“Si no están peor [aquí], vendrán. Deben estar en peor situación [que en su país de origen]. Su vida, su infierno, debe parecer un paraíso comparado con lo que vivirán aquí”.

-Konstantinos Plévris, ministro de Migración y Asilo de Grecia

Europa desarrolla un modelo migratorio cada vez más represivo basado en deportaciones, detenciones prolongadas, externalización del asilo y construcción de muros. Este proceso avanza de la mano del crecimiento de discursos xenófobos impulsados por la extrema derecha, aunque también enfrenta resistencias sociales, redes de solidaridad y cuestionamientos políticos.

Las mismas economías que dependen de millones de trabajadores migrantes, impulsan políticas que criminalizan su movilidad y precarizan sus condiciones de vida. El resultado es la consolidación de una Europa fortaleza que busca administrar la migración según las necesidades del capital, mientras desplaza hacia las personas migrantes el costo humano de las guerras, la desigualdad y las crisis producidas por el capitalismo.

Dimensión real de la migración

El punto de partida exige romper con una idea instalada: Europa no enfrenta una “crisis migratoria” permanente ni un desborde poblacional fuera de control. En la última década hubo algunos episodios de masividad, pero fueron excepcionales y la institucionalidad europea se encargó de crear todo un entramado para disuadir la migración. Quienes sí sufren una crisis son los millones de personas que se ven desplazadas, por distintos motivos, de sus países de origen en todo el mundo.

La narrativa de “invasión” se desmorona aún más cuando se observan las cifras de irregularidad. Los datos permiten dimensionar el volumen y las características de la migración. En 2023 (dato más reciente disponible) ingresaron 4,4 millones de personas a la Unión Europea desde países no miembros, una cifra significativa pero coherente con el tamaño económico y demográfico del bloque. En términos acumulados, la población migrante residente alcanzó los 64,2 millones en 2025.

Dentro de estos movimientos, las entradas irregulares representan una proporción mínima frente al total. Las estimaciones sitúan estas entradas en torno a 385.000 personas, en contraste con los varios millones de ingresos por vías regulares. Además, en 2025 las llegadas irregulares registraron una reducción significativa hasta 178.000 personas, lo que implica una caída del 26% respecto al año anterior.

La distribución territorial de estos flujos no es homogénea, pues aproximadamente el 65% de las llegadas se concentra en cinco países: España, Alemania, Italia, Francia y Polonia, lo que muestra una focalización geográfica particular que señala un fenómeno gestionado dentro de circuitos económicos específicos, vinculados a mercados laborales concretos. En 2024, el 33% de los permisos de residencia fueron por razones familiares y el 21% por empleo.

Como referencia histórica, el punto de mayor presión reciente se ubica en 2015, cuando más de un millón de personas llegaron a Europa solicitando asilo, en el contexto de conflictos armados y crisis regionales. Sin embargo, ese episodio se utiliza de forma constante como referencia política para justificar las medidas actuales, pese a que los niveles del momento se encuentran muy por debajo de ese pico.

En conjunto, estos datos dibujan una realidad distinta a la que difunden los discursos xenófobos. Europa recibe millones de personas cada año, mantiene decenas de millones de migrantes en su territorio y canaliza la mayor parte de esos flujos por vías legales. La insistencia en presentarla como “crisis” no describe una situación objetiva, sino que construye un marco político reaccionario con el fin de habilitar políticas de control, exclusión y represión.

De la gestión a la exclusión

El cambio reciente más significativo en la política migratoria del bloque está relacionado al Nuevo Pacto de Migración y Asilo, un conjunto de normas aprobado entre 2024 y 2026, que redefine el enfoque del tema al establecer un sistema orientado a filtrar, contener y expulsar. Este marco normativo se aplica a los 27 países miembros y entrará en pleno vigor hasta junio de 2026, con el objetivo explícito de “hacer más eficiente” el sistema de asilo, es decir, reducir el acceso efectivo a protección.

