Lo anunció el secretario de Coordinación de Producción, Juan Pazo, en el encuentro anual de la UIA y en medio del conflicto por la creciente apertura de mercado y liberalización económica. Milei y Caputo decidieron no asistir.

Fue en medio de las tensiones entre los empresarios de la industria argentina y el gobierno nacional por las medidas de liberalización económica y desregulación. El secretario de Coordinación de Producción, Juan Pazo, anunció en el congreso anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), que enviarán desde la administración libertaria un proyecto de ley para “favorecer las inversiones industriales».

Se trata de una medida con características similares al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), estipulado en la Ley Bases, pero a menor escala. Recordemos que el RIGI establece una serie de beneficios sin precedentes para los grandes empresarios, sobre todo extranjeros. Con la excusa de que “lleguen las inversiones” y de que sea «el sector privado» el motor de la economía, Milei les redujo el impuesto a las ganancias del 35% al 25%, les aplica retenciones cero (sí, 0) a todas las exportaciones que surjan de dichas inversiones y además les agregó la devolución acelerada del IVA.

Básicamente, les entrega los recursos y la economía nacional para que se la puedan llevar libremente.

Solo para ser ilustrativos, este modelo de proyecto tiene muy pocos antecedentes a nivel mundial: uno durante la dictadura de Pinochet en Chile y otro en Estados Unidos.

Ahora, el gobierno busca promover un régimen similar para los empresarios industriales. Sin embargo, el contexto y la tónica es levemente distinta. Así lo demuestra el “faltazo” del propio Milei y de Luis Caputo a la conferencia anual, donde entre los empresarios del sector suelen discutir con el gobierno la política industrial.

El único en asistir, para que la tensión no aumente, fue el mencionado Pazo, de la Secretaría de Coordinación de Producción, la cual depende del Ministerio de Economía. El funcionario presentó un estilo de “mini RIGi” para intentar responder a las demandas del sector.

En el mismo se incluyen medidas como la amortización acelerada y la devolución anticipada del IVA, reduciendo el plazo de seis a tres meses para inversiones de entre 150 mil y 30 millones de dólares, la desgravación de derechos para importación y beneficios para el agro como la disminución del pago de impuestos sobre la base de la postergación de la valuación de hacienda y una reducción del 27 al 10,5% de la alícuota del IVA a la energía para riego agrícola.

Como si fuera poco, también implica cambios importantes en materia laboral, de más flexibilización y explotación de los trabajadores. Prometen una “actualización laboral” a través de la Ley de Contrato de Trabajo, en base a los cambios introducidos en el decreto N° 70/23.

Es decir, todos los cambios apuntan a mejorar las ganancias de los empresarios en detrimento en las condiciones laborales. La UIA, a través de su vicepresidente, Martín Rappallini, manifestó coincidir con el gobierno en que «es el sector privado el corazón de la economía» y que lo único que en realidad pedían era “igualdad de condiciones” para competir con los productos del exterior.

Los beneficios y ventajas escandalosas para los empresarios extranjeros ponían en desventaja a los patrones argentinos. Y la compensación que les da Milei es que paguen menos impuestos y puedan explotar más y más a los trabajadores.