Las últimas proyecciones internacionales ubican al fenómeno en una fase de fortalecimiento y con una elevada probabilidad de alcanzar una intensidad muy fuerte durante los próximos meses. El Servicio Meteorológico Nacional confirmó, además, que las condiciones son compatibles con una fase cálida del fenómeno y que existe una probabilidad cercana al 100% de continuidad durante el trimestre julio-agosto-septiembre.

Para la Argentina, el dato adquiere una relevancia particular: el propio Gobierno nacional reconoce que la evolución de El Niño puede incrementar el riesgo de precipitaciones superiores a las normales y afectar especialmente a la Cuenca del Plata, por lo que aprobó un Plan de Coordinación Federal ENOS para el período 2026-2027.

El escenario no es desconocido para las autoridades. El riesgo está identificado y existen mecanismos oficiales para intentar anticiparlo. A pesar de esto, el gobierno insiste en desmontar todas las instituciones científicas y estatales que pueden ayudar a prevenir una catástrofe por los efectos derivados de El Niño.

La prevención de una inundación comienza mucho antes de que el agua llegue a una vivienda. Hay una estación meteorológica que registra datos, organismos que los procesan, modelos que permiten anticipar precipitaciones y caudales, sistemas que convierten esa información en alertas y, finalmente, obras capaces de reducir el impacto. Todo eso requiere personal, infraestructura, presupuesto y continuidad. Es justamente esa estructura la que la política de ajuste del gobierno de Javier Milei está desmantelando.

El primer eslabón ya muestra el problema. El Servicio Meteorológico Nacional no es solamente el organismo que publica el pronóstico que aparece en el teléfono cada mañana. Detrás de cada alerta hay una red de estaciones, instrumentos, observadores y personal técnico que produce los datos sobre los que después trabajan los modelos. En abril de este año, el Gobierno concretó 140 despidos en el organismo y, según los trabajadores, 83 de ellos correspondían a observadores meteorológicos. También denunciaron que más de 60 estaciones quedaron sin observaciones nocturnas durante períodos de entre nueve y doce horas.

Los observadores recogen información primaria con la que se alimentan los sistemas meteorológicos. Reducir la cobertura de observación no significa que cada pronóstico vaya a fallar, pero sí supone una reducción de la capacidad humana disponible para conocer qué está ocurriendo en el territorio. En meteorología, donde las condiciones pueden cambiar en cuestión de horas, la continuidad y densidad de los datos tienen importancia. El SMN continúa produciendo pronósticos, boletines y monitoreos. El problema no es que el organismo haya dejado de funcionar, sino que debe sostener esas tareas después de una reducción de personal que afecta justamente a una parte de la red encargada de producir información.

Y la contradicción es difícil de ignorar: se necesita de esa información para implementar una estrategia frente al próximo El Niño, las capacidades que producen parte de los datos necesarios para esa estrategia están siendo destruidas por la motosierra de Milei.

Saber dónde va el agua

Saber que puede llover más no alcanza. También hay que conocer qué ocurrirá con el agua una vez que llegue al suelo, cómo responderán los ríos y cuánto subirán sus niveles. Ahí entra el Instituto Nacional del Agua. El INA trabaja sobre esa transición entre la amenaza meteorológica y el problema hidrológico. En el Delta del Paraná mantiene pronósticos específicos de niveles para Zárate, Campana, Escobar y San Fernando, elaborados a partir de información del SMN y del Servicio de Hidrografía Naval.

La importancia de esa tarea se vuelve evidente en un territorio como el Delta. Allí una crecida puede determinar si una familia queda aislada, si una embarcación puede circular, si una actividad productiva continúa o si una vivienda queda expuesta al agua. La alerta no comienza cuando Defensa Civil comunica una emergencia. Comienza mucho antes, cuando distintos organismos públicos producen y cruzan información sobre lo que está ocurriendo en la atmósfera y en los cursos de agua.

El INA tampoco quedó al margen de la “reestructuración” impulsada por el Gobierno. En junio de 2025, el Decreto 396 transformó al organismo, hasta entonces descentralizado, en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía. El instituto no desapareció y sus funciones técnicas continúan, pero dejó de tener el carácter de organismo descentralizado y quedó incorporado directamente a la estructura ministerial. Trabajadores del organismo denunciaron, además, una reducción cercana al 35% del personal desde fines de 2023.

