En marzo de 2011 se firmó el escandaloso convenio entre el Ministerio de Salud Pública y el Colegio de Enfermeros de la Provincia de Corrientes para implementar pasantías, bolsas de trabajo y cubrir déficit de guardias. En los años que siguieron se transformó en un sofisticado mecanismo para precarizar y pagar salarios de hambre al sector de enfermería que comenzaba su incursión al mundo del trabajo. Luego se extendió a muchos colegas que querían mejorar sus ingresos.

Esta modalidad le quita innumerables derechos a los enfermeros: no les paga el aguinaldo, las vacaciones son los eternos 15 días, que ya no dependen de la antigüedad y el pago es por guardias, que se asignan en una suerte de premio/castigo según el “desempeño” de los trabajadores.

Además, el gobierno incrementó la contratación precaria en determinados organismos que necesitaba una cantidad importante de trabajadores para funcionar, como los jardines maternales, y en los entes descentralizados (IOSCOR, INVICO, IPS). Esta forma de precarización se convirtió en una política sistemática del gobierno radical y sus aliados conservadores y liberales que gobiernan la provincia desde el 2001, tras una intervención federal también radical.

A lo largo de los años, esta situación generó olas de protestas, generalmente de autoconvocados. El gobierno intentó controlarlas pasando a un sector de enfermeros colegiados (tercerizados por el colegio de enfermeros del eterno Juan Salinas) a la provincia en formato, también precarizado, de becarios.

Este cambio de situación al principio fue visto por muchos colegas como un paso de avance hacia la ansiada estabilidad laboral. Pero con el trascurrir de los años se convirtió en una nueva frustración: el gobierno provincial no tenía ningún interés en mejorar su situación laboral.

Estar precarizados en la provincia de Corrientes significa para los enfermeros ganar la mitad del salario de los contratados y de planta permanente por hacer el mismo trabajo, cumpliendo las 40 horas semanales. Y además saber que no pueden protestar o quejarse porque se exponen a perder el trabajo. Esto es aprovechado por el personal de gestión para ubicarlos en los servicios más críticos. Colegas del interior, donde está más presente esta inequidad, contaban que no tenían un fin de semana libre para estar con sus familias y durante la pandemia que eran los más expuestos al contagio.

Otra inequidad que nos impusieron son las distribuciones de guardias, como otra forma de diferenciación salarial. Por ellas hay una permanente competencia para conseguir, principalmente, mejorar su salario, pero también para mantener la ilusión de acceder a contrato o planta permanente que el gobierno ofrece en cuentagotas.

En 2025, un grupo principalmente de becarios nos reunimos en la Asamblea Ciudadana (Espacio de la CTA) a charlar de nuestra situación. Como siempre, lo primero que se convirtió en discusión fue la precarización y lo deteriorado del salario. Pero una cosa más preocupaba: el gobierno no hace el aporte previsional, por lo que no podrán acceder a la jubilación del IPS provincial.

En ese momento, nos propusimos organizar una marcha para el día internacional de Enfermería, el 12 de mayo. Fue un completo éxito, nos movilizamos masivamente y pusimos los reclamos contra la precarización laboral en las calles.

Las dos visiones de la Enfermería

El 12 de mayo del 2026 nos encontramos con dos visiones de enfermería diametralmente opuestas. Por un lado, encontramos a la “gestión” organizando un encuentro de enfermería en el Hospital de campaña con un discurso de acceso a la tecnología mientras continúa con la política de superexplotación y miseria salarial.

La otra enfermería es la de los autoconvocados en la defensa de nuestra universidad pública, que continuamos organizándonos para plantear nuestras reivindicaciones mientras acompañamos a otros sectores que luchan contra el gobierno provincial de Juan Pablo Valdés, aliado al gobierno nacional de Javier Milei, y su eterno ajuste sobre el salario de los trabajadores.