En rigor, lo que hizo el gobierno a través de la Secretaría de Transporte, mediante la Resolución 28/2026 publicada en el Boletín Oficial, fue eliminar las compensaciones económicas a las empresas del transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional que se destinaban a cubrir el costo parcial de los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con cáncer.
El derecho a disponer de pasajes gratuitos para todos estos sectores está contemplado en las leyes 22.431 (Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad en Argentina), 26.928 (Sistema de Protección Integral para personas trasplantadas o en lista de espera en Argentina) y 27.674 (Régimen de Protección Integral para niños, niñas y adolescentes con cáncer). Esto cubre un total de más de 1,5 millones de pasajes de larga distancia al año.
Es decir que la resolución del gobierno fue que las empresas de transporte de larga distancia deberán continuar otorgando obligatoriamente los boletos gratuitos para personas con discapacidad, personas trasplantadas y pacientes oncológicos pediátricos, pero que ya no recibirán una compensación económica por parte del Estado por dichos pasajes. Este esquema de compensaciones había sido implementado en 2018, durante el gobierno macrista.
El fundamento del gobierno para eliminar el subsidio estatal es que mediante el Decreto 883 del 2024 se había autorizado previamente a los transportistas de media y larga distancia a fijar libremente recorridos, horarios, precios, modalidades y duración de los servicios, en base a la «interacción de la oferta y la demanda de servicios». Esta norma derogó el sistema de regulación tarifario implementado en el 2002, que imponía que todo aumento tarifario de las empresas de transporte debía ser autorizado antes por los entes estatales y organismos regulatorios.
Esta resolución del gobierno no puede ser leída como aislada ni como una mera foto, sino que debe ser vista en su contexto, como una película. Es parte de todo un proceso de desregulación del Estado (uno de cuyos propagandistas e impulsores principales es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger) que implica una quita sustancial de normas y leyes que regulan la acción de las patronales y las dejan hacer a gusto y piaccere.
No está de más recordarle a Sturzenegger que muchas de ellas fueron puestas ante los desastres que produjo en su momento la no intervención estatal (25 muertes por propóleo contaminado en 1992, 29 muertes por el vino adulterado Soy Cuyano en 1993, etc.). Fueron precisamente casos como estos los que llevaron a que se impulsaran normas y controles estatales que regularan la acción de los privados. Y es el “mundo soñado” al que el ex ministro de la Alianza y el macrismo (ahora ferviente mileísta) nos quiere invitar a retornar. En el caso específico del transporte automotor con la ya citada desregulación de tarifas, horarios, recorridos, etc.
Qué implica esta medida del gobierno
Frente a algún despistado o ferviente mileísta que piense que esta medida del gobierno nacional no afecta a los sectores populares, podemos decir que, si algo tiene cuatro patas, una cola, dos orejas y hace miau, es claramente un gato. Y que, si a las patronales del transporte se les permite aumentar tarifas sin control alguno, cambiar recorridos y precarizar los servicios, pero al mismo tiempo se les impone que deben hacerse cargo del costo económico del derecho a las personas con discapacidad, trasplantados y pacientes oncológicos, ese costo lo van a trasladar automáticamente a una suba de tarifas o una quita de servicios.
Más aún en el marco en el que el aumento de las tarifas del transporte público desde el inicio del gobierno de Milei superó ampliamente el incremento de los salarios. Por ejemplo, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el boleto mínimo de colectivo en el área del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) aumentó un 1.545% desde el inicio del gobierno de Javier Milei, perdiendo el Salario Mínimo, Vital y Móvil un 43% de su poder adquisitivo real. Una persona con salario mínimo en diciembre del 2023 destinaba el 2,6% de sus ingresos al transporte, en abril de este año ese porcentaje trepó al 17,3%.
Queda claro entonces que el costo real de esta medida no lo van a pagar los empresarios del transporte sino los usuarios de los colectivos de media y larga distancia con el consabido aumento del valor del pasaje. Para dejar un ejemplo claro de cómo actúan las patronales: luego de firmada la desregulación del sector en octubre del 2024 que liberalizaba tarifas, horarios y recorridos, las empresas de colectivos de media y larga distancia dejaron de entregar los pasajes gratuitos amparándose en dicha desregulación. Ante este manifiesto incumplimiento, la Justicia Federal ordenó a las empresas a continuar cumpliendo con la normativa vigente y al Estado a mantener las compensaciones económicas.
El ajuste ya lo venían haciendo
A escasos días que el gobierno publicó la resolución en el Boletín Oficial, las patronales agrupadas en la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) denunciaron que el Estado nacional tiene una deuda acumulada que ya supera los $27.000 millones por compensaciones de pasajes a personas con discapacidad, deuda que viene desde noviembre de 2024 cuando el gobierno efectivizó el último pago. El conflicto se inició luego que el gobierno nacional desregulara el sector en octubre del 2024 liberalizando tarifas, horarios y recorridos. Ello llevó a que las empresas de transporte dejaran de entregar los pasajes gratuitos amparándose en que el transporte de media y larga distancia dejaba de ser un servicio público y que no debían ser ellos quienes absorban las cargas.
Este incumplimiento con la ley vigente por parte de las empresas provocó que fueran denunciadas judicialmente por la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT). En noviembre del 2024, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11 a cargo de Martín Cormick ordenó que empresas debían continuar entregando los pasajes gratuitos pero que el Estado debía continuar pagando las compensaciones correspondientes. Y esto fue ratificado por la Cámara de Apelaciones en julio del 2025.
