Texto original en portugués, traducido al español por Víctor Artavia
“La tarea inmediata de la vanguardia consciente del movimiento obrero internacional, es decir, de los partidos, grupos y tendencias comunistas, consiste en saber llevar a las amplias masas (hoy todavía, en su mayor parte, soñolientas, apáticas, rutinarias, inertes, adormecidas) a esta nueva posición suya, o, mejor dicho, en saber dirigir no solo el propio partido, sino también a estas masas, en la marcha encaminada a ocupar esa nueva posición. Si la primera tarea histórica (atraer a la vanguardia consciente del proletariado hacia el poder soviético y la dictadura de la clase obrera) no podía resolverse sin una victoria ideológica y política completa sobre el oportunismo y el socialchovinismo, la segunda tarea, que ya es inmediata y que consiste en saber dirigir a las masas hacia la nueva posición, capaz de asegurar la victoria de la vanguardia en la revolución, no puede resolverse sin liquidar el doctrinarismo izquierdista, sin superar completamente sus errores, sin deshacerse de ellos”. (V. Lenin – El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo)
El pasado domingo, 30 de marzo, hubo protestas por la detención de Bolsonaro en varias ciudades del país, lo que fue un acontecimiento importante dada la necesidad histórica de movilizar en las calles exigiendo la prisión de Bolsonaro y de todos los golpistas, del presente y del pasado. Aunque fue dirigido por sectores vinculados al gobierno federal, estas movilizaciones reunieron a sectores independientes y se confirmó que es posible disputarlos políticamente. Para ello es necesario que la izquierda revolucionaria supere el abstencionismo y luche para movilizar en las calles con un programa, una táctica y de forma independiente.
Estamos ante un escenario de doble crisis política nacional; por un lado, la que atraviesa el gobierno y, por otro, la de la extrema derecha con el procesamiento de Bolsonaro. Por ese motivo, la extrema derecha está a la defensiva, con Bolsonaro en el banquillo de los acusados y con poco apoyo en las calles.
En este contexto, fue convocado un acto el pasado domingo (30 de marzo) en todas las capitales del país por la detención de Bolsonaro y el fin de la amnistía, organizado por el “Frente Povo sem Medo” (Frente del Pueblo sin Miedo, liderado por el PSOL) y el Frente Brasil Popular (liderado por el PT).
En São Paulo, la manifestación comenzó en la Plaza Oswaldo Cruz y terminó en el antiguo DOI-CODI (Destacamento de Operaciones de Información – Centro de Operaciones de Defensa Interior), uno de los principales órganos de represión de la dictadura militar, responsable de perseguir, encarcelar, torturar y ejecutar a líderes sindicales, activistas y trabajadores durante la dictadura. Hoy, el edificio es una comisaría de policía.
A la manifestación en São Paulo asistieron unas 7.000 personas. A pesar de ser liderada por el lulismo, estar algo dispersa y con poca presencia de jóvenes, mostró una reserva de combatividad con la participación de sectores independientes, cuyo centro político fue la defensa de la prisión de Bolsonaro y no sólo la amnistía a los golpistas.
A pesar de su dirección y sus límites programáticos, la marcha fue ruidosa, festiva y muy dinámica: una demostración real de sectores populares y de vanguardia que marcharon con el objetivo de meter preso a Bolsonaro y a todos los golpistas. De esta forma, el acto fue una oportunidad para luchar por un cambio en la correlación de fuerzas, poniendo en acción la táctica de la unidad de acción para enviar a la prisión a Bolsonaro y, así, derrotar categóricamente a la extrema derecha.
Sin embargo, para evitar enfrentarse al “Centrão”[1] y a la clase dominante, la dirección lulaista no apuesta por esta táctica. Por diferentes razones, el mismo abstencionismo se da en varias organizaciones de izquierda (PSTU y MRT), que por su economicismo, sectarismo y esquematismo no apuestan por esta táctica: se puede perder una oportunidad histórica.
