Agrotóxicos

Entre Ríos: El gobernador decreta que docentes y directivos trabajen gratis para el agronegocio

Cada vez son más las voces que denuncian lo que ocurre en las poblaciones cercanas a los campos de soja y los productos de la agroindustria, hoy defendida en sus distintas facetas por los gobiernos provinciales y nacional.

Luz Licht
Redacción Izquierda Web.


Días atrás se dio a conocer la escandalosa “capacitación” a la que se vieron obligados a asistir docentes y directivos de escuelas rurales de la provincia de Entre Ríos. La actividad fue presentada como parte de un curso para controlar las fumigaciones con agrotóxicos de los campos cercanos a los establecimientos educativos donde se desempeñan.

Esta es una resolución que llevó adelante el Ministerio de Producción de la provincia, en el marco de lo dictaminado por el decreto del gobernador pejotista, Gustavo Bordet, número 2.239 que dice que “en cada establecimiento educativo rural se constituirá una ‘unidad centinela’ con potestades de vigilancia que velará por el cumplimiento de los recaudos reglamentarios a titulo de veedor fitosanitario”.

El rechazo de varias organizaciones locales como el Foro Ecologista de Paraná y el de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) no se hizo esperar. El lunes pasado hicieron una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que sea derogado el decreto provincial 2.239. “Paren de fumigar” es una de las consignas que levantan las organizaciones ecologistas y poblaciones locales, dado que las consecuencias del uso de agrotóxicos repercuten directamente en la calidad del agua, del suelo del aire y la salud -los cuerpos- de las poblaciones expuestas a los agrotóxicos.

En concreto hablamos de una disposición del poder ejecutivo provincial que provee mano de obra gratuita, las/los docentes y directivos, a un negocioque es parte de la actividad privada más rentable y nociva para la humanidad y el ambiente. Un antecedente claro al respecto,es el decreto que el mismo Bordet emitió en octubre del 2019 para revocar la prohibición de fumigar a menos de 100 metros de los establecimientos educativos.

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Tal es la consecuencia directa sobre pobladores, trabajadoras/as, que se reflotó el ejemplo del caso de la docente y directora de la Escuela rural 66 “Bartolito Mitre”, de Gualeguaychú. Estela Lemes sufre consecuencias en su salud, una polineuropatía, producto de la exposición durante seis años a los agrotóxicos mientras daba clases. Desde la ART, pasando por las autoridades del Consejo General de Educación hasta el gobierno provincial se niegan a brindar una cobertura para llevar adelante su tratamiento.

“El Estado no se hace cargo de las irrefutables consecuencias que las fumigaciones han dejado en mi saludy, sin embargo, ha estado presente para defender y proteger los intereses del agronegocio, que ha sido cuestionado históricamente; y mostró su verdadera cara al interferir los recursos de amparo que presentaron AGMER y las organizaciones socioambientales para restringir las distancias de fumigaciones en las cercanías de las escuelas”, escribió Estela en una carta al gobernador Bordet.

Los “pueblos fumigados” son el espacio donde sedesarrolla el agrobusiness. Hablamos de territorios y poblaciones sometidas a una suerte de genocidio silencioso que trae aparejado la siembra de semillas transgénicas. La dependencia de estos productos de herbicidas y productos contaminantes para matar todo a su alrededor, menos las cosechas es la contrapartida de un mayor rendimiento a costa de envenenar pueblos enteros.

El glifosato en sangre en altos niveles, cáncer y otras tantas patologías producto de la exposición a los agrotóxicos, con uno de sus principales productores y distribuidores como Bayer-Monsanto, tiene el visto bueno de gobiernos capitalistas que ponen el Estado a disposición de la destrucción y devastación socio-ambiental y Argentina, no es la excepción, aunque los medios masivos callen una realidad cada vez más difícil de silenciar.

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