“Una condición preliminar, sin la cual todos los intentos de mejora y emancipación posteriores serán infructuosos, es la limitación de la jornada de trabajo. Ella es necesaria para restaurar la salud y las energías físicas de la clase trabajadora, es decir, el gran cuerpo de toda nación, así como para garantizarles la posibilidad de desarrollo intelectual, de convivencia social, de acción política y social.”
Marx. Instrucciones para los Delegados del Consejo General Provisional: Las Diferentes Cuestiones, presentadas en el Congreso de la Asociación Internacional de los Trabajadores (Primera Internacional), 1866.
“Tenemos que reconocer que el trabajador sale del proceso de producción diferente de cuando entró en él. (…) El contrato por el cual vende su fuerza de trabajo al capitalista prueba —por así decirlo, pone negro sobre blanco— que dispone libremente de sí mismo. Cerrado el negocio, se descubre que él no era ‘ningún agente libre’, que el tiempo del que libremente dispone para vender su fuerza de trabajo es el tiempo en que es forzado a venderla, que, en verdad, su parásito [Sauger] no lo dejará ‘mientras haya un músculo, un nervio, una gota de sangre para explotar’. Para ‘protegerse’ contra la serpiente de sus aflicciones, los trabajadores tienen que unirse y, como clase, forzar la aprobación de una ley, una barrera social infranqueable que les impida a ellos mismos, por medio de un contrato voluntario con el capital, venderse a sí mismos y a sus familias a la muerte y a la esclavitud. En lugar del pomposo catálogo de los ‘derechos humanos inalienables’, se tiene la modesta Magna Charta de una jornada de trabajo legalmente limitada, que ‘por fin deja claro cuándo termina el tiempo que el trabajador vende y cuándo comienza el tiempo que le pertenece’”.
Marx. El capital: crítica de la economía política. Libro I. São Paulo: Boitempo, 2013, cap. 8, p. 465-466.
El pasado 27 de abril, la Cámara de Diputados aprobó la PEC por el fin de la escala de trabajo 6×1 (un día libre por cada seis días de trabajo). El dictamen de la propuesta, redactado por el diputado Leo Prates, fue inicialmente tratado y aprobado en la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara. A continuación, el texto fue aprobado por el plenario de la Cámara en una votación realizada en dos turnos. Necesitando al menos 308 votos favorables, la PEC obtuvo, en el primer turno, 472 votos a favor y 22 en contra. Ya en el segundo turno, 461 diputados votaron favorablemente la propuesta, mientras que 19 mantuvieron una posición contraria.
Tanto el colegiado de la CCJ como el plenario de la Cámara votaron el texto construido a partir de un acuerdo entre el gobierno Lula y Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente de la Cámara y figura dirigente del reaccionario Centrão (bloque de partidos que venden sus votos a cambios de prebendas, los cuales tiene enorme peso en el Senado y el Congreso brasilero). La propuesta aprobada prevé la reducción de la jornada semanal de las actuales 44 horas a 40 horas, además de dos días de descanso obligatorios por semana, siendo uno de ellos preferentemente los domingos. La implementación ocurrirá en un período de transición de 14 meses: en los primeros 60 días, la jornada será reducida a 42 horas semanales, ya con dos días de descanso; posteriormente, a lo largo de 12 meses, se completará la reducción a 40 horas semanales.
Antes que nada, es necesario enfatizar lo elemental: esta conquista, aunque parcial, posee dimensiones históricas y, justamente por eso, expresa de manera cristalina la superposición de un interés de la clase trabajadora —una clase de la sociedad burguesa que no pertenece a esa sociedad burguesa, como afirmaba Marx— a los intereses de la clase dominante.
Este proceso ocurre en un terreno de crisis estratégica del capitalismo, marcado por la intensificación de la explotación del trabajo (como ejemplo, la escala 6×1), por la ofensiva reaccionaria de la extrema derecha y por el endurecimiento de los ataques contra los derechos democráticos y sociales. Pero una extrema derecha que atraviesa un momento de dificultades y que tendrá una dura prueba en las elecciones nacionales y de medio mandato en EE.UU., centro del imperialismo. Así, lejos de ser un momento de derrota histórica, la clase trabajadora viene siendo protagonista de importantes focos de resistencia y de organización de la lucha, en un escenario de incertidumbres y polarización político-electoral extrema.
En Brasil, las movilizaciones de los repartidores por aplicación señalan un camino al derrotar, aunque parcialmente, el PLP 152 de la reglamentación de la esclavitud moderna. Junto con la victoriosa resistencia indígena contra la privatización de los ríos en el Bajo Tapajós y las huelgas de las universidades estaduales paulistas contra Tarcísio (gobernador de extrema derecha de São Paulo) y la precarización de la educación pública, así como de diversas otras categorías en lucha, impulsan un ambiente político de enfrentamiento, demostrando que existe disposición de lucha capaz de fortalecer y estimular procesos más amplios de movilización de la clase trabajadora.