Este endurecimiento adopta medidas como la ampliación de la detención administrativa con nuevas reglas que permiten retener a personas migrantes hasta por 24 meses, con posibilidad de extensión en ciertos casos, por ejemplo en el marco de procesos de deportación. Es una ampliación de las políticas punitivas que equiparan migracion con delincuencia.

Quizás el eje más significativo de este marco es la consolidación del modelo de “tercer país seguro”. Este mecanismo permite rechazar solicitudes de asilo sin analizar el fondo del caso, bajo el argumento de que la persona migrante pudo haber solicitado protección en otro país considerado “seguro”. En paralelo, la Unión Europea estableció una lista inicial de 7 países clasificados como “seguros” (entre ellos Colombia, Marruecos, India y Túnez) lo que habilita procedimientos acelerados de rechazo para quienes provienen de esos territorios.

Estos procedimientos precipitados reducen de forma drástica las garantías, en lugar de evaluaciones individuales completas, se aplican filtros administrativos para declarar solicitudes “inadmisibles” en plazos breves. El propio marco establece criterios cuantitativos para mantener o retirar la etiqueta de “país seguro”, como un umbral del 20% de reconocimiento de asilo, lo que constituye una lógica burocrática xenófoba que prioriza la reducción de solicitudes sobre la protección efectiva.

A esto se suma la externalización del asilo, uno de los pilares más controvertidos del nuevo sistema. La Unión Europea impulsa acuerdos para trasladar personas migrantes a terceros países, donde se procesan sus solicitudes o se ejecutan las deportaciones. Por ejemplo, Italia mantiene centros de detención en Albania, fuera del territorio comunitario, donde alberga migrantes en espera de expulsión.

Menos acogida, más control

A la par del cambio legal, la Unión Europea tiene una dinámica de expansión sostenida del financiamiento para el control migratorio de expulsión. El sistema de reubicación ofrece un ejemplo: la propuesta inicial de la Comisión para 2026 planteaba 30.000 personas reubicadas y 600 millones de euros de presupuesto, pero el acuerdo final bajó a 21.000 personas y 420 millones, un recorte de 9.000 plazas y 180 millones de euros, es decir, casi un tercio menos de compromiso en acogida.

Mientras la acogida retrocede, el gasto en control se amplía. La Comisión Europea y los países miembros destinaron en 2025 al menos 250 millones de euros a sistemas de vigilancia tecnológica, incluyendo drones, cámaras térmicas, sensores de movimiento y plataformas de monitoreo marítimo. Este tipo de “inversión” se integra en el marco del presupuesto del Fondo de Gestión Integrada de Fronteras y el refuerzo de la agencia Frontex, que en los últimos años opera con miles de agentes desplegados y equipamiento propio en múltiples fronteras exteriores.

La externalización concentra una parte creciente del gasto mediante los acuerdos con terceros países para contener flujos migratorios antes de que alcancen las fronteras europeas. Entre 2023 y 2024, la Unión Europea suscribió acuerdos de cooperación migratoria con Túnez, Libia, Marruecos, Egipto, Mauritania y Líbano. A esto se suman fondos destinados a programas de “retorno voluntario” y acuerdos bilaterales con países africanos para aceptar deportaciones, que movilizan decenas de miles de retornos financiados cada año.

Las operaciones marítimas incorporan nuevas capacidades de intervención, incluyendo la posibilidad de interceptar embarcaciones durante hasta seis meses en aguas internacionales, lo que amplía el radio de acción coercitiva. En paralelo, prácticas como los rechazos en frontera alcanzan dimensiones sistemáticas, con un promedio de 221 expulsiones diarias sin acceso a procedimientos de asilo.

La orientación presupuestaria deja clara la prioridad política del bloque, menos recursos se destinan a reubicación, integración o protección, mientras aumentan las inversiones en vigilancia, detención, externalización y expulsión. Este desplazamiento responde a una lógica política en la que la migración no se trata como un fenómeno social que requiere gestión, sino que se aborda como un problema de seguridad que exige contención.

