En medio de una coyuntura de ofensiva imperialista territorial-militar, contraofensiva del ultrarreaccionarismo y fracaso rotundo de la conciliación de clases, el escándalo del Banco Master abre una crisis político-institucional que, por ahora, tiene al Supremo Tribunal Federal en el centro, pero que golpea de lleno al gobierno Lula 3 y puede, con la delación premiada de Daniel Vorcaro, extenderse a las demás instituciones del régimen y conflagrar una crisis generalizada.

Traducido del portugués para el español por Víctor Artavia

Ofensiva imperialista que llama a la rebelión

La crisis abierta en Brasil con motivo de los fraudes del Banco Master y la red criminal de Vorcaro que involucra a todo un universo político-jurídico, no puede ser comprendida de forma aislada. La crisis nacional se inserta –y será cada vez más influida por ella– en un escenario internacional marcado por la polarización, división de la clase dominante internacional, tensiones geopolíticas, creciente inestabilidad y reconfiguración de las relaciones de poder entre las principales potencias, cambios provocados centralmente por el imperialismo trumpista.

El endurecimiento de la política exterior de Estados Unidos con el objetivo de recomponer una hegemonía en declive es un combo de proteccionismo económico, injerencia política y escalada territorial-militar –lógica evidenciada en el inédito tarifazo internacional, en los bombardeos de embarcaciones venezolanas, en el secuestro de Nicolás Maduro, en el corte del suministro de petróleo a Cuba y en el injustificable ataque militar de Estados Unidos e Israel a Irán.

Pero, al mismo tiempo que la nueva expresión del imperialismo estadounidense somete a regímenes más frágiles, como el del decadente chavismo, sin la ocupación militar directa, la guerra contra Irán evidencia los límites de un imperialismo territorial-militar que se demuestra carente de una estrategia consistente. La resistencia del régimen de los ayatolás –estamos del lado de la movilización de las masas contra ese odioso régimen, pero incondicionalmente contra la agresión imperialista-sionista– produce contradicciones que demuestran que el imperialismo puede ser derrotado.

La estrategia trumpista ha producido importantes efectos colaterales, como la inflación internacional de los combustibles, la regionalización del conflicto y la división inter-imperialista, con la OTAN negándose a participar directamente en la guerra en el Golfo Pérsico, por ejemplo. Por ahora, el gran ausente en este contexto inmediato –que puede volcar la balanza para imponer una derrota a la agresión imperialista-sionista– es un proceso de movilización popular contra el imperialismo y por la soberanía del pueblo iraní y libanés, ya que sus territorios vienen siendo brutalmente bombardeados por Israel, lo que tiene como consecuencia la muerte de miles de personas y el desplazamiento de millones.

En este escenario, la propuesta del gobierno Trump de clasificar facciones criminales latinoamericanas como “organizaciones terroristas” debe ser entendida como parte de un peligroso movimiento más amplio de legitimación de intervenciones políticas e incluso militares en toda la región. La posibilidad de encuadrar organizaciones criminales como “terroristas” es parte de la ofensiva de la extrema derecha internacional, que se apoya en la mayor potencia militar del planeta para pasar por encima de la soberanía popular, imponer gobiernos ultrarreaccionarios y políticas de supresión de derechos y libertades democráticas.

Al mismo tiempo, la coyuntura mundial también está atravesada por resistencias, contradicciones del imperialismo estadounidense y divisiones en el interior de la clase dominante internacional. Procesos de movilización social, huelgas obreras de contenido político y poderosos levantamientos populares en diferentes países indican que es posible derrotar la ofensiva imperialista.

Esa política del imperialismo estadounidense, asociada a recientes proyectos de ley en el Congreso brasileño, como el PL “Anti Facción”, que contiene dispositivos susceptibles de ser utilizados para la criminalización del movimiento social, puede convertirse en un instrumento contra movimientos sociales, organizaciones populares y cualquier forma de oposición. Sin embargo, esas luchas aún enfrentan límites importantes, tanto por la fragmentación de esos procesos como por la ausencia de direcciones políticas revolucionarias capaces de unificarlas en una alternativa anticapitalista y socialista. Es en este terreno contradictorio –de crisis geopolítica, polarización social, inestabilidad generalizada y resistencia popular aún fragmentada– que se inserta la coyuntura brasileña.

