“El impacto más cruento -y más numérico- del Operativo Independencia fue entre las víctimas que no integraban ninguna de las organizaciones armadas que el Ejército y la Fuerza Aérea buscaban aniquilar, tal como habilitaba el decreto presidencial. Se calcula que el 75% de los secuestrados eran obreros de la industria azucarera, peones rurales y trabajadores de la construcción, y se documentaron 656 desapariciones forzadas durante ese período en Tucumán.” (Infobae, 5/2/26)

El denominado Operativo Independencia, puesto en acción en febrero del 75 bajo la presidencia de la señora Estela Martínez de Perón, fue la “prueba piloto” de lo que, posteriormente, el 24 de marzo del 76, se convertiría en el plan de acción de tortura y exterminio a la clase obrera y sus aliados, ejecutado por las FFAA en el poder.

En ese momento, las fuerzas represivas centraron sus fuerzas en la zona norte del país, donde los trabajadores de los ingenios azucareros de Tucumán y Jujuy se habían organizado en forma democrática en organismos de base y coordinadoras zonales. En la región también operaba el ERP.

No estaban aislados. El apoyo popular a las organizaciones de los trabajadores era muy grande. Ya se habían concretado numerosos ataques criminales de bandas parapoliciales como la CNU y la Triple A a los luchadores a lo largo y ancho del país. Pero esta operación, dirigida por los altos mandos y ordenada por el gobierno peronista de Isabel Perón, intentó marcar un golpe liquidador a la movilización obrera y popular en la zona. Y que fuera una advertencia ejemplificadora hacia el resto del país.

Ensayo de genocidio

En Tucumán pusieron en acción algunos de los mecanismos represivos que luego del golpe serían utilizados en todos los distritos del país. Allí funcionaron los primeros Centros Clandestinos de Detención (CCD), se utilizaron métodos de tortura como la picana eléctrica, los submarinos, los enterramientos, el secuestro seguido de desaparición forzada.

Su objetivo era liquidar el ascenso obrero y popular, pero no lo lograron. Aunque muy golpeada, la resistencia continuaba. La represión dejó un saldo trágico para el movimiento obrero y popular y sus organizaciones, pero los altos mandos de la burguesía y las fuerzas represivas lo consideraron insuficiente. Querían una “derrota total” y no dudaron en prepararse para el golpe militar.

Gracias a la pelea por Memoria, Verdad y Justicia, llevada adelante por familiares, compañeros y científicos, en el año 2002 se descubrió el llamado Pozo de Vargas. Tiene una profundidad de casi 40 metros y allí se encontró uno de las pruebas de este brutal genocidio. En 2023, trabajadores del Equipo de Antropología Forense identificaron restos de 119 víctimas del plan de exterminio. Por el estado de los restos, con impactos de bala y fracturas, ninguna duda puede quedar de la gravedad y brutalidad del operativo. En 2015 fue señalizado como Sitio de Memoria.

Los testimonios, evidencias y todo el dolor expresado por miles de trabajadores, familiares, pobladores, lograron que 40 años después de los hechos se considerara a esos delitos como de lesa humanidad. Bajo esa carátula fueron enjuiciados los generales Acdel Vilas y Antonio Bussi, fallecidos durante el transcurso del juicio. La condena llegó muy tarde muy tardíamente. Los genocidas pasaron décadas en libertad por la Ley del Punto Final, sancionada bajo al gobierno de Ricardo Alfonsín. La principal responsable política, María Estela Martínez de Perón, nunca pisó un juzgado.

Seguimos y seguiremos luchando porque más genocidas y sus cómplices civiles y eclesiásticos sean juzgados y cumplan su condena en la cárcel, donde deben estar.