Este domingo (1) se llevaron a cabo las elecciones presidenciales y legislativas en Costa Rica, que dieron como resultado el gane Laura Fernández, candidata del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) con un 48,3% de los votos, con lo cual no habrá segunda ronda. En segundo lugar quedó el Partido Liberación Nacional con el 33,4%.  Además, el oficialismo obtuvo la fracción legislativa más grande del Congreso desde 1982, con 31 diputaciones de 57 posibles, seguida por el PLN con 17 y el FA con 7 diputaciones.

Así, el nuevo gobierno contará con una mayoría simple, importante ya que le permite avanzar con la aprobación de las leyes ordinarias sin necesidad de los votos de otras fracciones, aunque no contará con una mayoría calificada (38 curules), la cual es requerida para cambiar la Constitución, suspender derechos, autorizar la venta de activos estatales o ratificar nombramientos (Poder Judicial, TSE, Contraloría, Defensoría).

En vista de este abultado triunfo en el Ejecutivo y el Legislativo, es predecible que Fernández inicie su gobierno a la ofensiva, tal como ya lo expresó en su discurso al anunciar el “fin de la Segunda República” y el inicio de la “Tercera República”, una declaración con el objetivo de cambiar el régimen político hacia uno más reaccionario, autoritario y conservador. A pesar de esto, el “apoyo real” al nuevo gobierno es de solo el 33% del padrón electoral total, lo que le da cierta fragilidad.

Muchas personas honestas y luchadoras, expresaron su desconcierto, frustración y hasta temor por los resultados, sentimientos que son comprensibles y válidos. En este sentido, es necesario explicar las causas de este giro a la derecha en las elecciones, pues solamente así será factible revertir la situación y reorganizar las fuerzas de los sectores explotados y oprimidos para derrotar el proyecto autoritario y ultraconservador del nuevo gobierno, que desde ya está alineado con la Casa Blanca de Trump y con el gobierno dictatorial de Bukele en El Salvador.

¿Cómo se explica el apoyo mayoritario al oficialismo?

Los resultados de las elecciones se corresponden bien con las últimas encuestas, donde la presidenta electa venía en una tendencia creciente. Llama la atención el resultado obtenido por el PLN (33,4%), pues parece que acaparó el “voto útil” contra el gobierno, mientras que CAC y FA quedaron por detrás de lo que presagiaban las encuestas para la presidencia.

En un artículo anterior, decíamos que el eje de la campaña fue la continuidad del chavismo versus la “defensa de la democracia”. Un amplio sector del electorado (muchos provenientes de sectores trabajadores y populares), frente a este dilema prefirió “la continuidad del cambio”, como lo expresó la campaña de Fernandez, mientras que el “bloque liberal-institucional” (integrado por el PLN, CAC y FA) se limitó a sostener  un discurso conservador del orden establecido, sin capacidad de dialogar con los problemas reales de las mayorías explotadas y, ni mucho menos, de dar cuenta de las desigualdades sociales asociadas a ese “Estado social de derecho” que dicen defender, que no es otra cosa que un Estado burgués en función de los capitalistas costarricenses y del capital transnacional imperialista.

Asimismo, el tono político de la campaña electoral lo marcó el mismo gobierno, que tuvo la mayor ofensiva con distintos ataques como la derogación de la norma técnica de aborto terapéutico y la firma del TLC con Israel (aunque ocultaron a Laura Fernández de los debates). Además, el principal eje del oficialismo fue la consigna de lograr 40 diputados para tener control absoluto del Congreso y, de esta forma, aprobar todas sus reformas de forma automática.

Es decir, lo que ocurrió fue un voto de desencanto contra una institucionalidad agotada que no garantiza condiciones de vida dignas a sectores cada vez más amplios de la clase trabajadora, la juventud y las mujeres, mientras las élites capitalistas se aprovechan de ese aparato para hacer negocios, enriquecerse con la corrupción, perpetuarse en el poder y evitar mecanismos judiciales en su contra. Esto se evidencia, por ejemplo, en las gigantescas listas de espera en la Caja, el desempleo, la crisis educativa, la enorme precariedad laboral, etcétera. Costa Rica es uno de los países más desiguales de la región y ostenta el segundo costo de vida más elevado en América Latina, tan sólo superado por Uruguay.

En otras palabras, un amplio sector del electorado, en su mayoría personas trabajadoras precarizadas y de los sectores populares, no se identifican con un Estado que no sienten como propio y que no les garantiza condiciones dignas de vida, trabajo y estudio, mientras una capa de privilegiados y de “ticos con corona” (como les llama el oficialismo), en su mayoría poderosos empresarios ligado a los partidos tradicionales, se benefician siempre de ese  Estado burgués.

