El SiTraRepA y los repartidores reclaman justicia por Danilo Marcieri

Reclaman justicia tras el asesinato de Danilo Marcieri, un repartidor de 20 años que fue interceptado y baleado por tres delincuentes el último sábado en la intersección de las calles Zapiola y 162, en el barrio de La Cañada, Bernal.

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El último sábado de febrero fue asesinado en Quilmes Danilo Marcieri, un repartidor de 20 años que fue interceptado y baleado por tres delincuentes el último sábado en la intersección de las calles Zapiola y 162, en el barrio de La Cañada, Bernal.

El asesinato provocó un repudio instantáneo por parte de los repartidores de la zona sur, que se reunieron durante la mañana del lunes en la Plaza Conesa de Quilmes para decidir qué medidas tomar. Tras algunas deliberaciones, cientos de trabajadores se dirigieron hacia la Autopista Buenos Aires – La Plata y comenzaron un corte total que duró varias horas. Cientos de trabajadores de reparto por aplicación participaron de la manifestación en el kilómetro 16 de dicha autovía, alcanzando difusión a nivel nacional en los principales medios de comunicación del país. Fueron horas de tensión, especialmente por la presencia de personal policial al que los propios repartidores señalaron como responsables de lo sucedido. Según los trabajadores, la policía acostumbra hostigar habitualmente a los repartidores mientras realizan su trabajo y apuntan a dicha institución como la principal responsable de la «liberación» de zonas para la delincuencia.

El descontento de los repartidores hacia la policía era tal que no permitieron que los efectivos subieran con sus vechículos a la Autopista. Tras varias horas, el corte fue levantado hacia el final de la tarde y un grupo de repartidores se dirigió a la Sede Departamental de Quilmes para reunirse con el ministro de Seguridad Sergio Berni.

Un crimen de la precarización

Marcieri estaba en pleno horario laboral cuando fue víctima de un intento de robo. Según testigos oculares, Danilo intentó evitar el robo de su moto personal, el vehículo que utilizaba todos los días para trabajar. Las empresas de delivery por aplicación, como PedidosYa y Rappi, son tristemente célebres por las condiciones de precarización laboral bajo las cuales mantienen a sus empleados.

Además de no reconocer el vínculo laboral (evitando el pago de un salario básico, aportes jubilatorios, vacaciones y ART) no proveen ningún elemento de trabajo a los repartidores. Las motos, bicicletas y celulares de los trabajadores de este sector son siempre personales, y la pérdida o robo de los mismos implica en los hechos quedar en la calle, sin posibilidad de seguir trabajando.

«Nuestro compañero Danilo fue asesinado mientras trabajaba cuando le robaron su moto. Danilo había llegado hace poco de Neuquén a probar suerte y empezó a trabajar en el reparto por aplicación. Había comprado su moto sólo unas semanas antes, y es completamente comprensible que no quisiera que se la roben ya que sabemos que es producto de meses y meses de trabajo duro», expresó a través de un comunicado la Seccional Sur del SITRAREPA (Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación). El joven sindicato de los repartidores fue fundado hace pocos años pero ya cuenta con más de 2000 afiliados y lucha por el reconocimiento del Ministerio de Trabajo de la Nación. Sus portavoces vienen alertando desde el inicio de sus actividades que las condiciones de precarización impuestas por las patronales del sector ponen en peligro la salud y la vida de sus afiliados.

«La precarización a la que no someten las empresas se lleva de vida de compañeros, por accidentes de tránsito, o en este caso, por un robo. Las empresas, mientras tanto, se llevan millones de pesos» señala el comunicado del sindicato. En el año 2021, la firma de PedidosYa (para la que trabajaba Danilo Marcieri) alcanzó una cotización de 3.000 millones de dólares en el mercado internacional. La empresa es hoy propiedad del pulpo DeliveryHero, una empresa de capitales alemanes que opera en más de 50 países y recaudó ganancias por 5.856 millones de euros en 2021.

«Es evidente que si las empresas que nos emplean nos dieran un vehículo para poder trabajar, ninguno de nosotros tendría que arriesgar su vida si fuéramos robados. Pero la situación actual es completamente opuesta. Al no ser reconocidos como trabajadores, las empresas no nos brindan las herramientas de trabajo necesarias, y nos niegan todos nuestros derechos laborales.»

Responsables políticos

Los repartidores que protagonizaron el corte de la autopista también expresaron su enojo con la intendenta quilmeña del Frente de Todos, Mayra Mendoza. De hecho, un sector de la caravana que comenzó en la mañana del lunes pasado en Plaza Conesa se dirigió a las puertas del country en el que vive la intendenta para reclamar por la muerte de Marcieri.