Memoria y justicia en una nueva etapa de la lucha de clases
Por todo ello, finalmente, este juicio, esta condena, son importantes y necesarios para las víctimas que reclaman y los sobrevivientes que merecen esta reparación (…)
Los argentinos hemos tratado de obtener la paz, fundándola en el olvido y fracasamos; ya hemos hablado de pasadas y frustradas amnistías. Hemos tratado de buscar la paz por vía de la violencia y del exterminio del adversario y fracasamos; me remito al período que acabamos de describir. A partir de este juicio y de la condena que propugno nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última. (Julio Strassera, 24/3/1985)
El mundo actual es explosivo. Vivimos en un escenario global de emergencia de una nueva totalidad política, económica y social; una nueva etapa en la lucha de clases, como hemos discutido en varios textos. Al ritmo desigual y combinado de la historia, estamos viendo el resurgimiento de viejas dinámicas geopolíticas: el retorno del imperialismo con más características de conquista militar territorial (colonialismo). Esta política está siendo llevada a cabo por el reaccionario gobierno de Trump, que pasa a la ofensiva como reacción al avance del nuevo imperialismo en construcción chino, la presión “colonial” o de extensión territorial rusa (un imperialismo en reconstrucción) y otros procesos que hacen que el papel hegemónico de EEUU esté profundamente cuestionado. Han vuelto las fronteras y el proteccionismo comercial, y la idea de un mundo globalizado en el que las leyes del mercado priman sobre los intereses geopolíticos de los Estados entró en decadencia. La extrema derecha avanza en todo el mundo, mientras asistimos a la destrucción de la naturaleza, que se siente con mayor intensidad en los últimos años. Están en curso guerras de procuración donde intervienen los imperialismos, como la de Ucrania (que tiene un doble carácter, dado que también es una guerra de liberación nacional), y cada día presenciamos el genocidio del pueblo palestino en Gaza.
Todo ello confirma que no estamos en un periodo de normalidad democrática -de atenuación de las contradicciones metabólicas del capitalismo-; y sí en uno de mayor polarización política y social. La ideología de la extrema derecha no surge de la nada, sino del fracaso de los gobiernos burgueses “normales” o de conciliación de clases. Esta es una forma que tiene el capital y sus personificaciones de intensificar los procesos más coercitivos en la lucha de clases, porque ante la crisis cada vez más sistemática y destructiva del capital, es necesario, en su lógica, aumentar la explotación del trabajo y reprimir las respuestas de los de abajo de forma cada vez más violenta.
En este sentido, la ideología de extrema derecha, sus movimientos y gobiernos juegan un papel de oposición al desarrollo de formas organizativas de lucha de la clase trabajadora, es decir, al fortalecimiento de los sindicatos, las huelgas sindicales y políticas, y los levantamientos/rebeliones populares que provocan cambios de organización y de conciencia frente al capitalismo.
Un ejemplo de esta dinámica se dio en América Latina y el llamado Sur Global a mediados del siglo pasado. La “amenaza comunista” -en realidad movimientos de liberación nacional o anticoloniales que podían evolucionar hacia procesos revolucionarios- llevó a EEUU a conspirar con las clases dominantes locales y los militares para instaurar dictaduras por toda la región, incluso en Brasil. En este sentido, los militares brasileños no actuaron solos, sino que contaron con el apoyo de los países imperialistas, de otras dictaduras latinoamericanas, de empresas multinacionales y de empresarios brasileños que financiaron los centros de detención y tortura.
Durante este periodo, miles de personas fueron desaparecidas, asesinadas, torturadas y despedidas por sus convicciones políticas y su lucha. Además de la persecución de los partidos de la oposición, especialmente los de la izquierda revolucionaria y de los sindicatos, se puso fin al derecho de organización y movilización sindical, lo que condujo a uno de los períodos de mayores recortes salariales y corrupción en nuestro país. Eso se produjo porque, en el terreno de la lucha de clases, la economía no está desconectada de la política. La economía no flota en el aire, es llevada a cabo por agentes del mercado y del Estado impulsados por ideologías, programas, tácticas y organizaciones.
Procederemos a contrastar los casos de dos dictaduras que se desarrollaron de forma diferente: Brasil y Argentina.