El Delta permite ver el problema en una escala concreta. La información meteorológica producida por el SMN alimenta, junto con otros datos, los modelos hidrológicos del INA. Esos modelos permiten anticipar niveles del agua en localidades concretas y esa información puede convertirse en una herramienta para que municipios y población tomen decisiones. Una familia puede levantar el piso de su vivienda o comprar una bomba de achique. No puede medir el Paraná, modelar su comportamiento y producir un sistema de alerta para toda una cuenca.

Ahí aparece una de las cuestiones centrales del ajuste. No se trata solamente de cuántos empleados tiene cada organismo, sino de qué capacidad conserva la sociedad para producir información y anticiparse a un desastre. Cuando el fenómeno que se aproxima puede afectar precisamente a la Cuenca del Plata, esa capacidad deja de ser un asunto interno de la administración pública.

Prevenir cuesta antes del desastre

La información y las alertas son apenas una parte de la prevención. Saber que el agua puede llegar no evita por sí mismo que una ciudad, una ruta o una zona productiva se inunde. Para eso hacen falta obras, mantenimiento y planificación territorial. Ahí aparece otro problema del ajuste: qué ocurre con los recursos que el propio Estado recauda y destina específicamente a la infraestructura hídrica.

El Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica fue creado para financiar obras vinculadas con el control y la mitigación de inundaciones, además de infraestructura de saneamiento, recuperación de tierras productivas y protección de caminos y vías ferroviarias. En 2026, el presupuesto contempló unos 260.200 millones de pesos en gastos de capital del Fondo. El último dato oficial de ejecución disponible, correspondiente al primer trimestre, muestra que hasta marzo se habían destinado unos 37.945 millones a ese tipo de gastos: alrededor del 14,6% de lo previsto para todo el año.

Pero el dato que más llamó la atención no está solamente en la ejecución de las obras. Al 6 de abril, el propio Gobierno informó al Congreso que el Fondo contaba con 34.922 millones de pesos en cuentas a la vista y otros 258.000 millones colocados en Letras de Capitalización del Tesoro. En total, casi 293.000 millones entre liquidez e inversiones financieras. No se trata de afirmar que esas colocaciones sean ilegales ni que el dinero haya desaparecido. Tampoco que toda demora en una obra pueda explicarse por una única decisión política. La cuestión es más concreta: un fondo cuya finalidad incluye financiar infraestructura para prevenir inundaciones mantenía, según el último dato informado por el Gobierno, una parte sustancial de sus recursos colocada en instrumentos financieros mientras distintas obras preventivas continuaban pendientes o demoradas.

La discusión se vuelve más concreta en la cuenca del Río Salado. El Plan Maestro busca mejorar el escurrimiento de una de las principales cuencas bonaerenses y reducir el impacto de las inundaciones sobre una extensa región productiva. Durante 2026 la Provincia avanzó con nuevas etapas del proyecto, mientras persisten reclamos por sectores del tramo IV, cuya ejecución nacional registró demoras.

La prevención tiene una dificultad que no se resuelve con una planilla financiera: hay que invertir antes de que ocurra la emergencia, cuando todavía no existe una catástrofe que obligue a actuar. Una obra hidráulica terminada puede pasar años sin mostrar un beneficio visible porque su éxito consiste, justamente, en que el desastre no ocurra. Una estación meteorológica, un sistema de alerta o un canal de desagüe tampoco producen una mercancía cuyo rendimiento pueda medirse inmediatamente. Producen tiempo. Permiten anticiparse y reducir daños. Su utilidad muchas veces aparece recién cuando algo que podría haber ocurrido finalmente no ocurre.

El agua, en cambio, no funciona con los tiempos de una planilla presupuestaria. Una obra inconclusa no se vuelve completa porque aumente la probabilidad de lluvias. Una estación con menos personal no recupera automáticamente las horas de observación perdidas. Y un municipio no puede improvisar una red hidrológica cuando el río ya comenzó a crecer. La prevención necesita llegar antes que la emergencia.