Y, aun destacando lo elemental, la caída de la 6×1 nos enseña, como tantas veces fue evidenciado por la historia de la lucha de clases, que los intereses de nuestra clase, globales por naturaleza (“la clase trabajadora no busca su misión histórica a partir de un privilegio anterior, porque ella es la propia negación de cualquier privilegio y tampoco aspira a obtenerlos”, [Sáenz, 2026])[1], solo pueden ser conquistados por medio de la lucha independiente directa, de las calles y del protagonismo colectivo y clasista. Es decir, la conquista de la reducción del tiempo de trabajo (aunque mediada, esto es, por debajo de las 30 horas semanales distribuidas en 4 días de la semana) es producto directo del enfrentamiento al modelo económico-social capitalista que desestructura el ser social, materializando un importante paso no solo en la lucha por una vida más allá del trabajo, sino en la consolidación de un consenso subjetivo social de que el trabajo no puede seguir subordinando el tiempo de vivir, convivir, estudiar, descansar, amar y participar de la vida política a las necesidades incesantes de valorización del capital.
Sin embargo, también se hace necesario detenerse en los límites de la PEC: sobre las mediaciones realizadas por el gobierno federal para no tensar demasiado la cuerda con la clase dominante, a la que sirve en primer lugar. El texto aprobado fue resultado de un acuerdo tejido entre el Palacio del Planalto, la presidencia de la Cámara y sectores de la derecha, consolidando una salida moderada para una demanda que surgió de las calles con un contenido mucho más profundo, como fue señalado anteriormente.
La imposición de un período de transición de 14 meses y la no defensa efectiva de los tres días de descanso, combinados con una jornada de 36 horas semanales —como constaba originalmente en la propuesta presentada por la diputada Erika Hilton (Psol-SP)— expresan precisamente ese mecanismo de acomodación a los intereses patronales, permitiendo que el empresariado reorganice gradualmente sus formas de explotación sin impactos inmediatos y sustanciales sobre sus tasas de ganancia. Se trata de una manera de “cuidar” la relación capital-trabajo sin alterar estructuralmente su lógica fundamental de preservación de la reproducción social ampliada del capital. En otras palabras: de garantizar la ganancia en detrimento de las condiciones de vida de la clase trabajadora.
En ese sentido, la mediación operada por el gobierno buscó transformar una consigna potencialmente disruptiva en una reforma controlada, negociada dentro de los límites considerados más o menos aceptables por el empresariado y por el mercado, que no podían simplemente plantarse en defensa del mantenimiento de esta especie de esclavitud moderna en el régimen formal de trabajo sin correr el riesgo de incendiar el país. O mejor dicho, ¡la clase dominante fue obligada a construir una mediación frente a algo que le fue impuesto por la propia dinámica de la lucha de clases!
Paralelamente, la extrema derecha buscó reorganizar su ofensiva dentro del propio terreno abierto por la reducción de la jornada. Diputados ligados al bolsonarismo y a los sectores ultraliberales, además de haber votado mayoritariamente contra la PEC del fin de la escala 6×1 —mientras que los más cobardes votaron favorablemente solo bajo cálculo estrictamente electoral, como Nikolas Ferreira (PL-MG)— recurrieron a sucesivas maniobras reglamentarias para intentar bloquear su aprobación. Aun así, terminaron políticamente desmoralizados en el plenario de la Cámara frente a millones de trabajadores que acompañaron la votación y pudieron observar, sin mediaciones, el verdadero contenido social de esa fuerza política.
De la misma forma que el escándalo que involucra al Banco Master hoy desgasta a Flávio Bolsonaro y corroe la pretensión moralizadora construida alrededor de la familia Bolsonaro, también en esta votación se vino abajo la escenificación “antisistema” cultivada por la extrema derecha en los últimos años. Cuando fueron confrontados con una elección concreta entre la vida de la clase trabajadora y los intereses del empresariado, se colocaron íntegramente del lado de la violencia depredadora del capital.
En tiempos en que se hace necesario decir lo obvio, es preciso reforzar que no existe aquí ninguna paradoja: la extrema derecha contemporánea no es una fuerza contra el sistema, sino una de sus expresiones políticas más agresivas en períodos de crisis social y desgaste de las instituciones tradicionales. Su función histórica consiste justamente en radicalizar la defensa del orden capitalista cuando los mecanismos tradicionales de mediación comienzan a perder legitimidad social.
