La caída de la vacunación en Argentina dejó de ser una alarma que pueda encerrarse en una planilla de porcentajes y comienza a mostrar una secuela de problemáticas que años atrás podíamos considerar erradicadas. Los niveles insuficientes de inmunización ya conviven con brotes de enfermedades prevenibles, cuadros graves y muertes, mientras se acumulan brechas que amenazan con hacer retroceder conquistas sanitarias construidas durante décadas.
La cobertura de vacunación en números rojos
En la Argentina no hay una sola vacuna que alcance, en todos los grupos correspondientes, la cobertura del 95% considerada necesaria para garantizar una protección colectiva elevada. «Con menos de eso, se puede generar un brote, que es lo que pasa ahora con la hepatitis A», advirtió Alejandra Gaiano, médica infectóloga pediatra, especialista en salud pública y prosecretaria del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría. En la mayoría de las vacunas, las cifras se encuentran alrededor de diez puntos por debajo de esa meta. Cuando una parte creciente de la población queda sin vacunar o con esquemas incompletos, se acumulan personas susceptibles y enfermedades que habían sido controladas encuentran nuevamente condiciones para circular.
Los números de la hepatitis A muestran hasta dónde puede llegar la caída de las coberturas. Al término de agosto de este año, la cobertura promedio de la vacuna se ubicaba en apenas 49,4% en todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires descendía incluso hasta el 29%. Son cifras alarmantes para una enfermedad cuyo impacto había sido profundamente transformado por la vacunación. La incorporación de la vacuna contra la hepatitis A modificó una realidad que durante años tuvo consecuencias gravísimas. La enfermedad era una de las principales causas de falla hepática fulminante y de trasplantes en niños. La inmunización redujo drásticamente esos cuadros y, durante casi dos décadas, prácticamente desaparecieron los trasplantes pediátricos provocados por hepatitis A.
«La hepatitis fulminante fue la primera causa de trasplante hepático en el país y esperemos que no vuelva a ocurrir porque tenemos una vacuna sumamente eficaz para controlar la enfermedad», señaló Analía Urueña, médica infectóloga, directora del Centro de Estudios para la Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles de la Universidad Isalud y vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. El problema, además, no afecta solamente a los niños. Urueña advirtió que también existen adultos considerados grupos de riesgo que tienen recomendada la vacuna contra la hepatitis A y no siempre la reciben. El regreso de una alerta y un brote, con niveles de inmunización tan lejos de las metas necesarias, vuelve a poner sobre la mesa las consecuencias que la vacunación había logrado evitar.
La situación de la tos convulsa es todavía más dramática. El brote de esta enfermedad, también conocida como coqueluche o pertussis, produjo 14 muertes entre bebés y niños menores de dos años entre 2025 y lo que va de este año. La protección de las infancias depende del cumplimiento de los distintos esquemas de vacunación y, en los primeros meses de vida, también de la inmunización durante el embarazo. Pensar la vacunación únicamente como una decisión individual oculta la dimensión social que revierte: proteger a los sectores más vulnerables exige que la política sanitaria llegue efectivamente a toda la población y permita recuperar los esquemas que quedaron incompletos.
El sarampión ofrece otra advertencia. La vacuna triple viral, que protege contra sarampión, paperas y rubéola y se aplica a los 12 meses, había alcanzado el año pasado una cobertura nacional de 83,9%. Este año, según los datos parciales disponibles hasta el período relevado, se ubicaba en un promedio de apenas 51,5%. Ninguna jurisdicción superaba el 63,8%, registrado en Jujuy.
El antecedente reciente de los casos de sarampión confirmó que la enfermedad no pertenece a un pasado definitivamente cerrado. Basta con que se acumulen suficientes personas sin inmunizar para que vuelva a encontrar condiciones de circulación. La advertencia alcanza también a otras enfermedades controladas gracias a campañas sostenidas.
