El juez Martín Cormick le dio cinco días al Ejecutivo para actualizar salarios docentes y nodocentes y las becas universitarias, bajo apercibimiento de multas diarias a los funcionarios responsables de no cumplir. La quinta Marcha Federal Universitaria se convierte en un factor político de primer orden semanas antes de suceder.

La Justicia intimó al Gobierno de Javier Milei a cumplir en cinco días con la cautelar que ordena actualizar los salarios docentes y nodocentes y las becas universitarias. El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, concluyó que el Estado no acreditó el cumplimiento pleno de la medida y advirtió que, si persiste el incumplimiento, podrá aplicar multas económicas diarias. Para cumplir con la cautelar, la recomposición salarial debe alcanzar el 33%.

La intimación llegó pocos días después de la propuesta provocadora de 0% de aumento salarial y mientras ya estaba convocada una quinta Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre. El Gobierno había vuelto a ofrecer un 3% de aumento salarial y la propuesta fue rechazada. En la UBA se inició además un plan de paro rotativo de más de veinte días.

La movilización ya estaba ejerciendo presión sobre el conflicto cuando apareció la intimación. A lo largo de esta pelea se repite una dinámica: cuando la universidad consigue construir movilizaciones masivas, cambia la relación de fuerzas y aumenta la presión sobre las instituciones que intervienen en el conflicto.

La propia resolución vuelve a mostrar que el acuerdo firmado en junio no cerró la pelea. Semanas antes, Cormick había rechazado el pedido del Gobierno para levantar la cautelar porque el Ejecutivo no había demostrado que el acuerdo alcanzado alcanzara para considerar resuelto el conflicto. Dos meses después de aquel acuerdo, la pelea volvió a activarse contra un triple incumplimiento por parte del Gobierno de la ley de financiamiento, de la cautelar judicial y del propio acuerdo firmado en junio.

Una conquista que el Gobierno busca desconocer

La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario fue el resultado de una larga lucha que incluyó paros, asambleas y grandes movilizaciones.

El 2 de octubre de 2024, el mismo día de la segunda Marcha Federal Universitaria, Milei vetó una ley de financiamiento. El 17 de septiembre de 2025, la tercera marcha coincidió con el rechazo del veto en Diputados; el Senado hizo lo mismo el 2 de octubre y la ley quedó ratificada. La Ley 27.795 había sido aprobada originalmente por el Congreso el 22 de agosto de 2025.

La conquista fue acumulativa. Cada movilización amplió la presión hasta que el reclamo dejó de ser solamente una demanda planteada en las calles y pasó a convertirse en una obligación legal. La movilización construyó una relación de fuerzas que permitió transformar el reclamo en una ley. El Gobierno buscó desconocer esa conquista. La ley fue promulgada en octubre de 2025, pero su aplicación quedó suspendida. El gobierno ponía la excusa de que la ley no aclaraba de donde debían salir los fondos. Los rectores recurrieron entonces a la Justicia presentando un amparo. Cormick ordenó el cumplimiento de los artículos referidos a salarios y becas. El Gobierno apeló, la Cámara confirmó la medida y el Ejecutivo recurrió a la Corte Suprema, que terminó dejando firme la cautelar.

La obligación legal no surgió de los tribunales. Fue conquistada mediante una relación de fuerzas que después tuvo que enfrentarse al intento del Gobierno de impedir su aplicación.

La negociación que descomprimió la lucha

La cuarta Marcha Federal Universitaria, el 12 de mayo, volvió a poner la fuerza del movimiento en las calles. Después llegó el acuerdo del 10 de junio entre el Gobierno, el CIN y las organizaciones gremiales. Se estableció un aumento salarial del 24,33%, un 20% para gastos de funcionamiento, un incremento del 50% para las Becas Manuel Belgrano y $50.000 millones para hospitales universitarios.

El problema aparece al comparar ese acuerdo con la conquista que la lucha había conseguido convertir en ley. La Ley de Financiamiento contempla una recomposición salarial desde 2023 y actualizaciones para becas. El acuerdo de junio estableció una recomposición menor.

