El pasado 17 de octubre los periodistas Irina Hauser y Raul Kollman del diario Página/12 informaban de una reunión secreta entre Jueces, funcionarios, empresarios y espías en la mansión que el empresario inglés Joe Lewis posee en Lago Escondido. Esta mañana explotó como una bomba la filtración de los chats de un grupo de Telegram entre los asistentes de la reunión en donde coordinan las estrategias para intentar ocultar y falsear pruebas que impidan que se confirme la existencia de dicha reunión.

Podés ver los chats filtrados haciendo click acá. 

Para tomar dimensión de lo que estamos hablando: en la filtración se puede escuchar a un juez federal (Julián Ercolini) literalmente planeando «armar un discurso para cuando se filtre la noticia» así como mostrarse preocupado por «como explicar que conseguimos un vuelo en un avión privado», confirmando así la existencia de la reunión.

Según afirmaba el artículo que en su momento publicó Página/12, del cónclave participaron Marcelo D’Alessandro (ministro de seguridad de CABA, cuyo celular fue presuntamente hackeado para filtrar los chats), el juez federal Julián Ercolini (a cargo de la causa vialidad que puede condenar a Cristina Kirchner en unas horas), el juez de casación Carlos Mahiques y su hijo Juan Bautista Mahiques (jefe de los fiscales de CABA y operador judicial del macrismo), el empresario Tomás Reinke y el ex funcionario de la SIDE en tiempos de Stiuso, Leo Bergroth. También asistieron otros dos jueces: Pablo Cayssials y Pablo Yadarola. El grupo de Telegram fue creado pocos días después de publicado el artículo que firman Hauser y Kollman.

Pero los chats confirmaron también la presencia de empresarios de los medios de comunicación más importantes: el organizador del cónclave habría sido Jorge Carlos Rendo (importante directivo del Grupo Clarín), quien en un audio también confirma la presencia en la reunión de «gente de La Nación».

El objetivo explícito del grupo -que parece haber sido impulsado por D’Alessandro- era evitar que la noticia se replique en los medios masivos más importantes, y al mismo tiempo evitar problemas legales tras la insólita reunión entre jueces, empresarios y funcionarios, todos ligados al armado político del macrismo. En otro pasaje se puede leer a Ercolini: «a mí me parece que lo del vuelo lo tenemos resuelto. Habría que resolver Lago Escondido. Con eso, tenemos resueltos los temas por los que nos pueden pedir explicaciones». Y más adelante: «menos mal que borramos las fotos».

Una parte importante de la conversación se trata de cómo truchar facturas para simular que todos viajaron a Bariloche por sus propios medios, y no siendo invitados -lo que incluía también el alojamiento en lo de Lewis-, lo que de confirmarse constituiría el delito de dádivas. En el chat se da a entender que el organizador y anfitrión de la reunión fue Rendo, del grupo Clarín.

Otra parte destacable de los chats filtrados son las que el jefe de los Fiscales de CABA, Juan Bautista Mahiques, explica las instrucciones que hay que darle a la fiscal de Bariloche para que la investigación por el vuelo privado a la estancia de Lewis termine en un callejón sin salida. Explicado con la claridad de quien se siente impune.

El destape de una cloaca

La reunión y la posterior filtración de los chats confirman una vez más el asqueroso y podrido entramado entre sectores de poder del Estado, los empresarios y los servicios de inteligencia para organizar operaciones y causas judiciales, que tienen fuerte impacto en la realidad política del país. Así como la escandalosa impunidad que brinda pertenecer a los más altos círculos de poder, que están bien lejos de cualquier tipo de control popular ni de garantías democráticas elementales.

Se trata de los sótanos más podridos del poder, que muestran no sólo la falsedad absoluta de la «independencia de la justicia» sino el estrecho entramado entre el Estado y la capa más poderosa de los empresarios del país, en particular de los grandes medios de comunicación.

Tras la publicación de los chats, los involucrados salieron al unísono a denunciar que habían sido víctimas de «espionaje ilegal» y que las pruebas no tendrían validez al haber sido obtenidas precisamente de manera ilegal. El hackeo al celular de D’Alessandro que compromete especialmente al juez federal Ercolini se da apenas horas antes de que el magistrado dé a conocer la sentencia de la causa vialidad, en la que se juzga a la vicepresidenta Cristina Fernández.

En efecto, ambos sectores que se disputan el poder del Estado burgués recurren a los mismos métodos, ligados al espionaje y a los servicios de inteligencia. Síntoma de un aparato estatal podrido hasta los cimientos completamente comprometido con los distintos intereses de las clases dominantes y las disputas entre su personal político.