La polio ofrece otra señal de alarma. La cobertura de la primera dosis se ubica en apenas 50,5% a nivel nacional. La enfermedad fue eliminada de Argentina y de América Latina gracias a la vacunación (la declaración oficial sobrevino en 1994), pero no está erradicada a nivel mundial. Impedir que se acumulen nuevas brechas sigue siendo fundamental para evitar que vuelva a encontrar condiciones de circulación.
La caída actual de la vacunación no nació con Javier Milei. El retroceso viene desarrollándose desde hace años y las dificultades atravesadas por el sistema sanitario durante y después de la pandemia profundizaron una tendencia que trabajadores de la salud, especialistas y organismos sanitarios venían advirtiendo. Esa historia es indispensable para entender la magnitud del problema, pero no convierte al Gobierno actual en un espectador sin responsabilidades. Milei no inventó la crisis, pero gobierna en medio de ella. Y lo hace cuando ya era evidente que recuperar los niveles de inmunización requería una intervención urgente.
Millones de esquemas atrasados no se recuperan esperando que cada familia llegue por sus propios medios a un vacunatorio. Hacen falta campañas sostenidas, seguimiento de quienes quedaron afuera, vacunación territorial y escolar, horarios accesibles y equipos de salud suficientes para llevar adelante esas tareas. Recuperar terreno exige salir activamente a buscar a la población que quedó fuera del sistema y derribar las barreras que impiden completar los esquemas.
Eso requiere fortalecer la salud pública. Sin embargo, la emergencia se desarrolla mientras el Gobierno profundiza una orientación general de ajuste sobre el sistema sanitario. La caída de cada cobertura responde a múltiples factores, pero la contradicción resulta evidente: un país que necesita reconstruir sus capacidades de prevención requiere más trabajadores, recursos y presencia territorial. La motosierra avanza exactamente en la dirección contraria. Haber recibido un sistema sanitario con problemas acumulados no era una excusa para profundizar su debilitamiento. Era una razón adicional para reforzarlo. Frente a una emergencia que demanda campañas activas, seguimiento y capacidad para llegar a millones de personas, el ajuste reduce las herramientas disponibles para enfrentarla.
El negacionismo antivacunas de Milei y la extrema derecha
La crisis sanitaria también se desarrolla en un clima de ataques desde la extrema derecha hacia el conocimiento científico, las instituciones sanitarias y las campañas de vacunación. El Gobierno de Milei ha combinado su ataque a la salud pública con una orientación política de “asalto a la razón”, que cuestiona instituciones científicas y sanitarias. La salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud y el discurso oficial contra ese organismo forman parte de ese cuadro. Mientras el país enfrenta un retroceso profundo de la vacunación, desde el poder se alimenta una desconfianza creciente hacia instituciones y autoridades sanitarias.
El caso más evidente de esa orientación es el acercamiento político del Gobierno argentino a Robert F. Kennedy Jr., una figura internacional históricamente asociada a la difusión de afirmaciones sin evidencia científica sobre la seguridad y eficacia de las vacunas y al movimiento antivacunas en Estados Unidos. Durante su visita al país mantuvo reuniones con Javier Milei, el ministro de Salud Mario Lugones y Federico Sturzenegger, en el marco de una agenda común sobre política sanitaria. No es casualidad que, al mismo tiempo que las coberturas argentinas se encuentran lejos de los niveles necesarios, el gobierno elija estrechar relaciones con un referente antivacunas y negacionista de la ciencia.
En noviembre de 2025, una jornada realizada en el Congreso permitió la difusión de afirmaciones sin sustento científico sobre las vacunas. Su realización en una institución pública, mostró hasta qué punto esos discursos pueden ganar legitimidad política y espacios de circulación. La comunidad científica advirtió entonces sobre el riesgo de amplificar esas ideas mientras los niveles de inmunización continúan cayendo.
