En 2017, casi en simultáneo, luego de una reunión de amigos del ex presidente Macri y la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, fue detenido por las fuerzas represivas de Río Negro, alojándolo en una cárcel de Esquel, en la provincia de Chubut.

Fue nuevamente condenado al ser repatriado a Chile, medida totalmente arbitraria, ya que el lugar donde había nacido, vivía y compartía su lucha era con la comunidad mapuche de la provincia del sur argentino. Fue por resolución de la Corte Suprema de Justicia del 23/8/18. Ahí sí hubo unanimidad de los Supremos: condena a la lucha legítima de los pueblos originarios, atacados una y otra vez, por los usurpadores de sus tierras de todos los colores y avalados por todos los gobiernos.

“Por todo lo expuesto, de conformidad en lo pertinente con lo dictaminado por el señor Procurador General de la Nación interino, el Tribunal resuelve: Confirmar la resolución apelada en cuanto declaró procedente la extradición de Francisco Facundo Jones Huala a la República de Chile para ser juzgado por los delitos de incendio en lugar habitado y tenencia ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal, (…).” (CIJ, Centro de Información Judicial)

En diciembre del 2018, también por unanimidad en el fallo del tribunal, en este país fue condenado a 9 años de prisión, por los hechos “delictivos” ocurridos en enero de 2013, que detalla la Justicia en la anterior resolución.

Ahora, ante el contacto con la psicóloga de Gendarmería que lo atiende y que está afectada por coronavirus, fue aislado en el Centro de Cumplimiento de Penitenciarios de la cárcel de Temuco, sin habérsele hecho ningún testeo hasta el momento, según denuncia su abogada defensora, Karina Riquelme. La misma presentó un amparo, apoyado por el organismo defensor de los derechos de los pueblos originarios, CIDSur (Centro de Investigación y Defensa Sur), reclamando por la atención de su salud y su repatriación al territorio argentino.

La comunidad de Cushamen, de la cual era originario su padre (él es oriundo de Bariloche), exige su repatriación al territorio argentino y su arresto domiciliario, ya que la falta de condiciones de resguardo de su salud y la lejanía de sus allegados y familiares, es una condena más a las que ya pesan injustamente sobre sus espaldas.

Ante este nuevo peligro que acecha al referente de la comunidad mapuche, junto con su defensa y sus compañeros y familiares, nos sumamos al reclamo por todas las condiciones necesarias para preservar su vida y su salud.