Muerte como frontera

El endurecimiento del régimen migratorio produce consecuencias medibles en vidas perdidas. En 2025, en todo el mundo murieron o desaparecieron alrededor de 8.000 personas migrantes en rutas irregulares, un nivel de mortalidad extremadamente alto. Desde 2014, el registro acumulado supera las 82.000 muertes y desapariciones. Más del 40% de las muertes registradas ocurre en rutas hacia el continente, lo que vincula directamente el costo humano con el modelo de control fronterizo europeo.

Las rutas más mortales atraviesan el Mediterráneo en sus distintas variantes: 1.330 muertes en el Mediterráneo central, 484 en el occidental y 374 en el oriental durante el último año. A estas se suma la ruta atlántica hacia Canarias, con 1.172 muertes, una de las más letales debido a la distancia y a las condiciones del trayecto. Fuera del espacio europeo inmediato, corredores como el cruce entre Afganistán e Irán registran 1.323 muertes, lo que muestra que la peligrosidad se despliega a lo largo de todo el trayecto, no solo en el punto de llegada.

Estas cifras, aunque dramáticas, no capturan la totalidad del fenómeno. La propia OIM identifica al menos 1.500 casos adicionales no verificados, lo que indica un subregistro significativo, especialmente en zonas desérticas o marítimas donde los cuerpos no se recuperan. Miles de personas no aparecen en las estadísticas oficiales, pero forman parte del mismo circuito de riesgo.

El vínculo entre estas muertes y las políticas europeas es directo. Las políticas restrictivas empujan a tomar más riesgos. La externalización de fronteras desplaza las rutas hacia territorios más peligrosos. Las personas migrantes quedan abandonadas en zonas sin acceso a agua, asistencia o rescate, como resultado de acuerdos con terceros países que priorizan las restricciones sobre la protección. A esto se suma la reducción de operaciones de salvamento y el énfasis en la interceptación, lo que incrementa la probabilidad de naufragios sin respuesta inmediata.

Informes de derechos humanos señalan que prácticas como las expulsiones ilegales, las devoluciones a contextos de violencia y el uso excesivo de la fuerza en las fronteras muestra un patrón sistemático de violencia institucional. Estas prácticas incrementan el riesgo físico y empujan a las personas hacia rutas cada vez más peligrosas.

El resultado no puede explicarse como un efecto colateral. La combinación de cierre de vías legales, externalización, militarización de fronteras y criminalización de la movilidad reorganiza los trayectos migratorios en torno al riesgo extremo. Las rutas se vuelven más largas, fragmentadas y peligrosas, y esa transformación produce miles de muertes.

Un territorio amurallado

Europa se convierte cada año en un espacio más fortificado. Un informe de 2018 señalaba que, desde la caída del Muro de Berlín hasta ese momento, se construyeron más de 1.000 kilómetros de muros y vallas fronterizas dentro y en los márgenes de la Unión Europea. En 2023, otro paper señalaba que la cifra alcanzaba el doble. Cualquiera que sea la extensión, lo cierto es que los muros son la tónica y es de esperar que en los próximos años esta tendencia aumente.

Países como Polonia y los Estados bálticos levantaron alrededor de 700 kilómetros de barreras a lo largo de sus fronteras, en gran medida en respuesta a rutas migratorias que atraviesan Bielorrusia y Rusia. En el norte, Finlandia construyó más de 110 kilómetros de valla fronteriza con Rusia, con estructuras que alcanzan 4,5 metros de altura, equipadas con sistemas de vigilancia permanente. En el extremo, Polonia tras retirarse de la Convención de Ottawa propuso colocar minas antipersona en su frontera.

El sistema de control se extiende más allá del muro físico mediante una red tecnológica que incluye cámaras térmicas, sensores de movimiento, sistemas de iluminación, drones y monitoreo satelital. Estas herramientas permiten detectar movimientos a larga distancia y coordinar intervenciones rápidas. El despliegue tecnológico convierte estas zonas en corredores altamente controlados.

