Las filtraciones de las conversaciones de la aplicación Telegram realizadas entre el ministro Sergio Moro (entonces juez federal) y el procurador Deltan Dallagnol, y de este con los demás procuradores del Ministerio Público Federal  (MPF) que actuaron en la Operación Lava Jato, publicados por el sitio The Intercept Brasil, muestran el trasfondo del complejo proceso jurídico-político que comenzó con el impeachment de Dilma Rousseff en 2016, pasó por la prisión de Lula y culminó con la elección de Jair Bolsonaro en 2018.

Después de un mes de las publicaciones del site Intercept- que durante este periodo hizo colaboraciones con el diario Folha de San Pablo y la Revista Veja para divulgarlas- no se sustenta que las conversaciones mantenidas a través de Telegram entre Moro y los procuradores no sean auténticas, ilegales y con una evidente motivación reaccionaria [1]

Una farsa jurídico-política con repercusión histórica es revelada

Durante las dos ocasiones en que estuvo en el Congreso Nacional, primero en el Senado y después en la Cámara de Diputados, Moro hizo su defensa  usando el argumento de que no está comprobada la autenticidad de las conversaciones filtradas, que no se acuerda de ellas y, aunque fueran auténticas, nada de lo que se ha dicho es irregular, impropio o antiético, pues conversaba de la misma manera con la defensa como con la acusación, y que la obtención ilegal de esas charlas tienen el objetivo de violar la privacidad del personal judicial, buscando anular las condenas e impedir nuevas investigaciones de la Operación Lava Jato. Las conversaciones demuestran justamente lo contrario: Moro como jefe del Lava Jato solicitó que la acusación incluya pruebas en el proceso, acelere o retrase operativos policiales, y ejerció presión para que determinadas denuncias por irregularidades no se inicien para no perjudicar aliados.

Una serie de fragmentos revelados por las filtraciones podrían ser citados, pero por una cuestión de espacio, vamos a ceñirnos a fragmentos que consideramos fundamentales para la construcción del armado político que permitió que llegáramos aquí.

Para comenzar, la documentación obtenida revela que Moro y el Lava Jato actuaron en complicidad política para inclinar la balanza en favor de las fuerzas más  reaccionarias en medio de la crisis política vivida durante el segundo mandato de Dilma Russeff.

El ex juez Moro se basó de forma ilegal en el intercambio telefónico entre Dilma y Lula en marzo de 2016, cuando la entonces presidente comunicaba que había enviado a Lula, a través de mensajes, la investidura para el ex presidente como Ministro de la Casa Civil, acción esta que sustentó la cautelar emitida por el ministro del Supremo Tribunal Federal Guilmar Mendes, para revocar la investidura de Lula. Esto para que Lula no fuera nombrado Ministro de la Casa Civil y no obtuviera fueros, permitiendo que fuese procesado, juzgado y condenado por el propio Moro en el juzgado nº 13 en Curitiba, estrategia que terminó imponiéndose.

En otro episodio, ahora relacionado a la acusación que Lula había recibido de la constructora OAS un departamento en Guarujá (San Pablo) como pago de una coima, se revela que no había seguridad por parte de la procuraduría de si las pruebas usadas para el Lava Jato eran consistentes como base para la denuncia.

En verdad, tanto el Ministerio Público como Moro tenían claro que no existían pruebas concretas que ligaran los desvíos en Petrobras con el departamento en Guarujá y Lula. En septiembre de 2016, en las charlas con Moro, Deltan demuestra inseguridad sobre si había pruebas que pudieran sustentar la denuncia contra Lula. Según Dallagnol: “Hasta ahora tengo recién la ligazón entre Petrobras y el enriquecimiento, y después me hablaron con dudas de la historia del depto.” En un grupo de una de las redes sociales que usaba escribe que “la opinión pública es clave, y es un caso construido con pruebas indirectas y la palabra de colaboradores contra un ícono que salió incólume de las coimas.”

Como si no bastase, en un mensaje para Moro, Dallagnol afirma que “la denuncia está basada en mucha prueba indirecta respecto a la autoría, pero no sería oportuno decir eso, en la denuncia y en la difusión evitemos ese punto”. En respuesta, cuando el Ministerio Público Federal era cuestionado por la poca sustentabilidad de las denuncias contra Lula, Moro se solidarizó con Dallagnol afirmando que “definitivamente, las críticas a su exposición son desproporcionadas. Siga firme”. [2] Como podemos ver, ese intercambio de mensajes, además de ilegal y antiético, demuestra claramente  con la contundencia de los propios agentes del poder judicial la ausencia de pruebas, y que aun así Lula fue acusado, procesado, condenado y preso.

De otra forma, el carácter político, la parcialidad y selectividad con las que el ex juez federal y todo el Lava Jato contribuyeron finalmente a que la balanza política se inclinase totalmente a la derecha no dan respiro. Los mensajes entre Moro y Dallagnol, intercambiados en abril de 2017, hacen a la preocupación del ex juez por una posible investigación de Fernando Henrique Cardoso  al conocer  de una declaración de Emilio Odebrecht diciendo que contribuyó con el financiamiento ilegal de la campaña presidencial en 1994 y 1998. Aunque hayan aparecido varias veces en declaraciones y ser del conocimiento general de los procuradores desde 2016 que FHC recibió fondos irregulares para financiar sus campañas electorales, no hubo ninguna acción de parte de la procuraduría para abrir una investigación y presentar una denuncia.

