Estallido y crisis política en Perú

El crecimiento y la agudización de las protestas pese a la represión hicieron que Castillo tuviera dar marcha atrás con el toque de queda el día mismo en que fue anunciado.

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El detonante de las movilizaciones fue un súbito aumento de los combustibles debido a la guerra de Ucrania, y sus protagonistas fueron en primer lugar los transportistas de la zona de Junín. A ellos se sumó una convocatoria de paros y bloqueos en todo el país.

En la noche del 4 de abril, la noticia del decreto de Estado de emergencia y la prohibición de circular tomaron por sorpresa a los millones de habitantes de la ciudad de Lima y el puerto de Callao, aledaño a la capital.

Desde el 28 de marzo es que los transportistas habían paralizado la circulación en varios puntos del país, los bloqueos se extendían hora a hora en nuevos puntos del país. Llegaron a la capital impulsados por la situación en las sierras centrales de Perú. Allí se concentran los mayores niveles de pobreza extrema del país andino, con una fuerte composición social de campesinos pobres.

Son 44 los diferentes puntos de cortes en las rutas del país y 86 los que se encuentran parcialmente interrumpidos. Las subas de combustibles devinieron en aumentos de los precios de artículos de primera necesidad de todo tipo, notoriamente los alimentos, lo que desestabilizó el país y desató protestas en varias ciudades que trascendieron a los transportistas.

Los primeros en sumarse fueron los agricultores pobres. El malestar entre los campesinos se venía gestando hace ya tiempo, y se vio apenas interrumpido por las breves esperanzas de cambio en el gobierno de Castillo. Su principal reclamo es que se ponga fin a los privilegios de los grandes importadores de insumos agrícolas, que aplastan a los pequeños agricultores con su competencia y los aumentos de los precios.

Así, uno de los epicentros de las protestas fue Huancayo el pasado 1 de abril. La ciudad es parte de la zona de Junín, donde Castillo obtuvo una amplia mayoría en las elecciones del año pasado y de donde se fundó el partido que lo llevó al poder, Perú Libre.

La ciudad se vio completamente paralizada por la protesta y el gobierno de Castillo respondió con represión. Según algunas fuentes, habría hasta cuatro o cinco muertos desde que comenzaron las protestas y la violencia policial. Pese a la represión, la furia de la movilización alcanzó varios edificios públicos y la casa de Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre.

La crisis se extendió como flama en hierba seca. Los trabajadores rurales de las zonas de Ica mantuvieron cortada la ruta Panamericana en rechazo a la carestía de la vida y por condiciones ultra precarias de trabajo. El aumento del costo de vida dio lugar también allí a saqueos y marchas nocturnas. La movilización popular desbordó a las autoridades del Estado y llegaron a tomar una comisaría, pasando por encima de todo intento de represión. La policía se replegó y el gobierno envió al Ministerio del Interior a negociar directamente, mientras la protesta se mantenía firme.

El gobierno ensayó primero una respuesta puramente hostil, intentando asociar las movilizaciones con el fujimorismo y la extrema derecha que lo acorrala en el Parlamento. “Se anuncian paros y bloqueos en las carreteras, malintencionados y pagados algunos dirigentes y algunos cabecillas, es necesario decirles que pondremos orden en las próximas horas” dijo en un tono beligerante el 4 de abril, justo antes de anunciar el toque de queda en la capital.

Sin embargo, la represión policial parece haber tenido el efecto exactamente contrario al que buscaba. A veces, la represión logra infundir temor y enviar a sus casas a la mayoría de los movilizados; ese es su objetivo primordial. Pero cuando esto no sucede, la calle responde con furia y le da aún más impulso a lo que el gobierno buscaba evitar.

Pero viendo que las cosas no se calmaban, Castillo hizo algunos intentos de contener la situación con algunas concesiones menores. Su principal anuncio fue el de la eliminación temporaria de un impuesto a los combustibles, como manera poco efectiva de contener las subidas de los precios. Esta medida intenta paliar la situación económica precaria de amplias masas sin tocar los intereses y las ganancias empresarias, en un típico movimiento de un gobierno como este. Pero la efectividad política de semejante medida fue prácticamente nula y nada dijo el mandatario sobre los aumentos de los precios de artículos de primera necesidad.

En un intento poco creíble de aparecer como gobierno fuerte capaz de contener la situación, anunció en la noche del 4 un estado de sitio en la capital y la zona aledaña, dejando bien en claro su fundamento represivo: públicamente afirmó que se suspenden las garantías constitucionales, como la de la inviolabilidad del domicilio, dándole rienda suelta a la policía. Pero tuvo que retroceder precipitadamente, la movilización se recrudeció aún más y el estado de sitio acabó siendo poco más que un anuncio mediático sin implementación posible alguna y sin otra consecuencia que enojar más a quienes no dejaron la calle.

