El día 21 de abril se conoció la noticia del fallecimiento de un veterinario de SENASA que cumplía funciones en el Frigorífico Morrone (ex Federal) de Quilmes Oeste a causa de coronavirus. Este lamentable hecho es producto de la desidia una patronal que estando en conocimiento del contagio y riesgo de sus trabajadores, se negó al cierre y desinfección exponiendo a la comunidad entera con el aval del Municipio y el Ministerio de Trabajo provincial.

Sabiendo del caso positivo que se había confirmado el viernes anterior, la planta volvió a abrir este lunes sin ninguna medida de seguridad e higiene, con el médico laboral diciendo que “no pasaba nada” y que “no era necesario el uso de barbijos”. Un caso de irresponsabilidad extrema donde la presión de la producción, el afán de las ganancias y la complicidad del Estado que avaló la apertura, se cobró la vida de un trabajador y expuso gravemente a muchos otros.

El escándalo quedó expuesto cuando los trabajadores dan a conocer la situación que pasaron los últimos días, que mediante amenazas de despido, reducción salarial por 60 días y aprietes, fueron obligados a trabajar igual, incluso llegando al ridículo de mostrar una falsa orden donde un fiscal habría dictaminado que se debía continuar con la producción.

Una situación que salió a la luz a raíz de la presión de los trabajadores y vecinos del lugar que obligaron este miércoles a que las autoridades tengan que intervenir y clausurar la planta, después de ¡5 días! De detectado el primer caso.

Los trabajadores reclaman el testeo masivo para todos los trabajadores y sus familiares a fin de detectar nuevos casos, la intervención de bromatología y el SENASA para que determinen la viabilidad de la comercialización de los productos alimenticios, y la inmediata licencia con goce de sueldo para todos los trabajadores de modo que puedan guardar el aislamiento determinado en el DNU 260/2020 para quienes estuvieron en contacto estrecho con los infectados.

Esto deja de manifiesto que los trabajadores son los únicos que pueden garantizar la aplicación de las medidas de seguridad e higiene necesarias para frenar los contagios en los lugares de trabajo. El jueves 23 los trabajadores se volverán a movilizar al frigorífico para que se les garanticen los testeos y así poder conocer su estado de salud.

Lo ocurrido en el Frigorífico es una prueba clara de que la vida de los trabajadores no vale nada para las patronales, y que el poder político hace la vista gorda. Es necesario investigar estas irregularidades para que los responsables de este desastre paguen por las consecuencias de sus actos. Y hay que formar comisiones de seguridad e higiene en todos los lugares del trabajo, porque la vida de los trabajadores está solamente en sus propias manos.