Los genocidas piden domiciliaria

    El único lugar para un genocida es la cárcel común perpetua y efectiva

    Alfredo Astiz y Miguel Etchecolatz al frente de una catarata de pedidos de prisión domiciliaria con la pandemia como excusa.

    Redacción Semanario Socialismo o Barbarie.


    “El único lugar para un genocida es la cárcel común perpetua y efectiva”. (Asociación Ex Detenidos y Desaparecidos [AEDyD], Boletín 1603, 4/20)

    Acompañando estas palabras finales del órgano de prensa de la organización de derechos humanos, y estando seguros que son millones de familiares de víctimas del genocidio, de trabajadores, jóvenes y mujeres, quienes también las comparten, denunciamos el operativo prisión domiciliaria de los represores por la pandemia del Covid-19. Comenzó con el reclamo del 16 de marzo, 4 días antes de iniciada la cuarentena obligatoria, y siguen.

    Los nombres de quienes encabezaron las presentaciones en la Justicia hablan por sí mismos. Son la cara visible, conocida y repudiada del genocidio a través de 44 años. En los primeros años de la dictadura, sólo entre murmullos y a las escondidas entre las víctimas que sobrevivían en los centros clandestinos y en las cárceles. Luego en las calles, atronando con los gritos de exigencia de justicia a sus aberrantes delitos de lesa humanidad.

    Con esa lucha inclaudicable se consiguieron condenas ejemplares. Tan ejemplares como la dimensión histórica de esa pelea colosal. Pelea colosal a la que siempre quisieron hundirla, frenarla, tergiversarla. Ahora, con la excusa de la pandemia, que ha impedido que se realizara la marcha del 24 de Marzo (aunque estuvo presente con comunicados, carteles, expresiones múltiples desde abajo) creyeron que era el momento oportuno de pedir salir de las cárceles donde se encuentran.

    Le siguieron casi un centenar de genocidas presos. Y en días posteriores se sumaron otros. Algunos menos conocidos masivamente, pero seguramente jamás olvidados por sus víctimas, familiares y compañeros. Su pedido “humanitario” es tan cínico y cruel como los secuestros, torturas y crímenes que cometieron durante la última dictadura militar.Así como las palabras que salieron de sus bocas durante los juicios. “No sé de qué me está hablando” (Página 12, 6/3/09), contestó Alfredo Astiz cuando el juez federal Sergio Torres lo interrogó sobre los vuelos de la muerte que partían de la Escuela de Mecánica de la Armada con desaparecidos que provenían de allí.

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    Aclaramos que, desde ya, su situación en las unidades carcelarias no es la de los presos pobres, olvidados por el Estado, abandonados en celdas superpobladas y en condiciones paupérrimas, que ya están siendo víctimas de la pandemia. Estos “señores” tienen categoría A en todos los rubros: celdas individuales, alimentación y atención de la salud adecuadas. Sus privilegios se les mantienen porque, aunque han sido condenados judicialmente y en las calles, “ellos” sirvieron a los planes del gobierno y el sistema capitalista en ese momento histórico y la burguesía y sus instituciones no son ingratas con sus defensores, aunque ahora estén entre rejas. Les rinden honores aunque ahora no los puedan dejar en libertad.

    El 30 de marzo, el tribunal de Mendoza abrió una página negra en su historia al darle la prisión domiciliaria a: “(…) Carlos Ledesma, Segundo Héctor Carbajal, Oscar Simone, Oscar Bianchi, Pedro Linares, Juan Carlos Ponce y Omar Navarro. El mismo criterio adoptó el tribunal desde San Rafael con respecto a Mario Ocampo. Esto ocurrió luego de que mediante una acordada, la Cámara de Casación Penal Federal había instado a los jueces a resolver rápidamente los pedidos de domiciliaria y flexibilizar los criterios de otorgamiento debido a la pandemia provocada por el Covid-19. La fiscalía y la querella del MEDH recurrieron la medida sin resultados positivos.” (Diario Uno, 30/3/20)

    Dos de ellos, Navarro y Ocampo, estuvieron prófugos antes de su detención, lo cual agrava aún más su carácter de condenados por las atrocidades cometidas.

    Hubo otras domiciliarias a lo largo y ancho del país, aunque en menor número. Según el Boletín de la AEDyD citado, en este período se han sumado 17 prisiones domiciliarias. Mendoza, 8; La Plata, 3; CABA, 1; Santa Fe, 3; San Martín, 1; Corrientes, 1.

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    Excarcelaciones rechazadas

    Además de los condenados por delitos de lesa humanidad mencionados al inicio de esta nota, también fueron rechazadas las de Ricardo Miguel Cavallo, Antonio Pernías, Adolfo Donda, Raúl Guglielminetti, hasta el momento. Celebramos el “no hacer lugar” a estas domiciliarias, aunque no depositamos confianza en las sagradas decisiones judiciales. Creemos que han tomado estas resoluciones porque estos genocidas son altamente repudiados y su liberación le pondría una “piedra más en el zapato” al gobierno. Porque, como bien saben los señores magistrados y las autoridades gubernamentales, el reclamo de juicio y castigo a los asesinos del Proceso se mantiene presente.

    La aparición de las fuerzas armadas en medio de la pandemia, controlando que se cumpla la cuarentena en rutas y barrios, distribuyendo alimentos en algunos, apaleando a jóvenes en otros, deteniendo a una mujer que luego aparece muerta en su celda en San Luis, no legitima a los ojos de la población más pobre, de los trabajadores, las mujeres y los jóvenes, a las “bendecidas” fuerzas represivas. La población apoya la cuarentena necesaria, no los avasallamientos a los más elementales derechos democráticos.

    No vamos a “dar vuelta la página”. Agregamos una nueva: la exigencia de que los genocidas beneficiados por la prisión domiciliaria vuelvan a donde tienen que estar y no deberían haber salido nunca. Vamos a seguir exigiendo cárcel común, juicio y castigo para todos. El virus del perdón a los genocidas no nos va a contagiar.

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