Es necesario un paro general contra el techo salarial



     

    “‘Los trabajadores me quieren colgar del Obelisco’ ironizó ayer Caló sobre la indefinición de su paritaria”. (La Nación, 6 de mayo del 2015)

    En medio del clima apacible del año electoral el salario está comenzando a “meter la cola”. Esta es la novedad de los últimos días desnudando el intento del gobierno y los empresarios de adelantar parte del ajuste que se viene en el 2016, imponiendo este año, nuevamente, paritarias a la baja.

    El tema salarial vuelve a escena  

    La cuestión es simple: aprovechándose que los medios están concentrados en los dimes y diretes de la campaña electoral, Cristina está tratando de imponer acuerdos por detrás de la inflación.

    Recordemos que el año pasado los aumentos promediaron un 30% y la inflación arañó el 40%. Analistas nada sospechados de “izquierdistas” han señalado que el salario real cayó entre cinco y siete puntos; Cristina pretende este año algo similar: usar el salario como ancla contra la inflación al mejor estilo de la ortodoxia económica neoliberal que tanto dice rechazar.

    En contradicción con este objetivo, el 30 de marzo pasado se produjo el cuarto paro general bajo su mandato, una medida de fuerza muy masiva pero pasiva. El gobierno pudo hacerse el distraído y en la medida que Moyano y Barrionuevo más los gremios del transporte se negaron a darle continuidad, el reclamo salarial se fue perdiendo de la escena nacional hasta desaparecer.

    Pero resulta ser que una serie de novedades en los últimos días pusieron el tema nuevamente en el centro del candelero.

    En primer lugar, ocurrió que la paritaria de la UOM del recontra alcahuete K de Caló se trabó. Éste salió a reclamar un 32% de aumento, pero los empresarios ofrecieron sólo el 20%, estirándose luego a un 22%. Las reuniones se sucedieron y nada. Pero resulta ser que ante la insistencia de la UOM un funcionario se acercó a Caló y le planteó que el gobierno “no convalidaría aumentos más allá del 24%”…

    Lo que ocurrió con la UOM se repitió con Cavalieri, jefe del gremio de Comercio, otro recontra alcahuete de cuanto gobierno patronal ha habido en los últimos 30 años. Resulta ser que Cavalieri logró acordar con las cámaras empresarias de su gremio un aumento del 30% en dos cuotas del 15%, lo que evidentemente hace de la suma un 30% (pero en el año es menos que ese porcentaje, precisamente porque el aumento se otorga en cuotas) y el gobierno decidió no homologarlo.

    Pero ahí no termina la cosa. Bancarios está con medidas de fuerza exigiendo un aumento del 33%, lo propio está ocurriendo con el gremio de los Aceiteros y en el caso de Camioneros han salido a plantear que su reclamo es por el 38%, que no firmarían por menos del 33%.

    Sólo otro alcahuete como Gerardo Martínez de la UOCRA ha planteado abiertamente que está dispuesto a firmar por menos del 30% escudándose en “la baja en la producción del sector”. Y resulta ser que la amenaza de paro de 36 horas de la UOM quedó en la nada debido a la conciliación obligatoria aceptada por Caló.

    Los medios informan hoy, incluso, que el gobierno estaría dispuesto a convalidar un aumento por el 26,5%, lo que solucionaría el problema.

    Pero más allá que el escenario de las agachadas es el más probable con estos dirigentes, la cuestión es que la crisis en las paritarias está instalada y no es tan sencillo que gobierno y empresarios logren imponer este año, nuevamente, un ajuste en el salario real.

    La maniobra de Kicillof

    Es en este contexto que aparecieron los confusos anuncios de Caló sobre el impuesto al salario. Meses atrás el gobierno había dejado trascender la idea de que antes de las PASO tomarían medidas de fondo acerca del mismo, dando a entender que, quizás, la cuarta categoría sería eliminada (se trata, justamente, del ítem de este impuesto que afecta a los asalariados).

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    Luego, sin embargo, la cosa quedó en la nada. Cuando Moyano y Barrionuevo en conjunto con Fernández, Maturana y los gremios del transporte convocaron al paro general, lo hicieron resaltando un problema real: se les hacía muy complicado el año para firmar paritarias cuando lo que se obtuvieran en las mismas se los llevaría dicho impuesto.

    El gobierno se llamó a silencio, dejó pasar el paro y aprovechándose de que la burocracia no estaba dispuesta a redoblar las medidas de fuerza, dejó diluir la cosa en el año electoral.

    Sin embargo, el problema no estaba resuelto siquiera coyunturalmente, razón por la cual y para sacarse una presión en las negociaciones paritarias, apareció Kicillof con el anuncio de quitar determinado ítem del impuesto para aquellos trabajadores que ganan hoy entre 15.000 y 25.000 pesos por mes (diferenciando, a la vez, entre solteros y padres con hijos en lo que hace al nivel de quita).

    Pero la deducción del impuesto es tan perversa que sólo con los aumentos de las paritarias, prácticamente el trabajador volvería a pagar lo que paga hoy. Es decir, se trata de una quita transitoria sólo para que en uno o dos meses volver a pagar lo mismo (o más) por este aberrante impuesto.

    Sobre llovido mojado: resulta que entre Kicillof y el jefe de la AFIP hay diferencias en la manera en que se harían las deducciones. Porque el ministro de Economía salió aclarando que la deducción se haría a partir de los salarios de enero (lo que obligaría a devolverle a los trabajadores incluidos en el pago de este impuesto determinados montos), mientras que el jefe de los recaudadores de impuestos plantea que se aplicaría la medida a partir de hoy y para ser percibida en junio, que su Secretaría nunca tomó medidas con retroactividad (es que significaría una devolución de impuestos cobrados y modificaría lo recaudado realmente en cada mes a partir de enero).

