Tras firmar un contrato con Moderna el pasado lunes, trascendió que el gobierno estadounidense donará 3 millones de vacunas de ese laboratorio a la Argentina, que llegarían entre julio y agosto de este año. Se espera que esas dosis (previa aprobación de la ANMAT) sirvan para vacunar a la franja de entre 12 y 17 años.

Al mismo tiempo, el gobierno de Alberto Fernández negocia la llegada de dosis de Pfizer y Johnson&Johnson para el primer trimestre de 2020, pensando en la posibilidad de un tercer «refuerzo» de la vacuna. Tras largas polémicas sobre las exigencias de Pfizer a la hora de cerrar contratos por la llegada de vacunas, el gobierno argentino estaría finalmente dispuesto a avanzar en la negociación con el laboratorio estadounidense para encarar la vacunación de la población adolescente. Al día de hoy, la única vacuna autorizada para esa franja etaria es la de Pfizer.

Sin embargo, ese escenario podría cambiar de aprobarse la vacuna de Moderna su aplicación en menores de edad, lo que parecería estar encaminado (al menos en Estados Unidos y Europa). El país podría disponer de aproximadamente 3 millones de dosis de la vacuna de Moderna en los próximos meses, tras la decisión del gobierno de Biden de donar esas dosis a la Argentina.

El DNU oficial

Para destrabar las negociaciones con los laboratorios norteamericanos (y especialmente con Pfizer) el gobierno de Fernández decidió modificar la Ley de Vacunas (Ley 27.573) a través de un DNU, eliminando «la excepción a la indemnidad en casos de negligencia». Tal como existía antes del DNU, la Ley de Vacunas establecía que aquellos laboratorios que llevaran adelante actos de negligencia (en el caso de que las vacunas registraran, por ejemplo, efectos adversos no advertidos o una insuficiente efectividad tras su aplicación) quedarían exceptuados del derecho a recibir cualquier tipo de indemnización de parte del Estado argentino.

El DNU eliminó esa cláusula, por lo cual los laboratorios quedarán posibilitados de exigir indemnizaciones monetarias (en caso de no pago de las dosis recibidas, por ejemplo) aún si las vacunas recibidas no cumpliesen con los estándares de calidad necesarios. Desde el oficialismo se ha afirmado que el DNU responde a «la voluntad política» de Fernández por garantizar la vacunación de los menores de edad aún a riesgo de ceder ante «el monopolio» de Pfizer. Si bien la vacuna de Pfizer se ha comprobado segura y efectiva, este cambio en la legislación no deja de ser un precedente.

Permitir que los capitalistas farmacéuticos se lleven millones aún sin la obligación de cumplir con los estándares de calidad implica un peligro. Y este gesto del presidente argentino no pareciera expresar una «voluntad política» sanitarista sino el deseo de anunciar buenas noticias anticipadas en medio de un año electoral. Recordemos que, de concretarse los acuerdos con los laboratorios norteamericanos, las dosis comenzarían a llegar recién durante el primer trimestre del 2022. En el medio queda un largo camino por recorrer en el control y manejo del coronavirus.

Hay que liberar las patentes

En el corto plazo, las dosis que llegarán a la Argentina serían los 3 millones donados por Estados Unidos. El acuerdo firmado con Moderna hace pocos días establece la llegada de 20 millones de dosis pero comenzando recién en el primer trimestre de 2022 (lo cual no significa que los 20 millones lleguen juntos). Con Pfizer y Johnson&Johnson la negociación parte de mucho más atrás.

En el primer caso, son ya célebres los roces entre la farmacéutica y el gobierno de Fernández alrededor de las exigencias de contratación. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que Pfizer ha demostrado enormes dilaciones a la hora de entregar las vacunas prometidas. Tomando sólo las prometidas a la OMS, Pfizer había firmado un acuerdo por 40 millones de vacunas para el transcurso del 2020, pero ha entregado hasta ahora tan sólo 1 millón (menos del 3%).

La vacuna de Johnson&Johnson, por otro lado, no pareciera estar muy cerca de ser aprobada para su uso en menores de edad (el sector poblacional al que el gobierno apunta con la llegada de nuevas dosis) debido al riesgo de su aplicación en personas propensas a la formación de trombos, al igual que la vacuna de AstraZeneca.

En el mejor de los casos, la Argentina contará con 3 millones de vacunas de Moderna para los próximos meses, además de las dosis de aquellos laboratorios que ya estaban llegando al país (Sputnik, AstraZeneca, Sinopharm y SinoVac), y 20 millones de dosis de refuerzo para algún momento seguro del futuro. Sin embargo, aunque las vacunas de moderna se planeen como tercera dosis, en la Argentina tan sólo el 11% de la población ha recibido las dos dosis de la vacuna. Entre el presente y el momento de llegada de esos 20 millones de dosis de Moderna, el gobierno de Fernández deberá encarar la apliación de la segunda dosis para ese restante 90% de la población en el contexto de la aparición de nuevas cepas del Covid como la ponzoñosa variante Delta.

Las vacunas existentes han demostrado, en principio, ser efectivas ante las nuevas variantes. Pero las dilaciones en su aplicación da tiempo a nuevas evoluciones del virus, así como a la circulación de las variantes más infecciosas, que puede resultar en un aumento de los casos tal como ha sucedido en el Reino Unido y otros países del mundo.

Al mismo tiempo, también las desigualdades entre países y regiones a la hora de vacunar a la población permite y facilita la proliferación de nuevas cepas, que conviven con la vacuna y evolucionan para hacerse más resistentes a la misma. En todo caso, lo que queda claro es que, para ponerle fin a la pandemia que azota al planeta desde hace casi dos años, hace falta la aplicación masiva de la vacuna a lo largo y ancho del planeta, y sin dilaciones.

Pero esto se hace imposible cuando la vacunación está mediada por las negociaciones y maniobras de las farmacéuticas (ni hablar del caso de gobiernos negacionistas y anti – vacunas como el de Bolsonaro) que buscan lucrar con la salud de la población. Para garantizar el acceso irrestricto e inmediato a la vacuna hay que terminar con el negocio capitalista que domina su circulación, imponiendo por ley la liberación de las patentes de producción y convirtiendo a las vacunas en un derecho universal.