La dictadura en la Argentina fue una de las más sangrientas de la región, con más de 30.000 muertos y desaparecidos durante los siete años del régimen cívico-militar: ¡un auténtico genocidio! Otro rasgo oscuro de este periodo fue el secuestro de bebés, hijos de las víctimas de la represión que eran adoptados por familias de militares.
Además de guerrilleros, entre las víctimas había intelectuales, estudiantes y miembros de organizaciones sindicales que se oponían al régimen. La represión golpeó duramente a la vanguardia. De este proceso destacó el movimiento de Madres de Plaza de Mayo, creado en 1977 como un movimiento de denuncia de los crímenes de la dictadura militar que tuvo repercusión internacional.
La democratización (burguesa) comenzó con el gobierno de Alfonsín (1983-1989), que derogó la Ley de Amnistía del régimen y permitió juzgar a militares por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, la Ley de Punto Final, aprobada en 1986, sancionó la impunidad, paralizando los procesos judiciales. Este panorama volvió a cambiar con la amplia movilización social por la memoria y la justicia que consiguió anular la ley, permitiendo la reapertura de las causas y dando lugar a unas 200 condenas hasta 2017, incluida la cadena perpetua del ex dictador Videla.
La victoria contra la amnistía a los golpistas y asesinos -conseguida a través de la lucha en las calles- fue un factor que fortaleció las luchas democráticas y a la izquierda en Argentina, con repercusiones históricas para la lucha de clases del país y, en este sentido, un modelo e inspiración para todo el mundo. Nuestro país vecino cuenta con un historial de grandes y explosivas movilizaciones callejeras, por lo que han conseguido importantes victorias, como el derecho al aborto en 2020, y movilizaciones estudiantiles con ocupaciones de universidades contra la “ley ómnibus” de Milei. Además, cada año, el 24 de marzo, cientos de miles de personas salen a la calle en memoria de las víctimas de la dictadura y, recientemente, contra el avance de la extrema derecha de Milei y Bullrich.
Por otro lado, la redemocratización en Brasil, después de 21 años de sangriento régimen dictatorial – como es común en la dinámica de transformación política en el país – estuvo extremadamente mediatizada por los intereses de la clase dominante, aunque el proceso de movilización de masas también permitió la creación de un fuerte movimiento sindical y político, pero que hoy se encuentra categóricamente adaptado a los imperativos del capitalismo y del gobierno de Lula. La transición, por tanto, estuvo tutelada por las estructuras del régimen, fue «lenta, gradual y segura» (jerga utilizada por los jefes de la dictadura como Geisel y Golbery). Como resultado, ningún militar ni empresario golpista fue al banquillo de los acusados.
La no persecución de la extrema derecha en la época no sólo afectó subjetivamente a los movimientos de izquierda, sino que mantuvo vivas (¡hasta de día de hoy!) en el Estado brasileño las estructuras en que se fundó la dictadura, como los Tribunales Militares, la repugnante Policía Militar y toda la ideología de que en 1964 hubo una “revolución” en defensa del país y otras barbaridades. La justicia militar, representada por el Superior Tribunal Militar (STM), es uno de los símbolos más claros de este ciclo histórico de amnistía. Además de su baja demanda procesal, su costo exorbitante revela un privilegio institucional injustificable. Aún hoy, la existencia de este tribunal refuerza la lógica de autoprotección de las Fuerzas Armadas y de la Policía Militar, dificultando su responsabilización por crímenes. Los acontecimientos del 8 de enero de 2023 demuestran el peso que las instituciones heredadas de la dictadura militar tienen en la política nacional y, en consecuencia, la urgencia de luchar para acabar con cualquier vestigio de tutela militar sobre el poder civil y la capacidad institucional de intervenir contra la clase trabajadora, sus luchas y organizaciones.
La militarización de la seguridad pública es otro vestigio de la dictadura que persiste. Basada en la Doctrina de Seguridad Nacional, la Policía Militar (PM) fue instrumentalizada para combatir a los «enemigos internos», asumiendo un papel de represión política y social. Durante la década de 1970, la Policía Militar consolidó prácticas violentas, especialmente en las periferias y contra los opositores al régimen. La Constitución de 1988, aunque restauró la democracia burguesa, no rompió con ese modelo, manteniendo la estructura militarizada de la policía, que hoy es extremadamente violenta, emplea métodos de ejecución y tortura a diario y lleva a cabo un proyecto de necropolítica de la clase trabajadora negra en las periferias.