    Así las cosas, sumado a la desprolijidad del asunto, resulta ser que de las grandilocuentes promesas del gobierno sólo “salió” una modificación completamente limitada y que para colmo no se sabe qué alcances reales tendrá.

    La explicación de este paso atrás en algo que estaba dando vueltas como una posibilidad: es evidente que el gobierno tomó nota que muy posiblemente, de la mano de Scioli, pueda llegar a ganar las elecciones, y, entonces, no quiere dejarle el muerto de una baja en la recaudación a un gobierno que aunque no sea 100% K, salga de sus entrañas.

    La expectativa electoral en vez de radicalizarlo, seguramente lo moderará en las medidas que vaya a tomar por lo que resta del año, en la medida que sienta que tiene margen para esto.

    El FMI exige ajuste y devaluación

    Pero hay que colocar el contexto más general de estos desarrollos.

    No se trata, solamente, de que la campaña electoral se muestra corrida hacia el centro derecha, aunque ese es un dato de importancia. Ya en nuestra edición anterior señalábamos que lo importante no se discute realmente a la luz pública, sino en las secciones de economía de los diarios.

    Es en ellas donde los economistas de las tres principales candidaturas patronales, Scioli, Macri o Massa discuten el escenario que viene y resulta que con medidas más “drásticas” o más gradualistas, todos discuten lo mismo: el ajuste que viene.

    Pero la discusión de las paritarias están revelando algo más: ¡que en lo que respecta a los salarios un nuevo ajuste parece estar comenzando a llegar!

    Como pasándose de rosca, el vicepresidente de la UIA acaba de plantear que este año los aumentos salariales deberían otorgarse por “decreto” por parte del gobierno: es decir, suspender las paritarias.

    No otra cosa había dicho el propio jefe de la UIA semanas atrás cuando manifestaba que a los gremios que vinieran a pedir un aumento de más del 30% “los sacaría a patadas” y manifestaba la idea de que las paritarias deberían ser, lisa y llanamente, “eliminadas”.

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    Pero una cosa es que el mecanismo de las paritarias esté monopolizado por la burocracia y sea una suerte de instrumento de un “acuerdo social” aunque más no sea por rama de actividad. Otra muy distinta, y peor, es que fueran eliminadas tal cual ocurrió bajo las dictaduras militares, porque esto llevaría a una fragmentación de la negociación por lugar de trabajo, una relación de fuerzas objetivas más desfavorables que bajo las mismas.

    La explicación que tiene todo esto es que la patronal está preocupada por imponer un duro ajuste y por modificar alguna de las reglas de juego que han regido en el país en la última larga década, en definitiva subproducto distorsionado de la rebelión popular del 2001.

    Si para muestra basta un botón, ahí está un nuevo informe del FMI donde se plantea la receta habitual: que el próximo gobierno argentino debería imponer una devaluación de la moneda y un ajuste económico de manera tal de reducir los salarios y bajar los costos en pesos sin que se dispare la inflación, haciéndole pagar la cuenta a los trabajadores por la vía, de paso, de un nivel de desempleo promedio mayor que el de los últimos años.

    Hace falta un paro general. Que los reclamos obreros pasen al centro de la campaña electoral

    La salida a escena de estos tironeos tiene el aspecto positivo de que repropone los reclamos de los trabajadores en la escena nacional. En el contexto de una campaña electoral donde se discute poco y nada, donde la agenda está monopolizada por las tres candidaturas patronales, que irrumpa la discusión de las paritarias, del impuesto al salario, del techo salarial con el cual el gobierno pretende limitar unas paritarias supuestamente “libres”, es muy progresivo.

    Pablo Moyano ha dicho que “no aceptarán un aumento por detrás del 33%” y que “Scioli, Macri y Massa” no toman la agenda de los trabajadores. Maturano ha manifestado que “los gremios quieren directamente que el impuesto al trabajo sea eliminado”, incluso ha planteado que sería necesario un paro general.  Cavalieri se ha quedado que en el país “no hay paritarias libres”.

    Pero mientras tanto, Moyano se llama a silencio. Desde algunas usinas de la burocracia se está planteando hace varios días de que convocarían a una nueva “medida de fuerza”. Es muy difícil de que lo hagan cuando se acerca el lanzamiento formal de las PASO presidenciales y cuando todos los sectores de la burocracia buscan mostrarse como garantes de la paz social.

    Sin embargo, el impuesto al salario es una contradicción real para llegar a acuerdos, lo mismo que el techo salarial con que amenaza el gobierno; ni hablar de la delirante presión empresaria porque se “suspendan” al menos este año las paritarias.

    Es verdad que algunos gremios como los colectiveros (del “combativo” Fernández) aceptaron sumas fijas y postergar la negociación para la segunda mitad del año. Pero esto luce cruzado por contradicciones, porque los analistas económicos opinan que la “moderación” relativa de la inflación de los primeros meses del año ya se ha acabado, que la misma se ha estabilizado en algo en torno al 2% y que el escenario más probable es que en los últimos meses del año, pegue un nuevo escalón para arriba.

    En medio de la campaña electoral, la crisis en las paritarias le da a la izquierda revolucionaria la inmensa oportunidad de presionar desde las bases por un nuevo paro general, lo que podría darle otro carácter a la campaña misma: que comience a girar de manera más decidida alrededor de los problemas de los trabajadores, como amenazó podría ocurrir –y luego no se concretó- un mes atrás.

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