En ese mismo ecosistema apareció un episodio protagonizado por Daniel Parisini, conocido como Gordo Dan y convertido en uno de los principales referentes digitales del universo oficialista. En mayo, al referirse a un caso individual vinculado a la muerte de una joven y a un fallo judicial relacionado con la vacuna Sputnik V, Parisini presentó retrospectivamente la campaña de vacunación contra el COVID como la aplicación de una «vacuna sin evidencia» y como un mecanismo de coerción sobre la población. Esto reafirma la circulación de una narrativa que desacredita campañas de inmunización y presenta la vacunación como una práctica carente de sustento científico. Esas ideas encuentran un terreno más favorable cuando se combinan con ataques a las instituciones sanitarias y científicas.
La responsabilidad política debe medirse por los hechos y sus consecuencias. Un oficialismo que ajusta la salud pública, ataca o deslegitima organismos sanitarios y científicos y estrecha vínculos con referentes internacionales asociados al movimiento antivacunas contribuye a fortalecer el clima de desconfianza del que se nutren esas corrientes.
El acceso a las vacunas está mediado por la condición de clase
Las condiciones materiales también pesan, y lo hacen especialmente sobre las familias trabajadoras. Que una vacuna sea gratuita no significa que vacunarse no tenga costos. Llevar a un hijo a completar un esquema puede exigir pedir permiso en el trabajo, perder horas o ingresos, organizar traslados, compatibilizar horarios y resolver el cuidado de otros hijos. Para quienes trabajan en condiciones precarias o informales, esas dificultades pueden ser todavía mayores.
Las dificultades de acceso son una de las principales barreras para recuperar los niveles de vacunación. Gaiano planteó la necesidad de desarrollar acciones en escuelas y hospitales, ampliar la disponibilidad de vacunatorios y sus horarios y realizar campañas especiales que permitan acercar las dosis a quienes hoy quedan fuera. «No puede ser que a una mujer no le den permiso en el trabajo para ir a vacunar a sus hijos, y me pasó», relató la especialista. Recuperar las coberturas exige algo más que informar que las dosis están disponibles y esperar que cada familia resuelva por su cuenta cómo llegar hasta ellas. La vacunación territorial y escolar, la ampliación de horarios y la garantía de permisos laborales para realizar controles y completar los esquemas pueden reducir una carga que hoy recae individualmente sobre cada familia.
De lo anterior se desprende que los capitalistas también son responsables por la caída en los niveles de vacunación. Es mucho más complejo poder vacunarse para quienes enfrentan jornadas laborales extensas, precarización, dificultades de traslado y un sistema de salud debilitado. Cuando la caída alcanza a prácticamente todas las vacunas y afecta a millones de personas, estamos frente a una crisis de salud pública. La respuesta tiene que ser colectiva.
Los datos actuales muestran las consecuencias de seguir acumulando las brechas que deja a su paso la motosierra de Mieli. La vacunación permitió controlar esas enfermedades y evitar consecuencias que antes eran frecuentes: internaciones, cuadros graves, trasplantes y muertes. Esas conquistas no aparecieron por generación espontánea ni pueden darse por garantizadas. Fueron el resultado de décadas de trabajo científico, políticas públicas y construcción de sistemas de salud.
Por eso, permitir que la caída continúe significa poner en riesgo una de las principales herramientas de prevención construidas por la salud pública. Los brotes no aparecen porque una persona aislada tomó una decisión equivocada. Son el resultado de brechas acumuladas, políticas sanitarias insuficientes y condiciones sociales que determinan quién puede acceder efectivamente a la prevención. Revertir esta situación exige abandonar la lógica de responsabilizar individualmente a quienes quedaron afuera y poner en pie una verdadera ofensiva de salud pública.
La salida exige medidas anticapitalistas: invertir en el sistema de salud público, desarrollar campañas activas de vacunación con amplia presencia territorial y garantizar que las familias trabajadoras no tengan impedimentos de los patrones para acceder realmente a las dosis y completar los esquemas. También exige enfrentar la desinformación y el oscurantismo de la extrema derecha que alimentan la desconfianza hacia la ciencia y las vacunas, especialmente cuando esas ideas encuentran legitimación o amplificación en sectores cercanos al poder.