A septiembre, el Gobierno había pagado el 21,33% correspondiente a junio y el aumento para las Becas Manuel Belgrano, pero seguían pendientes el 3% adicional de octubre, el 20% para gastos de funcionamiento y los $50.000 millones para hospitales universitarios. La diferencia es concreta. Una parte de la conquista legal quedó reducida a un acuerdo parcial y otra parte continuó sin cumplirse.

La comparación permite ver qué ocurrió con la fuerza construida durante meses. La lucha había conseguido instalar el reclamo, conquistar una ley y sostener judicialmente la obligación de cumplirla. Esa fuerza fue llevada luego a una negociación que aceptó menos de lo que esa misma lucha ya había conseguido convertir en ley.

Ahí se produjo una entrega de la conquista. Esto fue una traición a la lucha por la educación pública. Rectores y conducciones gremiales negociaron de espaldas a estudiantes y trabajadores, y una conquista obtenida mediante movilización terminó convertida en una negociación institucional que aceptó una salida parcial y permitió descomprimir la pelea.

El mecanismo tiene una consecuencia política precisa. Lo que había sido construido como una lucha común se fragmentó en acuerdos y negociaciones institucionales. Las reivindicaciones quedaron separadas, los distintos claustros fueron colocados en posiciones diferentes y la discusión pasó de cómo desarrollar la fuerza acumulada a cómo administrar lo obtenido dentro de los límites aceptados en la mesa.

El desfinanciamiento sigue y tiene consecuencias

El conflicto salarial volvió a estallar en septiembre. La nueva paritaria fracasó y el Gobierno mantuvo una oferta del 3%. Se reclamó la recomposición prevista por la ley y se anunciaron nuevas medidas de fuerza. La discusión sobre las medidas de fuerza pasa por su orientación. Una huelga puede convertirse en una herramienta potente cuando forma parte de un plan activo que incorpora asambleas, clases públicas, permanencias, ocupaciones y movilizaciones, y cuando incorpora al movimiento estudiantil. La cantidad de jornadas, por sí sola, no determina la fuerza de una lucha.

La pelea atraviesa a toda la universidad. Salarios docentes y nodocentes, becas, funcionamiento, infraestructura, investigación y hospitales forman parte de las condiciones que permiten estudiar y trabajar. Cuando cada reclamo queda encerrado en su propio claustro, la lucha se fragmenta y aparece el corporativismo: salarios por un lado, becas por otro, funcionamiento por otro, estudiantes por otro.

Esa fragmentación también modifica la relación de fuerzas. Una universidad que enfrenta un mismo proceso de desfinanciamiento tiene capacidad para construir una pelea común si sus distintos sectores actúan juntos. Cuando las demandas se separan y cada sector negocia por su cuenta, esa capacidad se reduce y la conducción del conflicto vuelve a quedar en manos de quienes negocian desde arriba.

El proyecto de Presupuesto 2027 le pone nuevos números a esta disputa. El Gobierno contempla $7,349 billones para el conjunto de las universidades nacionales, mientras el CIN calculó $11,005 billones como punto de partida para cumplir con la Ley de Financiamiento. La brecha supera los $3,6 billones. El proyecto mantiene además los valores del período 2024-2026, lo que consolida una caída del 24,9% en términos reales respecto del presupuesto de 2023, según ACIJ.

En paralelo, la Universidad Nacional de Córdoba calculó que entre noviembre de 2023 y abril de 2026 los salarios del personal universitario perdieron 34,2% en términos reales. La propia UNC advirtió que esa degradación compromete las condiciones de trabajo y la capacidad de sostener enseñanza, investigación, extensión y las funciones sociales y sanitarias de las universidades.

Para cumplir hoy con la ley, el salario debería incrementarse 33,5%. La distancia con el 3% ofrecido por el Gobierno muestra la magnitud de la brecha salarial que sigue abierta.

El vaciamiento material se acumula por distintos frentes. La pérdida salarial dificulta retener trabajadores; la falta de recursos deteriora edificios y condiciones de cursada; las becas insuficientes dificultan la permanencia de estudiantes. La falta de presupuesto también restringe la investigación y compromete el funcionamiento de hospitales universitarios.