Mendoza se había expresado a través de twitter en repudio al asesinato del joven repartidor. Sin embargo, sus asesores salieron a desligar la responsabilidad de la intendencia de los hechos y le patearon la pelota al Ministerio comandado por Sergio Berni.

Limitándose a pedir «cárcel» para los delincuentes (que ya están a disposición del Poder Judicial) la intendenta deja de lado un problema que los repartidores señalan como central. Se trata de la responsabilidad política del gobierno y el Estado sobre las condiciones de precarización absoluta en que se desenvuelven los trabajadores de las APPs. Desde la llegada de las aplicaciones de reparto a la Argentina, el Estado argentino (bajo las administraciones del FdT y también de Juntos) le prestó su complicidad a las empresas para violar toda legislación laboral.

Sergio Berni, que intentó mostrarse como el salvador de la situación, no trajo ninguna solución concreta. En la reunión realizada el lunes 27 de febrero les ofreció a los repartidores un botón antipánico, comenzar un registro de los repartidores de la zona y extender la guardias de las patrullas policiales. Las primeras dos medidas son puramente simbólicas, no proveen ninguna garantía a los repartidores que trabajan todas las noches exponiéndose a hechos delictivos como el que sufrió Danilo.

La tercera medida, por otro lado, sólo apunta a aumentar la cantidad de personal represivo en la zona. Pero todo repartidor sabe que la policía no cuida a los trabajadores. Por el contrario. Muchos repartidores expusieron en los últimos días distintas experiencias adversas sufridas a manos de la policía. Casos de hostigamiento, persecución, detenciones arbitrarias e incluso golpizas y torturas en las comisarías de la zona. Pero cuando un repartidor sufre un robo o algún tipo de violencia en la calle, la policía no está presente. Además es sabido por la población de la zona que es la propia policía quien regentea la delincuencia, “libera zonas” para el robo y cobra su cuota del negocio de la delincuencia. Es claro que más policía no resolverá el problema, sólo podrá empeorarlo. Esta realidad no es exclusiva de la zona: se repite en todos los barrios del Gran Buenos Aires y otras regiones del país.

Un reclamo a las patronales precarizadoras

El reclamo de los repartidores continuó durante los últimos días con medidas convocadas por su sindicato. El SITRAREPA realizó el día jueves un bloqueo en la sucursal del PedidosMarket ubicada en la intersección de las calles 12 de Octubre y Urquiza, en el barrio de Quilmes. La medida tenía como objetivo reclamarle directamente a la empresa por su responsabilidad en lo sucedido. Los PedidosMarket son la única cara visible de una empresa que no posee ni una sóla oficina pública a la que sus empleados (no reconocidos) puedan acudir a llevar sus reclamos.

“Conversamos con muchos repartidores sobre esta situación y qué salida de fondo proponemos desde el SITRAREPA”, comentaron sobre la medida. “Queremos un sindicato de base construido desde abajo democráticamente para pelear por las condiciones de trabajo. Exigimos que PedidosYa, Rappi y todas las empresas de reparto se hagan cargo de las herramientas de trabajo de los repartidores además de tener ART y obra social y se reconozca la relación de dependencia entre las empresas y los repartidores”.

No es la primera vez que mueren repartidores en casos como el de Danilo. Otros trabajadores del sector han fallecido o salido lesionados en accidentes de tránsito mientras realizaban sus tareas. En todos los casos, lo que hay en común son las inhumanas condiciones de precarización laboral impuestas por las empresas. Patronales como PedidosYa o Rappi embolsan millones todos los años a costa del sudor y los riesgos tomados por los repartidores, que ni siquiera son reconocidos como trabajadores.

Y es absolutamente falso que se trate de una relación de colaboración entre socios independientes, como proponen las patronales a través de la figura del monotributista. Sin repartidores no hay reparto, y sin reparto no hay ganancias. Pero las ganancias se las quedan los empresarios, mientras que todos los riesgos son asumidos por los trabajadores. Se trata de una lisa y llana estafa laboral orquestada por las empresas con la complicidad del Estado nacional que, a través del Ministerio de Trabajo, es responsable de regular las relaciones de trabajo y hacer cumplir las leyes laborales. No es casual que, desde hace ya tres años, el Ministerio retrase el reconocimiento legal del SITRAREPA a pesar de contar con miles de afiliados en todo el país.

Para que no haya más muertes como la de Danilo esa estafa laboral debe terminar. Y la única forma de hacerlo es mediante la organización sindical de los repartidores. El SITRAREPA ha dado los primeros pasos de una lucha que deberá continuar hasta torcer el brazo de las patronales.

 

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