Frente a esto, una mayoría del electorado vio en el oficialismo una alternativa para romper con el estatus quo, que, con justa razón, identifican como injusto y excluyente. Las bravuconadas de Chaves y sus insultos contra algunas autoridades y sectores de poder “fáctico” (como la prensa burguesa tradicional), capitalizaron ese malestar por la vía reaccionaria y conservadora, generando la expectativa de que la continuidad del proyecto chavista en el gobierno va acabar con los privilegios de esos sectores.

Eso explica que, en su primer discurso como presidenta electa, Laura Fernández llamara a construir la “Tercera República”, apelando a los fracasos y desgaste del modelo de Estado de la Constitución de 1949.

 El peligro autoritario del gobierno de Fernández

Por otra parte, este resultado electoral coloca al país en sintonía con el giro a la derecha que se expresa a nivel internacional y, con particular fuerza, en el continente. En esto, tiene un papel determinante el factor Trump, cuyo gobierno es un actor disruptivo en la situación internacional, particularmente en el área del Caribe, al cual transformó en una base de operaciones del ejército estadounidense y llevó a cabo el ataque imperialista contra Venezuela.

Asimismo, sintoniza con el populismo autoritario de la región, cuya principal figura es Bukele. Su modelo de mega cárceles y la suspensión de garantías constitucionales (propuestas que fueron planteadas por el oficialismo en Costa Rica) son bien vistos por parte de sectores sociales hartos de la inseguridad. Lo anterior deja claro que, tanto Chaves-Fernandez en Costa Rica como Bukele en El Salvador, son gobiernos cipayos al servicio de los intereses de los Estados Unidos.

Cuando la presidenta electa sentencia que es el fin de la Segunda República, entre líneas lo que sugiere es que apostará a impulsar un cambio del régimen político en el país. En su discurso de celebración de la victoria, dijo que “El mandato que me fue otorgado por el pueblo soberano es claro: el cambio será profundo e irreversible”. Es decir, cuestiona el orden constitucional actual y señala que quiere un cambio que, a pesar de las expectativas de amplios sectores, no va representar una mejora en las condiciones de vida de las masas explotados y oprimidas, sino que replicará las formas de explotación y opresión actuales, aunque con el agravante de que pretende instaurar un orden más autoritario y pisotear las conquistas sociales y democráticas del pasado.

El oficialismo apela a la crisis generada por la violencia del narcotráfico para justificar la ejecución de medidas autoritarias. En 2025, la tasa de homicidios fue de 17 por cada 100.000 habitantes, frente a los 11.2 reportados en 2019. Siete de cada diez de estas muertes fue provocada por el narcotráfico, un dato que revela que hoy Costa Rica es un centro logístico y de exportaciones de drogas en la región.

Ante esto, en la campaña electoral el oficialismo alegó que iría a aumentar las penas de prisión y, algunos de sus candidatos, llegaron al extremo de defender la imposición de estados de excepción en las comunidades con presencia de bandas asociadas al tráfico de drogas. Esto significaría suspender las garantías fundamentales, similar a lo que sucede en El Salvador de Bukele. En suma, es una “solución” inmediatista, punitivista y reaccionaria ante un problema real que aqueja a amplios sectores de la población.

Desde un punto de vista anticapitalista y socialista revolucionario, no defendemos un “Estado Social de Derecho” que se fundó sobre los cadáveres de dirigentes obreros y militantes comunistas, el cual garantizó la gobernabilidad de la burguesía en los últimos setenta y siete años. Pero sí defendemos las conquistas sociales que son subproducto de la lucha de clases en ese periodo histórico, como la salud y la educación superior pública, así como los derechos laborales, entre otros.

Asimismo, en la actual situación política -internacional y nacional-, es fundamental tomar a fondo la defensa de los derechos democráticos, pues los gobiernos de extrema derecha y reaccionarios apuntan por avasallar esas conquistas. Con esto nos referismos a defender el derecho a la organización sindical y a la huelga (golpeado en Costa Rica por el anterior gobierno del PAC), la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres (como el aborto) y los que conciernen a la población trans (uno de los sectores más atacados por la extrema derecha global).

