El 19 de diciembre pasado, en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín, comenzó el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar entre los meses de marzo y agosto de 1976, que tiene como víctimas a veinticuatro obreros y delegados de la planta Ford Motors Argentina SA, ubicada en General Pacheco, provincia de Buenos Aires, y como imputados a los directivos de la Empresa Ford; entre los que se encuentran el ex gerente de Manufactura, Pedro Müller (85 años), el ex jefe de Seguridad, Guillermo Sibilla (90 años), el ex gerente de Relaciones Institucionales, Guillermo Galarraga (fallecido el año pasado a los 93 años), y el ex Jefe del Cuerpo IV del Ejército, Santiago Omar Riveros (94 años). Esta es una de las pocas veces que los verdaderos responsables de la última dictadura cívico-militar están en el banquillo como responsables directos de los delitos de lesa humanidad.[1]

En la fábrica Ford, los obreros y delegados, una vez marcados por los gerentes de la empresa, fueron encapuchados y maniatados por militares en su puesto de trabajo con el fin de atemorizar[2] a todos sus compañeros, y llevados hacia un quincho dentro del predio de la fábrica cedido por ésta, en donde fueron torturados[3], y después de doce horas trasladados a la Comisaría de Tigre e Ingeniero Maschwitz, en donde se encontraron con otros delegados y obreros del cordón industrial de zona norte[4], y en la cual continuaron siendo torturados, permaneciendo secuestrados y desaparecidos por cuarenta días más. Finalmente, fueron “legalizados” al pasar a disposición del Poder Ejecutivo de la Nación, siendo llevados a cárceles del Sistema Penitenciario Federal, en donde las condiciones de detención y el trato eran deplorables, correspondiente a su condición de presos políticos.

Fue la Ford, La Veloz del Norte, y toda la burguesía nacional e internacional, junto a su brazo represivo, quienes orquestaron la dictadura cívico-militar para poner fin a la lucha de los sectores organizados de la clase trabajadora y sus conquistas, y una vez eliminado este peligro, aumentar los ritmos de producción, redoblar la ganancia empresarial y poder “trabajar tranquilos”. Es que fue la organización de los trabajadores, como las primeras coordinadoras fabriles, y las incipientes organizaciones revolucionarias, quienes en los años setenta hicieron temblar a toda la burguesía. Sólo con la eliminación física y sembrando el terror en la clase obrera y en todos los sectores oprimidos, se podía lograr frenar el avance de las luchas reivindicativas[5] y políticas, que cada vez iban más allá, y la conciencia de que se podía cambiar el régimen existente.

Es en el marco de la impunidad que siempre le brindó la justicia burguesa a los autores y responsables de la última dictadura cívico-militar que la investigación duró quince años, el juicio fue postergado durante más de dos, y el juicio oral fue suspendido dos veces, logrando que Guillermo Galarraga, el ex gerente de Relaciones Institucionales, quien murió el año pasado a los 93 años y uno de los pocos imputados por estos crímenes, saliera impune sin siquiera ser juzgado. Esto sólo es una prueba más de la complicidad de la justicia con los responsables de la dictadura, y que fue con la movilización y lucha de todas las víctimas y familiares, de todas las organizaciones de derechos humanos, de los partidos políticos, de los trabajadores, y de la juventud, que se logró que se juzgaran algunos de los responsables de la última dictadura cívico-militar, y que ese es el camino para lograr que todos los responsables militares, eclesiásticos, judiciales, y empresarios, sean juzgados y condenados.

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Aun en los años dorados del kirchnerismo no se imputó, juzgó, ni llegaron a cumplir condena efectiva la mayoría de los responsables de la última dictadura cívico-militar, sino los militares de mayor jerarquía, y los más reconocidos torturadores[6]. Hoy esta impunidad se redobla de la mano del gobierno empresarial y reaccionario de Macri, con sus conocidas embestidas en contra de juzgar a los genocidas de la última dictadura militar, con sus dichos de que “fue una guerra sucia”, que “no importa si fueron 7.000 o 30.000”[7], con la posición política de sus funcionarios como “…yo no creo que haya sido un plan para hacer desaparecer personas, fue un torpísimo golpe de estado, tomando el poder, y lidiando contra un enemigo que no sabían cómo manejarlo …”[8], “la violencia venía de todos lados… los otros del otro lado también mataron…”[9]. Son planteamientos que se traducen en el desfinanciamiento y despidos de sectores fundamentales para investigar los delitos de lesa humanidad[10], en la creciente cantidad de genocidas que gozan de prisión domiciliaria, y en intentos de liberarlos, como fue la aplicación del 2×1, que fue frenado por la movilización en las calles.

