El negacionismo debe ser un delito



El Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, volvió a cuestionar la cifra de los 30.000 desaparecidos el mismo 24 de Marzo. De esta manera, se suma a los dichos de Lopérfido sobre que el número de 30.000 ‘se armó en una mesa chica para obtener subsidios’, y del ex carapintada Gómez Centurión declarando que ‘hay 8.000 verdades y 22.000 mentiras’. A su vez, el Presidente Macri afirma que el genocidio en realidad se trató de una ‘guerra sucia’. A esta altura es evidente para todo el mundo que la política macrista es negacionista, que tiene como fin justificar la dictadura e intentar avanzar en la relegitimación de las Fuerzas Armadas.

Como declaró Martín Kohan, insistir en el número de 8.000 desaparecidos es suprimir la dimensión clandestina e ilegal de la represión. Es negar el efecto devastador de este genocidio que desapareció a miles de personas, que las borró del mapa, sin dejar rastro de ellas. Es minimizar o alivianar la acción terrorista del Estado durante la dictadura militar. Por esto mismo, cuestionar la cifra propuesta por los organismos de Derechos Humanos es una postura negacionista.

El genocidio es un delito imprescriptible, es decir, que no pierde vigencia. El dolor de este crimen atroz se extiende hasta nuestros días. Además, los desaparecidos siguen en esta misma condición: no se tiene información sobre ellos. Negar a los más de 20.000 desaparecidos de los que no se tiene rastros es ser cómplice de este delito que sigue cometiéndose. Es por eso que, siguiendo la experiencia que hubo en Alemania respecto del Holocausto, nosotros consideramos que el negar o poner en duda los efectos y la dimensión del genocidio argentino debe ser considerado un delito que conlleve la pena de prisión.

Mirá también:  Astillero | Ninguna confianza en el acta, sólo con la lucha se garantizará la continuidad del Astillero

Lopérfido, Gómez Centurión y todos los funcionarios que públicamente niegan los efectos del genocidio, y que encima arremeten contra sus víctimas, deberían ser apartados de cargos públicos  y ser condenados a la cárcel.

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