En este sentido, es un desastre la orientación del Frente Amplio de adaptarse al discurso liberal y “en defensa del Estado Social” que también levantaron el PLN y CAC, el primero el partido histórico de la burguesía y el segundo el responsable de aprobar el Plan Fiscal y atacar un derecho democrático básico como el derecho a huelga. Escudándose en esto, el FA evitó discutir sobre el aborto legal o tan siquiera defendió la instauración de impuesto a la Zonas Francas.

Así, mientras el oficialismo cuestionó el estatus quo por la derecha y en clave reaccionaria, el FA renunció a cuestionarlo por la izquierda y, por el contrario, se pasó con todo al centro, al extremo de que se diluyó tanto con el resto de partidos de oposición burguesa a Chaves, que le terminó regalando sus votos a la presidencia al PLN. Lo peor del caso, es que luego de conocerse el resultado electoral, el ex candidato presidencia del FA publicó en sus redes un afiche con la leyenda “La lucha sigue en la Asamblea Legislativa”, a la cual sumaron uno festejando que creció en un diputado la bancada parlamentaria del FA y otro que indica que “Mientras existe el Frente Amplio, ¡Habrá democracia en este país!”. Estos mensajes postelectorales no arman en nada para la lucha y, por el contrario, generan la expectativa -sin ningún apoyo en la realidad- de que desde la Asamblea Legislativa se van a detener los ataques autoritarios y reaccionarios del chavismo. Hay que ser un cretino parlamentario para festejar viéndose el ombligo, sin dar cuenta de los problemas que se desprenden de esta elección y sin llamar a organizar la resistencia en las calles.

Reorganización desde las bases, para retomar las calles y derrotar el plan autoritario del gobierno

Sin duda alguna, la continuidad del oficialismo al frente del Ejecutivo y el triunfo contundente que obtuvo este domingo, provoca sentimientos de frustración e incertidumbre entre franjas honestas del activismo y la izquierda. A pesar de esto, no hay que dejar de remarcar los límites del oficialismo, pues es un movimiento político que, hasta ahora, no demostró tener la menor capacidad de movilización social.

La política no solo se define en las alturas de la institucionalidad, se define también en la vida real, en las calles y, hoy por hoy, el chavismo es meramente un fenómeno electoral. Si piensan cambiar el régimen político, van a tensionar las relaciones de fuerza, lo que posiblemente va provocar el malestar entre amplios sectores de la población y puede ser un detonante para el estallido de nuevas luchas sociales.

Gobiernos incluso más agresivos, como el de Milei en Argentina o el mismo Trump en Estados Unidos, están topando con enormes reservas de lucha en las calles que ya lograron detener muchos de sus ataques. Los eventos de Minneapolis de las últimas semanas son un ejemplo a seguir: la población se organizó desde las comunidades y centros de trabajo, para enfrentar las embestidas del ICE e hicieron retroceder parcialmente al gobierno de Trump.

El gobierno de Laura Fernández y la enorme bancada legislativa que tendrá a su servicio, fortalece los puntos de apoyo institucionales del chavismo para proseguir con sus ataques, como el proyecto de la jornada de trabajo de 12 horas o la privatización del BCR, entre otras medidas que anunció y que será necesario combatir en las calles. Además, es muy factible que para eso cuente con el apoyo de sectores de la “oposición” burguesa que, aunque se llenaron la boca en la campaña hablando de “defensa de la democracia”, no tendrán problema en apoyar proyectos como el del aumento de la jornada laboral.

Es necesario, frente al gane del oficialismo, transformar la inseguridad y la rabia en lucha callejera y organización anticapitalista. A los reaccionarios que amenazan nuestros derechos se les combate en las calles. Por ejemplo, la rabia de hoy debe ser un punto de apoyo para convocar a la marcha del 8M, día internacional de la mujer trabajadora, una fecha que se convirtió en una jornada de lucha contra el gobierno ahora hay que potenciar aún más. Además, desde ya tenemos que preparar la pelea por defensa del presupuesto a la educación superior pública, que todos los años es recortado por el gobierno (con la anuencia de sectores de la burguesía que están por ajustar y degradar esta conquista social).

Desde el Nuevo Partido Socialista, junto con nuestra organización juvenil ¡Ya Basta! y nuestra organización feminista-socialista Las Rojas, nos colocaremos en función de preparar la lucha contra este nuevo gobierno autoritario, conservador y populista desde las bases de las estructuras del movimiento de masas en que participamos, como el movimiento estudiantil, el magisterio y feminista. Llamamos también a toda la clase trabajadora, la juventud, las mujeres y diversidades a transformar la frustración y el temor en organización y lucha.