La situación de las y los trabajadores es cada vez más precaria, y en este momento se está desarrollando un conflicto de empleados y empleadas judiciales de la provincia. La pérdida del poder adquisitivo ha sido de más de un 50% el año pasado. Más de la mitad de la planta de empleados se encuentra bajo la línea de la pobreza, un ingresante percibe cerca de 600.000 pesos, es decir por debajo de la línea de la indigencia. Estas son las consecuencias del plan de ajuste que llevan a cabo el gobierno provincial y nacional. Sumado a la postura del TSJ, cómplice del gobierno provincial y nacional, que replica el ajuste y amedranta a los empleados judiciales.

El principal reclamo es recomposición salarial del 50% para salir de la pobreza mediante la equiparación salarial a los empleados de la justicia federal. ^[1]. La equiparación salarial es un reclamo al gobierno provincial y al TSJ desde 2014 que igualaron los haberes de los magistrados y funcionarios olvidándose de igualarlo para los empleados^[2].

La política burocrática del gremio, cómplice con la patronal, ha sido la de dilatar (o en lo posible evitar) los planes de lucha por nuestros salarios. Pactaron solo una reestructuración de la planta que es insuficiente y no impacta cuantitativamente en los salarios de los trabajadores. Ignoran la voluntad y la necesidad de los trabajadores, desoyen el reclamo salarial y le hace el juego al ajuste.

No obstante, la conducción gremial se ve desbordada, la presión desde las bases les arrancó un plan de lucha, los obliga a convocar a asambleas, conformar una mesa de lucha y llevar a cabo medidas de acción directa como paros y abandonos de tareas.

Los trabajadores lograron la reestructuración, lo que es una conquista, pero no da respuesta a los reclamos salariales. En tanto que a la patronal y al gobernador Martín Llaryora les urge cerrar la protesta y pretenden ponerle un fin al conceder la reestructuración. Mientras los funcionarios hostigan a sus empleados en cada dependencia, el presidente del TSJ manifestó que la reestructuración de la planta era lo último que podía ofrecer, en esa línea se propuso apremiar la lucha.

Previo la afectación de descuentos por la adhesión a paros y asambleas la patronal emitió un comunicado extorsivo en el que “prohíbe” el derecho a la protesta de trabajadores judiciales. El Poder Judicial, aliado al gobierno de Llaryora contraatacó amedrentando el derecho a la protesta establecido constitucionalmente. Así las cosas, lanzó una resolución intimidatoria en la que exhortan a los trabajadores a “abstenerse de realizar medidas de fuerza”, pretendiendo imponer “un sistema de guardias mínimas”, y amenazando con aplicar sanciones y cesantías. En una suerte de “MEMO” de disposiciones vigentes prohíbe las asambleas, reuniones y ruido en el interior de los tribunales y recuerda que los paros serán descontados.

El proceso sigue creciendo alcanzando su punto más alto esta semana con un paro masivo de 38 hs en respuesta a las provocaciones y extorciones del TSJ. El lunes 5 de mayo, los empleados abandonaron sus tareas a partir de las 10 hs y se movilizaron desde las distintas sedes hacia el Palacio de Justicia dónde concentraron dando comienzo al paro en repudio a la persecución de la patronal. Ademas hubo una toma histórica de tribunales 1, que muestra la bronca que hay por abajo. Este jueves lxs judicialxs  junto a los docentes de UEPC Capital convocan a una movilización hacia la obra social provincial (Apross), que “accidentalmente” se incendio hace unos días. Este es el camino,  empezar a coordinar las luchas de todos los empleados públicos provinciales contra Llaryora y Milei

La gran lucha que vienen dando los trabajadores, los posiciona en otro lugar, poniendo en evidencia la política antisindical y represora que está llevando a cabo el TSJ.

Ni a Llaryora, ni a Angulo, ni a Milei les importa que haya un servicio de justicia de calidad con profesionales capacitados que perciban un salario digno. Lo que quieren es aplicar el ajuste, el recorte y la precarización sin poner un peso para asegurar el servicio de justicia.

^[1] Esto último ya que los salarios de los judiciales de la provincia se encuentran “supeditada” a los sueldos de Federales.

^[2] Esto implica incumplimiento de la ley 9.725.