El 6 de agosto el gobierno de Milei chocó contra la pared. Con cientos de miles de personas abarrotando la Plaza Congreso y calles aledañas, el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada quedó reducido a su mínima expresión. Milei intentó retomar la iniciativa política, pero la lucha de clases le propinó una “piña” y en Casa Rosada quedaron aturdidos (ver Sobre la dinámica abierta el 6 de agosto).

Esto dificulta aún más la capacidad del gobierno de avanzar con su agenda parlamentaria. La propia Patricia Bullrich reconoció el problema. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado admitió que la agenda oficialista quedó empantanada y que el Gobierno deberá avanzar “al ritmo que podamos ir”. La explicación oficial es que existe una “realidad política distinta”, pero detrás de esa definición aparece un dato concreto: los aliados que, durante buena parte del mandato acompañaron al Gobierno, comenzaron a exigir condiciones y a votar de manera menos automática.

El episodio más reciente fue el tratamiento de la ley de propiedad privada, donde el oficialismo tuvo que resignar capítulos centrales durante el debate en la Cámara alta. El proyecto llegó al Senado con una serie de modificaciones y terminó perdiendo artículos frente a la resistencia de sectores que hasta hace poco funcionaban como aliados parlamentarios de la Casa Rosada.

No se trata de un hecho aislado. La dificultad para conseguir los votos necesarios también aparece en iniciativas como la reforma electoral y los cambios en el régimen de subsidios energéticos. El oficialismo necesita negociar con senadores que responden a gobernadores y que, lejos de aceptar sin discusión las órdenes de Balcarce 50, buscan obtener algo a cambio.

La “mayoría” libertaria depende de negociar cada voto

El problema estructural de La Libertad Avanza en el Senado no cambió: el Gobierno no tiene por sí solo los números necesarios para imponer su agenda.

Por eso, la estrategia libertaria depende de construir mayorías variables. Durante los primeros meses de gestión, esa dinámica permitió aprobar diferentes iniciativas mediante acuerdos con sectores del PRO, radicales y bloques provinciales. Pero la relación comenzó a tensarse a medida que avanzó el calendario político y los gobernadores buscaron preservar sus propios intereses.

La situación quedó expuesta con particular claridad en las negociaciones por la reforma electoral. El Gobierno pretende eliminar las PASO y avanzar sobre el sistema de financiamiento político, pero los cambios encuentran resistencia entre representantes provinciales que no están dispuestos a entregar su margen de maniobra sin obtener compensaciones.

En otras palabras: el Senado se convirtió en un espacio de negociación permanente donde cada voto tiene precio político.

Esa situación incomoda a una Casa Rosada acostumbrada a presentar sus proyectos como parte de un programa de transformación que debería ser aprobado sin demasiadas modificaciones.

Bullrich, entre la Casa Rosada y los aliados

La dificultad parlamentaria también expone la situación particular de Bullrich.

La exministra de Seguridad llegó al Senado como una de las figuras centrales del armado libertario. Sin embargo, su relación con el núcleo duro del Gobierno tampoco está exenta de tensiones. En los últimos meses, distintas diferencias con funcionarios y con sectores de la conducción de La Libertad Avanza mostraron que la senadora conserva un margen de autonomía considerable.

La propia Casa Rosada debió intervenir en la negociación parlamentaria para reforzar el control sobre la bancada oficialista y sus aliados. Según reconstrucciones periodísticas recientes, el Gobierno busca que el funcionamiento del Senado reproduzca el nivel de alineamiento que logró construir Martín Menem en Diputados.

Pero la Cámara alta tiene una lógica diferente

Allí los gobernadores tienen una influencia decisiva y los senadores que responden a estructuras provinciales no siempre están dispuestos a acompañar medidas que puedan perjudicar sus territorios.

Bullrich puede ordenar a los senadores libertarios, pero no puede garantizar que los aliados hagan lo mismo.

El problema detrás de los votos

La discusión parlamentaria no puede separarse de la situación política general del Gobierno: Después de más de dos años de gestión, Milei busca acelerar reformas estructurales mientras comienza a mirar hacia 2027. Para hacerlo necesita aprobar leyes que afectan directamente intereses económicos y políticos de distintos sectores. El conflicto aparece cuando esos intereses chocan con los de los gobernadores.

El caso de los cambios en la denominada Zona Fría es ilustrativo. El Gobierno pretende reducir el alcance de los subsidios al gas y ahorrar recursos fiscales, pero necesita convencer a senadores de provincias que pueden verse afectadas por la medida. En esas negociaciones aparecieron reclamos para incorporar beneficios para otras regiones, mostrando hasta qué punto los votos están atados a demandas concretas y la misma lógica se repite en distintos proyectos.

La Casa Rosada necesita los votos de sectores que, al mismo tiempo, intentan defender sus propios intereses frente al ajuste nacional.

Una pelea que excede al Senado

El problema del Gobierno es que no puede sostener en el tiempo una mayoría. La Libertad Avanza construyó buena parte de su capacidad legislativa sobre acuerdos con sectores políticos que no integran formalmente el oficialismo. Esa arquitectura funcionó mientras existió una expectativa compartida de que Milei conservaba iniciativa y capacidad para imponer el rumbo político.

Pero cuanto más se acerca el calendario electoral, mayor es el margen que buscan recuperar los gobernadores y los bloques provinciales.

El resultado es un Congreso donde el oficialismo puede ganar una votación y perder otra pocos días después.

La reciente experiencia del Senado con la ley de propiedad privada es una muestra de esa dinámica: el Gobierno consiguió avanzar, pero debió retirar o modificar partes de su proyecto frente a la resistencia parlamentaria.

El ajuste necesita votos que no controla

Hay una contradicción de fondo en la estrategia oficialista.

Milei necesita del Congreso para avanzar con su programa de reformas y ajuste, pero una parte de esas mismas medidas genera resistencias entre los sectores políticos que necesita para conseguir los votos.

El Gobierno pretende reducir subsidios, modificar regulaciones, avanzar con reformas laborales, cambiar el sistema electoral y continuar con su programa de desregulación. Para hacerlo requiere una red de alianzas parlamentarias cada vez más compleja. El Senado, en ese escenario, funciona como un límite político. No porque allí exista una oposición homogénea —de hecho, el peronismo atraviesa sus propias disputas— sino porque los intereses de los gobernadores, los bloques provinciales y los sectores dialoguistas no coinciden necesariamente con los de Milei.

Por eso la frase de Bullrich resulta significativa. Cuando una jefa de bloque oficialista reconoce que hay que avanzar “al ritmo que podamos ir”, lo que queda expuesto no es solamente una demora legislativa. Es el límite de una estrategia política que necesita negociar con aquellos sectores que pretende disciplinar.

Y mientras el Gobierno busca acelerar sus reformas, el Senado empieza a mostrar que los votos no están escritos de antemano.

El gobierno de Milei, que intentaba retomar la iniciativa política, quedó aturdido tras la movilización del 6 de agosto que derrotó su proyecto de Ley de inviolabilidad de la Propiedad Privada, lo cual abrió dinámica rodeada de incertidumbres, donde comenzaron a combinarse límites institucionales, dificultades económicas y una posible reactivación de la lucha de clases que vuelve incierto el rumbo del mileísmo.