El agua no llega igual a todos

El riesgo tampoco se distribuye de la misma manera en todo el territorio. En el Delta está asociado a las crecidas del Paraná, los niveles del Río de la Plata, las sudestadas y la dinámica propia del sistema deltaico. En el Gran La Plata, en cambio, las precipitaciones intensas se combinan con la urbanización, la impermeabilización del suelo, la capacidad de drenaje y la ocupación de zonas expuestas. La inundación del 2 de abril de 2013 dejó una marca imposible de ignorar. La Plata registró entonces una precipitación extraordinaria y la investigación posterior mostró que el desastre no podía explicarse únicamente por la cantidad de lluvia: también intervinieron las características del territorio, el drenaje urbano, la vulnerabilidad y las capacidades de prevención.

Nada de esto significa que El Niño vaya a repetir la inundación de 2013. Son fenómenos distintos. La utilidad de aquella tragedia para el debate actual es otra: mostrar cómo un evento meteorológico extremo puede convertirse en desastre cuando se encuentra con un territorio vulnerable y con capacidades insuficientes para anticiparlo y responder.

Pero la planificación urbana ante los peligros de desastres no se completa de una vez. Necesita continuidad y mantenimiento. El nuevo mapa de peligrosidad hídrica de la cuenca del Arroyo El Gato muestra justamente eso. La planificación urbana necesita incorporar dónde puede acumularse el agua y qué sectores presentan diferentes niveles de peligro, incluso considerando escenarios de recurrencia y proyecciones climáticas. La ciudad no se inunda solamente porque llueve mucho. Se inunda también según cómo fue construida, dónde se permitió construir, qué infraestructura se hizo, qué obras quedaron pendientes y qué población terminó viviendo en los lugares más expuestos.

En el marco del capitalismo, por regla general esto significa que las familias trabajadoras y de los sectores populares son las que resultan más vulnerables ante los efectos de los fenómenos climáticos. Es decir, los desastres “naturales” contienen una dimensión social (y de clase) que no se puede perder de vista.

La experiencia del Delta muestra la misma cuestión desde otro territorio. Para una familia que vive en una isla, una crecida puede significar aislamiento, dificultades para trasladarse, interrupción de actividades laborales o educativas y daños en una vivienda que no puede ser simplemente abandonada y reemplazada. Poder anticiparse algunas horas o días puede marcar una diferencia concreta. Y esa anticipación depende de una infraestructura de información que nadie puede comprar individualmente. No existe una solución privada capaz de reemplazar una red pública de medición y pronóstico para toda una cuenca. Por este motivo, el brutal ajuste del gobierno es criminal y tiene repercusiones sobre las vidas de millones de personas, las cuales hoy están más expuestas a los desastres.

Una emergencia que atraviesa jurisdicciones

La respuesta frente a un fenómeno de estas características tampoco puede pensarse desde una sola oficina. La Provincia de Buenos Aires viene desarrollando su propia estrategia frente al próximo El Niño, con reuniones entre áreas de infraestructura, seguridad, salud, ambiente, producción, ciencia y desarrollo social, además de un Comité de Gestión del Riesgo y Emergencias. También se anunciaron acciones preventivas sobre canales, alcantarillas, puentes, caminos rurales y otras infraestructuras. En otras provincias la preocupación es similar. Santa Fe, por ejemplo, declaró la emergencia hídrica frente al escenario previsto para los próximos meses y habilitó mecanismos extraordinarios para acelerar intervenciones.

El problema es que las cuencas no coinciden con las jurisdicciones administrativas. Una inundación puede comenzar en un barrio, atravesar un municipio, comprometer una cuenca y afectar simultáneamente a varias provincias. El Paraná no sabe dónde termina un municipio y comienza otro; una tormenta tampoco se detiene frente a una jurisdicción. Por eso la prevención necesita coordinación sostenida y recursos públicos suficientes en todos los niveles del Estado. Y ahí la responsabilidad nacional no puede diluirse entre provincias y municipios.

El Gobierno aprobó en junio el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027 y durante julio y agosto desplegó mesas de preparación con provincias de la Cuenca del Plata. El plan integra al SMN, el INA, la CONAE y el SINAME y busca articular la respuesta entre Nación, provincias y municipios.

La existencia del plan no resuelve la cuestión material. La coordinación necesita organismos capaces de producir información, trabajadores que puedan sostenerlos, sistemas de medición, infraestructura y recursos para ejecutar las obras que esa información permite identificar como necesarias. Y justamente ahí aparece la contradicción.

