMI.
El gobierno busca cambiar soberanía económica por tiempo y dinero y el FMI está dispuesto a aceptar el trato. Solo que a la soberanía económica se le llama “buscar un entendimiento mutuo” y a tiempo y dinero se le llama “programa de facilidades extendidas”. Acá le llamamos a las cosas por su nombre: Endeudar más al país, ajustar a los trabajadores y arrodillarse frente al fondo.
El entendimiento comenzó con el proyecto de presupuesto impulsado por el gobierno en el que 665 mil millones de pesos son asignados para pagar intereses de deuda. Es decir, más que Salud (383 mil millones), Vivienda (151 mil millones) y Ciencia y Técnica (95 mil millones) combinados. Luego desembolsó 300 millones de dólares de nuestras magras reservas, para pagar los intereses y ahora busca ajustar el gasto fiscal a gusto del FMI. Sin embargo, se trata sólo del comienzo. El presupuesto del año que viene destina la mayor cantidad de fondos a la seguridad social: el plan es ir reduciendo gradualmente su peso para pagar dólar sobre dólar.
En síntesis, para obtener el enorme privilegio de pagar deuda con deuda, seguir endeudándose y seguir pagando, tenemos que hacer el ajuste que el FMI pide y acordar “las reformas estructurales” de las que viene hablando hace años. A Macri le pidieron la Reforma laboral y la previsional, aún no queda claro que le pedirán a Alberto pero, conociendo de quién viene, nos podemos imaginar que no son reformas pensadas para “poner la Argentina de pie”.
Guzmán intentará comprometer a todas las fuerzas políticas del capitalismo argentino en este acuerdo. Con eso en mente es que convertirá en proyecto de ley el acuerdo a largo plazo con el FMI para que sea el Congreso el que apruebe la que será una relación estrecha entre el estado argentino y el organismo durante al menos una década.
El proyecto se llama «ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública» y estipula que todo nuevo acuerdo con acreedores privados y con el FMI deberán pasar por el Congreso. Así, los programas con el FMI se vuelven relativamente independientes del gobierno de turno para necesitar sí o sí del acuerdo de las fuerzas políticas mayoritarias (el peronismo y la oposición de Cambiemos, en este caso). No se trata de una vocación de «consenso» democrático, al contrario: los gobiernos pasan, el FMI se queda; el FMI decide, las elecciones hacen como que deciden.
Esa misma política tuvo el gobierno frente al acuerdo alcanzado con los acreedores privados, que entró rápidamente en crisis por lo endeble de la situación de las cuentas públicas y la economía argentinas. En una reciente reunión con algunos de los más importantes representantes del capitalismo argentino (como Magnetto y Rocca), Guzmán había insinuado un «consenso» precisamente sobre eso: los empresarios pedían «previsibilidad»; que gobierne quien gobierne, el curso económico del país esté ya fijado.
Si es evidente para cualquiera de nuestros lectores que pagar “deuda con deuda” no es ninguna salida para el país, debe sacarse la conclusión que es urgente una ruptura con el FMI. No podemos entregar todas nuestras reservas y pagar con la salud, la educación y las necesidades del pueblo trabajador las deudas del macrismo.