Por eso, su retórica “antisistema” desaparece inmediatamente siempre que entran en escena temas ligados a la propiedad, a la explotación del trabajo y a la limitación del poder patronal. Todo el discurso “contra las élites” se disuelve ante la necesidad de defender las condiciones concretas de acumulación y reproducción social del capital. Es en este terreno donde emerge su núcleo real: la defensa de relaciones sociales cada vez más violentas, precarizadas y disciplinadoras, sostenidas por la destrucción de derechos colectivos y por la subordinación integral de la vida a las necesidades del mercado.
Es precisamente por eso que estos sectores procuran ahora organizar una contraofensiva en el Senado mediante propuestas alternativas basadas en la llamada “jornada flexible” o “régimen por horas trabajadas”, envueltas en el discurso ultraliberal de la supuesta “libertad de elección” entre patrón y empleado. El objetivo central de esta operación política es evidente: vaciar el impacto social de la reducción de la jornada y recuperar, por la vía de la flexibilización, el margen de control patronal afectado por la presión ejercida por la lucha social.
Presentada en el Senado por Rogério Marinho (PL-RN), la propuesta patronal fue inmediatamente asumida por los sectores más reaccionarios del Congreso como instrumento para reorganizar los intereses empresariales después de la derrota sufrida en el debate sobre la escala 6×1. No por casualidad, Marcel van Hattem (Novo-RS) declaró que la PEC fue remitida al presidente del Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para “corregir” la “injusticia” producida por la aprobación de la reducción de la jornada en la Cámara.
La lógica concreta de esta propuesta consiste en sustituir garantías colectivas mínimas por relaciones de trabajo aún más inestables e individualizadas. Bajo el modelo de pago estrictamente por horas trabajadas, el trabajador deja de poseer previsibilidad real sobre sus ingresos, su jornada e incluso sobre su propia organización de la vida cotidiana. En lugar de una limitación efectiva del tiempo de explotación, se amplía la disponibilidad permanente de la fuerza de trabajo a las necesidades del capital. Es decir, se trabaja cuando el patrón lo necesita, se recibe únicamente por las horas convocadas y se permanece constantemente subordinado y disponible a las oscilaciones de la demanda empresarial.
Frente a todo esto, se vuelve necesario combinar la celebración de la conquista arrancada el día de ayer —y hay, sin duda, mucho que celebrar, pues no todos los días la clase trabajadora consigue imponer una reducción de la jornada laboral— con la tarea estratégica planteada al movimiento obrero y popular: superar la pasividad institucional y romper cualquier confianza en las negociaciones conducidas desde arriba, preparándose para enfrentar tanto la contraofensiva ultrarreaccionaria como las mediaciones patronales propias de la conciliación de clases.
La experiencia abierta por la lucha contra la escala 6×1 demostró, justamente, que la lucha por la reducción de la jornada de trabajo sin reducción salarial solo avanzó porque hubo una intensa movilización en las calles —y también en las redes sociales, un nuevo terreno de la lucha de clases que, aunque presenta claros límites en la organización y movilización, posee relevancia política concreta— capaz de cristalizar una fuerte presión social sobre el régimen político, rompiendo parcialmente el bloqueo construido por el empresariado, la extrema derecha y los mecanismos tradicionales de contención y prevención de luchas de la conciliación de clases.
Es precisamente por eso que las centrales sindicales, los movimientos sociales, las entidades estudiantiles, populares y los demás sectores organizados de la clase trabajadora necesitan romper inmediatamente la fragmentación de las luchas y construir una gran Jornada Nacional de Paro y Lucha por el fin inmediato de la escala 6×1, sin ningún período de transición, en defensa de la jornada de 30 horas semanales sin reducción salarial y con tres días de descanso.
Esta lucha también necesita incorporar la defensa de derechos plenos para todos los trabajadores informales y precarizados, especialmente los trabajadores de plataformas —repartidores y conductores de aplicaciones— que, aunque permanecen completamente al margen de esta conquista, constituyen hoy uno de los sectores más dinámicos de la lucha de clases en el país. Sin reconocimiento jurídico como trabajadores, sometidos a los imperativos más violentos del capital por medio del control algorítmico y privados incluso de los derechos más elementales, millones enfrentan jornadas de 12, 14 o más horas diarias, muchas veces sin ningún descanso semanal, apenas para garantizar un ingreso mínimo de supervivencia. La escala real impuesta a estos trabajadores es, en la práctica, una escala permanente de 7×0.