Pero a pesar de estas sentencias desfavorables al gobierno, que las intimaba a mantener las compensaciones, el Estado nunca efectuó esos pagos desde noviembre del 2024. Es por ello que el 18 de mayo de 2026, el Juzgado Federal declaró formalmente el incumplimiento del Estado nacional, aprobó una primera liquidación de la deuda de $8.753.962.143 por el período noviembre 2024-abril 2025, e intimó al Ministerio de Economía a pagar en diez días.
Es más que obvio, entonces, que la reciente Resolución 28/2026 que elimina las compensaciones a los pasajes a discapacitados y pacientes oncológicos es una respuesta al fallo de la justicia que lo condena al pago de la deuda. Es una respuesta tardía que busca encontrar resquicios legales para no pagar con el fin de mantener el superávit fiscal.
Superávit fiscal ficticio
Para entender bien el trasfondo hay que tener en cuenta que el gobierno nacional se sustenta en un gran caballito de batalla que es todo su eje ordenador: el superávit fiscal. En función de ello achicó el Estado, despidió miles de trabajadores estatales, incumple las leyes votadas por el Congreso (y refrendadas por la justicia reiteradamente) en relación a la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario, eliminó toda la obra pública, recortó transferencias a las provincias, recorte salarios y jubilaciones, ajusta en salud, educación, transporte, servicios públicos y asistencia social, etc, etc. La famosa motosierra de Milei.
Pero al mismo tiempo que ajusta bestialmente sobre las grandes mayorías, impulsa medidas que benefician a un pequeño sector de las grandes patronales con la quita del impuesto a los bienes personales, la baja de las retenciones al agro, el RIGI, el aumento del pago de intereses de la deuda, apertura de las importaciones, etc.
Esto provoca un gran círculo vicioso de crisis económica producto de la caída del ingreso de los trabajadores y sectores populares, los despidos por el cierre de miles de empresas, la paralización de la obra pública, que conlleva una caída de la recaudación del Estado. Los ingresos del fisco vienen cayendo desde hace 9 meses de forma continuada (en abril fue del 3,8% en términos reales), por la menor recaudación por el IVA y Ganancias debido precisamente al ajuste sobre la economía, y el menor ingreso debido a la quita de impuestos a las grandes patronales y sectores de mayores ingresos.
El ajuste sobre los gastos ya se acerca a un límite (¡hasta el mismo Caputo reconoció semanas atrás, que “seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil”!) y los ingresos del fisco mes a mes son decrecientes. Entonces, para atar con alambre su plan económico, el tándem Caputo-Milei está recurriendo a artilugios contables para mostrar un superávit fiscal ficticio basado en lo que se llama “deuda flotante”. Es decir, la diferencia entre el gasto devengado y el gasto efectivamente pagado. Para hacerlo más simple: son los pagos no efectuados a proveedores del Estado, pagos de energía diferidos, subsidios al transporte no realizados, a las provincias, etc. En el primer cuatrimestre de este año esa deuda flotante del sector público asciende a $2,7 billones de pesos. El superávit es completamente trucho.
Volviendo al tema de nuestra nota, parte de esa deuda flotante que el gobierno de Milei- Caputo usa para maquillar el supuesto superávit fiscal es esa compensación no pagada a las empresas de transporte de larga distancia que la justicia federal ordenó pagar al Estado. De ahí que dicten esta resolución tardía y a las apuradas como alquimia legal para seguir intentando disimular la caída de los ingresos. Es lo mismo que hace el gobierno con la Ley de Financiamiento Universitario, intentando maniobras de todo tipo para no pagarla e incumplirla.
Consecuencias de la quita de las compensaciones al transporte
Más allá que el gobierno pretenda presentar esta medida como algo inocuo y que no va a tener consecuencias directas, lo cierto es que la afectación va a ser concreta. Por un lado, el traslado de ese costo a las tarifas va a ser real y palpable, ¿acaso queda alguna duda de esto? Pero por el otro lado, ¿alguien puede creer en su sano juicio que el gobierno que busca desregular todo en beneficio de las patronales va a controlar a esas mismas patronales a ver si cumplen o no con las leyes?
La actriz y militante social Valentina Bassi, mamá de un chico de 17 años con autismo y referente de las familias de personas con discapacidad frente a los incumplimientos del Gobierno, planteó con agudeza la real situación: “Ya hace más de un año se volvió muy difícil conseguir los pasajes, de acuerdo con los mensajes que estoy recibiendo. Siempre fue difícil tramitarlos, porque había que hacerlo al menos con un mes de anticipación, pero desde hace un tiempo, aun haciendo el trámite con tiempo, la respuesta que todos recibían era que no había más disponibles. Ahora, con esta medida, ya está: va a ser literalmente imposible”.
Y agregó que: “Esto es un desastre. Todo el sistema de transporte no está funcionando bien para las personas con discapacidad. Y también hay problemas con el traslado urbano. En el subte, ya no te dejan pasar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Te hacen tramitar una SUBE especial, pero es ilegal, ya que el CUD es el único documento que se requiere para viajar de forma gratuita en todos los medios de transporte urbanos. Filtran justo personas que necesitan mucho. Si viene una persona del interior no va a poder hacer ese trámite, lo mismo cuando nosotros viajamos al interior. Pero no se está respetando y, de esa forma, se van sacando de encima la cobertura de esos pasajes. Es ilegal. Ya desde hace un año y medio que se vienen poniendo trabas al traslado de las personas con discapacidad. Ahora, esto ya es un espanto. Hay personas que vienen del interior a hacer tratamiento, que tienen hijos con cáncer, y no van a poder viajar. Todo el tiempo ponen trabas. Es desconocimiento de cómo funciona la dinámica de una familia con discapacidad y crueldad pura” .
