El Gobierno de Javier Milei presentó esta semana un «programa financiero» con el que busca despejar una de las principales incógnitas que enfrenta su política económica: cómo garantizar el pago de la deuda pública hasta el final del mandato sin volver a depender, por ahora, del financiamiento de los mercados internacionales. El documento proyecta vencimientos por USD 44.100 millones entre 2026 y 2027 y procura enviar una señal clara a acreedores e inversores: aun en un contexto de menor recaudación y acceso limitado al crédito externo, el Estado contará con los recursos necesarios para cumplir sus compromisos. A toda costa.

La presentación responde a una necesidad política además de financiera. Después de varios meses de negociaciones con organismos internacionales, de los esfuerzos por estabilizar el frente cambiario y de la consolidación del superávit fiscal como principal ancla del programa económico, el Gobierno necesita demostrar que podrá sostener esa estrategia hasta 2027 sin que la deuda vuelva a convertirse en un factor de incertidumbre. El mensaje está dirigido menos a la opinión pública que a los mercados financieros: el pago de los vencimientos continuará ocupando el centro de las prioridades oficiales.

Para sostener esa promesa, el Ministerio de Economía calcula necesidades financieras por USD 19.200 millones durante 2026 y otros USD 24.900 millones en 2027. La novedad del programa no reside únicamente en el monto de esos compromisos, sino en la forma en que prevé reunir los recursos para afrontarlos. El esquema combina tres instrumentos distintos: el superávit fiscal, la utilización de reservas del Banco Central y un nuevo ciclo de privatizaciones. Cada uno aporta recursos diferentes al programa diseñado para cubrir los vencimientos previstos hasta 2027.

El primer pilar es el superávit fiscal. Durante la presentación, Luis Caputo aseguró que el financiamiento correspondiente a 2026 ya se encuentra «sobrecumplido» en USD 3.700 millones gracias al excedente proyectado para las cuentas públicas. La afirmación muestra que el ajuste deja de ser únicamente una herramienta destinada a reducir el déficit y pasa a cumplir otra función: generar parte de los recursos con los que el Tesoro espera afrontar los próximos vencimientos.

Ese mecanismo, sin embargo, depende de una condición que el propio programa da por descontada: que el superávit pueda sostenerse en el tiempo. Para eso no alcanza con mantener contenido el gasto público; también resulta necesario que la recaudación tributaria acompañe esa estrategia. En junio, los ingresos fiscales volvieron a crecer por debajo de la inflación y registraron una caída cercana al 7% en términos reales. Si ese comportamiento persiste, la capacidad del ajuste para financiar por sí solo el cronograma de deuda se vuelve más incierta y obliga a reforzar el resto de las herramientas previstas por el Gobierno.

La desaceleración de la recaudación reduce el margen para financiar los vencimientos exclusivamente mediante el superávit. En ese contexto, el programa amplía los recursos estatales comprometidos con el pago de la deuda e incorpora, entre ellos, las reservas del Banco Central.

Ahí adquiere relevancia el segundo componente del programa: el Banco Central. El Tesoro proyecta comprarle divisas por USD 6.700 millones durante 2026 y otros USD 4.900 millones en 2027 para afrontar los principales vencimientos. En la práctica, parte de las reservas acumuladas por la autoridad monetaria pasarán a integrar el esquema diseñado para sostener los pagos.

La decisión representa un giro respecto del diseño monetario que el propio Gobierno defendió desde el comienzo de la gestión. Uno de los principios del programa económico consistía en separar las finanzas del Tesoro de las del Banco Central para evitar que la autoridad monetaria volviera a convertirse en una fuente de financiamiento estatal. Ahora, esas reservas aparecen incorporadas explícitamente dentro del programa financiero. El cambio también contrasta con el discurso de campaña de Javier Milei, que proponía «dinamitar» el Banco Central y lo señalaba como uno de los principales responsables de los desequilibrios económicos. La decisión funciona como una señal hacia los mercados financieros: el Gobierno busca mostrar que, aun cuando el superávit fiscal resulte insuficiente para cubrir los vencimientos, está dispuesto a recurrir a las reservas del Banco Central antes que poner en duda el cumplimiento de sus compromisos con los acreedores.