El Mediterráneo, una de las principales rutas migratorias, también se militariza progresivamente. Operaciones navales, patrullajes aéreos y sistemas de detección refuerzan la capacidad de interceptar embarcaciones antes de que alcancen territorio europeo. Las fronteras no coinciden con los límites geográficos del continente; se extienden hacia África, Medio Oriente y Europa oriental. Todo con tal de evitar que las personas pisen tierra.

Del discurso al ataque

La criminalización constante de la migración, sostenida desde gobiernos, parlamentos y medios de comunicación, crea un clima que legitima la violencia directa contra las personas migrantes. En España, por ejemplo, el año pasado se registraron episodios en Murcia, donde grupos organizados difundieron en redes sociales convocatorias explícitas a “cacerías de migrantes”, un salto que convirtió el odio en acción coordinada fascistoide.

Estos llamados saltaron del plano virtual y se tradujeron en episodios de violencia, con disturbios ocurridos en localidades donde grupos organizados atacaron a migrantes durante varios días consecutivos, con enfrentamientos, persecuciones y agresiones físicas. La duración y coordinación de estos hechos mostró que no se trató de incidentes aislados, sino de expresiones de una violencia social que encuentra condiciones en medio de un clima político, en general, reaccionario.

Las redes sociales juegan un papel destacado en esta dinámica, funcionan como plataformas de amplificación del discurso xenófobo y como herramientas de organización. Mensajes de odio circulan de forma masiva, señalan a grupos específicos y construyen narrativas que presentan la migración como una amenaza civilizatoria. Se normaliza la deshumanización, lo que facilita el paso de la palabra al acto.

La conexión entre política y violencia es evidente cuando se asiste a la convergencia entre discurso institucional y discurso social. Por ejemplo, justo un día antes de la razzia española, el partido ultraderechista Vox arengó por la deportación de 8 millones de personas. Las políticas que endurecen el acceso al asilo, amplían las deportaciones o legitiman prácticas como los rechazos en frontera envían una señal clara: la vida del migrante vale menos, su presencia es indeseable y su expulsión es un objetivo legítimo.

El resultado es el traslado del conflicto hacia el plano cotidiano. La frontera no se ubica únicamente en los límites territoriales, sino en calles, barrios y espacios de trabajo. Las personas migrantes enfrentan controles policiales o administrativos, pero también agresiones, hostigamiento y exclusión social. Las políticas “antiinmigración” habilitan y amplifican la violencia, transformando la xenofobia en una práctica social cada vez más visible y organizada.

La agenda impuesta

La desmedida centralidad de la migración en la política europea surge de una presión política concreta. En los últimos años, las fuerzas de extrema derecha consolidaron avances electorales en varios países y convirtieron la migración en uno de sus principales ejes de intervención.

El uso reiterado de la referencia a 2015 refuerza esta construcción. Aquel año, más de un millón de personas solicitaron asilo en Europa, en un contexto de guerras abiertas en Siria, Afganistán e Irak. Sin embargo, ese episodio se mantiene como punto de comparación constante, incluso cuando las cifras actuales se sitúan muy por debajo. Esta persistencia tiene la intención de sostener una narrativa de crisis permanente que legitima medidas restrictivas.

En este sentido, un caso de otro nivel es el de la Confederación Helvética (Suiza) que tendrá un referéndum en junio próximo sobre la iniciativa “no a los 10 millones de habitantes”. En la actualidad su población es de un poco más de 9 millones y la propuesta pretende que no se supere la decena antes de 2050. Cuáles son las medidas concretas: si antes de esa fecha se alcanza la cifra se restringirán los asilos y las reunificaciones familiares y si persiste por más de dos años anularían el Acuerdo sobre Libre Circulación de Personas con la Unión Europea para limitar todos los flujos migratorios.