Una combinación entre financiarización, expoliación estatal y crimen organizado

Como ya señalamos en otras publicaciones, la crisis del Banco Master no es un accidente o desvío puntual del sistema financiero nacional. Expresa de forma concentrada una combinación entre financiarización, expoliación del Estado y crimen organizado.

En los últimos años, Master construyó su expansión meteórica apoyada en una ingeniería financiera que operaba con fondos dedicados al lavado de dinero, mecanismos de captación de dinero público –principalmente provenientes de bancos públicos y fondos de pensión dirigidos por partidos de la derecha y de la extrema derecha– y promesas de alta rentabilidad ancladas en el Fondo Garantizador de Crédito.

Esa ingeniería criminal fue camuflada durante un período debido a la participación de agentes públicos infiltrados en el Banco Central, además de contar con el apoyo de caciques políticos y de la cúpula del Poder Judicial. Pero, frente a operaciones policiales que revelaron el ecosistema entre el capital financiero y el crimen organizado incrustado en Faria Lima (nombre de la avenida donde se localiza el distrito financiero en São Paulo) y ante dudas sobre la real situación patrimonial de la institución y sobre su capacidad de liquidez, toda la pirámide se vino abajo. Y lo que podría ser apenas otro episodio de inestabilidad financiera, rápidamente asumió un carácter político de dimensiones más amplias y profundas que crisis anteriores.

La detención de Vorcaro y las primeras revelaciones sobre el esquema de Master, sacaron a la luz el típico funcionamiento de una mafia: amenazas e intimidación de periodistas, financiamiento de medios de comunicación e intento de influencia sobre decisiones institucionales, lo que indica una amplia y criminal articulación político-jurídico-empresarial.

Más que eso, todos los indicios de relaciones con funcionarios del Banco Central, con parlamentarios de diferentes partidos –principalmente los de la derecha– e integrantes del gobierno y del Poder Judicial, demuestran que el capital financiero y las organizaciones criminales están profundamente integrados al régimen político. Este cuadro se vuelve aún más grave, con consecuencias político-electorales, cuando se consideran las conexiones con la cúpula del Poder Judicial, a través de la corrupción de ministros de la más alta Corte.

El nivel de funcionamiento del esquema evidencia que estamos ante una estructura organizada de poder que probablemente no fue dirigida solo por Vorcaro. Estamos ante una estructura multifacética. No se trata apenas de un esquema de corrupción puntual, sino de la constitución de un mecanismo de poder interinstitucional que articula diferentes dimensiones –económica, político-jurídica y criminal– para atender intereses nada republicanos de las altas cúpulas del poder, de la voracidad financiera y del crimen organizado.

Aunque el escándalo de Master involucra al conjunto de las instituciones, adquiere una dimensión aún más explosiva al golpear de lleno a la cúpula del Poder Judicial. Informes de la Policía Federal señalan fuertes indicios de relaciones entre Vorcaro, Dias Toffoli y Alexandre de Moraes, involucrando transferencias millonarias del esquema mafioso a esos ministros.

Estas denuncias se suman a un proceso más amplio de polarización política que ya impacta la correlación de fuerzas político-electoral. Sabíamos que los límites de la condena del golpismo, dado que figuras políticas que apoyaron abiertamente la intentona golpista ni siquiera fueron imputadas, estaban ligados al carácter de clase de toda Corte Suprema de cualquier Estado burgués. Sin embargo, las denuncias de corrupción de los ministros del STF indican que el no procesamiento de políticos golpistas también puede tener relación directa con las relaciones criminales de los jueces con figuras como Ciro Nogueira –exjefe de la Casa Civil del gobierno Bolsonaro– y otros.

Por ahora, el STF es el principal foco, ya que se trata también de una crisis intra-institucional, pues existen divergencias dentro de la Corte sobre cómo conducir el proceso. Sin embargo, la situación es aún más grave. El hecho es que, para resolver la crisis, sería necesario el apartamiento de los ministros implicados y la apertura de un proceso de investigación de la Presidencia del STF, pero, por corporativismo reaccionario, una salida basada en un proceso transparente está, por ahora, lejos del horizonte.

Con el nivel de exposición del régimen que se está configurando, el caso Master tiene potencial para abrir una crisis generalizada, ya que la delación de Vorcaro tiene potencial para exponer todas las entrañas de esta ingeniería político-jurídico-empresarial criminal.