El cambio también refleja los límites del propio programa fiscal. Si el superávit alcanzara por sí solo para cubrir los vencimientos, el Tesoro no necesitaría incorporar reservas del Banco Central dentro de su esquema de financiamiento.

El patrimonio estatal como garantía

Si el superávit fiscal constituye el primer respaldo del programa y las reservas del Banco Central el segundo, las privatizaciones aparecen como un tercer recurso para reunir las divisas necesarias. El Ministerio de Economía proyecta obtener USD 800 millones durante este año y otros USD 1.500 millones en 2027 mediante la venta de empresas, activos y concesiones públicas. En conjunto, espera incorporar USD 2.300 millones al esquema previsto para cubrir parte de los vencimientos de deuda.

Las operaciones proyectadas alcanzan empresas y servicios que ocupan lugares estratégicos dentro de la infraestructura pública. Entre ellas figuran AySA, las centrales termoeléctricas Belgrano y San Martín y distintas concesiones vinculadas al transporte y al sector energético. En el caso de AySA, el Gobierno prevé vender el 90% del paquete accionario y otorgar una nueva concesión del servicio. La empresa abastece de agua potable y cloacas a más de 15 millones de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense, por lo que la búsqueda de recursos para afrontar la deuda también alcanza activos vinculados a servicios esenciales.

A diferencia del superávit o de las reservas internacionales, las privatizaciones generan ingresos que sólo pueden obtenerse una vez por cada activo vendido. Permiten cubrir necesidades financieras inmediatas, pero reducen de manera permanente el patrimonio estatal y su capacidad para intervenir en sectores considerados estratégicos. El programa incorpora un tercer activo estatal al esquema diseñado para sostener el pago de la deuda.

Prioridades

Durante la presentación del programa, Luis Caputo sostuvo que una de las primeras decisiones del gobierno de Javier Milei fue «pagar todas nuestras obligaciones». La frase sintetiza el criterio que ordena el esquema financiero presentado por el Ministerio de Economía. El superávit fiscal, las reservas del Banco Central y las privatizaciones aparecen articulados alrededor de un mismo objetivo: asegurar el cumplimiento de los compromisos con los acreedores aun cuando otras variables del programa económico enfrenten dificultades.

Ese orden de prioridades contrasta con el tratamiento que reciben otras obligaciones asumidas por el propio Estado. El financiamiento de las universidades nacionales, las políticas destinadas a personas con discapacidad y distintas partidas aprobadas por el Congreso continúan atravesados por conflictos presupuestarios y recortes en su ejecución. La diferencia no reside únicamente en la disponibilidad de recursos, sino en la jerarquía que el programa económico asigna a cada compromiso. Mientras el pago de la deuda aparece como un objetivo que debe preservarse aun recurriendo a distintos activos estatales, otras obligaciones legales quedan subordinadas a la continuidad del ajuste fiscal. A los ricos del mundo con los que Argentina tiene deuda, se les paga puntual; educación y salud pueden ser destruidos sin que Caputo y Milei pestañeen.

Una estrategia conocida y fracasada

La utilización de activos públicos para sostener el pago de la deuda tampoco constituye una novedad en la historia económica argentina. Durante la década de 1990, el gobierno de Carlos Menem impulsó un amplio proceso de privatizaciones con la promesa de fortalecer las cuentas públicas, atraer inversiones y reducir el peso del Estado. Aquellos ingresos extraordinarios permitieron aliviar necesidades financieras de corto plazo, pero no evitaron que el endeudamiento continuara creciendo durante la convertibilidad.

Tres décadas después, el programa presentado por Caputo recupera una lógica similar. El ajuste fiscal, las reservas internacionales y la venta de patrimonio público vuelven a integrarse dentro de un mismo esquema orientado a garantizar el cumplimiento de los compromisos financieros. La diferencia es que esa estrategia se despliega sobre un Estado con un patrimonio considerablemente menor y con menos instrumentos para intervenir sobre la economía que los disponibles al principio de los años noventa.

El programa financiero no sólo anticipa cómo espera el Gobierno afrontar los vencimientos hasta 2027. También deja al descubierto el criterio con el que ordena el uso de los principales activos del Estado. El superávit fiscal, las reservas del Banco Central y el patrimonio público están todos puestos a disposición de la tranquilidad y los bolsillos de los fondos internacionales de los que Argentina es deudora.