Lo informado por las autoridades era que se habría dispuesto un aumento de la asignación por gastos de funcionamiento del 70% en marzo y otro del mismo monto en mayo, totalizando un 140% sobre la asignación base. También una partida extraordinaria para atender las necesidades de los hospitales universitarios.

Rápidamente, los sitios de noticias comenzaron a divulgar la fake news emanada del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Petovello. El titular no dejaba lugar a dudas «El gobierno y las universidades llegaron a un acuerdo para el aumento de las partidas presupuestarias». E, inmediatamente, el ejército de trolls del gobierno nacional replicó en las redes sociales este supuesto acuerdo.

El objetivo era claro: hacer creer que el reclamo de estudiantes, docentes, no docentes, graduados, autoridades universitarios y de todos aquellos que defienden la universidad pública ya no tenía sentido, que el gobierno accedía al reclamo. Todo con el objetivo de debilitar o que eventualmente se levantara la marcha federal universitaria del 23 de abril.

Pero así como se propagó esa información (falsa), que provocó desconcierto en algunos sectores inicialmente, comenzó a hacerse pública la verdad de dicho «acuerdo». Uno de los primeros en expresarse fue el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti quien manifestó que «No hubo un acuerdo, hubo una propuesta del gobierno, de manera informal, donde se comprometen a subsanar el 25% del ajuste de los gastos de funcionamiento de las universidades. Estos gastos representan solo el 10% del presupuesto universitario. El otro 90% son salarios, que siguen perdiendo un 35% desde diciembre, comparados con la inflación».

Ante la burda maniobra del gobierno, el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), organismo que reúne a los rectores de todas las universidades publicas del país, se vio obligado a sacar un comunicado desmintiendo las afirmaciones oficiales. Allí, en dicho comunicado, entre otros puntos, aclaran que lo informado por el gobierno no se trató de un acuerdo sino de un mero anuncio unilateral por parte de la administración encabezada por Javier Milei. Y sostienen la exigencia de aumento presupuestario y del llamado a la movilización del martes que viene, además de pedir que se haga una reunión con el gobierno en donde se formalice lo anunciado.

La verdad detrás de todo lo sucedido es que el gobierno de Milei intentó hacer pasar un aumento de partidas para gastos de funcionamiento y para refuerzo de los hospitales universitarios como si eso resolviera algo. Pero lo concreto es que esos gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales apenas representan el 10% del total y que lo restante corresponde a los salarios de docentes, no docentes e investigadores. Además esa entrega de partidas extraordinarias no representa lo que las universidades vienen demandando. El presupuesto de las mismas es el mismo que el de 2023, con el agravante que el año pasado la inflación fue superior al 200% y este año en el primer trimestre el alza de precios supera el 50%. En concreto, lo que intentó hacer pasar el gobierno como un acuerdo fue simplemente una asignación presupuestaria extraordinaria que apenas representa un aumento presupuestario en relación al año pasado del 8%.

El mismo día, el gobierno citó a los gremios de trabajadores docentes y no docentes que integran el Frente Sindical de Universidades Nacionales para informales que unilateralmente se va a otorgar un aumento salarial para el mes de abril del 8%, en consonancia con el techo salarial que impone Luis Caputo, el ministro de Economía. De la misma manera que sucedió el mes pasado, el gobierno usó la paritaria como una mera escribanía donde informa a los gremios del aumento otorgado.

Milei, nervioso con la Marcha Federal Educativa

Con este burdo intento de hacer pasar una asignación extra de recursos (que no soluciona el gravísimo déficit presupuestario de las universidades) como una respuesta a las demandas, el gobierno intentó desactivar la marcha del próximo martes 23. Tomó nota que el movimiento estudiantil, los docentes y no docentes están saliendo masivamente a las calles con clases publicas, movilizaciones, acciones de visibilización, asambleas, etc. Si bien al principio, ante la brutalidad del ataque, la reacción en las universidades parecía que no llegaba, lo que envalentonó al gobierno, estas últimas semanas fueron una muestra que eso estaba cambiando.

Los masivos cacerolazos de Filosofía y Letras, la enorme asamblea de Psicología y de otras facultades, el gran abrazo de los trabajadores del Hospital de Clínicas (dependiente de la universidad) junto a la comunidad educativa, el abrazo simbólico a la facultad de Ciencias Exactas son algunos de los reflejos que la universidad se pone de pie contra el intento de cierre y vaciamiento. Lo mismo sucedió en otras universidades del conurbano y del interior del país, con asambleas, cortes, cacerolazos y clases públicas. A esto se sumó la solidaridad y apoyo de muchos otros sectores que entienden a la universidad publica como un baluarte a defender. ¡Hasta el centro de estudiantes de la UADE, universidad privada, convoca a la marcha!

Todo este movimiento preanuncia que la marcha nacional educativa del 23 va a ser inmensa. Todas las actividades previas y las vigilias en las facultades que se organizan para el día anterior, marcan la pauta.

Y allí está el mayor terror del gobierno de Milei. Es cuando se gana las calles con la masividad cuando el gobierno retrocede. Claros ejemplo de esto es el 8 de marzo, enmarcado en la previa con un gobierno haciendo correr la versión que impulsaría la derogación de la ley ILE (Interrupción Legal del Embarazo). Fue tan grande la movilización del movimiento de mujeres que Milei no volvió a hablar del tema. Lo mismo sucedió el 24 de marzo, cuando días anteriores el gobierno del tandem Milei- Villarroel dejaba deslizar la idea de una amnistía para genocidas condenados. La masividad de la calle lo obligó a archivar (por el momento) esa idea.

Es ahí donde el gobierno se pone a la defensiva y retrocede, cuando el movimiento social y político toma las calles y se moviliza. Por eso este 23 de abril debe ser una marcha histórica en defensa de la educación pública, ganando las calles en CABA y en todo el país.