Brasil aún vive con las pesadas sombras de su pasado autoritario. La impunidad de los agentes de la dictadura permitió que sus prácticas se reciclen y se adapten al presente. Por eso, además de la detención de Bolsonaro y de todos los golpistas de ayer y de hoy, es necesario exigir el fin de los tribunales militares y de la PM como una de las condiciones centrales para avanzar en la lucha de clases y superar este régimen político -y Estado- de los ricos, siempre dispuesto a atacar cualquier derecho democrático de los trabajadores y de los oprimidos.
Bolsonaro en el banquillo de los acusados
Los golpes de Estado de nuestro tiempo tienen una novedad: no ocurren sólo con tanques en las calles, sino también como un proceso gradual de “cierre del régimen”[2] a través de sus propias instituciones. De este modo, el «Capitolio brasileño» fue una acción más para mantener movilizado a un movimiento de extrema derecha que cuenta con el apoyo de empresarios, parlamentarios, funcionarios gubernamentales y una red internacional.
El 26 de marzo, la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) decidió, por unanimidad, acusar al expresidente Jair Bolsonaro, junto con otros siete acusados, por el caso del intento de golpe del 8 de enero. Con esta decisión, el proceso avanza de la fase de investigación y acusación a la etapa de juicio penal.
Sin duda, el panorama político y jurídico de Brasil se enfrenta a un momento histórico. La posibilidad de que un expresidente y militares sean condenados por intento de golpe de Estado es inédita en la historia de la democracia burguesa brasileña y no puede ser desaprovechada políticamente, como viene haciendo la izquierda brasileña, tanto la reformista como la mayor parte de la izquierda independiente.
Sin embargo, el castigo al expresidente Jair Bolsonaro y a los implicados en la intentona golpista no está garantizado sólo por el avance de las investigaciones y del sistema judicial. A pesar de la confianza de una parte de la izquierda – tanto institucional como revolucionaria – en que Bolsonaro será castigado, no hay certeza de que esto ocurra sin la presión extraparlamentaria, es decir, desde las calles. Las instituciones ya empiezan a dar señales de que se está construyendo un pacto que no castigará ejemplarmente a los golpistas (por ejemplo, la PGR decidió no denunciar a Bolsonaro por la falsificación de certificados de vacunación y otras atrocidades cometidas durante la pandemia) y no está descartado que avance en el Congreso una ley para amnistiar a los golpistas del 8 de enero -especialmente a Bolsonaro-.
Esto significa que sólo una movilización de masas puede garantizar que los criminales rindan cuentas realmente, que los castigos no sean blandos, que todos los responsables sean realmente castigados y sus bienes confiscados. Sólo así podrá evitarse que, a corto plazo, se produzcan nuevos golpes de Estado.
La izquierda del orden, PT, PCdoB, PSOL[3] y sus satélites, tienen el papel de desmovilizar conscientemente la lucha en las calles y apostar exclusivamente por las instituciones burguesas del Estado (con los interlocutores legales de la clase dominante). El propio presidente Lula, en una entrevista con Kennedy Alencar (periodista brasileño), dijo al respecto de la memoria de la dictadura: «Sinceramente, no voy a insistir en ello y voy a intentar sacar adelante este país».
Así, cuando se presenta la oportunidad de colocar a Bolsonaro tras las rejas, la izquierda gobernante adopta la postura de no llamar a la lucha en las calles, apostando sólo en las negociaciones y en la burocracia del sistema judicial. Esta es una posición extremadamente oportunista y traidora: un crimen político contra la clase trabajadora del país. Este sector, que encabeza las principales centrales sindicales, la UNE (Unión Nacional de los Estudiantes) y diversos movimientos sociales, se limita a llamar a actos protocolares, que no son realmente organizados, dejando el castigo a Bolsonaro en manos del STF, a pesar de los ejemplos históricos sobre la importancia de mantener el movimiento de masas en las calles contra la extrema derecha.