Esta política del gobierno de Macri tiene el fin de reescribir el balance de la década del setenta, con ayuda de los medios de comunicación afines[11] [12] e instalar que fue una época sesgada por la violencia de dos bandos, sin ningún tipo de referencia a sus actores políticos, a las movilizaciones de la clase trabajadora, sus organizaciones revolucionarias y sus conquistas, y de esta forma poder relegitimar nuevamente a las fuerzas armadas, y su rol como fuerza represiva de las “amenazas” interiores; una represión que se hace necesaria ante un supuesto “terrorismo” que no dejaría funcionar a las instituciones democráticas, cuando este “terrorismo” es el pueblo defendiéndose en las calles de un ajuste brutal. La conclusión es clara, sólo aprendiendo de la experiencia de los compañeros de los setenta, como la experiencia que nos da cada movilización, cada lucha, cada nuevo compañero, organizados y luchando en la calle, podemos enfrentar y derrotar el intento de rescribir el pasado de este gobierno y su ajuste brutal.

Hugo Cortez

[1]“…De los ocho empresarios y directivos de empresas que fueron procesados por delitos de lesa humanidad, el único condenado era el salteño, Marco Antonio Levín, dueño de La Veloz del Norte, sentenciado a 12 años de prisión por el secuestro y las torturas al delegado Víctor Manuel Cobos. Esta condena fue anulada por la Sala III de la Cámara de Federal de Casación Penal…” Sordo, Giuliana. ‘La complicidad empresaria de la dictadura aliada de la impunidad y el poder’. Portal La Primera Piedra. 13/10/2017.

[2]“…el 24 de marzo fue una locura, porque ese día invadió el Ejército que era de Campo de Mayo… invadieron la fábrica,… y ese mismo día empezaron a levantar a todos los compañeros, el 24 de marzo se llevan a tres compañeros… y bueno el 13 de abril cae el grupo que también estoy yo, éramos cinco, a mí me sacan del puesto de trabajo, me esposan delante de la gente, me pasean por los pasillos, eso era para intimidar a la gente… mirá el mensaje que dejaron, que llevándose a 24 compañeros, éramos más de 100 delegados, éramos casi 7000 personas trabajando en Ford, se fueron yendo todos, no quedó un delegado, se fueron yendo por temor…”. ‘Empieza juicio a ex directivos de FORD por delitos de lesa humanidad. El testimonio de Pedro Troiani’. Radio La Imposible. Programa Mañana Imposible. 18/12/2017. https://ar.radiocut.fm/audiocut/empieza-juicio-a-ex-directivos-de-ford-por-delitos-de-lesa-humanidad-el-testimonio-de-pedro-troiani/

[3] “…y bueno nos llevan al quincho que es el campo de deporte de la empresa, y ahí en el quincho nos torturan casi 12 o 15 horas estuvimos ahí bajo tortura, golpes, compañeros que casi pierden la vida, otros quemados, fue tremendo eso… yo le dije a la jueza cómo era el lugar antes de entrar al quincho y cómo nos tenían en el quincho, al compañero Propato casi lo matan, nosotros pensamos que estaba muerto, reaccionó al último porque le hicieron un submarino, le pusieron un plástico en la cabeza y no podía respirar, y a otro compañero le queman una pierna… había oficialitos con tanto ensañamiento, estos pibes ni sabían quién era, cuando llegamos a la Comisaría de Tigre nos encontramos con los otros compañeros, que habían sido secuestrados, no le podía reconocer la cara por como la tenían de los golpes…” Ibídem.

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[4] “…pasamos a una Comisaría tomada por el Ejército, ahí iba gente de todo el cordón industrial de la zona norte… de Terrabusi, astilleros Astarsa y Mestrina, y los delegados de Ford… ahí era un lugar donde iban seleccionando a los compañeros, a los compañeros del astillero Astarsa fueron los primeros que se llevaron a Campo de Mayo y no volvieron más, hasta el día de hoy siguen desaparecidos…” Ibídem.

[5] “…Ford producía, le iba muy bien, era la empresa que más producía automotores, siempre batía récord de venta, era el momento del sindicalismo, no había desocupación, no había desocupados, había super ocupación y era el momento de reivindicaciones… pudimos conseguir un montones de mejoras, y a la empresa no le gustaba que estuviéramos todo el tiempo atrás de beneficio, porque viste cómo son las empresas, entre más barato le sale mejor para ellos… había un compañero Perrota, que fue un delegado que salió de la administración, porque nosotros afiliamos a los administrativos había tanta convulsión en el tema laboral, por la inflación y todo lo que venía, que los administrativos se quisieron afiliar a SMATA, nosotros los afiliamos, y Perrota que nos asesoraba en muchas cosas porque había estado en un lugar clave de administración, a la empresa eso no le gustó, y después llegó el momento que el 24 de marzo la empresa se vengó, fue una venganza de la empresa por todo lo que habíamos conseguido…”  Ibídem.

[6] Sordo, Giuliana. Juicio de lesa humanidad: 756 genocidas condenados. La Primera Piedra. 23/06/2017.

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