Desaparición forzada

Facundo Castro: una nueva etapa se abre en la causa

En la causa por desaparición forzada se abre una nueva etapa tras la confirmación de la muerte del joven, visto con vida por última vez cuando lo subían a un móvil de la Policía Bonaerense.

Redacción Izquierda Web.


Este martes se presentará a declarar ante la justicia Cristina Castro, la mamá de Facundo. La expectativa de la querella además está en ayudar con este testimonio a avanzar en una denuncia penal ante el Consejo de la Magistratura contra la actual jueza del caso, María Gabriela Marrón, además de volver a recusar al fiscal Santiago Ulpiano Martínez.

En tanto, sus abogados buscan recuperar el patrullero en que habrían trasladado a Facundo, que fue hallado en un taller mecánico. Ese tipo de vehículos no poseen GPS ni modulación de radio y son de uso cotidiano en las fuerzas represivas para “tareas especiales”, es decir, actos ilegales de todo tipo.

Se espera también el testimonio del trabajador portuario que advirtió días previos al hallazgo del cuerpo luces y movimiento en la zona. Esto ocurrió, según relata, a últimas horas de la tarde del 11 de agosto. También van a declarar un albañil y un militar ligados al testimonio de la “testigo H” o E.R.

Esta mujer afirma haber dejado a Facundo a metros del cangrejal en un cruce de vías y permite sostener el intento de encubrimiento de la mano de la hipótesis del “accidente”. Su testimonio se presentó gracias a dos de los policías señalados como responsables, Siomara Flores y Gabriel Sosa. En las recientes operaciones mediáticas se la presentó como la refutación contundente a la hipótesis de la desaparición forzada.

Leandro Aparicio, uno de los abogados de la familia, denunció que no se están tomando medidas de protección para los testigos que declararon en la causa contra agentes de la Bonaerense. Aparicio afirma que están “aterrorizados” por amenazas que reciben por parte de la fuerza y que deberán apelar a organismos internacionales de derechos humanos dada la desprotección de estos testigos clave y la impunidad con que continúa operando la policía. Vemos que el plan de encubrimiento sigue su marcha y no se detiene ante nada gracias al aval político e institucional del estado.

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Para el abogado, no hay dudas de la responsabilidad de la Bonaerense en el asesinato y desaparición de Facundo, e insiste en que el ministro de Seguridad de la provincia, responsable de esa fuerza, también debe responder ante los hechos. Cuando se pronunció sobre la aparición de más restos humanos en el cangrejal de Villarino Viejo donde encontraron el cuerpo de Facundo dijo “Ayer nos mandaron fotos, hay todo un cuerpo, por lo menos uno o dos; estamos ante un cementerio clandestino de la Bonaerense”..

Con relación a las pericias realizadas recientemente al patrullero secuestrado de la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL) de Bahía Blanca, se levantaron cabellos del asiento trasero del Toyota Etios luego de que uno de los perros de Marcos Herrero detectara rastros de Facundo allí.  Recordamos que un informe de Asuntos Internos de la policía provincial señaló que el GPS de esa unidad lo situó el 8 de mayo en la zona próxima al cangrejal donde se halló el cuerpo el 15 de agosto pasado.

Para el fiscal Ulpiano y el ministro Berni, pudo haber un error y una “lectura en espejo” de la ubicación del vehículo. Al respecto el fiscal especialista en Ciberdelincuencia recientemente sumado a la causa, Horacio Azzolin, refutó el intento de desacreditar el informe dejando en claro que ese error “no era posible”.

De momento han sido pospuestas sin fecha prevista las declaraciones testimoniales que solicitó Santiago Ulpiano Martínez para la ex novia de Facundo y dos de sus hermanos. Uno de ellos debió mudarse luego de los aprietes de la policía Bonaerense para que se auto inculpe por los hechos y que continuaron con constantes amenazas y hostigamiento pese a la causa abierta por apremios ilegales.

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Sabina Frederic dice tener «dudas», por supuesta falta de elementos, sobre la responsabilidad policial. Después de los hallazgos en comisarías y vehículos policiales, los aprietes a testigos y testimonios falsos que presentan los agentes involucrados, ¿no son sus dichos como mínimo, muestra de una actitud demasiado ingenua? Se trata en realidad es una política de complicidad criminal.

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof reclamó una inmediata resolución judicial del caso. Mientras, continúa sosteniendo en su cargo al ministro que se dedica a amenazar a los familiares y querella de las víctimas y, cuando no, a bregar por la inocencia de los policías situándolos como pobres víctimas de una terrible injusticia.

 

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