Empresarios genocidas

Fallo de la Corte Suprema habilita el juicio oral a Carlos Blaquier

Carlos Blaquier, dueño de la azucarera Ledesma, está implicado en causas de lesa humanidad por complicidad con las desapariciones de obreros referentes sindicales.

Redaccion
Redacción de IzquierdaWeb.


Carlos Blaquier, dueño de la azucarera Ledesma, está implicado en causas de lesa humanidad por complicidad con las desapariciones de «las noches del apagón» en 1976, cuando los dueños del ingenio tucumano prestaron vehículos al Ejército y cortaron la electricidad en la azucarera para facilitar el secuestro de 26 obreros del ingenio.

El fallo de la Corte Suprema dejó sin efecto la resolución de la Cámara Federal de Casación de 2015, que benefició a Blaquier con la falta de mérito. El fallo, además, acusó a la Cámara de Casación de obstaculizar indebidamente el proceso y exigieron un nuevo pronunciamiento que habiliten el comienzo del juicio oral a Blaquier.

La impunidad de Blaquier, sostenida durante 4 décadas por el Poder Judicial argentino, es un ejemplo de la complicidad histórica del Estado argentino con los empresarios que sacaron tajada de la política genocida de la última dictadura militar. Blaquier habilitó el secuestro de 26 trabajadores del ingenio Ledesma en el marco de un reciente proceso de organización obrera contra las condiciones de explotación imperantes en la azucarera.

La azucarera tiene un largo prontuario de complicidad con las Fuerzas Armadas genocidas. Blaquier ingresó a Ledesma hacia inicios de la década del ’70, luego de casarse con María Elena Arrieta, heredera de Ledesma. Por la misma época, la gerencia de Recursos Humanos de la empresa era ocupado por el ex brigadier Teodoro Álvarez, funcionario militar de la dictadura de Onganía.

El fallo de la Corte Suprema estuvo firmado por Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. Ricardo Lorenzetti no votó, y Carlos Rosenkratz respaldó la resolución que tomara la Cámara de Casación en 2015: «no se ha demostrado la configuración de una situación de gravedad institucional y la decisión apelada no genera, en modo alguno, una ruptura del compromiso con el juzgamiento de esta clase de delitos».

La borrada de Rosenkratz no es inesperada, ya que tiene un conocido historial de simpatía por los Blaquier. El juez dirigió la Universidad de San Andrés hasta su llegada a la Corte, institución a la que los Blaquier hacían aportes de financiamiento. La esposa de Rosenkratz, a su vez, dirigió la fundación Cimientos, ligada también a Blaquier. 

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