Pero, dependiendo de las propias instituciones del régimen, esta crisis tiende a ser contenida, desviada o administrada para no ir hasta el fondo. La única forma de impedir que este escándalo se transforme en una “pizza gigante” o en arsenal para la extrema derecha, es construir un proceso de movilización política directa para luchar por una salida que interese a los trabajadores –salida que no pasa por meras soluciones gubernamentales, economicistas o maximalistas, como hemos visto proponer a una serie de sectores de la izquierda.

Como repercusión político-electoral, las más evidente es la reducción de la diferencia de intención de voto entre Lula y Flávio Bolsonaro –la última encuesta dio 44% a 42% en un escenario de segunda vuelta, dentro del margen de error. El hecho es que se sumó a la mala evaluación del gobierno, además de los factores económicos y políticos preexistentes, la implicación del STF en el escándalo Master. Esto ocurre porque, en los últimos años, hubo un claro alineamiento del gobierno con el Poder Judicial federal y, por eso, en el imaginario popular el gobierno federal tiene su cuota de responsabilidad.

Sin embargo, este no es el único motivo: como gobierno burgués de conciliación de clases, que gobierna única y exclusivamente sobre la base de las instituciones del régimen, Lula, dentro de su lógica política inquebrantable, no puede hacer ninguna exigencia democrática al STF, pues evalúa que cualquier demanda de investigación transparente fortalecería a la oposición bolsonarista. Lula es rehén de la desmovilización popular creada por él mismo.

La posición de la izquierda frente a la crisis

Ahora pasemos a una breve apreciación de las posiciones de la izquierda frente al escándalo Master, desde la izquierda del orden (así se denomina a la izquierda reformista e institucional) hasta la izquierda revolucionaria. En el campo de la izquierda del orden –politicista y posibilista[1]– nos dedicaremos a la resolución presentada por la dirección del Partido de los Trabajadores (PT) y, en la izquierda socialista –marcadamente economicista y maximalista– tomaremos una nota del PSTU y otra del MRT (sección del PTS argentino en Brasil).

En la resolución del Ejecutivo Nacional del PT del 16 de marzo –que refleja la posición oficial del gobierno Lula–, tenemos una pieza de propaganda electoral que no señala salidas políticas concretas. El texto, de sesgo politicista[2], como es típico de este partido, no hace ningún análisis más estructural del escándalo de Master. Se dedica centralmente a decir que el caso expresa “dos proyectos distintos de nación en disputa”.

El partido afirma que el banco “fue fundado y operó libremente durante el gobierno Bolsonaro”, acumulando “fuertes indicios de gestión fraudulenta”, que tuvieron la connivencia de Roberto Campos Neto, presidente del Banco Central designado por Bolsonaro; critica la actuación de Paulo Sérgio Neves de Souza, director de fiscalización del BC, que actuó como consultor de Vorcaro, y afirma que el episodio revela “un sistema de relaciones promiscuas”.

Sin embargo, no dedica ni una palabra al involucramiento de dos ministros del STF en el escándalo ni hace ninguna propuesta de solución democrática popular para la crisis. Como se dijo, se trata de una pieza de propaganda que exalta las políticas de compensación social de Lula y que no presenta ninguna crítica a las contrarreformas, privatizaciones y proyectos reaccionarios que cuentan con la iniciativa o la complicidad del gobierno.

Minimalismo que desarma para aprovechar la crisis

La posición del PSTU, desarrollada en el artículo “Es necesario enfrentar a los gánsteres que dirigen el sistema capitalista”, tiene un sesgo marcadamente economicista. Los compañeros, a pesar de describir la crisis, limitan su análisis a los factores económicos y, como mucho, a los político-electorales.

Los compañeros hacen una descripción gris del proceso: consideran, básicamente, que el escándalo Master es la “mayor fraude bancaria de la historia del país, que supera los 40 mil millones de reales en perjuicio”; que este esquema “revela, sobre todo, la promiscuidad de todos los poderes con el sistema financiero”; que la burguesía se beneficia de “las más altas tasas de interés del mundo y de una política económica de austeridad y marco fiscal impuesta por el gobierno Lula y apoyada por la extrema derecha y el Centrão[3]”; que la crisis política “se suma a un creciente descontento con las condiciones de vida de la clase trabajadora y de la mayoría de la población”; y que “arma a la extrema derecha hasta el punto de que el insulso Flávio Bolsonaro empata en las encuestas con Lula en la segunda vuelta”. Sin embargo, dejan de señalar un factor fundamental: que el escándalo Master abre una coyuntura política mucho más dinámica y peligrosa que, con movilización, puede ser aprovechada por la clase trabajadora; sin lucha en las calles, la disputa quedará restringida al marco de las penurias entre el lulismo y el bolsonarismo.