La declaración de Odebrecht fue mantenida en secreto por la justicia hasta 2017, cuando fue enviada a San Pablo en un intento de aparentar imparcialidad ante las intensas críticas tras la Operación Lava Jato, sin siquiera advertir a FHC, en tanto, el proceso ya había prescrito y fue archivado. Pero la preocupación de Moro por el intercambio de mensajes con Dallagnol era en el sentido de que no convenía encarar el proceso como una puesta en escena, ya que el ex juez no quería “hacer enojar a alguien cuyo apoyo es tan importante”; otra cosa era si se trataba de avanzar con el Lava Jato y sus maniobras jurídico-políticas reaccionarias contra otros actores políticos.

En mayo de 2017 Moro cuestionó a Dallagnol sobre la posición del Ministerio Público Federal en relación al pedido de la defensa de Lula de prórroga del primer interrogatorio de Lula. En un intercambio de mensajes Moro escribió “cómo es eso de que quieren dar esa postergación?” y completó, “no tiene nulidad alguna, es sólo un montón de tonterías”. Dallagnol responde que “de nuestra parte, fue un pedido más por estrategia”.

La charla termina con la anticipación de Moro de cuál sería la decisión judicial. “tranquilo, ya estoy preparando la sentencia, pero la idea es rechazar el pedido”.  O sea, es un intercambio de mensajes que revela la voluntad política de Moro de acelerar el procesamiento, juzgamiento y condena de Lula, en tanto que el año siguiente sería la elección presidencial.

La parcialidad del ex juez y la procuraduría se manifiesta una vez más en julio 2017, las charlas entre Moro y Deltan, demuestran la intervención de Moro en la posibilidad de que el ex presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha (actualmente cumpliendo una pena de prisión) –pieza fundamental del impeachment de Dilma que terminó renunciando al cargo para no ser destituido- realice una denuncia por las irregularidades. Hasta las paredes sabían que una denuncia de Cunha alcanzaría prácticamente a toda la procuraduría de Río de Janeiro, importantes aliados del mundo empresarial y político en la ofensiva reaccionaria, además de desestabilizar definitivamente al gobierno ilegitimo de Michel Temer e imposibilitar la avanzada de sus políticas reaccionarias, particularmente la Reforma Laboral.

En tanto, este armado político no paró hasta la condena de Lula concretada en julio de 2017 por Moro. El objetivo principal era imponer la victoria de la derecha en las elecciones de 2018. Con la autorización (que fue derrumbada y sólo autorizada nuevamente este año) de un ministro del Supremo Tribunal Federal para que Lula concediese una entrevista al diario Folha de San Pablo antes de la primera vuelta electoral del 2018, la reacción de los procuradores del MPF en septiembre de 2018 fue de extrema indignación ante la posibilidad de que la entrevista pudiese influenciar el resultado de las elecciones y se termine eligiendo a Fernando Haddad, el candidato del PT.

La intervención política para favorecer a la derecha del Lava Jato y del ex juez Moro trascendieron las fronteras nacionales. En agosto de 2017, Moro sugirió- y los procuradores del Lava Jato acataron- hacer públicas la información de la denuncia de Odebrecht, quetrata de las coimas de la empresa al gobierno de Venezuela, con el objetivo de interferir en el proceso político del país vecino. Lo que se llevó a cabo en octubre de ese mismo año, viéndose envueltos juez y procuradores, clarifica que esa divulgación constituyó un crimen (el artículo 325 del Código Penal pena con hasta dos años de prisión al agente público que “revele hechos de los que tenga constancia en razón de su cargo y que deban permanecer en secreto, o si facilitara su revelación”) que pudo acarrear conflictos en Venezuela, provocar exilios políticos y poner en riesgo funcionarios de Odebrecht y procuradores de ese país.

Con otra estrategia podremos revertir la situación y derrota al gobierno

Estamos frente a una montaña de datos que comprueban lo que ya se sabía anteriormente por medio de una serie de indicios jurídicos y políticos: la Operación Lava Jato fue instrumentalizada para imponer las condiciones políticas de la agenda reaccionaria que enfrentamos duramente hoy. O sea, los mensajes entre los miembros de la Operación comprueban que el procesamiento, la condena y la prisión de Lula respondieron a objetivos políticos. Ofensiva que contó con la participación del “bonapartismo de toga”, pero  también de los partidos burgueses tradicionales, del gran empresariado, de los grandes medios de comunicación y de las fuerzas armadas.

A pesar de nuestras diferencias de principios, estrategias, programas y tácticas con Lula y el PT –su política y ética desde el primer mandato de Lula contribuyeron para que esa ofensiva reaccionaria lograse victorias sistemáticas-, por lo que significó para la correlación de fuerzas y la ofensiva reaccionaria vividas desde 2015, nos oponemos vehementemente a esa condena.