En este sentido, debe quedar claro el carácter liberal-social del gobierno Lula-Alckmin. Las contrarreformas de Temer y Bolsonaro, mantenidas y complementadas por el actual gobierno -laboral, pensiones, el antiguo y el nuevo techo o límites de gastos, así como el paquete fiscal- imponen una única alternativa a las generaciones más jóvenes: trabajar e intentar sobrevivir para garantizar la recuperación de la riqueza de los más ricos. Es una combinación de desmovilización consciente, populismo y una agresiva agenda económica que mantiene la pésima calidad de vida de las clases trabajadoras.
En nombre de una vaga defensa de la democracia, el gobierno ofrece lo que exige la élite, mientras desatiende las necesidades básicas de los trabajadores y los oprimidos. Es en este escenario que surge la posición del frenteamplismo. Contradictoriamente, este sector afirma y repite incesantemente que estamos luchando contra el «fascismo», por lo que sería justificable tanto formar una alianza con la derecha como tomar medidas contra la clase obrera, las mujeres, los explotados y los oprimidos para conseguir apoyo para el gobierno frente a una supuesta amenaza fascista.
En primer lugar, históricamente no se puede luchar contra la extrema derecha sólo mediante elecciones y reivindicaciones y políticas de la derecha; al contrario, hay que sacar el movimiento de masas a la calle y tensionar la lucha política hacia la izquierda. Pero también hay que preguntarse: ¿estamos realmente en un periodo fascista (de derrotas históricas) como en los años 30, tal como afirma uno de los principales dirigentes del PSOL, Valério Arcary?
Esta posición, además de deshonesta, es oportunista. Nos parece que no hay una situación en la que el fascismo ya se haya impuesto; no vemos una derrota histórica del movimiento obrero, ni la confirmación de la extrema derecha como movimiento de combate de masas, ni el fin del pluripartidismo, ni mucho menos la sistematización del encarcelamiento y asesinato de opositores políticos, la censura de prensa y el exilio. Es cierto que el bolsonarismo y la extrema derecha están en auge en todo el mundo, no podemos subestimarlos, un régimen autoritario/contrarrevolucionario es un riesgo real, pero no es una realidad en la mayoría de los países hoy en día, y hay un importante proceso de resistencia a la extrema derecha en muchos lugares.
Por lo tanto, es necesario presionar a las direcciones para que rompan con su inmovilismo y construyan un calendario masivo de luchas por la prisión de Bolsonaro y de todos los golpistas, por el fin de los tribunales militares y de la policía militar. La CUT, la CTB y las principales centrales sindicales, así como el movimiento estudiantil y el resto de movimientos sociales, deben llamar a sus bases para movilizarse y derrotar a los golpistas a través de las calles, y no a través de la superestructura.
¡Marchar por separado, golpear juntos! ¡Exigir la detención de Bolsonaro y de todos los golpistas en las calles, sin confianza en el gobierno y en la burguesía!
Además del oportunismo de la izquierda del orden, sectores de la izquierda revolucionaria sostienen una posición absurdamente abstencionista ante la posibilidad histórica de encarcelar a los golpistas: aquí debatimos también con el MRT (grupo del PTS en Brasil) y el PSTU y su política sectaria ante la situación.
Las dos organizaciones se posicionan de forma abstencionista, sectaria y economicista en el debate sobre la prisión de Bolsonaro y los golpistas. aunque de forma diferente. En lo que respecta al PSTU, fue difícil encontrar en su portal de noticias alguna mención a Bolsonaro y a los recientes acontecimientos descritos anteriormente, sin embargo, en una asamblea del curso de Letras de la USP, donde su juventud (Rebeldía) dirige el Centro Académico (representación gremial de los estudiantes), se abstuvieron, sin dar mayores explicaciones, en la votación de la propuesta presentada por ¡Ya Basta! para que los estudiantes del curso se unieran al acto del 30 de marzo.