Esta limitación analítica se expresa también en la forma en que abordan al PSOL. La crítica a ese partido –que, a pesar de mantenerse fuera de la Federación con el PT, sigue sosteniendo una política campista al permanecer en el interior del gobierno burgués de conciliación de clases de Lula y dar apoyo práctico a sus políticas liberales y reaccionarias, como en el caso del decreto de privatización de los ríos Tapajós y Tocantins– es, en sí, correcta. Sin embargo, permanece insuficiente, pues se limita a elogiar la lucha indígena en defensa de los ríos y a convocar la lucha contra la jornada 6×1, sin extraer las conclusiones estratégicas necesarias para enfrentar el régimen y sus mediaciones.

A partir de ahí se crea un terrible foso entre las reivindicaciones inmediatas y las transicionales; como salida política, los compañeros proponen abstractamente “construir y fortalecer un proyecto de clase, realmente antisistema, revolucionario y socialista, que presente un programa concreto para los problemas de la clase trabajadora y de los sectores más oprimidos y marginados” a través del programa electoral de la candidatura presidencial de Hertz Dias. Es decir, los compañeros se limitan a presentar banderas económicas que, por más importantes que sean, aparecen totalmente desconectadas de la realidad política coyuntural. No se presenta ninguna medida para movilizar a los trabajadores a fin de enfrentar políticamente una de las mayores crisis político-jurídico-financieras del país.

Maximalismo que no aprovecha el potencial de movilización

Si la política del PSTU está marcada por el minimalismo en relación con la crisis del escándalo Master, la del MRT, presentada en el artículo “Entre la escalada imperialista y la crisis política del régimen brasileño”, tiene nítidos rasgos maximalistas. El análisis de los compañeros pasa por la descripción de que el escándalo Master revela “una red de relaciones entre el sistema financiero, el Poder Judicial y diversos sectores del régimen político”, golpea al gobierno Lula porque “el Supremo Tribunal Federal es percibido por gran parte de la población como aliado del gobierno tras haber conducido el proceso que llevó a la prisión de Bolsonaro”, el debilitamiento electoral del lulismo se da porque “el gobierno de Frente Amplia no solo mantuvo, sino que fortaleció los pilares del bolsonarismo”, y la población “no percibe una mejora significativa en su vida cotidiana”.

Pero, a pesar de ello, el “país también está atravesado por luchas importantes” que no se desarrollan por la “actuación de las burocracias sindicales y por la falta de articulación política más amplia, promovida por esas mismas burocracias que blindan al gobierno”.

Ante la descripción de la crisis del régimen generada por el escándalo Master, la conclusión de los compañeros es que es “necesaria la construcción de una salida política de los trabajadores y de las grandes masas populares en enfrentamiento con el imperialismo”, pero lo hacen sin señalar cuáles son los “eslabones débiles de la cadena” de la crisis política que pueden ser aprovechados por la clase trabajadora; como resultado de este abordaje analítico abstracto, la política sigue la misma lógica.

Tras la crítica al mantenimiento de la línea campista del PSOL y a su consecuente integración al gobierno Lula y al régimen, incluso con la derrota de la táctica de Guilherme Boulos de llevar a ese partido a la federación con el PT, los compañeros del MRT presentan como política la necesidad de “poner en el orden del día la convocatoria de una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana” de forma totalmente desconectada de las tareas políticas más inmediatas, sin ningún sistema de consignas que pase de lo inmediato a lo mediato.

Ni minimalismo ni maximalismo

El escándalo Master, dentro de una situación más general de polarización política nacional de carácter estructural, abre una coyuntura de crisis política en el Poder Judicial que puede extenderse a todas las instituciones del régimen. Una crisis que no admite salidas minimalistas ni maximalistas, sino un sistema de consignas que aproveche los eslabones frágiles del régimen que esta crisis ha abierto. En el Programa de Transición, Trotsky afirmaba que “es imposible rechazar pura y simplemente el programa democrático: es necesario que las propias masas lo superen en la lucha.”