La prisión sin pruebas de Lula fue un atentado contra la soberanía popular y el derecho democrático del pueblo de decidir quién sería el presidente en 2018. Esa ofensiva reaccionaria buscó imponer una correlación de fuerzas desfavorable para los trabajadores; las contrarreformas durante el gobierno de Temer, la elección de Bolsonaro y, ahora, sus propias contrarreformas, destacándose la Previsional, son parte de ella.

Las filtraciones hechas por Intercept, en momento en que la juventud y la clase trabajadora retoman masivamente sus luchas contra la “reforma” Previsional y otros ataques de este gobierno de ultraderecha, muestra totalmente el papel reaccionario que cumplió el Lava Jato. Así, la lucha por reconquistar la soberanía popular, por libertad para Lula y contra los ataques económicos y políticos del gobierno gana otra jerarquía política.

Estas son decisivas para organizar la contraofensiva política de los explotados y oprimidos, pero para eso es necesario realizar un cambio significativo en la forma de llevar la lucha contra la prisión de Lula. Para eso, es necesario superar la estrategia de la burocracia lulista que separa la lucha política en defensa de los derechos democráticos de la lucha económica contra el avance de las contrarreformas. Al no hacer una campaña que unifique la lucha contra la “reforma” Previsional, combinada con la lucha en defensa de los demás derechos  junto a la lucha por la libertad de Lula, la burocracia termina dificultando la construcción de un movimiento político unificado, concentrado y sistemático que permita golpear con fuerza a la clase dominante, a su gobierno y sus políticas- eso en un juego donde la clase dominante hace justamente lo contrario y puede, por eso, mantener la ofensiva permanente.

Además de ese elemento de cohesión política, es necesario superar también al lulismo en relación a su estrategia de conciliación, lo que está en la base de las derrotas sufridas en los últimos años. Un ejemplo claro de eso fue la postura de la burocracia en la relación a la lucha contra la “reforma” Previsional y la Huelga General del 14 de junio. En cuanto crecía la bronca con la situación de penuria económica, con el gobierno reaccionario de Bolsonaro y con la “reforma” que quiere destruir la Jubilación Social, la burocracia manipula al movimiento para evitar el enfrentamiento directo con el gobierno y la clase dominante.

En vez de jugarse todo a organizar una Huelga General efectiva para derrotar la “reforma”, con la participación directa de los trabajadores en la Huelga, que logre una organización efectiva, paralizaciones del transporte y actos masivos, la burocracia organizó una “huelga dominguera”, llamando a los trabajadores a “no salir de casa”.

Todo para negociar con el gobierno y el congreso puntos de la reforma en vez de derrotarla. El resultado no pudo ser otro que el del avance de los ataques a los trabajadores, las mujeres y a los más pobres. Entre tanto, aún con la traición de la burocracia, debido a la indignación popular creciente contra ese ataque y otros, el congreso y el gobiernos se ven obligados a hacer concesiones para que el proyecto pueda avanzar, lo que muestra en carne viva la traición de la burocracia y la necesidad de superar su estrategia, comenzando por reorganizar la lucha concreta contra la “reforma” Previsional que trata ahora la Cámara de Diputados y que también debe ser votada por el Senado Federal antes de la sanción presidencial.

Por eso, a partir de las denuncias de Intercept, de la caída de popularidad de Bolsonaro, de la creciente indignación popular contra los ataques, podemos reaccionar y salir con un balance positivo ante la actual coyuntura. Cabe a la izquierda socialista, comenzando por nuestro partido el PSOL, cumplir su rol partiendo del necesario balance de la línea política de la burocracia en relación a la “reforma” Previsional, la que nos puede llevar a una profunda derrota, y luchar para que sea organizada en unidad de acción una nueva Huelga General para el mes de agosto.

Además de eso, necesitamos presentar ante el conjunto del movimiento social una estrategia alternativa que supere la fragmentación política que construyó la burocracia lulista, una línea que una la lucha contra los ataques económicos, expresados en la “reforma” Previsional, con la defensa de la soberanía popular y los derechos democráticos avasallados en 2018 con la prisión de Lula, y que marque una salida política de los trabajadores y de los oprimidos para la situación.

¡Organicemosla Huelga General desde las bases!

¡Derrotemosla “reforma” Previsionalen las calles!

¡Defendamos los derechos democráticos!

¡El pueblo tiene que decidir!

¡Libertad para Lula!

¡Por un plan económico de los trabajadores frente a la crisis!

¡Fuera Moro, Bolsonaro y Mourão!

¡Elecciones Generales ya!

[1]  Nota publicada en la edición 2642 del 10 de junio de la Revista Veja se afirma que el material que viene siendo analizado contiene más de un millón de mensajes y 30 mil páginas y pone bajo sospecha la actuación de Moro en el Lava Jato.

[2] Informaciones en: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/06/site-publica-mensagens-que-mostram-colaboracao-entre-moro-e-deltan-na-lava-jato.shtml.