La presión política se traduce en decisiones concretas como esa. En ese caso la propuesta viene de la Unión Democrática del Centro, un partido conservador de derecha, pero no de extrema derecha. Es así como las propuestas políticas incorporan elementos que durante años formaron parte del programa de la extrema derecha: ampliación del plazo de las detenciones, creación de listas de países “seguros”, procedimientos acelerados de rechazo y externalización del asilo.

Estas medidas reciben respaldo en las instituciones (donde los sectores más reaccionarios tienen una sobrerrepresentación con respecto a la sociedad), aunque no de forma aplastante, lo que da visos de reversibilidad. Por ejemplo, la votación en el Parlamento Europeo que habilita el endurecimiento de las deportaciones fue de 389 votos a favor frente a 206 en contra.

El resultado es que la extrema derecha logra definir la agenda, los partidos tradicionales se pliegan a la presión y adoptan parte de sus planteamientos. La migración se instala como un tema central no por su magnitud real, sino por su capacidad de movilización política. En este proceso, la frontera entre discursos abiertamente xenófobos y posiciones institucionales se vuelve cada vez más difusa, y el “centro político” se desplaza hacia un modelo de control y exclusión.

Espejo transatlántico

La política migratoria europea se presenta con frecuencia como una alternativa “más humana” frente al modelo estadounidense, en especial durante los gobiernos de Donald Trump. Sin embargo, cuando se observan los datos y las prácticas concretas, la distancia entre ambos enfoques se reduce de forma considerable. La crítica europea al endurecimiento migratorio en Estados Unidos convive con la adopción progresiva de mecanismos similares, es decir, una convergencia más que una oposición real.

Durante la segunda administración de Trump, Estados Unidos desplegó una política de control intensivo que incluye más de 100.000 migrantes detenidos, con alrededor de 59.000 personas en centros de detención en un momento dado y objetivos de deportación de hasta 3.000 personas por día. Estas cifras se presentan en Europa como ejemplo de un “modelo extremo». Sin embargo, en el mismo periodo, en la Unión Europea se emitieron 453.000 órdenes de expulsión anuales, con 110.000 deportaciones efectivas, lo que sitúa la escala europea en niveles comparables en términos de volumen.

El paralelismo es más claro en el uso de la detención como herramienta principal de control migratorio. Mientras Estados Unidos mantiene decenas de miles de personas privadas de libertad por motivos migratorios, Europa amplía sus propios marcos legales para permitir detenciones de hasta 24 meses, instalando una lógica similar de encierro administrativo prolongado. La diferencia pasa de ser cualitativa a ser de grado.

La externalización es otro punto de convergencia, mientras Estados Unidos impone políticas para desplazar el control migratorio hacia terceros países en América Latina, la Unión Europea impulsa acuerdos equivalentes en África y Europa del Este. La existencia de centros de detención fuera del territorio comunitario, como los instalados por Italia en Albania, muestra cómo Europa adopta los mismos mecanismos.

Incluso en prácticas más controvertidas, como los rechazos en frontera, aparecen similitudes. La política de “tolerancia cero” en Estados Unidos encuentra su equivalente en los más de 80.000 pushbacks registrados en Europa en 2025, con expulsiones inmediatas sin acceso a procedimientos legales. En ambos casos, el objetivo es el mismo: impedir el ingreso mediante mecanismos expeditos.

Tanto en Estados Unidos como en Europa, la migración se presenta como un problema de seguridad, lo que justifica la expansión de dispositivos de control, detención y expulsión. Las diferencias discursivas no alteran esta base común. Europa critica el modelo estadounidense en el plano retórico, pero en la práctica incorpora sus principales herramientas.

El resultado es una contradicción difícil de sostener. Mientras se presenta como defensora de derechos y multilateralismo, la Unión Europea reproduce mecanismos que previamente cuestiona. La distancia entre ambos modelos se reduce en la medida en que comparten objetivos, instrumentos y resultados. Más que una alternativa, Europa es una variante del mismo paradigma de control migratorio, adaptado a su contexto, pero alineado en su lógica fundamental.