Como mencionados previamente, el economicismo del PSTU se combina con el sectarismo frente a las tareas de nuestro tiempo. Con respecto a la construcción de una oposición de izquierda al gobierno de Lula, lo afirman de la boca para afuera, pero sus palabras no se sostienen, porque en la práctica se niegan a formar un frente único con las demás fuerzas de la izquierda independiente para construir esta oposición en el terreno. En una postura irresponsable, ignoran que estamos en una situación que demanda la formación de frente únicos, razón por la cual disolvieron el Polo Socialista Revolucionario en 2022. No hay ninguna perspectiva real de que estos camaradas construyan frentes políticos o de lucha en la calle; su línea política no pasa de palabras vacías, mientras tenemos al frente la lucha por serias tareas democráticas.
Por otro lado, está la posición abiertamente en contra de pedir la prisión de Bolsonaro y todos los golpistas de ayer y hoy por parte del MRT. Afirman que pedir que lo encarcelen es confiar en la justicia burguesa, por lo que se abstuvieron de construir y participar en la acción del día 30. Como consecuencia de esta política sectaria, el MRT y su organización juvenil, Faísca (Chispa), abordan el enfrentamiento con la extrema derecha de forma abstracta y vacía. Piden que se “castigue” a los golpistas, pero sin profundizar en la naturaleza de ese castigo. Queda por ver si Bolsonaro irá al paredón o al arresto domiciliario en las Vivendas da Barra (Condominio de lujo donde reside Bolsonaro)… Aunque este sea nuestro horizonte estratégico, no hay un escenario de cristalización del poder dual en Brasil, ni tribunales populares. La posición del MRT, contrariamente a lo que dicen, da como resultado ausentarse de las calles y entregar al poder judicial la posibilidad de imponer medidas indulgentes a los implicados en la intentona de golpe de Estado el 8 de enero. Contrariamente a esta metodología de distracción (en forma de estratagemas), siempre es necesario actuar en el terreno concreto de la lucha de clases.
En la lucha contra la extrema derecha y su máxima expresión actual, el neofascismo (un movimiento todavía muy heterogéneo), existe la necesidad histórica de formar un frente único para luchar en las calles (diferente de construir frente amplias electorales con la burguesía “democrática”) y la unidad de acción, dos tácticas que deben combinarse astutamente en este momento.
El frente único contra el neofascismo, tal como expuso Trotsky, es una estrategia que busca unir a las distintas corrientes del movimiento obrero, incluidas las organizaciones reformistas, para hacer frente a la amenaza fascista. Trotsky argumenta que, aunque existen diferencias estratégicas entre los revolucionarios y los reformistas, unir a estos sectores en las calles fortalece al movimiento de masas. Esto se debe a que las organizaciones reformistas suelen representar la voluntad de importantes fracciones del proletariado (por ello dirigen los sindicatos mayoritarios, salvo en situaciones de ascenso revolucionario donde es factible desbordarlas).
Obviamente, esto no significa de ninguna manera diluirse en el frenteamplismo del lulismo ni nada por el estilo, sino tener la política para construir frentes de lucha independientes, sin patrones y/o representantes directos del gobierno. En las calles, la vanguardia se destaca y puede empujar el movimiento hacia la izquierda. Marchamos juntos, inundamos las calles, pero con nuestras propias pancartas y nuestras propias reivindicaciones, y presionamos al movimiento para que vaya más allá de las reivindicaciones sindicales y democrático-burguesas. En este sentido, el frente único se distingue del frente amplio por su independencia de clase, y, además, porque en un frente electoral nuestro voto se diluye y es indiferenciado, mientras que en la calle destacamos y podemos incidir en la realidad concreta del desarrollo histórico de los procesos sociales, políticos y jurídicos.
La necesidad de esta unidad se debe a la urgencia de la lucha contra el avance de la extrema derecha, que requiere la movilización de todas las fuerzas disponibles. Trotsky subrayó que, aun separándose de las organizaciones reformistas en cuestiones centrales, los revolucionarios deben buscar acuerdos prácticos siempre que las masas que siguen a estas organizaciones estén dispuestas a actuar en conjunto. Este planteamiento no sólo pretende fortalecer la lucha, sino también demostrar a las amplias masas de trabajadores que, a pesar de las divisiones, existe un esfuerzo genuino para construir la unidad de acción.
