El mensaje mafioso recibido hace pocos días en un supermercado de la familia Rocuzzo – Messi que señalaba a Javkin, el intendente rosarino, como parte del entramado narco. La balacera que terminó con el asesinato de Máximo Jerez, un niño de once años, y otros tres menores heridos, durante la madrugada del domingo en el barrio Los Pumas. Hoy lunes, unos quince disparos efectuados sobre el edificio de la Escuela N° 6430 Isabel la Católica, en el barrio Tablada.

Ese fue el raid de noticias policiales que terminó de plantear al problema narco en Rosario como la principal discusión mediática del momento en la Argentina. La lista de homicidios asciende a los 64 en lo que va del 2023 (más de 1 por día) y los estragos sociales del negocio narco se extienden en los sectores más humildes de la sociedad. Mientras tanto, los medios masivos de comunicación disfrutan un festín de amarillismo, los gobiernos (local, provincial y nacional) se patean la pelota y los sectores más reaccionarios de la oposición montan un operativo electoral fascistoide clamando por una mayor represión sobre los barrios.

No por nada es que hace pocos días referentes de Juntos declararon que sus ejes de campaña serían «la inflación y la inseguridad».

A la búsqueda de un consenso represivo

En la tónica del show mediático y el clamor represivo, fue Amalia Granata quien salió a fotografiarse por las calles de Rosario con un chaleco antibalas. Pocas horas después, trascendió que el chaleco en cuestión era indumentaria para jugar al paintball. Es decir que detiene bolas de pintura, no balas. Un nuevo hito en el bizarro historial mediático de quien hoy es diputada provincial bajo auspicio de un grupo antiderechos que busca revertir el derecho al aborto.

Pero tras las bizarreadas y los personajes nefastos como Granata hay ideas (y operaciones políticas) reales y peligrosas. El último jueves Granata aprovechó la exposición para presentar un proyecto de ley que pide el despliegue del Ejército en territorio rosarino «para combatir el narcotráfico». Una provocación fascista inaceptable y casi sin precedentes en un país como la Argentina, en el que las Fuerzas Armadas fueron expulsadas de las tareas de represión interna por la lucha de los DDHH contra la última dictadura genocida.

Ingrese un proyecto para pedir al Ejecutivo q actué para que el Ejército Argentino intervenga en territorio Santafesino a los fines de combatir el narcotráfico amparandome en el art 13 de la Ley de Seguridad Interna donde es posible crear un Comité de Crisis para que esto suceda pic.twitter.com/rkgME521Qf

— Amalia Granata 💙💙 (@AmelieGranata) March 3, 2023

Desplegar al Ejército u otras medidas de este tipo sólo van dirigidas a aumentar la represión sobre la población en general. Y, sobre todo, a instalar la idea de que los problemas de la sociedad pueden solucionarse dándole a las fuerzas represivas un cheque en blanco para disparar a mansalva según su propio criterio.

No sólo Granata, sino una parte importante de la política argentina (Milei, Bullrich, el propio Macri y hasta sectores oficialistas como Berni) están interesados en instalar un consenso represivo en la opinión pública.

¿Cuál es la razón de este operativo?

Pues sucede que la Argentina atraviesa una crisis económica y social interminable. Las condiciones de vida de los trabajadores empeoran día a día y el funcionamiento general del país expone cada vez más contradicciones y cortocircuitos. Para solucionar esa crisis, son necesarias medidas anticapitalistas. Terminar con la estafa de la deuda con el FMI. Atacar las ganancias de empresarios parásitos que lucran con la crisis y se enriquecen a costa de los pobres. Aumentar los salarios y crear nuevos puestos de trabajo reales para terminar con la pobreza y la miseria en los barrios. Imponer una inversión histórica en infraestructura para cambiar la estructura productiva atrasada del país y terminar con las calamidades económicas (inflación, falta de divisas, etcétera).

Pero la clase poseedora del país (la burguesía, los grandes empresarios y los terratenientes del agro) no está dispuesta a permitirlo de buena gana. Por eso manda a sus portavoces (los Milei y Granata, Bullrich y Macri) a que intenten convencer a la población de que todo puede solucionarse con más policía y represión.

Responsables y soluciones del problema narco

Ya muchos países y gobiernos a lo ancho y largo del planeta se enfrascaron en infames guerras contra el narcotráfico durante las últimas décadas. Los resultados son bien conocidos: aumento del poder narco y miles de civiles muertos como resultado de los enfrentamientos, un aumento exponencial de la corrupción y la brutalidad policial.

Estos elementos pueden verse en países como Estados Unidos, el primer impulsor de la cruzada contra el narco y también el país con mayor extensión del negocio de la droga. Pero también en México, Colombia o, más recientemente, El Salvador.

Está demostrado que no alcanza con balas para resolver el problema. Para eso hace falta un abordaje integral que ningún Estado capitalista parece dispuesto a llevar adelante.

Se necesita terminar con la miseria que lleva a miles de jóvenes a la droga en los barrios, resultado de la falta de perspectivas, la miseria estructural y la violencia ambiente.

Hacen falta políticas públicas de reducción de daños y de recuperación para personas que sufren adicciones. Al día de hoy, es sabido por todos que nada similar existe en la Argentina. Mucho menos en el sector público.

Por último, pero con una importancia central, es imposible terminar con el narcotráfico y el crimen organizado sin enfrentar el protagonismo de la policía y el Poder Judicial en el mismo. No es ningún secreto que es la policía quien regentea y regula el negocio narco en todo el país. Cualquier vecino sabe quién, dónde y cuándo se vende droga en cada barrio. Es obvio que la policía lo sabe también. Si no actúa, es justamente porque en el negocio narco se mueven millones de pesos que terminan yendo a parar a los bolsillos de oficiales, comisarios, inspectores y jueces.