Hace instantes, el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a Cristina Kirchner a la pena de 6 años de prisión por el delito de administración fraudulenta.

Además, en un bochornoso hecho de condicionamiento judicial a las libertades políticas, la vicepresidenta también fue condenada a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Es por la causa conocida como «Vialidad», que juzga hechos de corrupción relacionados con la obra pública en la provincia de Santa Cruz.

De esta manera, las peleas entre los de arriba y los actos de corrupción -que existen desde siempre en ambos lados de la «grieta»- son utilizados para la persecución política, y lo que es más grave aún, para intervenir desde la justicia, un poder del Estado profundamente antidemocrático, sobre la voluntad y los derechos políticos de los miles de trabajadores y jóvenes que se referencian en Cristina Fernández.

La dirigente de izquierda Manuela Castañeira rechazó el fallo en su cuenta de Twitter: «La condena a inhabilitación perpetua a un cargo público muestra el interés de atacar los derechos políticos de todas y todos los seguidores de Cristina Fernández de Kirchner desde un poder aristocrático como el judicial».

Rechazamos el fallo condenatorio a @CFKArgentina. La condena a inhabilitación perpetua a un cargo público muestra el interés de atacar los derechos políticos de todas y todos los seguidores de Cristina Fernández de Kirchner desde un poder aristocrático como el Judicial.

— Manuela Castañeira (@ManuelaC22) December 6, 2022

«Somos oposición por izquierda a este gobierno, pero defendemos que sea el pueblo trabajador el que elija a sus representantes», continuó Castañeira en el hilo de tweets.

También fue condenado a 6 años el empresario Lázaro Báez, que tuvo a cargo numerosas obras en la provincia de Santa Cruz y fuertemente ligado a los Kirchner.

De esta manera, el tribunal actúa en línea con lo que ya había solicitado el fiscal Diego Luciani, que había pedido una pena de entre 6 a 15 años y la inhabilitación perpetua, lo que finalmente sucedió.

Es un derecho democrático fundamental que debe ser el propio pueblo trabajador el que debe elegir a sus representantes, y no la intromisión de la antidemocrática casta judicial.

Somos oposición por izquierda a este gobierno, pero defendemos que sea el pueblo trabajador quien elija a sus representantes y no los poderes fácticos por arriba, como la Justicia y los medios concentrados.

— Manuela Castañeira (@ManuelaC22) December 6, 2022

Entre la oposición de derecha que fantasea hace años con ver a Cristina tras las rejas por la «Corrupción K» y el kirchnerismo que denuncia «lawfare«, las interpretaciones de ambos lados de la «grieta» plantean de manera excluyente que se trataría o bien de un caso de corrupción, o bien de una persecución política contra CFK. Pero la realidad ha dado sobradas muestras de que ambas alternativas no tienen nada de excluyentes. Por el contrario, en el capitalismo argentino se encuentran históricamente imbricadas.

Pero lo que se puso en juego hoy va mucho más allá de un caso de corrupción o incluso de una disputa entre sectores del poder, aunque incluya todo eso: se trata de un intento de proscripción política que cercena el derecho de los trabajadores a elegir sus representantes, un grave antecedente para otros intentos de ataques antidemocráticos.