Es lamentable la postura abstencionista del PSTU y el MRT, que incluso presta poca atención a las víctimas de la dictadura y del gobierno de Bolsonaro, da la espalda a la posibilidad histórica de imponer una derrota al golpismo de ayer y de hoy. Nuestro papel, como marxistas revolucionarios, pasa por romper el velo que separa mecánicamente economía y política, que cree que no nos corresponde luchar por tareas democráticas, por la defensa de mejores condiciones de existencia material y por mejores posibilidades de construcción del movimiento obrero. Si nos negamos a inundar las calles con nuestras pancartas y consignas, realmente estaremos cediendo el protagonismo a la institucionalidad. Tenemos que aspirar a una perspectiva estratégica de cambio radical de régimen, pero, sobre todo, tenemos que reflexionar sobre la dinámica de la lucha en la situación concreta, poniendo los pies en el suelo. De lo contrario, el movimiento se empantanará, se volverá estéril y no avanzará.
Luchar en la calle, participar en actos de unidad de acción -táctica que se combina con la del frente único – por el castigo a los golpistas y asesinos de ayer y de hoy con un programa propio, no significa, como pretenden los camaradas del PSTU y del MRT, apoyar al sistema judicial ni a la institucionalidad del régimen burgués, es precisamente lo contrario.
Estas organizaciones revelan una absoluta incomprensión, debida a una combinación de sectarismo, economicismo y esquematismo político, de la necesaria táctica política que debe llevarse a cabo de forma independiente para luchar por las tareas democráticas frente a un régimen burgués de fuerte sesgo autoritario, fruto de la “redemocratización” hecha desde arriba, tal como explicamos anteriormente. Frente a la posibilidad táctica que se abre, detener al principal líder de la extrema derecha en Brasil y en América Latina y meterlo en la prisión, a partir de la movilización en las calles y de un programa propio que supere los escombros heredados de la dictadura militar, tiene una dimensión histórica. Para ello, es fundamental adoptar una táctica de unidad de acción en la lucha directa, construyendo bloques con ejes políticos, tácticas y organizativas independientes dentro de las movilizaciones en las calles por la prisión de Bolsonaro. En un momento de auge de la extrema derecha en todo el mundo, ésta es nuestra tarea como revolucionarios.
Tenemos que presionar y hacer avanzar al movimiento desde la izquierda, haciendo hincapié en la necesidad no sólo de encarcelar, sino de acabar con los tribunales militares y la Policía Militar. El acto del domingo (30 de abril) demostró ser totalmente disputable en este sentido: hubo una gran audiencia para las consignas más allá de los cánticos de «sin amnistía». Por eso el sectarismo-economicismo-abstencionismo de estas corrientes, que se disfraza de radicalismo, ¡es un crimen político! Es necesario exigir que las centrales sindicales, la CUT, UNE, MTST, MST, organismos estudiantiles, movimientos sociales y organizaciones democráticas, elaboren un plan nacional de movilizaciones para conquistar la prisión de Bolsonaro y todos los involucrados en el golpe, la expropiación de sus bienes y el fin de las estructuras represivas, como la justicia militar, las fuerzas policiales y la Ley de Amnistía de 1979.
[1] En Brasil se denomina como Centrão a u conjunto de partidos “fisiológicos”, es decir, que no tienen un claro programa político y cuya actividad pasa por colocar sus votos en el Parlamento al servicio del gobierno de turno, a cambio de recursos estatales para su base electoral y prebendas personales. Anteriormente, fueron base del gobierno de Bolsonaro y hoy de la administración de Lula.
[2] Esta es una expresión del portugués brasileño que se utiliza para describir la destrucción o erosión paulatina de la institucionalidad democrático-burguesa. Por ejemplo, se usaba para explicar la estrategia de Bolsonaro de limitar los poderes del STF y sus aspiraciones de gobernar por decreto.
[3] Siglas del Partido de los Trabajadores, Partido Comunista de Brasil y el Partido Socialismo y Libertad.