Por eso, la lucha contra la sobreexplotación del trabajo necesita romper las divisiones entre trabajadores formales e informales, empleados “tradicionales” y trabajadores de aplicaciones. Unificar las diferentes fracciones de la clase trabajadora es una necesidad estratégica frente a un capitalismo contemporáneo que avanza justamente fragmentando categorías, individualizando relaciones laborales e intentando destruir vínculos colectivos de organización y solidaridad. Solo podremos seguir avanzando de manera consecuente si somos capaces de incorporar al conjunto de los sectores explotados, articulando una respuesta común contra las múltiples formas contemporáneas de precarización de la vida y del trabajo.[2]
Por eso, la lucha por la reducción del tiempo de trabajo no puede limitarse a los estrechos marcos definidos por el mercado, el Congreso y la línea de menor resistencia de la conciliación de clases. Se trata de disputar concretamente las condiciones materiales de existencia de la clase trabajadora contra una lógica social violenta que produce, como afirmó Marx en El capital, tiempo libre para una clase —la burguesía— mientras transforma todo el tiempo de vida de las masas trabajadoras en tiempo potencial de trabajo.
Al mismo tiempo, se vuelve indispensable —y bajo condiciones hoy mucho más favorables, dados los nuevos elementos coyunturales— enfrentar frontalmente a la extrema derecha y su proyecto ultraliberal de destrucción acelerada de los derechos sociales, además de la lucha por la derogación de las contrarreformas: laboral y previsional. La misma fuerza política que intentó impedir el fin de la escala 6×1 es aquella que actúa diariamente para ampliar la precarización del trabajo, profundizar la privatización de los servicios públicos, desmontar derechos históricos conquistados por la clase trabajadora y someter integralmente la vida social a las exigencias de la acumulación capitalista.
En este contexto, el escándalo que involucra al banco Master y sus relaciones con figuras centrales del bolsonarismo evidencia, una vez más, los vínculos profundos entre la extrema derecha, fracciones del capital financiero y esquemas de corrupción del poder político. ¡Es necesario exigir en las calles una investigación rigurosa, pública, transparente e independiente, sin blindajes institucionales, acuerdos de cúpula ni mecanismos de protección a las figuras involucradas!
Por último, la lucha contra la sobreexplotación del trabajo debe necesariamente articularse con la defensa radical de la educación pública, de los servicios públicos en general y por el fin del marco fiscal. Al fin y al cabo, la destrucción de las condiciones de vida de la clase trabajadora no ocurre solamente a través de las jornadas extenuantes, sino también mediante la privatización de la salud, el desmantelamiento de las escuelas, la precarización del transporte, la mercantilización de la educación y el desguace sistemático de las políticas sociales. Además, la sobreexplotación del trabajo en el sistema capitalista está íntimamente ligada a la formación de una fuerza de trabajo precarizada desde la infancia del trabajador. Esto se expresa en la educación. Un ejemplo claro de este movimiento es el nefasto nuevo secundario y la inversión masiva de empresas como iFood en itinerarios formativos. Por lo tanto, la lucha por el tiempo libre, por la dignidad de la vida y contra la violencia explotadora y opresiva de las clases dominantes es inseparable de la defensa de servicios públicos universales, gratuitos y de calidad bajo control de los trabajadores.
La reducción de la jornada abre, por lo tanto, no el cierre de una lucha, sino el inicio de un nuevo terreno de enfrentamiento político y social: ¡es necesario seguir avanzando bajo un programa político y económico anticapitalista de y para las y los trabajadores! Corresponde ahora a la clase trabajadora, a sus direcciones, transformar esta victoria parcial, pero de dimensión política histórica, en un punto de apoyo para ampliar su organización independiente, elevar su nivel de conciencia colectiva y avanzar en la disputa contra este modelo de sociedad que sigue subordinando toda la vida social a la lógica irracional y destructiva de la acumulación privada de capital.
[1] Sáenz, Roberto. El marxismo y la transición socialista: Estado, poder y burocracia. São Paulo: Boitempo Editorial, 2026.
[2] “Dadas la intensidad y la fuerza productiva del trabajo, la parte de la jornada social de trabajo necesaria para la producción material será tanto más corta y, por lo tanto, tanto más larga la porción de tiempo disponible para la libre actividad intelectual y social de los individuos cuanto más equitativamente se distribuya el trabajo entre todos los miembros capaces de la sociedad y cuanto menos una capa social pueda esquivar la necesidad natural del trabajo, arrojándola sobre los hombros de otra capa. El límite absoluto para la reducción de la jornada de trabajo es, en este sentido, la generalización del trabajo. En la sociedad capitalista, se produce tiempo libre para una clase transformando todo el tiempo de vida de las masas en tiempo de trabajo” (Marx, 2017, p. 597).