De la “crisis migratoria” a la Europa fortaleza

Hay una conclusión clara: la “crisis migratoria” en Europa es tal en cuanto las decisiones políticas insistan en tratarla de esa forma. Mientras se aborde mediante exclusión y violencia, solo se pueden esperar las mismas problemáticas ya existentes. Mientras millones de personas migrantes viven y trabajan en Europa contribuyendo económica, social y culturalmente a su desarrollo, la respuesta es construir un marco institucional de rechazo.

Europa gestiona sus fronteras como un dispositivo de selección de la fuerza de trabajo y de contención de poblaciones consideradas excedentes. La externalización hacia terceros países, los centros fuera del territorio comunitario y la militarización del Mediterráneo son mecanismos coherentes con una política que busca impedir la movilidad autónoma y subordinarla a las necesidades del capital.

Las mismas economías que levantan muros y endurecen sus fronteras dependen, cada vez más, de la fuerza de trabajo migrante para sostener su funcionamiento. El envejecimiento demográfico, la caída de la natalidad y la necesidad permanente de mano de obra barata lleva al capital europeo a presionar por incorporar millones de personas trabajadoras extranjeras en sectores como agricultura, logística, construcción, cuidados, transporte, industria y servicios.

La propia Unión Europea reconoce déficits crecientes de trabajadores en áreas clave, mientras millones de migrantes ocupan empleos precarizados, temporales y de bajos salarios que son fundamentales para mantener la competitividad y las tasas de ganancia. Esta dinámica muestra la lógica explotadora del capitalismo. No se busca detener completamente la migración, sino administrarla de forma selectiva, permitiendo el ingreso de la fuerza laboral necesaria bajo condiciones de vulnerabilidad que faciliten la superexplotación.

El resultado es el establecimiento de un modelo de “Europa fortaleza”, donde la frontera no es solo una línea geográfica, sino un sistema extendido de muros, tecnologías y leyes que operan dentro y fuera del continente. Este modelo no puede eliminar la migración, pero sí definir sus condiciones: la vuelve más peligrosa, más precaria y más desigual.

Sin embargo, la construcción de esta “Europa fortaleza” no avanza sin resistencias. A lo largo del continente operan redes de solidaridad que intervienen de forma directa con organizaciones que rescatan personas en el Mediterráneo, colectivos que frenan deportaciones, estructuras de apoyo que acompañan procesos de regularización y comunidades que sostienen a quienes llegan frente a la precariedad institucional.

Al mismo tiempo, la ofensiva reaccionaria que empuja este endurecimiento no se desarrolla en línea recta. La extrema derecha enfrenta límites concretos, con derrotas electorales, crisis internas y contestación social en distintos países (por ejemplo: la derrota de Orbán en Hungría o el revés con la reforma judicial de Meloni en Italia), lo que abre fisuras en ese supuesto “consenso securitario». Aunque se mantiene la presión, no se avanza sin oposición y resistencia.

La solidaridad con las personas migrantes no es solo un aspecto de derechos humanos, es una necesidad para construir la unidad de clase frente a las estrategias de fragmentación del capital. El problema no es que existan migrantes; el problema es un modelo económico que necesita fronteras abiertas para los capitales y cerradas para las personas, que impulsa guerras, extracción de recursos y políticas de ajuste en la periferia global, mientras criminaliza las consecuencias de esos procesos.

Defender a las personas migrantes no significa ignorar los problemas sociales existentes, sino identificar correctamente sus causas. La precarización laboral, la crisis habitacional o el deterioro de los servicios públicos no provienen de quienes migran, sino de un sistema que concentra riqueza, destruye derechos y utiliza el racismo para dividir a la clase trabajadora.

Frente a una Europa que necesita mano de obra migrante mientras construye muros y normaliza la xenofobia, la defensa de las personas migrantes forma parte de una lucha más amplia contra el autoritarismo, el racismo y la fragmentación de la clase trabajadora. La alternativa a la Europa fortaleza no pasa por administrar mejor la exclusión, sino por enfrentar las causas materiales que producen desplazamiento, explotación y violencia en escala global.