Las tareas democráticas más generales como alternativa de poder, como la Asamblea Constituyente, necesitan contar con un nivel de movilización nacional del que aún no disponemos; es necesario partir, entonces, de tareas más inmediatas, de modo que puedan responder a las necesidades concretas e impulsar la movilización. Este es otro criterio sobre el cual Trotsky insiste sistemáticamente en El Programa de Transición y que es común a todos los clásicos del marxismo militante. Así, lanzar simplemente la consigna de Asamblea Constituyente, desligada de un contexto de ascenso de las luchas, es una abstracción que no contribuye a politizar y, mucho menos, a movilizar.

El criterio de la política leninista es elevar políticamente a la clase trabajadora al nivel de la lucha política, y existen momentos, como el actual, que son extremadamente propicios. Mientras el PSTU se conforma con el minimalismo economicista de apenas llamar a la lucha contra la jornada 6×1, el MRT se conforma con el maximalismo politicista de llamar a la Asamblea Constituyente desconectada de las tareas político-democráticas inmediatas. Tenemos una visión totalmente distinta de ambos sectores.

Todo fuera de la movilización de la clase trabajadora es ilusión. No puede ser secreto de Estado las investigaciones sobre Master; es necesario luchar para que toda la información que interese al público sea puesta a disposición. Además, todos los ministros, parlamentarios y altos funcionarios que estén mencionados deben ser inmediatamente apartados e investigados. No confiamos en las instituciones del régimen; es necesario luchar por la creación de una Comisión Independiente de Juristas que sea elegida en Asambleas Populares ampliamente convocadas por las centrales sindicales y los movimientos de masas para que tenga total acceso a las investigaciones.

Lógicamente, estas consignas se suman a las tareas económicas de luchar contra la jornada 6×1, en defensa de los derechos de los repartidores por aplicación y por la derogación de las contrarreformas que están siendo aprobadas en el Congreso Nacional. Todo esto con la perspectiva de crear un proceso de movilización por un Plan Político-Económico de los Trabajadores.

[1] “El término “posibilismo” se remonta a finales del siglo XIX, con los llamados posibilistas franceses, dirigidos por Paul Brousse, que defendían la limitación de la acción socialista a las reformas inmediatas y factibles dentro del orden parlamentario.

Esta concepción operaba una contraposición mecánica –y, en muchos aspectos, reaccionaria– entre reforma y revolución, siendo duramente criticada por Engels, y posteriormente por Rosa Luxemburgo, Lenin y Trotsky.Ya en el siglo XX, el posibilismo fue ampliamente adoptado, más allá de la socialdemocracia, por los partidos “comunistas” bajo dirección estalinista, principalmente a través de los llamados “frentes populares”, presentados como instrumentos de combate al fascismo. Esta orientación fue determinante para la derrota de revoluciones socialistas como la de España en los años 1930, abriendo el camino para la victoria de la contrarrevolución liderada por Franco. Países como Grecia e Italia también vieron sus posibilidades revolucionarias ser bloqueadas por esta misma política, cuyas consecuencias históricas siguen pasando factura hasta hoy” (Assad, Renato. Boulos en el gobierno: notas sobre la rendición final del PSOL. Disponible en: https://esquerdaweb.com/boulos-no-governo-notas-sobre-a-rendicao-final-do-psol/#_ftn16.).

[2] En el marco del marxismo, el politicismo designa una deformación de la práctica política que consiste en autonomizar la esfera institucional –el Estado, las elecciones y las disputas entre fracciones de las élites– de las determinaciones materiales de la lucha de clases, desplazando el eje de la acción política de la movilización independiente de los trabajadores hacia el interior de las instituciones del régimen.

Se trata de una perspectiva que sobreestima las maniobras tácticas, las alianzas parlamentarias y la gestión del Estado como vías privilegiadas de transformación, alimentando la ilusión de que es posible alterar sustantivamente la realidad social sin enfrentar las relaciones de producción capitalistas.

Al hacerlo, el politicismo tiende a reducir la política a un juego de cúpulas, vaciando el papel de la acción directa y de la autoorganización de las masas y, en última instancia, conduciendo a la adaptación a las reglas y límites del propio Estado burgués.

[3] En Brasil se denomina como Centrão a un conjunto de partidos “fisiológicos”, es decir, que no tienen un claro programa político y cuya actividad pasa por colocar sus votos en el Parlamento al servicio del gobierno de turno, a cambio de recursos estatales para su base electoral y prebendas personales. Anteriormente, fueron base del gobierno de Bolsonaro y hoy lo son de la administración de Lula (Nota de V.A.).