La motosierra de Milei aumenta el peligro

El gobierno está al tanto de las alertas alrededor de El Niño, pero esto no tiene la menor importancia para el anarcocapitalista de Milei, cuya lógica es la de “sálvese quien pueda”.

Además, es reconocido el negacionismo del presidente al respecto del cambio climático, una bandera que comparte con la extrema derecha internacional, pero con el agravante de que en la Argentina es un “criterio” irracional bajo el que se conducen en la Casa Rosada. Esa irracionalidad en el poder se traduce en la pérdida de vidas y el sufrimiento innecesario de personas, debido a la ausencia de políticas públicas preventivas ante los eventos climáticos extremos (recordemos las inundaciones en Bahía Blanca el año pasado).

Esto explica que impulse una política de ajuste redujo personal en el SMN, modificó la estructura del INA y dejó al Fondo Hídrico con una parte sustancial de sus recursos colocada financieramente según el último dato oficial disponible, mientras distintas obras preventivas continúan en ejecución.

Es necesario medir más y mejor cuando aumenta la incertidumbre climática. Se necesita más capacidad de procesamiento cuando crece el volumen de información. Necesita obras y mantenimiento cuando aumenta la exposición. Y necesita coordinar organismos y jurisdicciones que por definición no pueden resolver estos problemas de manera aislada. La reducción de esas capacidades no produce necesariamente una catástrofe al día siguiente. Ese es justamente el problema. Los efectos del deterioro pueden aparecer cuando una estación no tiene quién la opere, cuando una obra llega tarde, cuando un municipio recibe menos información de la que necesita o cuando una emergencia encuentra a los organismos trabajando al límite.

La lógica del ajuste presenta esos recortes como una cuestión administrativa: menos empleados, menos estructuras, menos gasto. En áreas como la meteorología, la hidrología y la gestión del riesgo, una parte de ese gasto existe para producir algo cuyo valor no aparece inmediatamente en una cuenta de resultados: tiempo para reaccionar. Una alerta puede permitir evacuar antes de que suba el agua. Un pronóstico puede permitir retirar maquinaria de una zona inundable. Un modelo puede orientar una obra hidráulica. Una serie de datos puede mostrar que un territorio está cada vez más expuesto.

Son capacidades públicas. Y no pueden ser reemplazadas individualmente por el mercado.

El mismo fenómeno, distinta vulnerabilidad

El fenómeno climático puede ser el mismo para todos, pero la vulnerabilidad no lo es. La vivencia del desastre natural es diferente para un capitalista que para una familia de trabajadores. El primero habita en zonas más seguras, puede contratar un seguro, trasladarse temporalmente, reparar una vivienda, reemplazar un vehículo o incluso mudarse de una zona vulnerable. Para una familia trabajadora que vive en una isla, junto a un arroyo o en un barrio con infraestructura deficiente, muchas de esas alternativas sencillamente no existen. El riesgo climático no se distribuye democráticamente, sino que tiene un marcado carácter de clase bajo el capitalismo.

Tampoco puede enfrentarse mediante una suma de decisiones individuales. Nadie puede comprar por su cuenta una red de estaciones meteorológicas, instalar un modelo hidrológico para toda la Cuenca del Plata o construir un sistema de alerta para miles de personas. Una familia puede proteger su casa, pero no puede resolver la ausencia de una obra hidráulica que debería proteger a un barrio entero. La prevención es una infraestructura colectiva.

El ajuste, en ese sentido, no elimina los costos de la prevención. Los desplaza hacia quienes tienen menos capacidad para afrontarlos. El Niño puede ser un fenómeno natural. Que una lluvia, una crecida o una tormenta se transforme en un desastre social es responsabilidad directa del Estado capitalistas y sus gobiernos (nacional y provinciales).

El desastre también se construye sobre un territorio, sobre una determinada desigual social, sobre decisiones de planificación y sobre la capacidad de una sociedad para proteger colectivamente a quienes tienen menos recursos para protegerse por sí mismos. Por eso el verdadero interrogante que deja el próximo El Niño no es solamente cuánto agua puede caer. Es cuáles serán las capacidades del Estado para prevenir y aminorar el impacto de las lluvias, así atender a las familias que resulten afectadas.