La Corte Suprema sabe muy bien lo que está haciendo cuando habilita a Milei a imponer la venta de tierras de manera ilimitada. Milei había intentado derogar la Ley de Tierras Rurales en el famoso DNU 70/2023, luego judicializado por su carácter aberrantemente anti – constitucional. Fue esa judicialización lo que le impuso a Milei que tenga que tratar de hacerlo pasar por ley en la famosa «Ley de Inviolabilidad de la Propirdad Privada«. No había pasado por decreto ni por ley, y ahora la Corte lo hace pasar por resolución judicial, habilitando el decreto de Milei del 2023.

«Escandaloso fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de Milei y de la extranjerización sin límites de las tierras» lo repudió Manuela Castañeira. «Un intento de pasar por arriba de la movilización popular que ya dijo que nuestra soberanía no se toca y de tirarle un salvavidas a un gobierno cada vez más impopular. Les responderemos en las calles, como hicimos cada vez que quisieron avasallar nuestros derechos, para tirar abajo este fallo nefasto.»

Escandaloso fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de Milei y de la extranjerización sin límites de las tierras. Un intento de pasar por arriba de la movilización popular que ya dijo que nuestra soberanía no se toca y de tirarle un salvavidas a un gobierno cada vez más… pic.twitter.com/Q5xUoZc20V

— Manuela Castañeira (@ManuelaC22) September 30, 2026

La Ley 26.737 de Tierras Rurales fue promulgada en diciembre de 2011 y básicamente limita la cantidad de tierras que pueden estar en manos de ciudadanos o empresas extranjeras.

Se trata de una regulación elemental para proteger la soberanía del país sobre su territorio frente a los intereses de las potencias imperialistas extranjeras. Según la ley derogada anoche, ni los territorios nacionales ni provinciales pueden estar en manos de propietarios extranjeros en un porcentaje superior al 15% del total.

Además, el texto establecía un límite de 1000 hectáreas por titular extranjero en la llamada «zona núcleo» de la producción agrícola del país y creó un Registro Nacional de Tierras Rurales, dependiente del Ministerio de Justicia, con el objetivo de relevar la información sobre la propiedad de la tierra en el país.

Según los últimos datos recabados por dicho organismo, Salta lidera el ranking de provincias con mayor cantidad de tierras en manos extranjeras, con el 11.56%. Le siguen las provincias de Misiones (11.07%), San Juan (10,4%), Corrientes (9,8%) y Mendoza (9,1%). A la fecha, ninguna supera el límite del 15% que fija le Ley.

La nacionalidad extranjera más común de poseedores de tierras rurales en Argentina es la estadounidense, seguida de la italiana y la española.

La derogación de dicha ley es un sueño hecho realidad para magnates como el inglés Joe Lewis, dueño de una estancia de más de 10.000 hectáreas en la Patagonia entra las que se encuentran la privatización del Lago Escondido. Si Lewis pudo hacer eso al margen de la ley, ahora que la legalidad los avala la extranjerización y concentración de la tierra puede multiplicarse a niveles históricos.

Y la venta irrestricta podría tener consecuencias todavía más graves en relación a las tierras con recursos minerales o fuentes de agua potable. El “programa” económico de Milei apunta a reprimarizar la economía argentina y posicionar al país como un exportador de materias primas en las ramas de hidrocarburos y minerales. A eso apuntan los privilegios para los grandes capitales contenidos en el RIGI y el Súper RIGI.

El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada va más allá. No les ofrece simples exenciones impositivas, sino la posibilidad de poseer grandes fuentes de materias primas estratégicas, bajo un marco legislativo de salvaguarda de la propiedad privada como término absoluto. Significaría subir un escalón abrupto en la extranjerización de la tierra y los recursos del país. Actualmente, ya existen empresas extranjeras que operan grandes porciones de suelo, pero lo hacen generalmente bajo un régimen de concesiones, no bajo una relación de propiedad directa. Es el caso del grupo chino High Luck, dedicado a la extracción de petróleo y gas, que opera más de un millón de hectáreas concesionadas por propietarios privados en Salta. Es el prototipo de funcionamiento de las grandes corporaciones mineras que operan en el país. La empresa concesiona un territorio, lo vacía de recursos y extrae las ganancias hacia el exterior. La modificación de la Ley de Tierras le daría a estos sectores el control absoluto (propietario) de esos recursos, eliminando mediaciones.

Lo propio podría pasar en relación a otros sectores, como la exploración de tecnologías relacionadas al desarrollo de IA. Lo que se trasluce tras las relaciones carnales de Milei con grandes capitalistas del sector como Peter Thiel, es la idea de utilizar tierras argentinas para el establecimiento de data centers. Estas instalaciones requieren climas fríos y una abundante cantidad de agua potable para funcionar. La Patagonia argentina reúne ambas cualidades. La modificación de la Ley de Tierras abre la puerta para entregarle en bandeja pedazos de país a uno de los sectores más reaccionarios (y con delirios distópicos) de la burguesía internacional, que coquetea cotidianamente con el umbral de degradación y destrucción de lo humano.