En la Comunidad Valenciana, cerca de 78.000 docentes mantienen una huelga indefinida. En Cataluña, las movilizaciones ingresan en su tercera semana consecutiva con protestas masivas, suspensión de actividades y fuertes tensiones entre los sindicatos y la Generalitat. En Aragón, los sindicatos preparan nuevas jornadas de paro contra la expansión del bachillerato concertado y el deterioro de las condiciones laborales del profesorado.

Aunque cada territorio tiene particularidades, las reivindicaciones son similares. El profesorado denuncia pérdida sostenida de poder adquisitivo, aumento de ratios por aula, crecimiento de la burocracia, falta de personal especializado y deterioro general de la infraestructura educativa.

En Valencia, los sindicatos calculan que los salarios docentes pierden entre 300 y 500 euros mensuales de capacidad real de compra desde 2010, mientras muchos centros continúan utilizando barracones y soportan aulas saturadas. En Cataluña, más de 1.300 directores escolares denunciaron una “sobrecarga inasumible”.

Hasta ahora, la Comunidad Valenciana es el principal foco de movilizaciones; estas rápidamente desbordaron el marco de una protesta sectorial y decenas de miles de personas participan en las marchas bajo el símbolo de la “marea verde”, paralizando los centros educativos.

Las reivindicaciones exceden ampliamente la cuestión salarial. Los sindicatos exigen reducción de ratios hasta 15 estudiantes por aula en Infantil y Primaria, eliminación de tareas burocráticas consideradas “asfixiantes”, contratación de personal especializado y mejoras urgentes en infraestructura.

Los docentes denuncian que el aumento constante de informes, evaluaciones, protocolos y tareas de seguimiento consume una parte creciente de la jornada laboral y reduce el tiempo efectivo destinado a la enseñanza. Esta situación se agrava con la expansión de las necesidades educativas especiales y los problemas de salud mental estudiantil posteriores a la pandemia, mientras la cantidad de personal es insuficiente.

En la práctica, el sistema descarga sobre el profesorado responsabilidades sociales cada vez mayores, sin aportar los recursos equivalentes. El Estado le exige a la escuela pública ser un punto de contención social, mientras limita la inversión necesaria para ello.

Uno de los aspectos más relevantes del proceso es el apoyo social que recibe. Familias, estudiantes y equipos directivos, comienzan a incorporarse activamente a las protestas. Más de dos centenares de directores y miembros de equipos de gestión, presentaron dimisiones simbólicas o denuncias públicas contra la sobrecarga administrativa y la falta de recursos.

Las asociaciones de familias participan en las movilizaciones y rechazan el discurso gubernamental que intenta responsabilizar al profesorado de las consecuencias académicas de la huelga. Incluso, la amenaza de renuncia masiva de correctores de Selectividad, coloca a los gobiernos autonómicos bajo presión, al poner en riesgo uno de los momentos más sensibles del calendario educativo.

Por su parte, en Cataluña la exigencia de elevar la inversión educativa hasta el 6% del PIB regional es una de las principales demandas. Ese porcentaje aparece desde hace años en los discursos oficiales y las promesas gubernamentales, pero nunca se concreta. Mientras tanto, los centros educativos enfrentan falta de mantenimiento, carencia de personal y dificultades crecientes para atender problemáticas sociales complejas derivadas de la pobreza, la exclusión y el deterioro de la salud mental juvenil.

La crisis educativa catalana, además, se conecta con un desgaste más amplio de los servicios públicos en la comunidad autónoma. Durante los últimos años, Cataluña enfrenta conflictos recurrentes en sanidad, transporte ferroviario y vivienda. El sistema ferroviario acumula retrasos y averías; la sanidad pública enfrenta listas de espera crecientes y saturación hospitalaria; el acceso a la vivienda se vuelve cada vez más inaccesible para amplios sectores populares.

De esta forma, no pueden interpretarse las huelgas como una suma de disputas salariales aisladas. Lo que se observa es una crisis profunda de la educación pública construida durante más de una década de ajustes, limitación presupuestaria y transferencia progresiva de recursos hacia la enseñanza privada y concertada.

Tras la crisis financiera de 2008, los distintos gobiernos autonómicos y estatales aplicaron políticas de austeridad que redujeron plantillas, congelaron los salarios y precarizaron el trabajo educativo, mientras aumentaron las exigencias administrativas y pedagógicas sobre el profesorado. La pandemia profundizó todavía más esa dinámica con el aumento de las necesidades de atención psicológica y de los casos de alumnado con requerimientos específicos.

Por esto, las movilizaciones reflejan una discusión más amplia: el retorno de los servicios públicos como eje de la conflictividad social en el Estado español. Igual que ocurre con la vivienda, la sanidad o el transporte, la educación es un terreno de disputa alrededor de las prioridades presupuestarias del Estado y de los límites del modelo neoliberal.

Las “mareas verdes” resurgen, porque amplios sectores sociales perciben que los gobiernos administran la crisis mediante recortes y privatización de las funciones públicas, mientras destinan enormes recursos al rescate financiero, al gasto militar o a subsidios empresariales. La defensa de la educación pública deja, entonces, de ser una reivindicación del profesorado y pasa a expresar una confrontación más amplia alrededor de los derechos de la mayoría trabajadora.