Un gobierno débil y corrido a la derecha

Mientras anunciaba el fin del toque de queda, el palacio parlamentario se encontraba rodeado por la movilización, apenas contenido por la policía en sus puertas. Decenas de miles de personas intentaban ingresar en esos momentos, desbordando la fuerza de la policía; que logró a duras penas que no ingresen.

A mediados de febrero, Castillo ya había anunciado el estado de emergencia en Lima y Callao y el envío de las fuerzas armadas para «luchar contra la delincuencia». Fue una medida populista reaccionaria para intentar contentar a su oposición por derecha y la clase capitalista y los sectores medios que lo ven con desconfianza.

Con los aumentos internacionales de los combustibles, su política fue simplemente dejar hacer a las empresas. Poco se puede defender un gobierno que habla por izquierda, enojando al fujimorismo y la clase media reaccionaria; y actúa por derecha, ganándose el odio de todos los demás.

Sus posiciones y decisiones se caracterizan por zig zags permanentes desde su asunción, cada vez más marcadamente hacia la derecha. Si comenzó con una retórica tibia de cambiar algunas cosas sin tocar los intereses de nadie, frente a la presión ejercida por la derecha institucionalmente sus giros fueron sistemáticamente más y más reaccionarios.

La política económica clásica neoliberal de décadas de Perú no fue ni mínimamente tocado. Sin lograr estabilizarse ni por algunas semanas, los cambios de Gabinete día tras día, semana tras semana, las rupturas con sus funcionarios y soportes, lo han puesto al borde de la destitución no una sino ya dos veces. Dice por izquierda sin ganarse la simpatía de nadie por hacer por derecha, hace por derecha sin ganarse la simpatía de nadie por haber dicho por izquierda.

Pasó de prometer terminar con la Constitución de la dictadura fujimorista a no hacer nada, nacionalizar la exportación de energía y agropecuaria a hacer todo lo contrario, hace populismo represivo reaccionario que nunca prometió y denuncia por «fujimorista» a quien se queja.

El inicio del conflicto fue por un motivo económico simple: Castillo dejó encendido el piloto automático «neoliberal» peruano. El aumento internacional de los combustibles, dejado al puro mercado, se trasladó inmediatamente a los precios internos primero de combustibles y después de todo lo demás.

Si las protestas comenzaron con los transportistas, se extendieron luego a los campesinos que votaron a Castillo para luego llegar hasta el gremio que lo convirtió en figura, el docente. El SUTEP convocó a movilizar al magisterio para el 7 de abril con lo que no puede no entenderse como una ultimátum: “Frente a esta situación decirle al señor Castillo que cambie o, simplemente, renuncie. Mañana vamos a desfilar por las calles de Lima expresando nuestra solidaridad con los fallecidos y el malestar por este gobierno que no está a la altura de las expectativas”.

Una crisis política crónica

Como decíamos en «Perú: entre la histeria ‘anticomunista’ y el reformismo light», antes de las elecciones que pusieron a Castillo en el sillón presidencial: «El personal político de la democracia capitalista peruana es uno débil e inestable. Raras veces un presidente ha logrado concluir su mandato, mucho más frecuentemente ha terminado procesado o preso luego de abandonar el poder. La crisis permanente entre poderes ha hecho de todos los últimos gobiernos una pobre caricatura de poder. El actual presidente, Sagasti, lo es gracias a que no terminaron su mandato nada menos que tres presidentes antes que él: uno electo, otro un poco, el último impuesto por el parlamento».

Las crisis entre poderes vienen ya de al menos una década de cruzar al sistema político. La extrema derecha fujimorista, con su presencia minoritaria pero importante en el Congreso, ha logrado una y otra vez imponer el desgobierno, en un intento de ser el único partido capaz de gobernar al país pese al rechazo mayoritario de las masas peruanas de lo que representa. Si bien la iniciativa de destituir a Castillo ya fracasó dos veces, lo pone en un lugar evidente de debilidad, como una pluma que puede volar al primer soplido más o menos fuerte.

Y la respuesta de Castillo ha sido sistemáticamente hacer suya la agenda de la derecha, con ajuste económico, concesiones a los ricos y represión a todos los demás. Así, logra alejar a sus aliados, enfurecer a quienes lo votaron y dejar insatisfechos a sus rivales, que piensan que podrían estar haciendo lo mismo pero más y mejor. 