El presupuesto se traduce en esas condiciones concretas. Son los salarios de quienes enseñan y trabajan, los edificios donde se cursa, las becas que permiten sostener una carrera, la investigación que produce conocimiento y los hospitales que cumplen funciones sanitarias. La universidad pública de masas necesita esas condiciones materiales para existir.

Si el proceso continúa, el deterioro deja de ser solamente una suma de problemas presupuestarios. La pérdida salarial puede expulsar trabajadores, la falta de inversión puede deteriorar las condiciones de cursada y las becas insuficientes pueden empujar a estudiantes a abandonar sus carreras. El resultado acumulativo es una universidad con menos capacidad para sostener su carácter masivo.

Una pelea que no puede cerrarse por arriba

Ahí el movimiento estudiantil tiene un papel decisivo. Los estudiantes defienden su derecho a estudiar y, al mismo tiempo, las condiciones que hacen posible ese derecho: docentes y nodocentes que puedan trabajar, edificios en condiciones, becas, investigación y carreras que puedan sostenerse. Su participación amplía la lucha más allá de las negociaciones sectoriales y la convierte en una pelea por el conjunto de la universidad.

La defensa de la universidad pública no puede quedar reducida a una disputa salarial ni a una negociación por partidas presupuestarias. El movimiento estudiantil tiene intereses concretos en cada uno de esos reclamos porque de ellos depende su derecho a estudiar. Por eso su incorporación modifica el carácter de la lucha y permite enfrentar el corporativismo que separa cada reivindicación.

El Segundo Plenario Nacional de ¡Ya Basta!, realizado el 19 de septiembre con más de mil jóvenes, planteó volcar todas las fuerzas a construir la quinta Marcha Nacional Universitaria del 15 de octubre y convertirla en una movilización de masas capaz de arrancarle al Gobierno la implementación plena de la Ley de Financiamiento Universitario. La Resolución 3 del Plenario incorpora el reclamo por el presupuesto para las universidades, el boleto educativo, los salarios docentes y nodocentes, las becas y el presupuesto para investigación y ciencia.

La resolución plantea que la marcha vaya hacia Plaza de Mayo para exigirle al Gobierno y derrotar su plan. Para desarrollar esa pelea coloca al movimiento estudiantil como protagonista, propone medidas de paro activo y la unidad entre los claustros, y plantea radicalizar las medidas desde las bases. La orientación es explícitamente independiente del CIN y de las conducciones burocráticas de gremios, centros de estudiantes y federaciones estudiantiles, y plantea ninguna confianza en el Congreso ni en la Justicia.

La intimación llegó pocos días después. La marcha ya estaba convocada y la movilización volvía a crecer. La experiencia acumulada permite reconocer una regularidad política: cuando la universidad se moviliza masivamente, cambia la relación de fuerzas y aumenta la presión sobre las instituciones que intervienen en el conflicto. Y eso vuelve a aparecer ahora. La marcha fue convocada y, pocos días después, llegó una nueva intimación judicial al Gobierno para que cumpla con la cautelar. El dato político está en la relación entre movilización y conflicto institucional: cada vez que la lucha universitaria consigue desplegar fuerza en las calles, esa fuerza modifica el terreno sobre el que actúan el Gobierno, la Justicia y las demás instituciones.

La quinta Marcha Federal llega después de un nuevo fracaso paritario, de un plan de lucha de más de veinte días y de una intimación que vuelve a demostrar que el conflicto sigue abierto. También llega después de una larga secuencia en la que la movilización universitaria logró conquistar una ley, obligó a las instituciones a intervenir y volvió una y otra vez a poner el problema en las calles.

El 15 de octubre vuelve a ponerse en juego la fuerza acumulada durante estos años. Esa fuerza puede ser llevada nuevamente a una mesa para administrar los límites del desfinanciamiento o puede desplegarse en las calles, con docentes, nodocentes y estudiantes organizados desde abajo. La pelea no termina con una intimación judicial ni puede quedar encerrada en una negociación. Lo que está en juego tiene una dimensión material concreta: que docentes y nodocentes puedan trabajar, que los estudiantes puedan estudiar, que existan becas, edificios, investigación y hospitales universitarios. En esa pelea se juega que la universidad pública de masas tenga las condiciones materiales para seguir existiendo.