Ayer fueron liberados otros 11 de los detenidos en la represión de la Ley Bases después de una amplia movilización a Plaza de Mayo contra la persecución política.

Una investigación realizada por el diario Página/12 revela que las 16 personas que continúan detenidas por manifestarse contra la Ley Bases frente al Congreso sufrieron tortura, violencia y maltratos en sus lugares de detención, la mayoría de ellos en cárceles federales.

Según detalló la periodista Irina Hauser, quien pudo contactar a algunos de los detenidos que luego fueron liberados, en el penal de Ezeiza y en de Marcos Paz los detenidos fueron golpeados, desnudados y se los sometió a asfixia e interrogatorios violentos.

«Apenas entramos nos pusieron contra una pared y nos empezaron a tirar gas pimienta. Nos desnudaron y nos interrogaron. ¿Cuánto les pagaron por ir ahí, eh? ¿Y vos de qué agrupación sos? Ese tipo de cosas. Uno del grupo contestó que sólo peleaba contra la aprobación de la ley, y le metieron un cachetazo. A mí también. Después nos metieron en un pabellón con presos que ya llevan tiempo ahí», declaró Matías Ramírez, uno de los detenidos que había ido a la marcha a vender choripanes y terminó preso en el penal de Ezeiza.

Remigio Ocampo también había ido a la marcha como vendedor ambulante junto con su esposa e hija. Terminaron los tres detenidos y Remigio en el penal de Marcos Paz. Allí, su relato coincide con el de Ramírez en el punto en que tanto los agentes del Servicio Penitenciario como de la Policía insistían con preguntas de tipo «¿De qué organización sos?’, ‘¿En qué partido político estás?».

Según relatan los testimonios, entre las personas que fueron detenidas fueron tiradas al suelo esposadas, les dieron patadas e incluso sufrieron maniobras de asfixia por parte de los agentes, que presionaban con sus borceguíes sobre la cabeza o el cuello de los detenidos.

Con la llegada de Milei al gobierno, el Servicio Penitenciario dejó de depender del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad, es decir, a Patricia Bullrich.

En total fueron detenidas 35 personas. Todas ellas están acusadas -sin ningún tipo de prueba- de delitos tan gravísimos como delirantes como «atentado contra el orden constitucional» o «imponer sus ideas por la fuerza o el temor». Todos los detenidos son trabajadores o jóvenes estudiantes. La acusación corre por cuenta del fiscal ultra-macrista Carlos Stornelli.

La situación contrasta enormemente con los cientos de imágenes y testimonios que muestran a los infiltrados del gobierno desatando el caos en la marca, como la escena -repetida hasta el hartazgo- del incendio del móvil de Cadena 3 o de las bicicletas de la Ciudad. De estas personas hay cientos de imágenes, tanto de cámaras como de medios de comunicación, pero no hay ninguna detenida, ni siquiera identificada.

Esta tarde, decenas de miles de personas de organizaciones políticas, sindicales y de DD.HH. se concentraron en Plaza de Mayo para exigir la inmediata liberación de todos los detenidos y el cierre de las causas, en lo que constituye un alevoso intento del gobierno por disciplinar la protesta social.