Estado español: por la amnistía a los independentistas catalanes

Este martes comenzó en el Parlamento español el debate para la (fallida) investidura del candidato derechista del PP, Alberto Núñez Feijóo. La sesión estuvo dominada por el debate sobre una posible amnistía para los independentistas catalanes, que la derecha se niega a otorgar y el PSOE espera usufructuar para continuar en el gobierno.

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Durante la sesión Feijóo declaró que tiene los recursos necesarios para convertirse en presidente pero que “no acepta pagar el precio”. “El precio” que Feijóo no está dispuesto a pagar no es otro que la concesión de otorgar la amnistía al independentismo catalán.

El Partido Popular español es, por supuesto, un férreo promotor de la política de opresión nacional dentro del Estado español. Heredero directo de funcionarios del franquismo, cualquier negociación con el independentismo tendría un alto costo político: su base social es ampliamente nacionalista española y monárquica. En 2017, durante el proceso de autoindependencia desarrollado dentro de Cataluña, fue un presidente del PP (Mariano Rajoy) quien dio la orden de reprimir salvajemente a quienes votaban en el referéndum independentista.

El PSOE, por su lado, puede darse el lujo de negociar con los partidos catalanes perseguidos. Pese a haber estado muchas veces al frente de gobiernos «de su Majestad» y oponerse siempre a la autodeterminación de los pueblos del Estado español, su tradición «republicana» se lo permite.

Ahora, el candidato del Partido Popular cuenta con el apoyo de 172 escaños dentro del Parlamento. Pero tiene 178 diputados en contra, por lo cual es previsible que salga derrotado en las dos votaciones previstas. Tras él se alinean los diputados de la agrupación ultraderechista Vox, además de UPN y CC. En su contra están el PSOE, la coalición progresista Sumar (comandada por el Partido Comunista), el independendismo catalán (Izquierda Republicana de Cataluña y JuntosxCataluña), Bildu, PNV y BNG.

Una amnistía necesaria

El proceso independentista del 2017 dio expresión a un reclamo histórico del colectivo catalán: el derecho a la autodeterminación. El referéndum realizado en octubre de ese año (que Rajoy reprimió duramente) fue el resultado de un reclamo masivo y ampliamente mayoritario entre la población catalana, que ya se había expresado con masivas movilizaciones y protestas civiles, sindicales y estudiantiles.

Tras la represión, el gobierno de Rajoy procedió a la judicialización del conflicto. Cientos de dirigentes y participantes del movimiento independentista fueron enjuiciados y varios de ellos encarcelados. Carles Puidgemont, entonces presidente de la Generalitat catalana, permanece todavía asilado en Bruselas para evitar medidas judiciales en su contra. Una posible amnistía hacia el independentismo catalán implicaría terminar definitivamente con la judicialización impuesta por la derecha del PP y demás voceros del régimen monárquico español.

La amnistía todavía no es una realidad pero parece lo más probable en vista de la incapacidad del PP de formar gobierno propio. De concretarse, la amnistía sería sin dudas un paso adelante para la causa de la autodeterminación catalana.

Lo cual no significa, sin embargo, que el problema catalán se resuelva simplemente con la amnistía. Pedro Sánchez, dirigente del PSOE, declaró hace pocas horas que está abierto a discutir el futuro de Cataluña siempre y cuando se realice “en el marco de la Constitución” (española). Una declaración sin dudas amplia que busca evitar cualquier compromiso a futuro.

Los parlamentarios del independentismo catalán, por su parte, intentaron comprometer públicamente a Sánchez. Gabriel Rufián, vocero parlamentario de ERC (Izquierda Republicana de Cataluña) dio por hecha la amnistía e intentó ir más allá. Según Rufián la amnistía “no es el final” sino que debe “sentar las bases” para un nuevo referéndum independentista como el del 2017.

El presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonés, le exigió a Sánchez que se comprometa a “acordar a lo largo de esta legislatura las bases y condiciones de un referéndum [de independencia] en Cataluña, más allá de una amnistía que ya ha dado por hecha” (El Imparcial, 26/9). En todo caso, es seguro que no alcanzará con el mero cabildeo parlamentario para sancionar la autodeterminación catalana. Pero la sanción de una amnistía para los independentistas sería un primer paso para sacar al problema catalán de la ilegalidad y reabrir ese debate en la escena española.

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