Cada vez más solo

La tibieza y debilidad de un enemigo de la derecha que hace propia su política es lo que ha llevado a más y más de sus primeros aliados a abandonar el bardo antes de que se hunda. Las crisis ministeriales fueron simplemente eso: Castillo no pudo estabilizar ni un solo Gabinete.

Quienes fueran aliados de Castillo, sus ex ministros incluso, critican que no tome ninguna medida contra el régimen político o que nada haga contra el «modelo neoliberal». Claro que lo hacen desde el punto de vista de quien se sienta en un alto sillón de funcionario pensando que estaría haciendo las cosas mejor.

Quien fuera candidata a presidente y la primera figura política importante en apoyar a Castillo, la «progresista» Verónika Mendoza, dijo sobre las protestas: «El gobierno no solo ha traicionado sus promesas de cambio, sino que ahora repite el método de ‘resolución de conflictos’ de la derecha: ningunear a quienes se movilizan con legítimo malestar por la situación económica y política, reprimir, criminalizar y restringir derechos».

Nada menos que el dirigente del partido que lo llevó al poder, Vladimir Cerrón, también: «La única solución permanente y pacífica para el país es una Asamblea Constituyente, donde las clases sociales lleguen a un consenso, terminen los abusos y la discriminación. Lo alertamos: ¡Si en el país no hay cambio de Constitución, no hay cambio de nada!»

Alex Torres, congresista oficialista: «Las fallas del modelo económico Neoliberal son los causantes del agravamiento de la crisis, la derecha aprovecha para pedir renuncia, los caviares quieren ganar su gabinete ministerial. La solución que debió aplicar el presidente desde el inicio es: Asamblea Constituyente».

«¿Ninguna autocrítica!? Premier despierte! no entiende lo grave de la situación en la que estamos? Vaya por ICA» dijo Gloria Montenegro, que fuera ministra de Castillo. 

Las declaraciones de ese tenor se suceden una tras otra. Mientras temen por un avance del fujimorismo, poca disposición tienen a poner los pies y las manos en un fuego ampliamente extendido por todo el país.

En estas condiciones, la pregunta es por qué todavía no cayó el gobierno.

La derecha pesca en río revuelto

Con un país en llamas por un estallido que le es ajeno, la derecha (fundamentalmente el fujimorismo) intenta imponer su propia agenda poniendo a los suyos en la calle. Franjas de clases medias limeñas se movilizaron con consignas diferentes de los transportistas y campesinos y trabajadores rurales. La principal, la renuncia de Castillo. 

La crisis se desató inmediatamente después de que fuera derrotada la moción de «vacancia» en el parlamento, impulsada por Fujimori y sus aliados para destituir a Castillo. Si al principio eran arrollados por la fuerza de la movilización y vociferaban lo suyo en una calle llena de gritos y humo mientras nadie los escucha, en Lima esto ya cambió radicalmente. Sus figuras y líderes tienen el megáfono de ser parte de la voz oficial de la política capitalista peruana.

Luego del anuncio del toque de queda, convocaron a un cacerolazo que fue minoritario y poco tuvo que ver con las protestas callejeras; si bien tuvo bastante acatamiento en ciertos barrios de la clase media. En este momento pareciera que la movilización en la capital está dominada por las clases medias reaccionarias que votaron mayoritariamente a Fujimori. Aunque sean minoritarios en el país, que dominen la capital está muy lejos de ser poca cosa.

Además, todos los demás partidos alternativos pasaron por la vergüenza del poder terminado en destitución, de la impotencia sistémica, de la absoluta incapacidad para gobernar sin desmoronarse. Su fuerza política parece ser nula.

Mientras tanto, el fujimorismo ha logrado desestabilizar a todos los gobiernos, es ampliamente repudiado en las amplias mayorías populares pero domina buena parte de los resortes del poder político y económico, tiene por base social a las clases medias enfurecidas. Su «Fuerza Popular» es hoy la única corriente política coherentemente organizada, capaz de cumplir algún papel. Se postulan claramente a reemplazar a Castillo y parecen decir a la clase dominante: «nadie más que nosotros es capaz de gobernar ¿A quién puede importarle que lo hagamos contra la voluntad de un montón de indios y pobres?». Además, vienen de lograr la libertad al ex dictador responsable de tantas muertes y la esterilización forzada de decenas de miles de mujeres.

Movilizaciones populares en la mayoría del país -los verdaderos protagonistas de estas jornadas-, barrios de clase media enardecidos contra el «comunismo», fujimoristas intentando revivir su fracaso parlamentario, ex ministros criticando a uno y otro… Parece haber, en medio de este caso, dos cosas claras: la primera, la movilización popular trasciende los armados y conspiraciones palaciegas parlamentarias; la segunda, Castillo parece quedarse más y más sin un solo aliado.

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